ANÁLISIS SITUACIÓN POLÍTICA: LA CLASE TRABAJADORA SERA LA MAS
AFECTADA POR LA ‘AYUDA’ FISCAL DICTATORIAL.
PARTE VIII.
Análisis del Círculo de Estudios Políticos Miguel Cabrera
Fernández
Análisis
de la Situación Política Nacional, Chile, Marzo-Abril
Abril 2020
Con todo, el sector
que con seguridad saldrá más afectado, tanto por el ataque del nuevo
coronavirus como por las medidas aplicadas por el BPE (las que supuestamente
van en su “beneficio”), será la clase trabajadora y sus familias. Ya que,
aparte de lo dicho más arriba, sobre lo del bono de cesantía “solidario”, nada impedirá
que buena parte de la patronal decida simplemente prescindir de ell@s, lo que
hará subir la tasa de cesantía a niveles inéditos (y que sólo se mantiene
contenida por el creciente porcentaje de trabajadores “por cuenta propia”, que
actúa de ‘colchón’), permitiéndose de paso abaratar y flexibilizar aún más la
ya descalabrada fuerza de trabajo. De hecho, un informe del M. del Trabajo
reveló que 23 mil empresarios realizaron el trámite para acogerse a la nueva
ley de "protección del empleo" (incluido en el 2º paquetón) [31], lo que les exime de su obligación de pagar
los salarios a sus trabajadores, invocando la causal de los efectos producidos
por la crisis por el COVID-19. De un total de 5 millones 500 mil trabajadores y
trabajadoras, que representan toda la rama de trabajadores dependientes, 350
mil de ellos -por ahora, si es que no se acogen más empresarios- sobrevivirá
los próximos 3 meses de su seguro de cesantía.
Para mayor
abundancia, el Ejecutivo ingresó al Senado, el 13/4 [32],
un proyecto de ley que pretende suspender, mientras dure la crisis sanitaria o
por 3 meses, las negociaciones colectivas de trabajadores sindicalizados y
grupos negociadores con sus empresas, ello pese a que gran parte de l@s
asalariad@s debe seguir concurriendo a sus puestos de trabajo (el empresariado
presiona para que, prontamente, se reactive el gran comercio) y allí se
encuentran cada día con medidas más restrictivas de sus derechos y condiciones
de trabajo. Otra medida inserta en ésta ofensiva patronal y del gobierno
derechista para restar valor y peso a la clase trabajadora de Chile, aparte de
las ya cuestionadas, se encuentra el polémico dictamen de la Dirección del
Trabajo que dio chipe libre para el despido sin indemnización de miles de
trabajador@s al nivel nacional, al permitir que se invocara la causal de la
pandemia como fuerza mayor o caso fortuito. Y en lo que podría haber
constituido una posibilidad inmediata de paliar los efectos de la cesantía o de
la rebaja o suspensión de los salarios (aunque de dudoso beneficio en el
mediano/largo plazo), relacionada con el retiro de una parte de los fondos
previsionales, apropiados por las sanguijuelas AFP, fue denegada por estas y
luego dicho rechazo fue sancionado por la Justicia.
Finalmente, sobre
todo a raíz de la aplicación del último y pretendidamente “dispendioso” paquete,
tenemos un reparo que no escuchamos de parte de la “oposición”, cual es que
éste traía aparejado, como de contrabando, el cercenamiento del sector público
y de toda inversión en él, al menos, hasta 2021. Es decir, el aparato que hace
frente a las crisis ha quedado baldado y nadie dice nada. Con esto, el
mesiánico del capital monopólico-financiero, el Evopoli y cabeza de Horizontal
Ignacio Briones, se cuadra con el recorte en el gasto público, que siempre
afecta al conjunto de la clase trabajadora, pero poco y nada hace para obtener
recursos de quienes los tienen, y a manos llenas, entre otros, sus ex patrones
de la AFP Capital, VTR, Abastible y la misma LarraínVial del maltusiano neocapitalista
Pepe Silva.
Pero hay quienes
proponen financiar los famosos ‘paquetes’ con uso de los recursos de Ley
Reservada del Cobre, del Fondo de Estabilización Económica y Social y un aumento
de la Deuda Externa Pública [33]. Sobre el primero,
no tenemos ningún reparo en que sean utilizados, pero las otras dos fuentes de
dinero son pan para hoy y hambre para mañana. Antes bien, lo que corresponde es
conformar un gran Fondo Nacional de Emergencia, a cargo no de autoridades
políticas de éste gobierno, sino que de técnicos de carrera, provenientes de
los Ministerios de Hacienda, Economía, del Trabajo, de la Mujer, Desarrollo
Social, Transportes y Educación, el que se podría financiar con un aporte basal
fiscal y con el 100% de los recursos de Ley Reservada del Cobre; lo proveniente
del incremento del impuesto a la renta a los grandes capitales, con efecto
inmediato, a un 40% y que alcance a los ‘súperricos’; del alza del royalty
minero a un 10% sobre el mineral extraído (el 3%, que con tanto bombo y
reticencia se discute hoy en el Congreso, es una bicoca) y de un 30% de
impuesto sobre los intereses por préstamo de sus matrices (cabe destacar que,
gracias al antinacional sistema tributario minero de Chile, en los últimos 10
años se fugaron US$120 mil millones) [34][35]; etc.
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