Se nos ha hecho
llegar este análisis de situación política nacional correspondiente a los meses
de marzo-abril de 2022, por parte del CÍRCULO DE ESTUDIOS POLÍTICOS MIGUEL
CABRERA FERNÁNDEZ (PAINE), que pasamos a compartir.
ANALISIS Y
PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL CHILE, MARZO – MAYO 2022
En el período, dejan los patrones la
conducción del gobierno y llegan los nuevos capataces a hacerse cargo de cohonestar
un sistema de dominación inicuo y basado en la súperexplotación de las personas
y los recursos naturales. Pero, al poco andar, el ‘Gobierno de la Esperanza’, que
naciera en gran parte gracias al miedo infundido en la masa electoral por la
amenaza que representaba el triunfo de herr Kast, comienza a demostrar el miedo
que le produce la lucha y la organización populares, y pasa a reprimir las legítimas
expresiones de protesta de algunos sectores de l@s pueblos y l@s trabajador@s,
mientras deja hacer a los matones dueños de camiones y a los representantes del
gran capital que suben escandalosamente los precios de los bienes y servicios
esenciales.
Se reacopla el bloque político de
Estado, con la incorporación del polo de reformistas y neorreformistas de AD a
las fuerzas de las derechas política y económica y los grupos mantenedores y reproductores
del sistema, acordando las medidas económico-sociales que pondrán nuestra
formación a tono con los cambios que exige el capital monopólico transnacional,
las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de las potencias
imperialistas. Esto augura mayores dificultades en sus condiciones de vida para
la mayoría nacional, en especial para el creciente sector de trabajador@s
informales y subcontratad@s, aprietos que sumarán a las crisis causadas, tanto
por los efectos de la pandemia como por la crónica postergación de la clase trabajadora
desde el Golpe de Estado de 1973.
La “democracia de los 32 años” no hace
más que agrietarse y descomponerse rápidamente, y no serán Boric y sus chicos
ni la nueva Constitución las que la salvarán. Antes bien, el movimiento popular
continuará y profundizará su lucha por las demandas históricas y emergentes, partiendo
por la defensa de condiciones mínimas de vida, mejorando su organización y su
combate, para pasar a cuestionar las bases del modelo y quitar de en medio a
sus enemigos y sus paniaguados.
1) La economía: el capital monopólico interno se cuadra con el
reordenamiento imperial (y empuja al Bloque Político de Estado)
En el trimestre, las perspectivas para la
actividad económica mundial pasaron de moderadas a mostrar un grado importante de
complejidad, lo que se relaciona con la desaceleración de las principales
economías (EE.UU., Eurozona y China); con el aumento global de la inflación y
el alza de intereses por parte de los Bancos Centrales; con dificultades en los
circuitos productivos y de comercialización en diversas áreas del Sistema
Capitalista Mundial (SCM); con el retiro de estímulos monetarios que
previamente se otorgaron a sectores productivos; con reformas tributarias que
no afectan a los sectores dominantes, internos o transnacionales, sino que
perpetúan el carácter regresivo con que se aplican en las formaciones
capitalistas, sobre todo periféricas; se retoma el cobro acelerado de deudas
públicas (incrementadas durante la pandemia –CEPAL) contra Formaciones
Económico-Sociales (FES) de la periferia del sistema y/o de empresas estatales
de ellas, principalmente a cargo de acreedores externos multilaterales: FMI,
Banco Mundial y otros cancerberos del dólar (aunque no se puede descartar que a
posteriori igualmente intervengan los agiotista bilaterales, principalmente
Estados miembros del Club de París); a lo que se han sumado algunos efectos económicos
–verdaderos o supuestos- a causa de la intervención militar rusa en Ucrania
(aunque estos se morigeran notoriamente al finalizar mayo). En el fondo de esta
transición, que estremece principalmente al centro imperial, se puede constatar
-de manera desembozada- la interesada aplicación por parte de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) y de los propios Gobiernos de medidas
monetaristas y en pro del capital monopólico transnacional. Y he aquí que como
las partes del SCM se encuentran entrelazadas entre sí, mediante múltiples y
poderosas relaciones, a aquella vuelta de tuerca en el meollo del sistema se
sucede la consiguiente implementación de medidas monopolistas y antipopulares en
las formaciones intermedias y periféricas del mismo.
En el marco de este ajuste imperial, los integrantes
de nuestro vernáculo Bloque Político de Estado (BPE) hacen su juego: los
sectores dominantes internos y los Grupos Mantenedores y Reproductores del
Sistema (GMRS, que identificamos con los restos de la exNM), presionan al
Gobierno de las fuerzas del Reformismo-Neorreformismo (R-NR) –oponiéndoles
éstas una nula resistencia- a fin que sean aprobadas e implementadas medidas y
políticas económicas en línea con la impronta que se impone desde el centro del
SCM.
La imposición de medidas de corte procíclico
para “paliar” la crisis, que es lo que consulta el paquete que está aplicando
el dócil gobierno de las fuerzas del R-NR (hoy unificadas en Apruebo Dignidad
AD), va muy a contrapelo de las recetas que estos mismos sectores propugnaban
hasta marzo pasado. Con anterioridad, sus representantes y centros de estudios
predicaban sobre la necesidad de impulsar los efectos del gasto o demanda
agregada para fines de reactivar la economía, dando relevancia para ello al
nivel de ingreso real y luego a los precios; es decir, alentaban medidas de
tipo contracíclico, por ser adecuadas para estas épocas de crisis (como la que
atenaza a la clase trabajadora). Sin embargo, en los hechos, el equipo
económico de Boric se ha cuadrado con los requerimientos del capital financiero
transnacional y sus socios internos, afanándose por suprimir cualquier estímulo
monetario fiscal y mediante la readecuación monetarista de la economía: recortando
o suspendiendo los fondos que, en la forma de créditos blandos, se otorgaban
antes a productores pequeños y medianos; efectuando otro tanto respecto de
aportes directos en dinero (bonos) u oponiéndose a nuevos retiros de fondos
previsionales por parte de l@s trabajador@s; aumentando las tasas de interés,
lo que no se condice con un esquema anticíclico, productivo y no especulativo,
y que viene a demostrar la falta de preocupación por el deterioro de las
condiciones de vida de la mayoría nacional (los créditos de consumo y los
costos por utilización de tarjetas de crédito —ambos asociados a la deuda a
corto plazo— recibirán el mayor impacto); anunciando la aplicación de unos
presuntos “nuevos” impuestos, los cuales -en el fondo- no afectarán los
ingresos del gran capital; descartando un real proyecto productivo nacional, a
cargo del Estado, el cual logre integrar las diversas regiones, discrepando en
esto –inclusive- con lo que propone la CEPAL sobre transformación productiva:
“(…) generar una base productiva sólida
para reducir las brechas territoriales y ampliar las posibilidades de
crecimiento de algunos países impulsando un desarrollo económico sostenible,
generando empleos de mejor calidad y reforzando la competitividad territorial”.
La readecuación estructural de nuestra FES,
enmarcada en la actual etapa de transición imperialista, consulta también una
profunda reducción del gasto público, al cual se demoniza como el promotor de la
inflación, pero soslayando que en nuestras formaciones, consumidas por el poder
del Capital Monopólico-Financiero (CMF), los que fijan los precios de todo son
los dueños de la riqueza, internos y transnacionales. Algo decíamos en nuestro
anterior análisis sobre tal intríngulis, en que se escamotea a la opinión pública
que son los representantes del gran capital los causantes de las penurias
económico-sociales que debe soportar la mayor parte de la población, pues son aquellos
los que, con el aval del gobierno patronal antes y del R-NR ahora, han
arremetido contra los intereses y necesidades de los pueblos y l@s trabajador@s,
mediante diversas vías y condiciones: propiciando una espiral de depreciaciones
cambiarias; incrementando la salida al exterior de capitales, tanto extranjeros
como internos y mixtos, debilitando una economía cuya sobrevida depende de la
provisión de pasivos externos; encareciendo el valor de los créditos de largo
plazo (hipotecarios, por ejemplo); dando rienda suelta a la especulación
bursátil, echando mano del IPSA, de los bonos del Gobierno y de los títulos de
renta variable relacionados con las AFP; con acelerados repartos de utilidades
en las grandes empresas; mediante un descarado agiotismo, expresado en alzas de
precios a pesar que los inventarios del empresariado comercial y manufacturero
han crecido (INE); negándose a invertir más y con una mayor diversificación; alentando
la incertidumbre y el temor frente a riesgos político-sociales creados por
ellos mismos, etc. Esta escalada del CMF se exacerbó luego de la mejora del
desempeño de nuestra FES, sobre todo desde mediados de 2021, cuando el PIB
llegó a presentar una variación interanual del 17,3% (BCCh). Dicho “portonazo” a gran escala,
con premeditación y alevosía, les permite a los más ricos hacerse más ricos a
costa de hacer más pobres a la mayor parte del país, cuestión que no tiene
visos de cambiar en el marco de los objetivos y políticas implementadas por el
actual gobierno.
Porque, ¿no debiera el Gobierno y el estrato
político civil limitar la cantidad de dinero que los fondos de pensiones (en
manos de las AFP) pueden invertir en el extranjero y utilizarlos para mejorar la
inversión productiva interna? ¿No tendrían que postular los sectores del R-NR una
fiscalización efectiva sobre los flujos y gestión privada de los capitales, así
como una intervención más eficaz respecto de la política cambiaria, evitando la
mera especulación y la salida al exterior de ellos? Si hasta el FMI habla de
‘control del flujo de capitales’ (luego de las dos grandes crisis financieras
de los últimos 3 lustros: 2008 y 2011). En razón de ser nuestra FES
extremadamente desigual, sólo medidas y planes económicos y políticos más
decididos y de fondo podrán reducir la inmensa brecha que la cruza.
De no aplicarse medidas fiscales que logren –al
menos- mantener los precios de bienes y servicios básicos, que allanen el
acceso a créditos con intereses razonables a amplios sectores de la población y
que contribuyan a mejorar los ingresos en general, situaciones todas que no
harán más que deteriorarse en el corto y mediano plazo, afectando de paso el ya
relativamente precario nivel de vida de la mayoría nacional, seguramente ello
devendrá en un incremento de la desafección a la administración de AD, pero –en
lo principal- posibilitaría un acrecentamiento de la movilización popular por
las demandas sociales relacionadas con las condiciones vitales mínimas. Y a lo
anterior coadyuva el fin de las transferencias de emergencia y las difíciles
condiciones macroeconómicas en nuestra FES, las que hacen prever que la pobreza
(US$5,5 o menos por día) aumentará a un 4,7 % y el coeficiente de Gini lo hará a
0,46 en 2022 (BM), no
esperándose que en el mediano plazo ambos indicadores retornen al nivel que
tenían previo a la pandemia. Los precios al consumidor subieron un 1,4% en
abril (INE), más de
lo esperado, con lo que la inflación registró un alza a 12 meses del 10,5%,
mientras que la de 2022 pudiera superar el 13%, triplicando y cuadruplicando,
respectivamente, el valor tolerado por el BCCh, de sólo un 3%. La solución que
en gran parte permite a las familias trabajadoras salir adelante con deudas y
gastos, el préstamo o crédito, un verdadero salvavidas de plomo que les lanza
el capital financiero, se encarece y al finalizar el período las tasas de los
créditos de consumo alcanzan su mayor nivel en más de 7 años, 26,98% (BCCh); pero las mayores alzas este año
–comparadas con 2021- vendrán dadas para las tasas de créditos para vivienda:
se acrecientan en 300%, y los comerciales: que aumentan casi al doble (BCCh). Debido a lo anterior, no resulta
extraño saber que 1 de cada 4 chilen@s está dejando de pagar sus créditos
hipotecarios por la crisis económica para los de abajo y un 70% de ell@s encuentran
extorsivo que estos se expresen en UF (Chiledeudas.cl). Y si
bien al finalizar el período se informa que la cesantía bajó a un 7,7% durante
febrero-abril (INE), desde
un 10,2% de hace un año, el aumento de la ocupación se centró en el volátil
sector terciario de la economía, mientras que la tasa de ocupación informal se
mantiene muy alta: nada menos que en un 27,2% (acrecentándose en un 3,7% en 12
meses).
No obstante, Boric y las fuerzas del R-NR se apuran
por sacar en limpio algunas reformas que sirvan para paliar las dificultades
actuales y futuras, evitando crisis político-sociales que nadie del BPE desea: presentaron,
16/5, un proyecto de ley que apunta a evitar variaciones abruptas en las
tarifas eléctricas, las cuales deberían subir entre 40% y 45% (CNE), que los monopolios sectoriales atribuyen,
“a los mayores costos” (¿?) y el
congelamiento que se aplicó en 2019; Marcel anuncia la presentación de una
reforma tributaria (habla de un “pacto”) que responderá a necesidades, “que tienen que ver con el estancamiento en
el crecimiento de la productividad, con la necesidad de tener mejores bienes
públicos, con inequidades territoriales y con la crisis climática” (RBB), pero el timonel de la CPC acusa que
no les han consultado a los empresarios sobre el particular y que ya están en
disposición para recortarla a su medida, lo que seguramente será así (y para
que constatemos lo delincuencialmente carerraja que es la patronal, agreguemos que
según una investigación de 2015 ellos son los que mayoritariamente evaden
impuestos: “el 91,7% de la subdeclaración
de ingresos se produce en las rentas empresariales (retiro de utilidades y
dividendos), mientras que en el resto de las rentas la subdeclaración es de un
8,3%)” (CET-UCh); respecto
de la oferta del Ejecutivo sobre las 40 horas, seguramente los representantes
del CMF la adecuarán a su medida e intereses, exigiendo compensaciones en la
forma de mayor flexibilización y precarización laborales; ante el alza del
precio de los combustibles, y por ende de la inflación, el mismo Marcel planteó
duplicar el margen de los recursos del Mepco y su equipo económico avanzó en la
rebaja baja del precio de la parafina, pero poco y nada se hace frente a la evidente
colusión de los integrantes del oligopolio de grandes distribuidoras de combustibles
y gas, así como de cara al inmenso robo perpetrado por Metrogas. Es fácil vaticinar
que no resultarán efectivas tales ‘reformitas’ para evitar la crisis nacional
que se anuncia, puesto que no atacan las bases que la generan y reproducen: la
desigualdad e injusticia sociales que campean y arrecian en nuestra formación
social.
2) El Bloque Político de Estado se estira y encoge para enfrentar la
crisis, pero en ningún caso serán afectados los sectores dominantes
2.1) Las Derechas, aunque desunidas, no son vencidas
Piñera y sus secuaces de Chile Vamos abandonaron La Moneda dejando nefastas cifras
relacionadas con la pandemia por COVID-19, gracias a su criminal manejo de la
misma, así como graves consecuencias respecto de su impúdico manejo económico-social
de la crisis abierta por la virosis universal (que no hace más que agravar una
preexistente). Para el primer caso, tardando en tomar medidas de aislamiento y recortando
al máximo el personal y los recursos materiales que hubiesen permitido
contenerla y controlarla desde un comienzo. Respecto de lo segundo, fue
evidente que la mayor parte de las ayudas públicas y desgravaciones tributarias
del pasado bienio se centraron en el gran capital, sin que llegaran a utilizarse
las reservas para incrementar el apoyo a las familias trabajadoras y a las PyMEs.
Ante las derrotas electorales de mayo de 2021, los nombrados buscaron nivelar en
algo sus granujadas: para lo primero, estrujando al máximo al personal de los
diversos niveles de atención de salud y reasignando fondos para la adquisición
de vacunas; para lo segundo, elevando el gasto público en un tercio, sin enviar
el proyecto de ley que terminaba con diversas exenciones tributarias (beneficiando
de nuevo al CMF) ni reduciendo los egresos en áreas prescindibles. Debido a
esto último fue que se llegó a un déficit fiscal estructural de un 8,3% del PIB
en 2021, y es con el recorte del gasto público en el presupuesto 2022 (que
representa un 23,8% del producto) que se espera reducirlo a un 2,8%, este año.
Tal amputación, si bien ayuda a mantener los sacrosantos equilibrios
macroeconómicos, contribuye a agravar la crisis económico-social que ya se hace
sentir, siendo esta la razón fundamental para que Boric propicie una reforma
tributaria.
Otra funesta herencia de la administración de
Piñera fueron las seis decenas de muert@s y miles de herid@s que arrojó la
cruenta represión con la que los agentes armados del Estado, mandatados por el
genocida y azuzados por la patronal, intentaron aplastar la legítima protesta y
movilización populares durante el levantamiento del 18-O, delitos por los
cuales el cogotero fue acusado constitucionalmente, pero fueron los inefables GMRS
los que lo salvaron. También le heredaron a los actuales gobernantes una cierta
equivalencia entre quienes ejercen la violencia popular, expresión legítima de
l@s que están cansad@s de tanto abuso y humillación, con los uniformados que atropellaron
los DDHH y continúan haciéndolo; el noli
me tangere a la corrupta y matona institución de Carabineros; la
contención, a como dé lugar, de las cifras y los equilibrios macroeconómicos,
con todos los sacrificios que ello implica para las familias de la clase
trabajadora.
Desde antes del 11/3, pero con más razón
desde entonces, las derechas económica, política y mediática disparan y asedian
a la enclenque coalición ‘wiskierdista’ liderada por el guatón Boric. Y aunque
tienen sus diferencias internas, principalmente entre empresarios afectos a la
vieja escuela familiar y otros a una plena alianza con el capital
transnacional, entre UDIs y RNs, entre los 2 o 3 monopolios mediáticos
existentes, su sangre no llega al río cuando se pelean y terminan imponiéndose
los intereses históricos del Bloque en el Poder (BP) y la superioridad fáctica de
la fracción burguesa hegemónica: la del CMF. Entre todas ellas han logrado
imponer en la agenda del Gobierno de AD, golpe a golpe, sus prioridades en
cuanto a: a) la mantención del modelo económico y de todo lo implícito en las
metas de crecimiento; y b) la seguridad y el orden ciudadanos (uno de los 3
temas del primer comité político del gobierno de AD), lo que va en resguardo de
lo anterior. Respecto de la segunda prioridad, los sectores dominantes imponen
una aproximación político-material de la cuestión, en que se equiparan las
implicancias del avance del narco y el lumpen en nuestra formación con la legítima
y justa violencia desplegada por el Movimiento Popular (MP), sin atender a las
causas de ambos fenómenos y sólo abocándose a combatir sus efectos, aunque es bastante
notorio que el principal objetivo a atacar/exterminar es cualquier expresión de
protesta político-social del campo popular. Así, los enemigos pasan a ser no
sólo los delincuentes y traficantes, que como sabemos carecen de conciencia
social, sino también los movimientos estudiantiles, de los pueblos originarios,
de trabajadores, etc., a los que se debe privar de las legítimas razones y
aspiraciones político-sociales que los llevan a movilizarse, con la finalidad
de poder establecer tal analogía. Y esta artimaña, que parece evidente, es
propalada por todos los medios y plataformas mediáticas del establishment,
dejando en la retina del ciudadano de a pie que es correcto acabar con todo el
que sea violento y se rebele a la autoridad y el orden existentes, sin parar
mientes en las causas y las diferencias de fondo en esta trascendental materia.
Ya se ha demostrado que el empresariado puede
influenciar las decisiones políticas utilizando distintos recursos de poder
para ello [Ciper, 21/1/21]. Por una
parte, puede generar una amenaza que sea creíble para los tomadores de
decisión, en relación con una disminución de la inversión que pudiese mermar el
crecimiento (Culpepper, 2015). También
pueden financiar campañas políticas, posicionar a empresarios en puestos claves
de gobierno o de la sociedad civil, establecer vínculos con partidos políticos,
pagar campañas en los medios e incluso desarrollar sus propios estudios para
discutir con evidencia en el espacio público o contrastar con estudios
producidos por otras organizaciones (Fairfield, 2015). La
evidencia sobre Chile muestra que los empresarios han usado estos diferentes
recursos de poder dependiendo de los sectores de política donde se movilizan, y
han obtenido consecuencias políticas diversas, pero generalmente favorables
(AFP).
Las derechas también se coluden en la hora
presente para que los demás integrantes del BPE: los GMRS y el R-NR, accedan a
aprobar e implementar medidas y políticas económicas necesarias para alinear nuestra
FES con la orientación imperialista impuesta desde el centro del SCM. Como
vimos en el punto anterior, no han tenido ni parece que vayan a tener
obstáculos al respecto (para la desgracia popular). Pero, para no hacer esto
tan evidente y mediante toda una potente campaña mediática, logran poner en
ascuas a la población frente al delincuente y el narco, a fin que el
empresariado nos meta la mano en los bolsillos y nos pueda explotar a placer y
como si nada.
2.2) Los grupos mantenedores y reproductores del sistema pasan la posta a
AD
En un comienzo, fue difícil la relación entre
la exNM y AD, como que los dirigentes del Partido exSocialista y del PDC
criticaban casi todos los anuncios de Boric y Cía., mientras que las fuerzas
del R-NR les hacían aparecer como meros opositores. Sin embargo, al irse
acomodando el flamante Gobierno y verificando este que tenía que morigerar las
grandes expectativas que había abierto en la población, por un lado, y viendo
los GMRS que les convenía hacer causa común con el Ejecutivo en contra de una
derecha política que se redujo electoralmente, las posiciones se fueron
acercando y comenzaron también las invitaciones para que caras conocidas del moribundo
conglomerado PS-PPD-PR-PDC pasaran a asumir funciones gubernativas.
El PDC es el que muestra mayor reticencia a
mezclarse con el R-NR, intentando dar una imagen de estar preocupados por los
derechos de “todos” (léase sectores populares, pero también capas medias y de
la pequeña burguesía) y alejado de la debacle en la que pueda caer con su
gestión el inconsistente Boric, para luego emerger como la fuerza salvadora en
4 años más. Apenas cuentan con un voto en la Convención Constitucional (CC),
por lo que no dudan en culpar a AD y al PS del descalabro que puedan ocasionar los
frutos de dicha instancia, siempre en su afán de mantener/reproducir los
consabidos equilibrios. Con todo, la última directiva anuncia entendimientos
con Boric y AD.
Varias divergencias se presentan en el
período entre los componentes de la otrora imbatible Concertación, hoy la
raquítica exNM. Pero todos juntos observan expectantes qué tal les va a las
fuerzas del R-NR, en el gobierno y en la CC, para decidir si profundizar los
lazos con estos o seguir con un compromiso relativo. Es el eje PS-PPD el más
interesado en estrechar vínculos con Boric y AD, con la idea de fundar una Concertación
2, con una mayor base política y social, y que se adecúe a los re-nuevos
tiempos. Es la fuerza de los hechos y sus ideas afines lo que hará al R-NR y los
GMRS terminar juntos, y ya -en la práctica- los primeros reciben el testigo de
los segundos. Por lo pronto, su cercanía reinstala el duopolio político, tan
del gusto de Aylwin, Núñez, Guzmán y todos esos campeones del estrellato
político de los 80-90, tras una campaña en la que Boric y AD parecieron ampliar
el abanico.
2.3) Gobierno de Boric y Apruebo Dignidad: los nuevos capataces
El “Gobierno de la Esperanza”, se le decía en
marzo. Sin embargo, al poco andar, comenzó a defraudar las expectativas que se
había forjado sobre su desempeño buena parte del electorado popular y de las
capas medias. De más en más va creciendo en estos la percepción que con el
nuevo gobierno no habrá cambios progresistas y significativos en las
condiciones de su vida cotidiana, pero dicha constatación no implicará
–necesariamente- que esos votantes pasen a abrazar la causa de la izquierda
anticapitalista, pudiendo incluso buena parte de ellos derivar a la apatía
política o terminar dándole su voto a algún populachero derechista en los
próximos comicios. Con todo, la campaña en pos de la aprobación de la nueva
Constitución le dará a Boric y AD la posibilidad de retomar algo del prestigio
perdido, pero auguramos que las secuelas de la crisis que comienza a campear en
Chile les harán de todas maneras cuesta arriba su gestión, máxime que optarán
(por formación y vocación) por el modelo impuesto por los dueños del país.
Respecto de lo que se esperaba sobre la
aplicación del estado de excepción en la “Macrozona Sur” y la consiguiente
militarización de esta, varios actores apostaban que el novel Gobierno emplearía
la razón más que la fuerza y que desecharía esa pesada mochila que le heredaba
Piñera. Pero he aquí que la inconsistencia y debilidad de Boric y AD, sobre las
que impactan las constantes presiones de los sectores dominantes, llevaron a
los nuevos capataces, primero, a autorizar una situación intermedia y finalmente,
al terminar mayo, a decretarlo lisa y llanamente. La insistente coacción
patronal busca una cabeza de turco en la figura de la PC Izkia Siches, pero
como el Gobierno ha ido cediendo a sus demandas, la Ministra del Interior
continúa en el puesto.
Sobre las ideas-fuerza que ideológicamente
justifican el modelo de dominación y explotación actual, las fuerzas del R-NR y
los GMRS poseen una gran coincidencia; respecto de lo económico, bien poco se
diferencia el programa que está aplicando Boric de lo que se hace en nuestra
FES desde 1990 en dicha área (con la venía del BP y las IFI); y en relación con
la existencia y futuro del MP, ambos sectores se esmeran por su pronta desmovilización
(y no pocos se la juegan por reprimirlo abiertamente). A través de todas las
estructuras de la institucionalidad y del itinerario fijado en lo estructural y
político por el BPE, en que se entrelazan aquellos actores con las
representaciones de las clases dominantes, conjuntamente bregan por
reconstituir y consolidar la “democracia de los 30 años”, lo que implica un
escenario similar al que llevó a la Concertación al gobierno (con más esperanza
que alegría, eso sí). Pero como lo que proponían los gerontes de aquella
camarilla ya no le dice nada a nadie, es cosa de tiempo para que terminen de
entregar la posta a los chic@s de la ‘wiskierda’ (que lograron domeñar a fondo
al demonio del PCCh), para que est@s logren insuflar oxígeno a un modelo que, como
se comprobó aquel histórico 18-O, no le interesa, representa ni le sirve a la
mayoría nacional.
2.4) La (Cocina) Convención Constitucional o todo cambia para que todo siga
igual
Nos ahorramos todos los comentarios o
análisis con relación a la Cocina Constitucional y su “nueva” Constitución con
la siguiente información, en la que se detalla que el gran capital financiero norteamericano
y la empleada del Departamento de Estado de USA aprueban el borrador emanado de
la mentada Convención. Sólo agregar, “rascad un poco la ‘nueva’ Constitución y encontrareis
la del 80 (y su Estado subsidiario)”.
La entidad financiera estadounidense Morgan
Stanley ha dicho sobre el proyecto constitucional en Chile: “No vemos indicios de elementos perturbadores
para la política macroeconómica”. La
firma transnacional de inversiones indicó que las políticas más radicales
fueron rechazadas en el Pleno de la Convención Constituyente. Positiva es la
mirada del banco de inversión y agente bursátil norteamericano Morgan Stanley
luego de hacer un primer acercamiento al borrador de la propuesta constituyente
de la Convención Constitucional que encargaron a sus analistas Lucas Almeida,
Gilberto Hernández-Gómez y Emma Cerda.
Para Morgan Stanley la situación macroeconómica de Chile no tiene “elementos potencialmente perturbadores”
de ser aprobada la propuesta de nueva Constitución. Esto porque las ideas más
radicales que fueron presentadas en las comisiones de la Convención fueron
sucesivamente rechazadas por los integrantes de la instancia en el Pleno.
Como la posibilidad de ofrecer un nuevo
contrato social para el país, calificó la expresidenta de Chile Michelle
Bachelet la posibilidad de contar con una nueva Constitución política que
reemplace a la de 1980, la que fue aprobada en un plebiscito fraudulento, luego
de ser redactada por un grupo de juristas entre los que se contaba al ex
parlamentario Jaime Guzmán y un grupo de miembros de las fuerzas armadas. “Yo creo que debe ser aprobado”, subrayó
Bachelet, quien agregó que, “creo que
tiene un montón de cosas positivas y cosas muy importantes para resolver
algunas de las más importantes dificultades y cambios para nuestro país en
términos de asegurar que el conjunto de las regiones se sientan completamente
representadas, que los pueblos originarios se sientan completamente
representados y cómo se puede integrar mejor en los estándares internacionales
de los derechos humanos además de vivienda, agua, salud pública y en temas
indígenas también”.
3) Lo social y sus efectos en la política
Marzo de 2022 apuntaba a ser el mes de la
esperanza, esa que había logrado derrotar al miedo representado por el
esperpento Kast en las elecciones presidenciales, en lo que había sido otro simulacro
de participación en esta democracia no de 30, sino que de los 32 años. Los GMRS,
además del R-NR, alardeaban que “ahora sí que sí” vendrían los cambios
estructurales y llegaría la alegría. Pero, en apenas dos meses, aquella esperanza
se extinguió y al correrse el velo se pudo constatar que el miedo igualmente llegó
a instalarse en La Moneda: ese que recela de los cambios profundos a un sistema
injusto y marginador, yéndose al tacho las aspiraciones y sueños populares que fueran
inspirados por los mismos que ahora los desechan cuando son gobierno.
3.1) El Wallmapu:
El llamado conflicto mapuche es uno de los
temas álgidos que cruza la agenda del período analizado. Ya el 4 de marzo, la
futura Ministra del Interior anunciaba que, “nada está escrito en piedra”,
dejando abierta la extensión del estado de excepción en la denominada Macrozona
Sur. Señalaba ella que el objetivo del
nuevo Gobierno es buscar una solución política al conflicto, pero ya sabemos
cuál fue finalmente la resolución que este pasó a implementar.
El 7 de marzo, el gobierno de Piñera logró
que la Cámara de Diputados prorrogara el estado de excepción constitucional en el
Wallmapu. El gobierno saliente, en voz de uno de sus ministros señaló como
excusa: “La movilización de recursos
humanos y técnicos no es de un día para otro, y no es llegar y sacarla de un
día para otro. Hay que tener un plan de salida o un plan de desescalamiento
para sacar toda esta infraestructura y eso requiere días”. Luego, a 4 días
de la instalación del nuevo Gobierno, se produce su primer traspié, que no
sería un evento coyuntural, sino que determinó el comienzo de un acelerado
desgaste de una administración que sepultó en horas las esperanzas depositadas
en él. En Ercilla, la Ministra Siches fue recibida con un bloqueo en la ruta
que tomaba la comitiva gubernamental, que incluía al paco Ricardo Yañez. De
inmediato se estableció que, “se requiere
mayor intervención del Estado” y ya se sabe lo que eso quiere decir. Además,
la flamante encargada del Ministerio del Miedo expuso: “aquellos grupos que esperan que la violencia y el desorden imperen,
aquellos grupos que están en el narcotráfico, en el robo de maderas, en
conjunto, como país, los vamos a enfrentar”, dejando la puerta abierta a la
continuación de la militarización del Wallmapu para proteger a las forestales y
los latifundistas, validando de paso el discurso de las derechas política y
económica, que no tienen empacho en identificar la causa mapuche con
actividades delincuenciales como las expuestas por Siches.
A principios de abril y a través de una
declaración pública, una de las organizaciones que se ha dado el Pueblo-Nación
mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), rechaza conversar con el nuevo Gobierno:
“no vamos a dialogar con quienes tienen
como fin último el aniquilamiento de nuestra gente”, esto para claridad del
Gobierno y específicamente del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En
el texto, la CAM asevera que, “la
elección de (Gabriel) Boric se inscribe en un contexto marcado por el reciclaje
de una vieja institucionalidad asimilacionista que ha fracasado en el Wallmapu”,
y agregan que la presencia de representantes indígenas en el proceso constitucional
y la, “supuesta aspiración plurinacional
del gobierno entrante”, son instancias, “con claras limitaciones políticas e ideológicas”, las que
reflejarían la legitimización de un discurso progresista en materia indígena a
nivel nacional e internacional, pero en que la finalidad institucional, “no es transformar la correlación de fuerzas
entre ambas naciones, cuestión que obligaría a poner en el foco la cuestión del
despojo territorial y los intereses del gran capital que operan en el Wallmapu”.
“Reafirmamos nuestro camino político
militar del weychan (lucha) tal como lo hicieron en su momento Leftraru,
Pelontraro y nuestros weychafe caídos en combate, el cual no se centra en
obtener migajas burocráticas del enemigo sino en sentar las bases de nuestra
propuesta de liberación nacional mapuche, para lo cual es necesaria la
expulsión de toda expresión capitalista y colonial del Wallmapu”,
concluyen.
El 13 de abril, Héctor Llaitul hace un llamado
a la, “liberación total del Wallmapu”.
Lo dicho por el líder mapuche es en respuesta a los anuncios de la Ministra Siches,
quien informa que se aumentará la dotación de vehículos blindados y se
invertirá $1 mil millones en drones para incrementar la vigilancia, insistiendo
la Jefa del Gabinete que la mirada del nuevo gobierno es política y no jurídica
o policial, pero al mismo tiempo que se acrecentaba la cantidad de camionetas
blindadas y que se había aprobado un presupuesto para la compra de otros 34
vehículos para, “reforzar la labor
preventiva”. Y como que no quiere la cosa, la Ministra instruyó a los
equipos del MINT para la creación y desarrollo de un, “nuevo sistema de inteligencia del Estado”. Al finalizar el mes, el Gobierno
anuncia que destinará $5.500 millones para reforzar la seguridad en la Macrozona
Sur y que, “descarta restituir el estado
de excepción”. En La Moneda, autoridades de gobierno se reúnen con el paco
Ricardo Yáñez y el tira Sergio Muñoz para coordinar la represión, a los se les
une el subsecretario Monsalve. Sostiene el Ejecutivo, abiertamente, que su
principal preocupación es, “resguardar
las rutas concesionadas”. De hecho, las confederaciones, federaciones y
agrupaciones de dueños de camiones (que estaban en paro) emplazan al Gobierno
para que los proteja.
La militarización en el Wallmapu es tan
ostensible, que la diputada Ericka Ñanco, de “Revolución Democrática”; es
decir, un partido que es parte de la alianza de Gobierno, señala que no es
factible el diálogo en un contexto de militarización de los territorios. La
primera mujer mapuche electa diputada, añade que tampoco es necesario “educar”
a pacos y milicos para negociar con las comunidades mapuche. Una afirmación esencial
es realizada por Ñanco: las policías deben ser refundadas, en lo que constituyera
una promesa de la campaña presidencial de Boric, pero que se diluyó de
inmediato el 11 de marzo, pasando a ser otra de sus ofertas incumplidas.
Al mediar mayo, el Gobierno asegura que en
“democracia” no se pueden resolver los problemas políticos con las armas,
sindicando a la CAM como una organización terrorista. Nótese el calificativo de
“democracia” otorgado al inicuo ordenamiento político heredado de la dictadura,
en lo que será una constante de Boric y AD, intentando con dicho argumento identificar
su administración y el orden vigente como expresiones de una verdadera democracia.
El poder del Estado se fortalece en la “macrozona” y el Gobierno da paso a la creación
de “unidades de coordinaciones estratégicas” (13 de mayo), para no sólo
incorporar al Ministerio Publico, Carabineros y a la PDI en la batalla, sino
también al SII, a la Aduana y a la Unidad de Análisis Financiero, con el objeto
de integrar sus capacidades para perseguir, identificar y detener a las “organizaciones
criminales” que estarían detrás de los delitos. El mismo día, surge lo que se
llamaría “Estado Intermedio”, que viene a ser un estado de excepción constitucional
en donde una autoridad civil se situaría por sobre los uniformados, en que no
se vulnerarían los derechos fundamentales, como el de reunión o de libre
tránsito, pero que de todas maneras serviría para que el Estado disponga de más
contingente, carros blindados y equipamiento de control y detección. Monsalve cerró su anuncio con palabras para
la historia: “En democracia no se puede
hacer un llamado para resolver con armas los problemas políticos” sostuvo,
señalando en que el Gobierno va a dialogar “con
quienes quieren alcanzar la paz y acuerdos políticos dentro del Estado de
Derecho, al resto se le va a aplicar el Estado de Derecho”. Es decir, el Estado de Derecho es,
francamente, represión.
Y el Estado de Derecho llegó con todo al
Wallmapu a fines de mayo. En una confusa emboscada, de la que posteriormente los
medios de comunicación mostrarían un carro de transporte impactado con
perdigones de escopeta, muere de un balazo en la cabeza un mapuche y trabajador
forestal. Juan Catril Neculqueo, de 66 años, fue víctima de la militarización
que profundiza y extiende el Estado chileno en defensa de la propiedad privada y
los intereses del 1% de la población.
3.2) ¿Y las 40 horas para cuándo?
Una de las promesas que efectivamente puede
cumplir el nuevo Gobierno es lo de la jornada laboral de 40 horas semanales, en
lo que incluso las propias derechas señalan que se podría llegar a 35. Y es que
el capitalismo criollo ya cuenta con las condiciones estructurales para generar
plusvalía acortando el tiempo socialmente necesario para la producción de las
mercancías y su distribución. La Ministra del “Trabajo” y el de Hacienda,
Jeannette Jara y Mario Marcel, respetivamente, han reiterado su compromiso con
la implementación del proyecto de ley.
Con todo, dichos Capos están preocupados por el impacto que pudiera
tener la medida, en el sentido que pudiese conducir a despidos masivos. La
pertenencia a la OCDE los obliga a tomar la medida, pero ya la patronal
advierte que no es posible avanzar tan rápido, pues se debe tomar en cuenta,
según ellos, la recuperación de empleos tras la pandemia y el cuidado para
evitar desagradables “alzas” de sueldo.
No obstante, el 24 de marzo se tienen
noticias negativas para el mentado proyecto y la diputada Yeomans advierte que
sería impresentable que nuevamente se estanque la discusión, anunciando que de
ser aprobado el proyecto su implementación tendría que esperar un año para las
grandes empresas y cinco para las PyMEs.
En tanto, Juan Sutil, el Kapo de los patrones de la CPC, en reunión con
la M. del Trabajo, expuso que ellos están de acuerdo con la nueva normativa,
pero que deben ser cambios, “graduales y
con adaptabilidad social”, y agregó sutilmente que, “Chile tiene una oportunidad de buscar su camino hacia el desarrollo”.
Sabemos que en la última elección parte importante de la cúpula empresarial y
el imperialismo se la jugaron por el actual Presidente, pues era su mejor carta
para mantener el modelo de dominación y explotación y dar cobertura a las transformaciones económicas necesarias para la
actual etapa de transición capitalista. La jugada se repetirá, logrando hacer
aprobar la “nueva” Constitución. Cerramos este apartado con la opinión de
Nicole Cossio, dirigenta sindical del Banco BCI y de la Federación de
Trabajadores de Call Center, quien afirma: “Hemos
sido permanentemente precarizados, abusados en algunos casos, entonces
efectivamente las 40 horas son una necesidad para humanizar el trabajo, para
tener un trabajo decente y vamos a seguir luchando por esto, porque el proyecto
salga bien del Senado”, y aquí nos preguntamos: ¿qué relación tiene
disminuir la jornada de trabajo con los otros puntos señalados por la dirigenta,
en el sentido que se supriman el abuso, la explotación, la precarización, los
bajos sueldos y un largo etcétera?
3.3) Educación y violencia en los Colegios, Escuelas y Liceos
El Ministro de “Educación” del Gobierno de
Piñera pasó a la historia como la demencial autoridad que buscó la vuelta a
clases al costo que fuera. Sin embargo, el nuevo Gobierno logró el retorno a
clases como un milagro de la “esperanza”. Ambos gobiernos saben que con los
estudiantes en las salas regresa parte importante de la normalidad capitalista,
el consumo y otras golosinas. No se tomó en cuenta la persistencia de la
pandemia ni de las enfermedades que rebrotaron en marzo y menos se consideró el
factor encierro en sus casas por 2 años de l@s estudiantes. Todos estos factores
gatillaron una serie de críticos fenómenos sociales que le están pasando la
cuenta al nuevo Gobierno. Al parecer, la “Educación” de la administración AD
proseguirá por la senda de la ‘democracia de los 30 Años’. Y decimos Educación
entrecomillada, pues es la que surgió –luego de 1990- tras el pacto de hecho
entre el Colegio de Profesores y los gobiernos de la democracia
contrainsurgente; es decir, la educación al servicio del gran capital y el
imperialismo, la educación de los contenidos mínimos obligatorios y las pruebas
estandarizadas.
A poco que Boric se terciara la banda
tricolor, el 14 de marzo, el Colegio de Profesores le manifestaba al MINEDUC su
preocupación sobre la necesidad que fuesen revisados los aforos en las salas de
clases. Había aforos para otros recintos y actividades, pero no en las salas de
clases. La representación nacional de l@s docentes planteó que había lugares
con más de 40 estudiantes por sala, en una cuestión que –digámoslo- jamás ha
sido abordada por el Colegio en forma concreta y en términos de exigir la supresión
de tal (sin)razón. Sin embargo, el tema de los posibles contagios, que
efectivamente se materializó, fue siendo relevado por el tema de la violencia
en las unidades educativas. La tozudez del Gobierno y el MINEDUC por seguir
implementando la Jornada Escolar Completa, comenzó a producir serios problemas
de convivencia social entre los propios estudiantes y hacia los docentes. Como buen parche y no como solución de fondo,
el Gobierno se la juega por crear “una comisión” para abordar la problemática,
cuando ya en Lo Espejo y San Bernardo se registraban hechos de violencia en los
establecimientos. La “Comisión” estará integrada por la subsecretaría de
Prevención del Delito y se contempla aumentar las rondas de Carabineros. El 21
de marzo, el MINEDUC anuncia que, “va a permitir flexibilizar la jornada
escolar completa” y que las comunidades escolares, junto al Consejo Escolar,
podrán disminuir las horas lectivas. Aquí resulta necesario señalar que ese
Ministerio no tiene ninguna capacidad objetiva para impartir normativas al
aparato escolar; sólo puede sugerir. Otro aspecto importante de destacar es que
el Ministro del ramo, Marco Ávila, señala que sea cual sea las horas de
permanencia de los estudiantes, “se mantendrán los montos de la subvención” y
aquí devela un aspecto central de lo que es el Estado subsidiario y que se
mantendrá con la nueva Constitución, pues de lo contrario tendría que
suprimirse la figura de los “sostenedores”, lo que no aparece en ninguno de los
casi 500 artículos de la proyectada Carta Magna. Días después, 25/3, el
Gobierno demuestra su ‘preocupación’ por la violencia en los colegios a través
del anuncio de un, “plan de
fortalecimiento de matrícula”, con el que pretende enfrentar los hechos y
acciones violentas, pero escondiendo que esa mejora en el traspaso de fondos irá
a parar a manos de los “sostenedores” y no a mejorar las condiciones de los
estudiantes y docentes. Casi al terminar marzo, 28/3, el timonel del C. de
Profesores, Carlos Díaz, señala que la violencia en los colegios no es
“casualidad”, apuntando al MINEDUC como el ente que apuró el retorno a clases y
con jornada completa y todo. El 30/3, el Ejecutivo insiste en su política de
parches para, “mejorar infraestructura de
los colegios y más policías”, insistiendo por nuestra parte que tales
‘mejoras’ no son otra cosa que más dinero para los mafiosos que controlan el
aparato escolar, mientras que en muchos colegios y liceos prosiguen los golpes,
las amenazas, el malestar.
El 6/4, Carlos Díaz le hace notar al actual M.
de Educación su sandez al afirmar, sin más, que, “fue un error mantener las
escuelas cerradas durante la pandemia”. A esta altura, no se sabe bien si el ‘nuevo’
Gobierno es el ‘viejo’ o el otro es la prolongación de éste; Orwell se ve
superado. Inclusive, Boric dogmatiza: “Las escuelas son las primeras en abrir y
las últimas en cerrar”. La crisis estalla el 12 de abril, cuando muere un
estudiante en la localidad de Santa Cruz, Sexta Región. Como dato no menor,
durante marzo de este año hubo 1500 denuncias en la Superintendencia de Educación
y el 30% lo fueron por violencia escolar.
En medio de la situación de violencia e
incertidumbre que atraviesa el aparato educativo, el Presidente del C. de
Profesores aprovecha la instancia para instalar en el debate nacional el término
del SIMCE, en tanto que el Ministerio sólo plantea suspenderlo por este año y
en circunstancias que durante la campaña presidencial, el compromiso fue concluir
con dicho conjunto de exámenes. A este respecto, Díaz señaló: “Solicitamos al ministro terminar con el
Simce, no solamente para este año, no suspenderlo por el año 2022, sino que
terminar con la lógica estandarizada que hay en la educación que tanto daño le
ha hecho a la educación en Chile y que podamos avanzar hacia un nuevo modelo
educativo. Eso es lo central a lo que debería abocarse el Ministerio ad portas
además de una nueva Constitución que esperamos entienda y conciba la educación
como un derecho humano fundamental y no como una mercancía”.
Fue al finalizar marzo que un grupo de
diputados del PDC solicitan una sesión especial para abordar la posibilidad de aumentar
el monto de la beca de alimentación JUNAEB, apuntando que desde 2012 que no se le
reajustaba. Por cada estudiante, el Estado otorgaba (hasta ese mes) $1.600 diarios;
es decir, $32.000 mensuales (por 20 días hábiles) a más de 500 mil estudiantes
de educación superior. El retardo en tratar esta urgente cuestión para el
estudiantado, significaría el inicio de un ciclo de protestas estudiantiles.
3.4) L@s Pres@s Polític@s
L@s pres@s polític@s es otra problemática en
la cual el nuevo Gobierno sepultó las esperanzas que levantara durante la
pasada campaña presidencial. El viernes 11 de marzo, se proclamó a los 4
vientos que este Gobierno retiraría las querellas interpuestas por el M. de
Interior desde tiempos de Piñera y que mantienen pres@s o enjuiciad@s a miles
de jóvenes que participaron del alzamiento popular del 18-O. Sin embargo, el
anuncio murió a poco que fuera hecho. Ya el 14/3, ante la inacción
gubernamental sobre la materia, los familiares de los PP hicieron un llamado para
que el Gobierno apoye un proyecto de indulto, en carácter de urgente. Para el 23/3,
la alternativa era la “amnistía” (recordemos el abismo que hay entre indulto y
amnistía) y el senador PS Juan L. Castro declaraba que sería muy patético y
lamentable que el proyecto de “amnistía naufragara”. Lo dicho por Castro es en
referencia a las movidas que efectuaba el Segpres Giorgio Jackson por entonces,
quien anunció la aplicación de suma urgencia al proyecto de amnistía, pero sin
hacer un sondeo previo para asegurar los votos.
El 24 de marzo, Juan Ignacio Latorre, senador
por Revolución Democrática, aporta que ante la problemática, “ha habido falta de convicción y de voluntad
política” y asegura que en el futuro se avanzará en, “indultos presidenciales individuales” (lo que sería un avance, pero
el senador habla de una posibilidad que sólo él plantea) y recuerda que la
propia Cocina Constitucional sacó una declaración pública, aprobada por más de
2/3 (¡tanto les gusta esa forma de “democracia” que les dejó Jaime Guzmán!), en
donde se pide acelerar la ley de indulto. Mientras tanto, Jackson sigue
anunciando poner suma urgencia al proyecto de indulto, incluso da un punto de
prensa acompañado por la senadora Fabiola Campillai, pero -en lo concreto- es
otra promesa gubernamental no cumplida y en proceso de ser enterrada. Desde la
Defensoría Popular explican que la proyectada ley de indulto no beneficia a
todos los PP y desde la Comisión de Constitución del Senado indican que ni
siquiera han sido notificados.
A fines de abril, 28/4, una serie
organizaciones político-sociales del campo popular, la Comisión Chilena de DDHH
y familiares y amigos de l@s PP interpelan al Gobierno en relación con el
indulto y el retiro de las querellas emanadas desde Interior. Los familiares denuncian,
“que la prisión fue utilizada por la
administración anterior como una herramienta de castigo dentro de una política
de persecución a la disidencia, con el firme propósito de desincentivar la
protesta social”. Ya el 11/5, los propios familiares manifiestan que el
proyecto de indulto general no los representa ni soluciona el conflicto
planteado. Además, el proyecto original se transformó en un proyecto de
amnistía (por mano del PDC, que pugna por dar la libertad a las bestias
asesinas de Punta Peuco). Es decir, el indulto se transmuta en amnistía y, por
si fuera poco, los PP tienen a los actuales cabecillas del M. de Interior y a los
abogados de la Delegación Presidencial como continuadores de su prisión. Es
otra promesa incumplida. Tras la esperanza estaba el miedo.
3.5) Los famosos camiones y sus impunes dueños
Las derechas comienzan tempranamente su agitación
en contra del nuevo Gobierno, comprendiendo la debilidad de este, su
inconsistencia y la posibilidad de mantener sus privilegios, como asegurar sus
actividades forestales en el sur, o bien acceder a nuevas prebendas.
El 25 de abril comienza la presión de los dueños
de camiones, con cortes parciales de carreteras. La zona de Paine será la
vanguardia de este movimiento. Sin embargo, para que no se hiciera tan evidente
el carácter patronal de esta movilización, lanzaron al choque a pequeñas flotas
no ligadas a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC),
ni de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), cuyas directivas
seguían dialogando con el nuevo Gobierno. La excusa para la movilización fue un
ataque a balazos que afectó a un transportista, en la comuna de Ercilla. Por
otro lado, los camioneros movilizados plantearon un petitorio de 3 puntos:
solución a los problemas de seguridad; alto al aumento de los precios de los
combustibles y revisión de multas TAG. Al día siguiente, la M. de Interior da
un ultimátum a los camioneros, señalando que a las 16:00 del 26/4 se comenzaría
a aplicar la ley de Seguridad del Estado. Los susodichos comienzan a mover sus
máquinas desde las 17 horas, más por el frío que ante la presión gubernamental.
Siches argumentó que la ciudadanía se veía afectada, lo que pasaría a ser el
argumento para justificar la represión (no a los camioneros, eso sí). Pese al
“ultimátum” de Siches, el 27/4 los camioneros retoman la paralización y los
cortes de rutas en Antofagasta y O’Higgins. Como dato a retener, en la 8ª Región
y mientras se esperaba la aplicación de la legalidad, la delegada presidencial,
Daniela Dresdner, se reunía a dialogar con los envalentonados camioneros
paralizados.
Recién el 3/5, aparecen los capos de los
camioneros, exigiendo más patrullajes militares y el estado de excepción en el Biobío
y la Araucanía. Freddy Martínez, presidente de la Asociación de Dueños de
Camiones de Los Ángeles y secretario de Fedesur, señaló que, “se niega la posibilidad de declarar el
estado de sitio en la macrozona sur y reestablecer el estado de emergencia en
la macrozona norte y se niega el retiro de querellas. En consecuencia, nos
vemos obligados a movilizarnos y a reunirnos con nuestras bases en las
carreteras que son nuestro lugar de trabajo”, comenzando a plantear que las
carreteras son parte de la “infraestructura crítica”. Los camioneros hacen su
pega y generan la sensación que es imperioso proseguir con los estados de
excepción.
3.6) 8 de Marzo de 2022, ¿la Marea Feminista?
El 8 de marzo, cientos de miles de mujeres
salen a las calles para manifestar sus demandas en el marco del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. En Santiago, en específico en la Plaza de la Dignidad,
participaron ministras del nuevo Gobierno y algunas Convencionales.
Con el asesinato de la periodista de un medio
popular Francisca Sandoval, a manos del lumpen, quedó claro que la “marea
feminista” oficial sólo se despliega el 8 de marzo y el resto del año sólo se
pliega a ataques que reciban ciertas mujeres. Lo mismo ha sucedido desde hace
muchos años. Se echa en falta un movimiento clasista de mujeres que ligue sus
luchas y demandas a la lucha del conjunto del pueblo.
En el período, sólo las estudiantes de la
comuna de Providencia son capaces de empujar al conjunto del estudiantado tras
demandas feministas, y de a poco comienzan a retomar las calles.
3.7) La movilización de los trabajadores subcontratados de la ENAP
Los trabajadores subcontratados de la ENAP no
lo pasaron tan bien como los camioneros. A ellos sí que les cayó el peso del
“Estado de Derecho”; es decir, la represión validada y justificada, esta vez
con el cacareo que: “se debe mantener la
normalidad para que la mayoría tenga sus necesidades cubiertas”.
Primero, la empresa mandante envía a la
gerente de recursos humanos a negociar. Luego, el Gobierno despacha a la Seremi
del Trabajo Sandra Quintana para lo mismo. Pero, desde el Ejecutivo se comienza
a levantar el siguiente discurso: “Hemos
exigido a las empresas contratistas se sienten a la mesa, porque hay una
negociación que hacer, pero se debe hacer con las empresas contratistas”, y
que, “nosotros no vamos a renunciar a la
necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de las empresas que son de
carácter estratégico y cuyo funcionamiento afecta a los sectores más
vulnerables, (…) genera caos, desorden y sensación de falta de capacidad de
tomar decisiones” (dichos del tantas veces nombrado Sub. Interior, Manuel
Monsalve).
La principal demanda de los trabajadores
paralizados radica en la erradicación de las brechas salariales que existen con
los trabajadores de planta, a pesar de realizar las mismas tareas. Asimismo,
exigen que esta negociación se adelante para el mes de mayo y no en agosto, que
es para cuanto está fijada la tratativa.
Sin embargo, la “negociación” sólo se
prolonga hasta el 9 de mayo, cuando el flamante Gobierno de la esperanza autoriza
a las fuerzas de Carabineros a desalojar a los subcontratistas que mantenían
bloqueado el paso a la refinería. Quien firma la notificación del uso de la
fuerza fue Daniela Dresdner, militante de “Revolución Democrática”, quien gusta
de conversar con los camioneros matones. Víctor Sepúlveda, dirigente de los
trabajadores subcontratados expresó que, “a
una semana de iniciada la movilización, llamamos al presidente Boric a a
intervenir de forma directa en el conflicto y honrar su palabra con las
trabajadoras y trabajadores”. En tanto, la delegada presidencial antedicha
anuncia que, “tenemos todas las
herramientas sobre la mesa, vamos a ir viendo a medida que lo necesitemos, pero
aquí, y quiero dejar aquí muy claro esto, el desabastecimiento es la única cosa
que no es una opción, porque no vamos a dejar que esto influya sobre las
personas que están en sus casas”. Sin embargo, para con los dueños de
camiones, que provocan desabastecimiento con sus patochadas, sí que hubo
opciones.
3.8) Los estudiantes rompen la paz social del Gobierno de la Esperanza
Tal como el 18 de octubre de 2019, serán los
jóvenes, los estudiantes, los que rompan la normalidad apatronada impuesta por
Boric y AD, el cual comenzó a reprimir cualquier intento de protesta social,
imponiendo el “Estado de Derecho” o sea la represión. Los estudiantes
secundarios y universitarios no compraron eso que la “esperanza le ganó al
miedo”, pues saben que el miedo sigue en La Moneda, con otras caretas.
Serán las estudiantes secundarias de
Providencia las que -tras demandas feministas- impulsan al conjunto del
estudiantado a volver a las calles. Luego, se sumarán los liceos y colegios
emblemáticos. Los universitarios marchan por mejorar la beca JUNAEB, logrando
un miserable aumento por parte del nuevo gobierno ($5 mil mensual). En las
marchas de las secundarias y universitarias se producen los primeros choques
con mafias de vendedores ambulantes, organizaciones lumpen y con claras conexiones
con Carabineros y PDI. Es así que el 25/4, un estudiante resulta baleado por un
paco en la marcha por mejorar la beca y el mismo día, en Estación Central, algunos
vendedores ambulantes agreden a estudiantes secundarios que estaban
manifestándose por lo mismo. Estos ataques de ambulantes-lumpen se volverán a
repetir en otras marchas estudiantiles y de forma dramática el 1º de Mayo. El
estudiantado, por diversos motivos, continúa hasta el minuto movilizado. Sin
embargo, los colegios y liceos emblemáticos no han sido capaces de extender sus
luchas a otros colegios, escuelas y liceos de zonas periféricas de las
ciudades.
3.9) 29 de Marzo 2022, Día de los/as Jóvenes Combatientes
“Lamentablemente,
este gobierno no tiene un proyecto popular”, apunta certeramente en una entrevista el
compañero Manuel Vergara, padre de los hermanos Vergara Toledo. Añade que el 29
de marzo, “es una fecha llena de
recuerdos, de memoria. Me parece correcto el término de Joven Combatiente
porque es algo que está presente, que no es del pasado, es de hoy”. Recuerda
que junto a la inolvidable Luisa, “comprobamos
que, incluso ahora, la justicia tiene bastante de política y al final prima eso
por sobre a la justicia misma. Se apuró y se condenó a carabineros porque en el
fondo ellos querían que con el tiempo el 29 de marzo se terminara, sin embargo
la fecha continúa y ya no pertenece a la familia Vergara Toledo, sino que a
mucha gente en Chile”. El padre de los camaradas Vergara Toledo se refirió,
además, a la instalación del nuevo Gobierno y afirmó que, “en general el pueblo de Chile tiene mucha esperanza en este gobierno
pero es un gobierno que no tiene un proyecto de sociedad, tiene ideas sueltas y
tampoco tiene una base popular que lo sustente. Me preocupa esta situación
porque la gente tiene mucha esperanza pero yo creo, honestamente, que esto no
va a cambiar mucho”. En este sentido, Manuel agregó que, “estamos viviendo una situación bastante
difícil, porque el gobierno no podrá cumplir todo lo que promete. Este gobierno
necesita una base popular, yo se los dije una vez, pero lamentablemente no
tiene un proyecto popular, un apoyo popular, porque la gente votó por ellos
para que no saliera el otro pero fue el mal menor”. Finalmente, el compañero señaló no tener
conocimiento respecto de la conmemoración que el Gobierno realizaría para
recordar este 29 de marzo y afirmó que eso, “no tiene mayor significado, es un saludo a la bandera, porque los
Derechos Humanos no se respetan en Chile porque no hay justicia, por eso hay
impunidad, y como hay impunidad se sigue matando gente”.
Dicho y hecho, dirían los mayores. Los
capataces del renovado mismo orden intentaron apaciguar la jornada de lucha
popular. La posera y vocera de Gobierno, Camila Vallejos, anunciaba, “Nuestro compromiso con la memoria histórica
y los derechos humanos es irreductible”. Pero a renglón seguido agregaba: “Nuestro compromiso con la memoria histórica
y los derechos humanos es irreductible, esto es importante para nosotros
señalarlo en primera instancia. Queremos que sea una jornada tranquila,
esperamos tomarlo de esa manera y por cierto también como ustedes lo vieron
esta mañana, el subsecretario ha estado trabajando con las policías y hay un
plan preventivo para el resguardo de la seguridad de las personas durante la
jornada”.
Sin embargo, quienes luchan y no se rinden,
hicieron en las calles y en la práctica concreta su sentido homenaje a quienes
lucharon y dieron su vida anteriormente por una sociedad verdaderamente justa.
Cortes de calles y enfrentamientos en el centro de las ciudades se registraron desde
la madrugada de ese 29 de marzo. En Santiago, el Metro vio interrumpido su paso
durante todo el día. En las inmediaciones del Instituto Nacional, un centenar
de personas interrumpió la circulación vehicular generando algunas escaramuzas
con los pacos. Este 29 de marzo, y como ya es tradicional hace tantos años, el
día laboral se terminó mucho más temprano y hace que la normalidad capitalista
se vea empañada. Para l@s que luchan, cada jornada es un 29 de marzo y en la
medida que más y más jóvenes se hagan combatientes, más cerca estaremos de
alcanzar un Chile socialista como el que soñaron Eduardo, Rafael, Pablo,
Paulina, Mauricio, Tatiana, Cecilia, Raúl y tant@s otr@s.
3.10) El 1º de Mayo
Este Primero era la ocasión para que se
reflejara en las calles la ira en contra de las alzas patronales, luego de dos
años de pandemia y aislamiento. Debió ser un momento de inflexión en la lucha
popular, un llamado a generar las condiciones para desplegar la huelga general
popular. En Santiago, la CUT realizó su acto canónico, donde sólo estaban
presentes los dirigentes de la multigremial y algunos invitados del gobierno
entrante. En la otra marcha, la de la Central Clasista de Trabajadores y varias
organizaciones más, hubo mucha presencia y contra ella se dirigió la rabia de
la policía y la mafia de ambulantes asociados a pacos y tiras. Se hizo notorio
que estos vendedores son agentes del Estado, que mataron a una compañera, Francisca
Sandoval, e hirieron de bala a vari@s más, pero que al no estar uniformados
impiden responsabilizar políticamente a quien corresponde: al gobierno de
turno.
Manuel Monsalve, a nombre del Ejecutivo,
anuncia una investigación por los disparos que le arrebataron la vida a una periodista
del campo popular. Pero quienes dispararon aparecen en múltiples registros
conversando con Carabineros; inclusive, el propio Monsalve reconoció que pacos
y tiras, “pueden tener vínculos con los
autores de los disparos”. Consultado el nuevo Presidente por el deleznable hecho,
señaló que era “desgarrador”. El 12 de mayo fallece Francisca Sandoval. Curioso
resultó que tras la entrevista entre el presidente Boric y la familia de la
periodista, los funerales tomarán un carácter familiar y no llegaran a
representar un espacio de lucha y denuncia popular.
Tras la muerte de la profesional, Boric sentencia:
“La violencia perjudica la democracia”.
Y aquí nos detenemos, pues lo dicho por Boric da a entender que estamos en
democracia, lo que a todas luces es un sofisma, una mentira. Es necesario
retener los dichos del Gobierno en relación a su accionar: anuncia ‘Estado de
Derecho’ o represión para todo aquel que pueda alterar el orden e impida que la
gente viva tranquila y etc., pero a la hora de la verdad sólo se reprime las
justas y legítimas expresiones de protesta de los pueblos y l@s trabajador@s; ¡y
estamos en ‘democracia’!
Con todo, la movilización convocada para este
1º de Mayo por una miríada de organizaciones político-sociales del campo
popular, encabezadas por la CCTT, UCT, AIT, APT, SUTE, CNT, FENASIPEC, MMC,
BOP, ECP y otras más, cuya marcha se extendiera por varias cuadras en la
Alameda capitalina y que culminará con un gran acto-concentración frente a la Estación
Central, demostró que sigue creciendo el sindicalismo clasista y antipatronal
y, al mismo tiempo, que existe mucha fuerza político-social anticapitalista y
antipatriarcal que continúa construyendo poder popular desde la base. En
Valparaíso, Antofagasta, Coquimbo, P. Montt, Talcahuano y Temuco también se
registraron importantes movilizaciones del pueblo trabajador, sobre los que los
medios de la derecha y el oficialismo no se dignaron informar.
L@s convocantes de la movilización
metropolitana bien apuntaban en su crítica al mísero reajuste del salario
mínimo (que se fijase en $380 mil desde el 1º de mayo y que alcanzará los $400
mil desde el 1º de agosto), cuando explican que el Gobierno, el Congreso y la
patronal: “proponen que llegará a los $380.000
pesos brutos desde mayo, lo que es insuficiente para enfrentar la carestía que
está afectando a los trabajadores con contrato y a los 3 millones de
trabajadores y trabajadoras que viven de un trabajo informal. Todas estas
medidas, (…) cuestan $ 3.726 millones de dólares, lo que representa el 0,73%
del PIB: ¡Un nulo impacto y una miserable propuesta si se quiere paliar la
crisis inflacionaria!”. Y aciertan con su insuficiente valor, toda vez que
entre diciembre 2021 y marzo 2022, la pérdida del poder de compra de los
salarios se alzó hasta acercarse a los $100 mil mensuales en relación con el
aumento de los precios de los alimentos esenciales, como el pan, las verduras,
las legumbres y el aceite, así como el de los servicios básicos, entre otros
productos de primera necesidad.
4) El movimiento popular, las tareas de l@s revolucionari@s y las
perspectivas de la lucha de clases
Son muchas y de diversa índole las tareas y
desafíos que deben ser emprendidas por el MP y los diversos sectores sociales
que lo conforman y que intervienen en la arena de la lucha política para
satisfacer sus demandas y aspiraciones. Creemos que ello debe ser un acicate para
la Izquierda Revolucionaria (IR), en relación con las tareas que debiera
enfrentar urgentemente. En primer lugar, reiteramos la necesidad de lograr mínimos
grados de unidad y en torno a un programa básico de todas las fuerzas que
reconozcan su lugar en ésta trinchera y que priorizamos la construcción del
poder popular y la acción rupturista para alcanzar los objetivos políticos de
l@s explotad@s y marginad@s de Chile. No podemos ni debemos abandonar los
objetivos históricos de la lucha por el socialismo y la liberación social de
nuestr@s herman@s explotad@s y excluid@s, así como dejar de pelear junto a los
sectores populares movilizados hoy por sus legítimas demandas inmediatas y por
objetivos democráticos.
Por cierto, sigue siendo un reto para la IR el
contribuir a la construcción del programa y el poder político de los pueblos y
la clase trabajadora, para lo que se hace impostergable su crecimiento al
interior de los frentes sociales y sus organizaciones naturales, promoviendo
formas tradicionales de organización: sindicatos, asambleas populares territoriales,
colectivos político-sociales, comités de defensa de las condiciones de vida y
de trabajo, de solidaridad social y política, etc., así como impulsando todas
las que se adecúen a las características presentes y emergentes del enfrentamiento
de clases. En suma, las fuerzas de la IR se deben abocar a la construcción del
sustento organizativo y material que posibilite el despliegue de un proceso de
luchas ascendentes, con una perspectiva estratégica de poder.
Al desvanecerse las esperanzas puestas por
amplios sectores de la población en Boric y las fuerzas del R-NR, por las
mismas prácticas e inconsistencias de estos; por la constatación que la
Constitución a cargo de la CC no vendrá realmente a transformar el injusto
modelo de dominación y explotación; y por la zozobra que traerá aparejado el
apriete de cinturón con que ya se amenaza a la mayoría nacional, si bien será
el momento de su lamentable frustración, será también el instante para que la
IR y los sectores más avanzados del MP hagan claridad que un programa
económico-social que considere las necesidades y aspiraciones de la mayoría
nacional sólo será posible de construir y enarbolar por los propios pueblos y
explotad@s de Chile, organizados en sus instancias naturales y
político-sociales, sectoriales y territoriales, requiriéndose para ello de su lucha
consecuente y su decisión de vencer.
Llamamos a tod@s a solidarizar material y políticamente
con los compañeros subcontratado de ENAP, movilizados desde abril por
condiciones dignas y equivalentes con las del personal de planta de la estatal;
con l@s estudiant@s que continúan exigiendo una educación de calidad, gratuita,
antipatriarcal y liberadora, con una infraestructura y medios adecuados y suficientes;
a adherir y participar activamente de las jornadas y protestas en contra de las
alzas de precios para los bienes básicos, contra la cesantía, la precariedad laboral
y porque esta crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador con sus ahorros
previsionales o sus Seguros de Cesantía; a continuar exigiendo la libertad inmediata
y sin condiciones de tod@s l@s prisioner@s polític@s, chilenos y mapuche, de antes
del 18-O y con ocasión de la rebelión popular; a multiplicar las
manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas represivas en Plaza de la Dignidad
de Santiago y donde se pueda.
Que estos nuevos combates demuestren a las
clases dominantes y a los farisaicos que hoy ocupan La Moneda que los sectores
más conscientes de los pueblos y l@s explotad@s, lejos de estar preocupados por
el plebiscito de septiembre u otros voladores de luces, se encuentran en
disposición de lucha y más decididos que nunca a conquistar sus legítimas
demandas, desde las inmediatas a las más complejas, a construir su contrapoder
y pasar a disputarles el poder para cumplir con las tareas históricas de l@s
explotad@s y marginad@s de nuestra formación social.
Confiamos que en los meses
venideros el MP potenciará su organización, se extenderá hacia los sectores más
reacios a incorporarse a la lucha (acicateados por los efectos de la crisis en
ciernes), se pondrá de pie para retomar la ofensiva, volviendo a las calles
para exigir tanto derecho pisoteado y hacerle pagar a los ricos y a los que les
hacen el trabajo sucio todo el daño que le han provocado a los pueblos y a l@s
trabajadores.
Círculo de Estudios Políticos Miguel
Cabrera Fernández
Junio, 2022
Fuentes y algunas abreviaciones utilizadas:
18-O: 18 de Octubre de 2019
AD: Apruebo Dignidad
BCCh: Banco Central de Chile
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
BP: Bloque en el Poder
BPE: Bloque Político de Estado
CC: Convención Constitucional
Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CMF: Capital Monopólico-Financiero
CNE: Comisión Nacional de Energía
CPC: Confederación de la Producción y el Comercio
CUT: Central Unitaria de Trabajadores
exNM: ex Nueva Mayoría, conglomerado que representó entre 2013-18 a los
GMRS
FES: Formación Económico-Social
FMI: Fondo Monetario Internacional
GMRS: Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema
IFE: Ingreso Familiar de Emergencia
IFI: Instituciones Financieras Internacionales; ej.: FMI, BM, BID, etc.
INE: Instituto Nacional de Estadística (de Chile)
IR: Izquierda Revolucionaria
MP: Movimiento Popular
MINEDUC: Ministerio de Educación
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PCCh: Partido Comunista de Chile
PP: Pres@s Polític@s
PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas
R-NR: Reformismo-Neorreformismo
SCM: Sistema Capitalista Mundial
SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
