ANALISIS Y
PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL
CHILE SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE
2022
En el período, en el marco de las graves
secuelas económico-sociales dejadas por la pandemia y de los efectos de una feroz
etapa de transición imperialista, l@s explotad@s de Chile continúan pagando la
crisis, mientras que el capital monopólico financiero aliado al capital
transnacional se enriquece, sin detenerse a preparar las condiciones para
enfrentar de mejor forma la estanflación que se viene en 2023. En tanto, el
Gobierno de reformistas y neorreformistas, que pasan a adscribirse plenamente a
los grupos mantenedores y reproductores del sistema y, por extensión, al bloque
político de Estado, aprueba e impulsa reformas que no resolverán la postración
de la mayoría nacional y tampoco contribuirán a desplegar un modelo económico
productivo y que distribuya de mejor forma la riqueza que l@s explotad@s
producen.
En cuanto al embuste constitucional, no
es que haya ganado el Rechazo; lo que triunfó fue la expresión rotunda de un
electorado que expresó que no quiere que le vendan más la pomada y que sabe que
la resolución a sus problemas no va por el camino de rayar un voto para aceptar
o rechazar las ofertas de los sectores dominantes y sus lacayos en la arena
política.
Y aunque pocas, muy importantes fueron las
expresiones de lucha desplegadas por diversas fuerzas del campo popular, de
estudiantes, poblador@s, trabajador@s, tanto sectoriales como nacionales y en
este último ámbito, en torno a los aniversarios por un nuevo ‘11’ y el 3º de la
Rebelión Popular del 18-O. Si bien la “democracia de los 32 años” no da para
más, será gracias a la lucha unitaria y ofensiva de los pueblos y trabajador@s
de Chile que estos podrán darle su patada en el trasero a quienes los dominan.
Y muchos ya lo saben, lo que se expresaba en un lienzo desplegado fuera de una
minera, al amanecer del pasado 18 de octubre: “La clase obrera unida, organizada
y en lucha, vencerá”.
1) El capital monopólico se enriquece, la clase trabajadora paga la crisis
y el ‘Gobierno de la Esperanza’ como si lloviera
En el trimestre, se deterioran las
perspectivas para la actividad productiva y comercial del conjunto del Sistema
Capitalista Mundial (SCM) (5/10, OMC), en
tanto que se rigidizan aún más las condiciones impuestas por el gran capital transnacional
sobre el conjunto de las Formaciones Económico-Sociales (FES). Los portavoces
oficiosos de los sectores dominantes apuntan a un prolongado ajuste monetario de
las formaciones del centro del sistema, el que obviamente se haría sentir en las
periféricas e intermedias. En todas ellas se constatan elevados niveles de volatilidad
respecto de activos y variables económicas, provocados –principalmente- por los
especulativos y rapaces negociados del capital financiero, pero contribuyendo a
potenciar dicha situación los raquíticos mecanismos internos de control fiscal
y político que obran sobre aquel leviatán. La inflación continúa mostrándose persistente
y en lo que representa una mera respuesta procíclica frente a este fenómeno,
los bancos centrales se afanan por elevar sus tasas de referencia, encareciendo
el financiamiento externo, pero también alentando una abrupta salida de los
capitales “golondrinas” y abatiendo el valor de las materias primas. El cuadro
anterior incide en un fortalecimiento del dólar a escala mundial y de los
instrumentos financieros en dicha moneda, lo mismo que de las tasas de interés
de largo plazo (lucrativas actividades en que interactúan las IFI, el capital
financiero transnacional y las potencias centrales) y el círculo vicioso,
entonces, queda convertido en una espiral. Consecuentemente, los precios de las
materias primas oscilan al ritmo ordenado por los poderes imperiales: a pesar
que entre septiembre y noviembre lo que cuesta un barril de petróleo (OPEP) se reduce
en un 7,7%, en lo que va del año su valor se ha encumbrado un 16,1% (DM), encarecimiento atribuible -en gran parte- al
embargo económico y petrolero yanqui a Venezuela, Rusia e Irán y su política
hostil hacia Arabia Saudí; en tanto, si bien la libra de cobre mantuvo su
precio en el período, cercano a los US$3,5, su valor decae desde 2021, cuando
su promedio alcanzó los US$4,11 y Cochilco aguarda que recién el próximo año pueda
remontar a los US$3,95.
Ya habíamos hecho notar que las IFI, una vez
pasado lo peor de la pandemia causada por el COVID-19, se afanan por reordenar
el sistema para el mayor beneficio de los sectores dominantes mundiales. En
consonancia con ello, del 18 al 27 de octubre, agentes del FMI vinieron a dar instrucciones
a Boric y su equipo sobre cómo resguardar lo económico y gestionar las
políticas económicas internas. Primero, la ‘misión’ proconsular se dedicó a
asustar, informando que nuestro PIB crecerá sólo un 2% este año (luego del
11,7% de 2021), asociado a una alta inflación, del 12,1% y con una tasa de
desempleo del 8%; que el producto sería de un -1,3% en 2023, consiguiendo
rebajar el IPC a un 5%, pero que entonces la cesantía escalará a un 8,5%.
Luego, pasó a endulzar el discurso, afirmando que, “tras una notable recuperación posterior a la pandemia (…), la economía
chilena está experimentando una transición necesaria hacia un crecimiento más
sostenible” (FMI),
debiéndose entender esto último como el inicuo y desigual esquema de siempre,
pero sin estímulos económicos estatales para atender el consumo y a los
sectores productivos (excepción hecha de las áreas en manos del capital
monopólico-financiero, como la gran minería). Los riesgos internos, según estos
perspicaces cuestores, “están
relacionados con una inflación elevada que se prolongue más de lo previsto,
malestar social por los precios elevados de los alimentos y la energía,
lentitud en las reformas para satisfacer las demandas sociales. Si bien se
espera que el proceso de reforma constitucional continúe, la incertidumbre
sobre su resultado se ha aminorado”. Confiesan, entonces, su temor a que el
empeoramiento de las condiciones objetivas incrementen el cuestionamiento
social al actual modelo de dominación/explotación y sus nefastos efectos, y dan
fe que el zigzagueante proceso constitucional y la gestión del gobierno AD no
afectan ni afectarán para nada las bases del mismo. Casi al finalizar su
informe, los guardianes del gran capital se permiten una admonición: “los retiros de los ahorros pensionales y la
incertidumbre en torno al futuro de las AFPs han menoscabado la profundidad y
la liquidez del mercado de capital interno”; o sea, es absolutamente verdad
lo planteado por los detractores de las AFP y del sistema de pensiones vigente:
esos fondos no están orientados a proveer pensiones de calidad y de un monto
suficiente, sino a guardarle las espaldas al Capital Monopólico Financiero (CMF),
afianzar sus transacciones y asegurarle suculentos dividendos.
La misión IFI, de paso, felicitó a Marcel y
sus muchachos por el saldo fiscal de un 1,6% del PIB proyectado para este año (el
primer superávit en una década), frente al déficit de un 7,7% en 2021, ‘logro’ asociado
al retiro de las medidas de estímulo relacionadas con la pandemia y una relativa
mayor recaudación (motivada por factores excepcionales). En lo que constituye
otro ‘éxito’ para el FMI, el Gobierno repuso US$6 mil millones en el fondo de
ahorro soberano (un invento de 2006, mandatado por las IFI), en circunstancias
que es indiscutible la necesidad de echar mano ahora a dichos recursos y paliar
las dificultades económico-sociales ocasionadas por la pandemia, mediante una
inversión productiva a cargo del Estado, así como preparar las condiciones para
enfrentar la crisis económica que ya campea y que arreciaría en 2023. En medio
del río revuelto, el CMF sólo ansía beneficiarse, especulando y extrayendo divisas
hacia fondos corporativos en el centro imperial y sin que le preocupe prevenir
debacle alguna (total, en todas estas catástrofes recrudece la concentración y
centralización de capitales, que es el sustrato de su engrandecimiento).
La madre de las IFI no se cuestiona que aquí,
a diferencia de otras FES más interesadas en un desarrollo productivo (ej.,
China), presentemos un saldo negativo en cuanto a crecimiento de la producción
industrial o de la inversión en activos fijos. En el informe sobre el Imacec de
septiembre (2/11, BCCh), se puede constatar
que los indicadores relacionados con el volumen de la producción y ventas de
las empresas son negativos en los 12 meses previos, sobre todo por la caída del
comercio, con un saldo negativo de -10,2%, y de las industrias manufacturera y
minera; en suma, la gente está comprando menos y se restringe agudamente la actividad
del segmento productivo. Sin embargo, al jefe de las arcas fiscales le resulta natural
que la economía siga, “haciendo su ajuste
por el lado del gasto, del consumo, lo cual se refleja en la actividad del comercio”
y se alegra porque ese ajuste, “(…) no
está arrastrando a otros sectores”. A Marcel le parece que el -0,4% del Imacec
de septiembre, en comparación con igual mes de 2021, fue menor a lo esperado y
allí se queda, sin dimensionar que éste traspié se suma a otros indicios que apuntan
al arribo de una franca crisis económica y mostrándose incapaz de anunciar
medidas coherentes y eficaces para evitarla o al menos mitigar sus consecuencias,
las que de todas maneras afectan y afectarán a la clase trabajadora.
En cuanto a la esquiva inversión extranjera, esta
ha mantenido su nivel si comparamos los 3 primeros trimestres de 2021-22: US$17
mil millones. Por ello, en septiembre, Boric y Marcel anuncian -con harto bombo-
un plan de nombre muy original: “Invirtamos
en Chile” (12/9, InvestChile),
mediante el cual se desplegarán 28 medidas para atraer un 5% más de capitales
desde 2023, entre las que se consulta: mejorar la infraestructura, disponibilidad
de energía y vías de transporte existentes, sobre todo en el ámbito de la
minería; proveer procedimientos institucionales que favorezcan incluso más la
entrada (y salida) de divisas; reabrir agregadurías de inversión; optimizar el
acceso al financiamiento y obviamente se aplicarán, “estímulos tributarios a la inversión privada”. En el último caso,
ello se traducirá en una menor recaudación fiscal, lo que se puede constatar en
que los nuevos proyectos de minería del cobre estarán exentos del componente ad
valorem del royalty por 5 años, ofreciéndole al CMT ampliar su margen de
ganancia para que se decida a invertir. Sin embargo, como el capital financiero
es insaciable, a mediados de noviembre (16/11, RBB) la Sonami se permite algunas quejas en relación con el
proyecto que se discute en el Congreso sobre royalty a la minería: “mantiene una carga tributaria excesiva”
y “afectará la competitividad del sector”,
en circunstancias que, de seguir su proceso legislativo, se va camino a imponer
una nueva “Ley Longueira”: los capitales que usufructúan del cobre y litio
también van a poder evitar el pago de millones de dólares respecto de lo que
deberían haber pagado como royalty, extendiéndose, además, el período de
invariabilidad tributaria del que pueden gozar.
A pesar del evidente y desvergonzado
agiotismo perpetrado por el gran empresariado, reflejado en una imparable alza de
precios aun cuando los inventarios de empresas comerciales y manufactureras se
han reforzado (un 3,4% a septiembre, para las primeras -14/11, INE), ni el Ejecutivo AD
o alguna instancia oficial (excepto un fugaz anuncio de la FNE, a mitad de año,
que nadie supo en que quedó -27/11, CHV) han
manifestado su reparo y menos pretendido esclarecer y sancionar la especulación
y la colusión que hay detrás. En cambio, el Gobierno argentino (2/11, RBB) ordenó investigar a
las empresas vinculadas con la producción y comercialización de bienes de
consumo masivo que hayan aumentado precios como resultado de un abuso de su
posición dominante, por encima de la inflación general y de otras variables que
afectan a los costos de producción. Una semana después (11/11, LN), el Ejecutivo peronista,
supermercados y grandes proveedores anuncian un acuerdo, mediante el cual se
mantendrán fijos o con alzas reguladas los precios de casi 2.000 productos;
además, que existe el compromiso empresarial que en los próximos 4 meses, en el
resto de los 30 mil productos que producen, no habrá aumentos mayores de un 4%.
Por muy ‘progre’ que pueda parecer aquel
juego de manos del peronismo, la verdad es que una cosa así ni siquiera se le
ha pasado por la cabeza a las autoridades del Reformismo-Neorreformismo (R-NR)
vernáculo. Y eso que aquí, según el INE (8/11), aunque los precios al
consumidor sólo se alzaron un 0,5% en octubre (respecto a septiembre), su
incremento totaliza ya un 11,4% entre enero-octubre y 12,8% a 12 meses, destacándose
las de alimentos y transporte; que el valor de la canasta básica de alimentos (de
79 productos) sigue con alzas récord y traspasó los $60 mil en septiembre,
cuando su variación anual previa acumuló nada menos que un 23,1% (sólo bajaría
a 22,8% en octubre, sobre un intervalo equivalente); y que el valor de las
líneas de pobreza y de pobreza extrema por persona alcanzaron los $210.529 y
$140.352, respectivamente, lo que implica un alza en 12 meses de 16,2%. Pues
bien, ocurre que en nuestra FES la lesión infligida por el gran capital al
interés económico general y sobre todo en lo relativo a la producción y
comercialización de alimentos resulta evidente, toda vez que se trata de
producción mayoritariamente nacional, en base a materias primas locales, con
condiciones naturales y de infraestructura para proveer alimentos a precios
razonables, y habida consideración de las variables económicas vigentes.
Conadecus acusaba hace rato (19/4, DUC) al
oligopolio empresarial de distribución y venta de productos de primera
necesidad, tales como Unimarc y Wallmart, que en ciertos casos controlan
prácticamente el 90% de la comercialización de algunos de aquellos, como
principales responsables de su encarecimiento y que lo hacen a pesar de contar
con suficiente inventario. Clamaron por una investigación profunda, pero –a la
fecha- no se oye padre.
Y a mayores precios, mayores ganancias para
el CMF. Como que el grupo empresarial que incluye a Unimarc, SMU, obtuvo
ganancias a septiembre de este año 116% superiores a las de los 9 meses
iniciales de 2021; en tanto, Empresas Copec (de los Angelini) anotó un
incremento de 30% en similar período. Sólo algunas megatiendas vieron mermas en
sus entradas respecto de 2021 (sin llegar a sufrir pérdidas), pero ello se
explica por las restricciones de política económica, directas e indirectas,
señaladas antes: Walmart (Ibáñez), Cencosud (Paulmann), Falabella, etc.
Finalmente, anotemos que los grupos monopólicos tras las AFP se embolsaron
suculentas utilidades al finalizar el 3er trimestre 2022, 9% mayores que en
2021 y que la banca privada la hizo de oro en el mismo lapso, con ganancias que
significan un 42% más; por ejemplo, el Banco de Chile, de Luksic y Citi, a
pesar del terror económico que el principal CMF ha propalado, logró duplicar las
suyas.
Por lo visto, la clase trabajadora es y
seguirá siendo la que pague la actual crisis pospandemia y también la que se
abatirá sobre el SCM, acompañada con estanflación, en 2023. Sin atender a que
la cesantía pasará de 8% a un 8,5% en 2023; que la tasa de ocupación informal
(i.e. empleo precario) se ubica cerca del 28% y sigue creciendo; y que si bien
la remuneración nominal creció un 42% entre septiembre 2016 y septiembre pasado
(INE, base 2016=100), en el
mismo lapso el precio de un kilo de pan lo hizo en un 90% (2/9/16, ODEPA), el Bloque Político
de Estado (BPE) ya decidió continuar por la senda del mero asistencialismo para
intentar que l@s explotad@s y desposeídos capeen aquella compleja situación, descartando
de tal manera cualquier estrategia productiva y distributiva de la riqueza
nacional. Así, Gobierno y estrato político civil impulsan una reasignación y
focalización del gasto dentro de la dotación presupuestaria para apoyar sólo a sectores
vulnerables, pertenecientes a los dos o tres primeros quintiles, lo que incluiría:
i) bonos para mitigar el impacto de los altos precios de la energía y los
alimentos; ii) subsidios a ciertos segmentos empresariales ligados a los
servicios para contratación de mano de obra barata; e iii) “transferencias focalizadas para los hogares”,
lo que se traduciría en el otorgamiento de facilidades a las familias de
menores ingresos para el pago de servicios y algunas canastas acotadas de
prestaciones sociales. Pero, mientras las autoridades hablan de quintiles, las
cifras demuestran que sólo un 5 o un 10% de la población puede llevar una vida
tranquila y llegar a fin de mes sin endeudarse (FS). Por
otro lado, el 90% o 95% restante necesita de un gran salvavidas y clama hace
rato por un país más justo, que asegure derechos básicos públicos; para ellos, un
cierto nivel de desarrollo sólo ha sido posible a través de la tarjeta
plástica, fomentándose con ello el endeudamiento. La focalización de políticas
sociales, una de las principales reformas estatales impuestas durante la Dictadura
y que se ha mantenido hasta hoy, consistió en que las políticas sociales
pasaron del cuasi universalismo (entendidas como un derecho social) a la
asignación de recursos. Es decir, pasamos de un Estado de semi-bienestar a uno
de tipo subsidiario, que emplea mecanismos selectivos para determinar quiénes
son los más necesitados. La ‘secta de los arbolitos’ prosigue con esta
política, cuya aplicación producen estratificación, competencia y desconfianza
entre explotad@s y marginad@s, debilita la organización popular, promueve el ‘sálvese
quien pueda’ y el ‘arribismo’, descolectivizando la lucha por los derechos
fundamentales y sociales (Özler, 2012). Al
alero de esta focalización, l@s necesitad@s se han transformado en meros
postulantes, competitivos, aislados, ‘llorones’; en tanto que l@s dirigentes
sociales devinieron en gestores de proyectos burocráticos y técnicos, diluyendo
sus roles de organizadores e impulsores de la lucha reivindicativa y rupturista
(de la Jara, 2003; Letelier,
2018)
2) Las derechas política y económica presionan y obtienen lo suyo de
Boric y compañía
En el período, junto con continuar ajustando
su paso a la etapa de transición imperialista en curso, los integrantes de
nuestro doméstico BPE terminan por consumar una comunidad de intereses: los sectores
dominantes y parte de los Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema (GMRS):
desertores del PDC, “Amarillos”, descolgados del PDG y “Muchedumbre”, presionan
y logran imponer al gobierno de Apruebo Dignidad (AD), a las fuerzas del
Reformismo-Neorreformismo (R-NR), posiciones y prácticas que –en los hechos-
permiten identificarlos ya como impulsores de la mantención y reproducción del
sistema de dominación/explotación, avalando e impulsando estos últimos medidas
y políticas económicas, sociales y represivas en línea con las orientaciones impuestas
desde el centro del SCM y que convienen al capital monopólico-financiero interno
aliado al capital transnacional.
En línea con lo expuesto, las IFI, las
potencias centrales, el capital transnacional y sus socios internos logran el
apoyo de los estólidos del Congreso para aprobar el ingreso de Chile al TPP11
(11/10). Luego de ello, el lechuguino Marcel afirmaría que nos convenía y que
empezaría a operar rapidito, a inicios del 2023, con o sin las famosas cartas
laterales (side letters), insistiendo
en que, “la protección de las inversiones
es un tema en discusión y hay cosas que mejorar”, recalcando que era estar
mejor dentro que fuera, pues no era bueno “mantenernos
aislados”.
El gran empresariado no cesa de chillar que
todo va pésimo y presagia un escenario económico-social adverso, al que
contribuirían la elevada incertidumbre política, alta inflación, deterioro de
los términos de intercambio, contracción de la inversión, encarecimiento del empleo
(derivado de ciertas incomodas reformas del Ejecutivo) y una tremenda
inseguridad para sus negocios y la sacrosanta propiedad privada, sin dejar
tiempo para desvelar que la inmensa concentración y centralización de los
capitales que ha perpetrado le permiten manejar o relativizar todas aquellas situaciones.
Y eso que el recién electo Boric, en enero pasado, les aseguraba que era lo que
tenía presupuestado implementar en su mandato era una reforma tributaria "conversada", que no se debía ver
cómo, "un enfrentamiento entre
clases sociales", sino como el fruto de un acuerdo que protege la
inversión y avance hacia una sociedad más justa; que más que la decisión de un
gobierno sea, "un nuevo pacto fiscal
(…) producto de un diálogo social amplio (…), con cambios duraderos y estables
en el tiempo".
Las derechas económica, política y mediática,
cuando vociferan que la inseguridad y el terror son patentes en todos lados,
que para atenuarlo hace falta mayor seguridad, más milicos y pacos en las
calles y campos, no se refieren al temor que siente el/la poblador/a o el/a
trabajador/a ni a su necesidad que cuiden lo poco que tiene, sino que están
generalizando el pavor que sienten a perder su propiedad o parte de ella, sus
ganancias, su poder, y exigen que el Estado de clase, burgués por antonomasia,
le vigile su riqueza y dominio con los aparatos armados a su disposición. Con
tanta alharaca matan varios pájaros de un tiro: primero, defender y mantener
sus prebendas y su posición; segundo, que AD y todo el arco del R-NR continúen
haciendo el trabajo sucio de la represión (para lo que se han prestado dócil y
solícitamente); y tercero, que los pueblos y l@s trabajador@s pervivan en una
constante paranoia, la que les imposibilite ver de frente su propia realidad, les
aísle socialmente -y políticamente- por lo del pánico al otro (a lo que vino a
cooperar la pandemia y las medidas de enclaustramiento para enfrentarla), y que
les lleve a exigir más represión y menos libertades.
Al finalizar el período y tras ocho días de
carreteras bloqueadas y amenazas de desabastecimiento, la paralización de un
sector de medianos empresarios camioneros llegó a su fin gracias a la oportuna
intervención de los dueños del país. La movilización fue convocada por una
desconocida Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, a raíz de la
constante alza en el precio de los combustibles y de reiterados hechos
delictivos sufridos por los conductores de camiones. No todos los gremios del
rubro adhieren al movimiento. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones
(CNDC), uno de los perros grandes, tildó el llamado a paro como “absolutamente
irresponsable”, asegurando que “el
presente es el momento menos indicado para iniciar acciones de fuerza”,
dadas “las graves dificultades económicas
por las que atraviesa el país”. En esos días, los dirigentes de la
Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) se reúnen con el capo de
Hacienda para conseguir medidas que los puedan eximir de las alzas de los
combustibles y para enfrentar ciertos problemas de seguridad. Tras la reunión
con la autoridad, el presidente de esa Confederación, el bravucón Sergio Pérez,
indicó que hubo un acercamiento: “va a
haber una variabilidad no semanal del Mecanismo de Estabilización del Precio de
los Combustibles (MEPCO), sino que en mayores plazos, y vamos a tratar de que
haya estabilización del valor del litro de petróleo”; además, esto se va a
traducir en un compromiso formal con el Gobierno, indicó. Sin embargo, pese a dichos
acuerdos, el 22 prosigue el paro convocado por los de la Fuerza del Norte,
entre Arica y Paine, sumando más organizaciones y se extiende hacia las
regiones de Valparaíso y de O’Higgins. El 24, las representaciones de los
grandes empresarios y agricultores se alinean con el Gobierno; CPC y SNA
cuestionan la paralización de camioneros en forma y fondo. Por lo demás, el
presidente de la SNA advirtió de un probable desabastecimiento en los
diferentes locales de ventas, en el caso que la paralización persistiera en el
tiempo. Luego de un par de extensas jornadas de negociaciones, el lunes 28/11 se
firmó en el M. de Transportes un acuerdo entre los cabecillas del movimiento, los
mandamases de la CPC, encabezados por su presidente Juanito Sutil, y
autoridades del Gobierno, mediante el cual los primeros lograban que se les
eximiese de alzas en el precio de los combustibles por 4 meses, que se refuerce
el Mepco, la extensión del beneficio de reintegro parcial del impuesto
específico por –al menos- un año (sus principales demandas), pero también que
se reforzase la seguridad en el norte, donde alegan que son atacados por inmigrantes
ilegales. Los segundos, reafirmaban su rol de árbitros o primus inter pares del empresariado, capaces de manejar y resolver
un conflicto político que al Gobierno ya se le estaba yendo de las manos, remediando
de paso graves dificultades económicas que el asunto les estaba provocando. El
tercer actor, el Ejecutivo AD, resultó ser el mero aval de un acuerdo tomado
entre empresarios, aunque poniendo las lucas para hacerlo posible, las que
saldrán del bolsillo de la mayoría nacional, que más encima debe pagar mayores
precios por los productos que el movimiento terrorista encareció. En todo caso,
para que no se diga, el ‘sapo’ Monsalve aseguró que las querellas por Ley de
Seguridad Interior del Estado iban igual (pero todos sabemos que eso es un
bluff).
3) Los antiguos y nuevos mantenedores del modelo venden la pescada de las
reformas para reforzar la continuidad de este
Si una situación destaca en el período, aunque
con raíces en hechos anteriores, es la adscripción de las fuerzas del
Reformismo-Neorreformismo (R-NR), que conforman el cimiento del gobierno de
Apruebo Dignidad (AD), a los GMRS (que antes identificábamos sólo con la exNM).
Boric y AD, lisa y llanamente, pasan a asumir como propias políticas y prácticas
económicas, políticas, ideológicas y represivas que están en la base del modelo
de dominación/explotación heredado de la Dictadura cívico-militar, cumpliendo
activamente el rol de reformadores de las mismas no porque haya que
democratizarlas o ponerlas al servicio del interés mayoritario, sino para
hacerlas más digeribles y –de paso- tratar de demostrar que pueden cumplir con su
programa electoral.
Es más, luego del contundente rechazo
electoral a la propuesta constitucional de la Convención ídem, el 4/9, AD culmina
su adscripción al lote de los GMRS mediante la integración con “Socialismo
Democrático”: PS, PPD, PR, P. Liberal y Nuevo Trato, desechando cambios más
profundos a un modelo que –de la boca para fuera- habían execrado hasta marzo anterior.
No es casual, entonces, la salida del Ministerio de Interior de la PC Siches y
la llegada al mismo de una de las íconos de la exConcertación, la hiperrenovada
Carolina Tohá, el 6/9. Volveremos sobre esto más abajo.
En consonancia con su identidad con los GMRS,
Boric y AD anuncian algunas reformas y reactivan otras: en la previsión, sobre la
jornada laboral de ’40 horas’, “por la paz y entendimiento” con el pueblo
Mapuche, etc. Ya anteriormente, el Ejecutivo había implementado un subsidio
para paliar las alzas de los alimentos, dado a conocer –de manera muy general-
un proyecto de reforma tributaria y entregado luz verde para la discusión –y
probable aprobación- del nocivo TTP-11.
El 2/11, con gran parafernalia, Boric anuncia
que se viene una reforma en el sistema de AFP, mediante la cual estas se ‘extinguirían’
en un plazo de 24 meses y se avanzaría a un orden previsional mixto, aportando
que junto a las entidades privadas existirá, “una alternativa pública”, que según él, “permitirá aumentar la competencia con nuevos actores” (RBB). Para dar más sustancia al anuncio, el
guatón expone que el fondo general pasaría a conformarse con un 10.5% de
cotización individual y otra de 6%, con cargo al empleador. De acuerdo a la
propuesta del guaripola del R-NR, que aún debe pasar por la cueva del Congreso
y los 205 ladrones, ese 6% -se supone- sólo podrá ser invertido por el Estado y
el resto por privados si el cotizante así lo decidiera. La verdad sea dicha,
las chiches del capital financiero –las AFP- no mueren; cambian de nombre a
‘gestoras de inversión’ y se les permite delegar la administración directa de los
fondos (dejando tal carga o soporte al IPS), para centrase en el empleo y
especulación del ahorro acumulado. Para esto último se les aumentará el flujo
de capital desde un 10 a un 10,5%, asegurándoles así una inmensa fuente de
ahorro para potenciar el mercado financiero, que es la meta última de este
proyecto (3/11,
LV). Tal reforma no resuelve
los cuestionamientos de fondo hechos al sistema previsional impuesto bajo
Dictadura: en ningún caso es una solución a la carencia de un sistema de
seguridad social; la ‘gestora de inversión pública’, para poder competir y
conseguir algo de rentabilidad, tendrá que actuar como una inversora cualquiera,
además de verse obligada a contratar expertos privados y pagar comisiones con
cargo a l@s imponentes; el inmenso ahorro forzoso acumulado (US$148.8 mil
millones) no pasará directa y automáticamente al nuevo ente público, a
diferencia del 6%, ya que permanecerá en el espacio de las AFP -devenidas en
‘gestoras’- y los traspasos serán individuales; tampoco es verdad que aquel
famoso 6% vaya íntegro a un fondo común, toda vez que sólo un 30% iría a ello y
el resto a un registro contable; nada se dice sobre la desaparición del Retiro
Programado, con lo cual salen ganando las compañías aseguradoras; a estas
últimas, que se benefician y seguirán haciéndolo con las rentas vitalicias y
varias de las cuales son dueñas o grandes accionistas de las AFP, se les
endosará el gran pozo acumulado (es decir, ‘las güiñas cuidando la carnicería’);
el aumento de la cotización (del 10 al 16,5%) y el cambio de los multifondos a unos
generacionales no aseguran, dentro de una modalidad de ahorro individual y de rentabilidad
variable que se mantienen, que pueda autofinanciarse una pensión adecuada y
será la PGU, o sea el Estado, la que aportará más a las pensiones. A propósito
de la PGU, que debiera subir a $250 mil, ella se financia con recursos públicos
originados -en su mayor parte- por el impuesto más regresivo: el IVA, convirtiéndose
en un segundo “respirador artificial” para el sistema (el primero fue el “pilar
solidario”, de Bachelet y Marcel), lo que permitirá descomprimir la presión
social por un tiempo, al aumentar el monto de las pensiones más pobres, en
especial las del pilar no contributivo. Y era qué no, ante este relanzamiento
de las AFP, las derechas económica, política y mediática chillan como cerdos,
mostrándose fieras defensoras de lo que saben no les será arrebatado y aspirando
a mayores cuotas de participación del gran negociado expoliador de los fondos
previsionales.
La primera semana de noviembre, el proyecto para
reducir a 40 horas la jornada laboral reingresa por enésima vez al Senado para
ser analizado (9/11, Senado.cl). El
Gobierno lo había reactivado y lanzado como un caramelo en agosto anterior,
buscando que fuera aceptada la propuesta constitucional de la CC. Si bien dicha
disminución es una medida necesaria para combatir la cada vez más complicada
vida actual, las escasas horas destinadas a actividades no laborales y el pobre
valor que tiene la fuerza de trabajo en Chile (entendiendo que se busca rebajar
la jornada sin que lo hagan los salarios), ya habíamos apuntado que la
estructuralmente injusta y desigual situación que enfrenta nuestra clase
trabajadora no cambiará porque le sea aplicada una jornada menor (para lo cual el
empresariado hace rato que cuenta con las condiciones estructurales para
generar plusvalía, acortando el tiempo socialmente necesario para la producción
y distribución de mercancías). Más encima, el R-NR propone que aquella rebaja
horaria se haga de manera escalonada y ¡a 5 años! Aparte de otras
consideraciones, la reducción de la jornada laboral máxima no es una política
neutra (18/10,
FS), puesto que el
intercambio entre quien vende su fuerza de trabajo y quien la compra es siempre
un intercambio entre desiguales. La discusión, entonces, debiera centrarse con
más firmeza en el desmantelamiento del modelo de superexplotación capitalista
implantado en nuestra FES y, en lo específico, las fuerzas populares y
revolucionarias tienen el deber de reimpulsar un sindicalismo de clase y
rupturista, libre de los vicios y deleznables prácticas que lo vienen consumiendo
hace tanto rato.
Casi en los idus de noviembre, terminando su
raid por algunos puntos de La Araucanía, el guatón Boric ofrece la creación de
una comisión, “por la paz y el
entendimiento” entre el Estado y el pueblo Mapuche, que se orientaría a
descubrir el agua caliente: determinar la legítima posesión de tierras de esas
comunidades originarias e intentar resolver ese aspecto del “conflicto indígena”.
Pero si en algo se alineó el Gobierno con la patronal fue en mantener el estado
de excepción y la militarización en el Wallmapu, junto con tipificar las
acciones de resistencia de las organizaciones de avanzada del pueblo Mapuche
como ‘terroristas’ y en asociar el robo de madera, el narcotráfico y acciones
delincuenciales en general con aquella lucha consecuente y ofensiva.
El Aporte Canasta Básica, también conocido
como Aporte Mensual Compensatorio, es un típico bono de la focalización en
boga, que comenzó a pagarse desde el 1 de mayo de este año y lo será hasta el
30/4/23. Va dirigido a las familias más pobres, encasilladas en los primeros 3
quintiles y tiene como objetivo intentar compensar el alza en los costos de la
Canasta Básica de Alimentos (CBA), entregando un monto de $10.803 (al 30/11) por
carga familiar. Pero dicho aporte cubre bastante poco del aumento que han sufrido
los precios de los alimentos, que a octubre anotó un alza anual de 22,8% para
la CBA, alzas que se afianzarán con el reciente paro de camioneros y el
agiotaje mercantil.
Con base en su reforma tributaria, Boric
propone aumentar la recaudación fiscal en 5% del PIB, en cuatro años, para
financiar algunas mejoras sociales, bajo un compromiso de "responsabilidad
fiscal" y gradualidad en la aplicación de los cambios. Se supone que este plan
contempla subir impuestos a los más ricos, a las empresas, a los combustibles y
establecer un royalty a las empresas mineras, así como rebajar el IVA.
Aclaremos que en Chile, desde hace unos 25 años, se viene recaudando lo mismo:
entre 20-21% del PIB (11/10, LV), lo que
es una anomalía, pues al aumentar el producto debiera aumentar también la
tributación, la que debiera ser –comparando los aportes según evolución del
PIB- de un 30% en nuestra FES. Por lo anterior, el aumentar la carga tributaria
a 25-26% para 2026, como consigna y espera el Gobierno, no es ni de lejos una
potente embestida contra la desigualdad e injusticia económico-social vigente
en Chile; ni siquiera alcanza a ser una normalización de esa carga si nos
comparamos con otras FES capitalistas, como las de la OCDE.
La aceptación congresal del pernicioso TPP11
se dio pese a los múltiples llamados de sectores populares para que Boric utilizase
su facultad como Ejecutivo, señalada en el artículo 132 del reglamento del Senado,
para retirar el proyecto de la discusión legislativa, cumpliendo así con el
programa con que se comprometió ante el electorado y que no incluía la firma de
aquel imperial tratado. Varios dirigentes sindicales recordaban que durante la campaña
electoral del guatón le plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo
modelo de desarrollo (7/10, DUC), con lo
que el patagónico dijo estar de acuerdo, con un Estado capaz de asumir el rol
protagónico en un proceso de desarrollo industrial y en que de verdad se
cumpliera con acrecentar el valor agregado de nuestras materias primas. Era
extendido el temor a que la aprobación del TPP11 significase hipotecar el
desarrollo de nuestro país, concediendo parte de la soberanía y condenándonos a
profundizar nuestro encadenamiento al modelo del CMF, primario-exportador y
rentista, el cual impide el potenciamiento de las fuerzas productivas de nuestra
FES y sólo sirve para enriquecer a una minoría parasitaria.
Sobre la derrota de la propuesta de Constitución
de la CC (que nadie leyó), podemos apuntar una serie de explicaciones: a) la introducción
de un significativo grado de alarma en grandes sectores del electorado,
impulsado por los sectores dominantes y parte de los mismos GMRS, respecto de
la posible sustracción de bienes y derechos en caso de ganar el Apruebo (y los
coaligados lo hicieron sin asco, pues sabían que sin importar el resultado del
famoso plebiscito, la hegemonía del bloque en el poder continuaría a resguardo);
b) la obligatoriedad del voto en la ocasión generó una repulsa en buena parte
del electorado, alentando el rechazo como respuesta a aquello; c) no menor fue la
consistente campaña mediática e ideológica de las derechas y una fracción de
los GMRS para dejar instalado en las cabezas de segmentos más receptivos que el
triunfo del apruebo abriría la puerta a una reacción violenta de los sectores
dominantes (incluido al Golpismo). Con todo y para lo cual nunca escuchamos una
autocrítica por parte del arco R-NR, una de las principales causas del rechazo
en sectores populares fue que, a poco de llegar a La Moneda, Boric y los suyos dejaron
de lado sus promesas electorales de resolver las demandas crudamente expuestas por
la rebelión del 18-O, habiendo aventurado algunas/os de sus próceres la
posibilidad de impulsar la negociación por rama productiva, el pleno derecho a
la sindicalización y a la huelga, la puesta en marcha de un sistema impositivo
progresivo y con una distribución de ingresos más igualitaria, el fin de las
AFP y de las miserables pensiones entregadas por este sistema, el
fortalecimiento de Ferrocarriles del Estado, así como unas reformas de mayor
calado para resolver las graves injusticias que, ahora lo saben es@s votantes,
no van a ser resueltas por la administración R-NR. Siguen pendientes de
abordaje y resolución muchas e importantes problemáticas que cruzan nuestra
formación: que exista verdad y justicia en los casos de 6 decenas de asesinad@s
y miles de herid@s que arrojó la cruenta represión por la que los agentes armados
del Estado, mandatados por el genocida Piñera y azuzados por los ricos,
buscaban aplacar la legítima protesta popular durante el levantamiento del 18-O;
el otorgamiento de la libertad incondicional para l@s Pres@s Políticas de aquella
Rebelión; y la refundación de las policías, todas las cuales constituyeran
promesas de la campaña presidencial de Boric que se diluyeron de inmediato el
11 de marzo.
Al terminar el período, a vista y paciencia
de tod@s, la derecha política se mofa de Boric, AD y el arcoíris del R-NR,
cuando quita y pone acuerdos en la mesa para improbables acuerdos políticos,
orientados a determinar el tipo de organismo que redituará una nueva propuesta
de Constitución. Y lo peor es que las fuerzas oficialistas se dejan llevar por
esos cantos de sirena, para luego caer defraudados.
4) Aprobar o no aprobar, ¿he ahí la cuestión?
“Titi me preguntó si apruebo o
rechazo, que, si no voto, le hago juego a los fachos” (Leo Pagnieri)
Desde que el Morgan Stanley, uno de los principales
bancos de Estados Unidos, señalara que “el
rechazo sería algo negativo para el país”, o sea para Chile, y que alababa
a la Convención por redactar un documento “razonable”, que aplacaría las
demandas por derechos sociales sin destrozar la economía de mercado (agencia
Bloomberg, asesoría financiera e información bursátil), se pensó que el triunfo
del apruebo estaba asegurado, pues contaba con la venía del imperialismo. Incluso el reconocido actor gringo Mark
Ruffalo, apoyó la campaña “Aprobar es humano” de Amnistía Internacional y en un
video de un minuto, el artista señala que, “es
hora de pasar la página de la crueldad de los años de Pinochet”. Bernie
Sanders entrega su apoyo al apruebo en el plebiscito constituyente: "El domingo, el pueblo chileno podrá votar
por una nueva Constitución, reemplazando la antigua y antidemocrática redactada
por el dictador Pinochet", escribió el demócrata estadounidense vía
Twitter. Otra vez se repetía la historia de que con un lápiz y un papel se
podía derrotar políticamente la dictadura del capital monopólico-financiero,
impuesta desde el 11 de septiembre de 1973, aunque ahora con un lápiz bic y el
imperialismo aparece como garante de los “cambios estructurales” para el bien
de millones de chilenos.
En tanto, una serie de artistas “progres”,
los mismos que han venido apoyando la “democracia” de los 32 años y 8 meses,
facilitaron sus rostros para la campaña del apruebo, tratando de sumar aguas al
proyecto político de la pequeñaburguesía empeñada en asegurar la paz social
para que las 7 familias dueñas del país pudiesen seguir obteniendo sus
astronómicas ganancias. Desde Anita
Tijoux hasta Tomo como Rey, Comandos por el Apruebo dieron a conocer parrilla
de artistas para cierre de campaña y anunciaron que ello se realizaría en Santa
Rosa con la Alameda, a partir de las 18:30, y que también contaría con la
participación de emblemáticas figuras de la TV. "Va a ser un evento
familiar, pacífico", señalaron las organizaciones convocantes del Apruebo,
en voz del diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que obtendría sus
migajas por coordinar la campaña.
Otro apoyo a la campaña del apruebo lo
entregó la Central Unitaria de Trabajadores. Según su timonel, David Acuña,
“las transformaciones sociales, políticas y económicas que atraviesa el mundo,
donde el aumento de dinamismo en las cadenas de producción y la deslocalización
del trabajo, son elementos impulsados por el neoliberalismo que ponen “en el
centro de su interés el gran capital de las trasnacionales””. Las comillas finales son del Capo de la
sindical. Algún día se sabrá qué
relación pueden tener un capitalismo “neoliberal”, que a nuestro parecer no
existe, con el gran capital trasnacional.
Por otra parte, el actual presidente de la CUT indicó que su apoyo a la
opción del apruebo se sostenía en que el texto borrador de la convención
constitucional aseguraba el fin del Estado subsidiario, pero dicho principio
quedaba consagrado en lo que sería el inciso tercero del artículo 1 de la
“nueva” constitución, que miles y miles juraban haber leído. Curioso resultó el apoyo a la misma opción
apruebo por parte de la Central Clasista de Trabajadores. Tal vez el primero de mayo de 2023 marchen
ambas centrales sindicales para sepultar al capitalismo “neoliberal”, ese que
sólo existe en los libros de los intelectuales orgánicos de la burguesía y en
la mente del exReformismo y el Neorreformismo para seguir engañando ilusos.
El primero de septiembre parecía que la
opción Apruebo era grito y plata, aparecía como una carrera ganada de antemano.
El cierre de campaña del apruebo llenó la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins
con -al menos- 500 mil personas. Columnas sindicales, feministas y de otras
expresiones ciudadanas se fueron reuniendo desde temprano en el lugar
contemplado para el cierre. El encuentro reunió a diversas figuras políticas y
del mundo de la cultura que subieron al escenario a manifestar su apoyo por la
nueva Constitución. Todo indica que el ancla, el anzuelo, de los artistas
progres sigue siendo efectivo. Por otro lado, el cierre de campaña del rechazo
fue en el Anfiteatro Pablo Neruda en el Parque Metropolitano de Santiago, por
el lado de la comuna de Vitacura. El encuentro reunió a 60 movimientos
ciudadanos y alrededor de 400 personas. Este sólo hecho debe llevar a la
reflexión a la hora de determinar si los procesos sociales pueden ser definidos
por aspectos meramente cuantitativos.
El 2 de septiembre, para asegurarse la
concurrencia a votar y pese a que ya había establecido el voto obligatorio, el
sacrosanto Estado capitalista chileno anuncia que el transporte público sería
gratuito y se aumentaría su flujo no sólo en la capital, tal como ha ocurrido en
cada una de las últimas elecciones. El Ministro de Transportes, Juan Carlos
Muñoz, se reunió con los operadores de los servicios de transporte público para
asegurar un aumento de la frecuencia de buses durante la jornada electoral que
se vivirá el próximo domingo en nuestro país. Muñoz indicó que ese día se
registraría un aumento importante de la frecuencia de transporte en todo el
país, incluyendo el terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, para acercar a los
electores a sus lugares de votación. Aportó que, “Hemos planificado una operación que concentra la mayor frecuencia de
buses, la mayor disponibilidad de servicios, en el periodo donde históricamente
las personas salen a votar que es entre las 9 de la mañana, dos, tres de la
tarde. Es ahí donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de oferta de
transporte público”.
Como gusta decir a Carlos Pinto, “nada hacía
presagiar” el triunfo del rechazo. Sin embargo, existe un conjunto de causas
que permiten explicar el hecho en sí y como siempre, son múltiples factores,
por lo tanto, escapa a este análisis la posible explicación. Como siempre, será el conjunto de quienes
buscan y luchan por subvertir el actual sistema de dominación capitalista, los
llamados a buscar las explicaciones y las posibles orientaciones a seguir. Aquí sólo podemos esbozar algunos elementos,
como insumo: las palabras del propio Merluzo cuando señaló en más de una
ocasión “si gana el rechazo…”, dando a entender que esa opción tenía severas posibilidades
de triunfar; la campaña agresiva a través de las redes sociales de la llamada
“secta de los arbolitos” (militancia del Frente Amplio y el Partido Comunista),
en donde aseguraban que se sepultaba la herencia de la Dictadura cívico-militar
en todos los ámbitos y con una simple lectura del borrador constitucional era
ostensible el engaño de dichas ofertas y el texto sólo eran declaraciones de
buenas intenciones y muchas palabras bonitas; el uso a rajatabla del quórum de
los 2/3 debido al marco de la ley 21.200; el rechazo de terminar con las
concesiones mineras y lograr la renacionalización plena de los recursos
naturales; la colosal pasada de raja de la llamada “iniciativa popular de
norma”; la detención de Héctor y Ernesto Llaitul, que fue la consecuencia de
acciones legales iniciadas por el gobierno de Piñera; el primero de septiembre
Fasciskia Siches tuvo que salir a explicar la frase del caporal del glorioso Partido
exComunista, Guillermo Teillier, quien llamó “a defender el triunfo del apruebo en las calles”; la imposición del
voto obligatorio, con amenazas de cárcel y multa, que tal vez jalonó a que
quienes no venían votando, casi un 60 por ciento del padrón electoral, votaran
nulo o derechamente, rechazo; la situación económica de miles y miles, afectados
por los sueldos miserables, las constantes alzas de los productos de primera
necesidad; ya se había negociado que todas las materias que el borrador
constitucional dejará a la ley como forma de concreción, sería resuelto por el
actual Congreso nacional, con un quórum de 4/7.
No deja de llamar la atención que el R-NR utilizara
como argumento favorito de su empalagosa campaña que, “como nunca en la
convención constitucional se reunieron una pléyade de profesionales de alta
gama, muchos doctorados, con estudios en prestigiosas universidades chilenas y
extranjeras; unos verdaderos y genuinos EXPERTOS”.
La noche del 4 de septiembre, la derrota del
proyecto político ofrecido por la pequeña burguesía como salida a la crisis
política nacional abierta el 18 de octubre de 2019 se reflejó nítidamente en la
cara de sus autores; era el fracaso del proyecto político delineado por el
propio bloque en el poder, el 12 de noviembre de 2019, en boca de Piñera. Fue
un duro revés, el que debió haber sido aprovechado por el campo popular para pasar
a la ofensiva. Sin embargo, como siempre, la debacle se superó “por arriba”. Pero
no está demás señalar que, por algunas horas, quienes desde 1988 -y desde antes-
vienen bregando por la superación radical del capitalismo, sintieron que el
ejemplo del 18-O germinaba en la forma del rechazo a la farsa electorera,
aunque se enmarcase en el contexto del juego electoral patronal (pues anular, abstenerse
o el voto blanco, son parte del acto electoral). Quedaba claro la necesidad de pasar
a la unidad en la acción de las fuerzas de la izquierda anticapitalista, fuera
del espacio oficial, prosiguiendo el camino de la lucha autónoma y por el
cambio revolucionario. Con todo, el BPE quedó impactado por el resultado de las
urnas.
La CAM califica el plebiscito como “un show
folclórico”. Mediante una carta abierta, la agrupación criticó al gobierno de
Boric y manifestó que “responsabilizamos a este gobierno nefasto de dar
continuidad al extractivismo indiscriminado, y la militarización de nuestro
territorio mapuche en alianza con las grandes empresas forestales y
conglomerados económicos que históricamente han robado y empobrecido a nuestra
gente”. “Disfrazando hoy, su verdadera intencionalidad, con este show
folclórico como es el plebiscito, que se desarrolla justamente estos días, del
cual lamentablemente se hicieron parte algunos que, con la finalidad de recibir
migajas, fueron capaces de negociar y traicionar a nuestro pueblo”, agregó la
organización mapuche.
5) Reaparecen en el horizonte los “expertos” y son finalmente definidos
los “bordes”
Con todo, fueron sólo algunas horas de
zozobra, pues el sistema de dominación capitalista no se ha de derrumbar debido
al resultado de un acto electoral. La ‘salida por arriba’ es un mecanismo
natural para los partidos políticos de la “democracia” de los 32 años y meses.
El mismo 5 de septiembre, el Merluzo convoca a los presidentes de las cámaras
del Congreso: del Senado, Álvaro Elizalde y el timonel de la Cámara de
Diputados, Raúl Soto, a palacio. En la instancia, los sirvientes de la patronal
consensuaron las primeras diligencias para reiniciar el debate sobre una nueva
Constitución, acordando radicar en el Congreso el liderazgo para establecer un
nuevo mecanismo de redacción, que se materializaría en una reforma
constitucional en el corto plazo. Sin arrugarse y pasándose por la raja el
resultado de las urnas, dando a entender que no entienden nada desde 1990,
desde antes, Elizalde anuncia que, “junto
al presidente de la Cámara convocaremos esta semana a todos los partidos con
representación parlamentaria, a las bancadas, también escucharemos a otros
movimientos sociales y representantes de la sociedad civil, con el objeto de
promover un diálogo que nos permita a la brevedad posible transmitir una
certeza a Chile: el camino constitucional para cumplir con el compromiso de
avanzar hacia una Constitución, que sea un factor de unidad entre todas las
chilenas y chilenos”. Anunciaron reuniones con la CUT y la CPC (a los de la
Central Clasista de Trabajadores ni los nombran, pese a su llamado a aprobar el
tongo). Y, para que nadie se salga de madre, Sotito remachaba: “Este acuerdo va a decir relación en cómo se
habilita este proceso constituyente, con cómo se conforma este órgano, cuáles
son las reglas del juego, cuáles son los plazos, las reglas de funcionamiento y
a partir de ahí espero lo antes posible que demos una tranquilidad y una
certeza al país que por estos días se hace muy necesario”. Como plazo para iniciar el “nuevo” proceso,
se habló en un comienzo de antes del 11 de septiembre para arribar a un primer acuerdo
sobre la materia, aunque al terminar este análisis no se sabe nada al respecto.
La ‘cocina’ llegó a Chile para quedarse.
El 6/9, se produce el cambio de gabinete,
apenas transcurridos 6 meses de instalado el nuevo Gobierno, que desde su arranque
ha demostrado ser la prolongación del aparato estatal al servicio de las
familias dueñas de Chile y servil al imperialismo. Pese a la llegada a la
subsecretaria de Interior del militante del PCCh Nicolás Cataldo, que asumiría en
reemplazo del socialista Manuel Monsalve, la administración de la pequeña burguesía
incorporó directamente a la exNM, heredera de la Concertación, nombrando en
Interior a Carolina Tohá, ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet, mientras
que el ‘Mamo’ Monsalve, muy funado, es traspasado al M. de Desarrollo Social.
Es decir, Boric y el R-NR optan por la política de negociar con sectores
reaccionarios, abjurando de su propio discurso de “prometidos cambios
estructurales”.
El mismo 6/9, en respuesta a la clara señal
que el camino y la actitud que adoptará la institucionalidad burguesa, ahora
blindada por el Frente Amplio y el PC desde el Ejecutivo, es la continuidad de
la política de la “democracia de los acuerdos de noviembre de 2019”, se desata
en un amplio sector del estudiantado de colegios y liceos emblemáticos de la
capital el inicio de una movilización, demandando que el nuevo proceso
constitucional sea con “participación de la gente”. Aquí debemos señalar, al menos,
un par de opiniones. Las consignas que movilizan a los estudiantes secundarios
de los establecimientos mencionados, en esta ocasión, responden a la reacción
de sectores políticos con presencia en dicho ámbito que apostaban por el Apruebo;
sin embargo, un sector del estudiantado siguió movilizándose por sus demandas
históricas, con la rebeldía de siempre, a través de la acción directa y no
teniendo como objetivo el curso del itinerario institucional de la patronal. Las
movilizaciones de los secundarios vuelven a circunscribirse al espacio de los
colegios y liceos emblemáticos, los de las 8 cuadras alrededor del centro de
Santiago y del palacio presidencial, lo que sólo se vio interrumpido para el 18
de octubre de este año, en donde se evidenciaron protestas estudiantiles en
toda la ciudad, en todas las ciudades. Queda pendiente que la organización
estudiantil revolucionaria pueda extenderse a colegios y liceos periféricos y se
enlace con otras fuerzas sociales de carácter rupturista, avanzando en la
articulación de una gran fuerza movilizada, capaz de dotarse de un proyecto
nacional y popular alternativo. Con todo, no cabe ninguna duda que a esta
altura de la vida, a esta altura del devenir histórico, son los jóvenes los que
motorizan la Historia, aunque sepamos de memoria que son los trabajadores los
portadores de una nueva sociedad.
También el 6/9, los pacos ingresan al
Instituto Nacional y realizan detenciones selectivas de estudiantes en el
centro de Santiago. Según denunciaron organizaciones sociales, el ingreso de las
fuerzas represivas se debió a la expresa petición de la autoridad municipal, encabezada
por el PCCh. Cientos de estudiantes secundarios realizaron durante esa jornada
una masiva marcha desde Plaza de la Dignidad hacia el centro de la capital, la
cual culminó con enfrentamientos con las fuerzas policiales, mientras el Gobierno
anunciaba su cambio de gabinete. En tanto, la integrante del departamento de
DD.HH. del Colegio de Psicólogos, Raquel Torres, hizo un llamado al gobierno a
detener la “violenta represión” contra niñas y niños. Torres, integrante además del Grupo de Iniciativas
por la Libertad de los Pres@s Polític@s, hizo un llamado al Gobierno a, “terminar con la violenta represión” y “poner
freno a esta violación a los derechos humanos que se han mantenido y se
profundizan desde el 18 de octubre, cuando comenzara el estallido social. No
podemos permitir que vuelvan a ocurrir las mismas situaciones de ese momento,
como mutilados, presos y asesinados. Queremos exigir el término de la violencia
contra nuestros estudiantes que son niños y niñas que deben ser protegidos por
el Estado que es garante de sus derechos”. En las manifestaciones,
participaron estudiantes de los establecimientos públicos de la capital, como
el Instituto Nacional, Carmela Carvajal, el Liceo José Victorino Lastarria y
del Liceo 7 de Providencia.
Demostrando el discurso vacío con el cual se quedó
el actual Gobierno, en donde dicen para la galería cosas progresistas y
terminan subordinándose a la derecha, el diputado Leonardo Soto, consultado por
una Constitución escrita por “expertos” y el Congreso, responde: “Me parece que comenzó el tongo de la derecha”,
sin embargo, veremos lo que finalmente se acuerda y no olvidemos que ya la derecha
ha señalado que la nueva Carta debe ser redactada entre 4 paredes. A juicio del
diputado, “ellos, la derecha, están
pavimentando el camino para hacer fracasar el nuevo proceso constituyente, con
propuestas alejadas del sentido común irreales y engañosas, porque tales
expertos no existen, sino que son muchos constitucionalistas de derecha,
liberales o conservadores”. Para el
diputado “socialista”, es la vuelta de la Comisión Ortúzar, redactora de la Constitución
de 1980. En la misma línea, el 11/9, el actual Presidente señala que el triunfo
del Rechazo no significa el fin del proceso constitucional y que, “el camino de cambios pasa también por
hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”. Es
preocupante lo dicho por el yellow, pues en Chile no existe democracia desde el
11 de marzo de 1990, incluso si sólo nos atenemos a lo estrictamente formal,
que es la mantención de la dictatorial Constitución de 1980. Y en la ocasión
ratificó: “estamos trabajando en conjunto
con el Parlamento para aunar las voluntades necesarias y llegar a acuerdos que
permitan delinear ese futuro en el corto plazo”. Es decir, el guatón ni
siquiera se plantea descartar al Congreso como interlocutor válido para una
nueva Carta, sino que lo ratifica como el sujeto que debe definir los
mecanismos de otro tongo constitucional. Ni en sueños a Boric se le ocurre que
la nueva legalidad la deben escribir quienes a diario sufren la explotación
capitalista.
Otra de discurso vacío es la PC Karol
Cariola, quien señaló, el 4/9, que el fraude constitucional es, “la síntesis de años de movilizaciones
sociales que buscaron mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas y
que se concentraron finalmente en el estallido social de octubre de 2019”. Dicho enfoque trastoca groseramente los sueños
y metas que en verdad animaron aquel alzamiento popular del 18-O.
A petición expresa de Boric, será el Congreso
el órgano mandatado para confeccionar el itinerario del nuevo tongo. Al llamado
del Merluzo, acuden prestos los partidos políticos oficialistas y los de Chile
Vamos, restándose los Republicanos de Kast. Como un dato que puede parecer
anecdótico, pero que da cuenta de cómo las fuerzas que parasitan de esta
seudodemocracia creen ser administradoras de una verdadera democracia, es la
permanente creación de ‘conceptos políticos’, que para la ocasión corresponde
al de “borde”, que se escucha ya el 6/9, en boca del jefe de la reaccionaria UDI,
Javier Macaya. Este afirma, “que lo peor
que puede pasar es delinear los bordes que debe tener la nueva constitución”,
cuando es lo que precisamente van a consumar los miembros del estrato político
civil, protagonista de la ‘democracia de los 30 años’. En relación con lo
indicado, el conjunto de los partidos políticos se pusieron como meta para
redactar los mecanismos del nuevo entuerto constitucional el 11 de septiembre
de 2023, cuando se cumplirán 50 años del fatídico Golpe militar. Por lo que se
sabe, el itinerario será parecido al que ya ha fracasado; es decir, elección de
una Convención Constitucional, elaboración del texto y plebiscitos. El PDG y
Republicanos se oponen a dicha Convención. En tanto, Manuel José Ossandón, el
payaso mentiroso, sostiene la idea de una “comisión de expertos”, presidida por
el mismísimo ¡Ricardo Lagos!
El 12/9, la ‘cocina’ empieza a sacar sus
platos gourmet: el órgano redactor será 100% electo y contará con respaldo de un
Comité de Expertos. Buscan un nuevo fracaso y con ello prolongar eternamente la
dominación patronal con una legalidad milica; sin duda, no entendieron nada. Y
como si fuera poco, se mantendrá en el proceso de instalación de la nueva
estafa constitucional el quórum de 4/7 en el Congreso para los acuerdos sobre
materia del itinerario, lo que fue ampliamente aplaudido por el propio diputado
Soto, el mismo que vociferaba en contra de las posiciones de la derecha. Penoso
resulta ver cómo los partidos oficialistas asumen eso de los quórums dejados
por Jaime Guzmán. Otro dato de la causa: revelando que buscan el fracaso, para
que todo se prolongue, es que la votación será obligatoria. El capo del Partido
exComunista, Guillermo Teillier, ya otorgó su consenso a la existencia del
comité de expertos. Tras la paletada, nadie dijo nada.
La derecha ya ha fijado los “bordes”: “vamos a defender que la unidad del Estado
sea una piedra angular para cualquier conversación, vamos a defender que acá
los chilenos tengan derecho a elegir, nosotros vamos a defender que acá no haya
un sistema único de salud, vamos a defender que acá los chilenos y los
trabajadores chilenos sean los dueños de sus fondos previsionales, esos son por
supuesto temas de borde que son temas que son indispensables para cualquier
conversación”, Bellolio dixit.
Sabemos que existen otros bordes, como no terminar con las concesiones mineras,
no suprimir los derechos de agua, no liquidar nuestra dependencia del
imperialismo; es decir, los famosos bordes son la mantención de la dominación
de las clases dominantes. Para asegurar el porcino, digamos, la derecha quiere
incluir en la Comisión de expertos al Presidente de la Corte Suprema.
El 22/9, el yellow da a conocer que quiere
una CC con ‘bordes’ más claros, adoptando la palabra-concepto de la derecha y
para que nadie se llame a engaño remata: “una
Constitución más general, creo que no tiene que abordar cada una de las
demandas identitarias que existen en la sociedad”, o sea que “nadie se pase
la película”. Al día siguiente y era que no, el P. Republicano ya era parte de
las negociaciones y Chile Vamos indicaba su compromiso “con avanzar hacia un
Estado Social de derecho, el fortalecimiento de los derechos sociales, pero
resguardando siempre la igualdad ante la ley y la libertad de las personas” y
ampliaba los bordes tales como, “la unidad del Estado de Chile; la existencia
de tres poderes del Estado autónomo e independientes; la existencia de un
Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un
Senado; la protección del derecho a la vida; la protección del medio ambiente;
la protección de la propiedad; haciéndola extensiva a los fondos previsionales
y al aprovechamiento de las aguas” y colorín colorado…
En esos días de septiembre, en lo que mueve un
poco a risa, anotemos que la tenebrosa UDI señalaba que no aceptaría presiones
de los ultras del P. Republicano, lo que nos recuerda esa vieja discusión de la
década de los 90, donde algunos decían que RN era menos derechista que la UDI. Por
su parte, el PDG, demostrando su astucia para ir aumentando adeptos y en medio
del mierdal de la negociación de los mafiosos partidos políticos, de los cuales
igualmente son parte, indican que, “lo
que se está haciendo hoy día es un trabajo entre cuatro paredes, que no está
representando al 62% de las chilenas y chilenos que el 4 de septiembre rechazó
la propuesta constitucional. Por lo tanto, que se haga entre ocho
representantes de algunos partidos políticos o sectores de la política nacional
para nosotros no es representativo de la voluntad de las chilenas y chilenos”;
luego, los culpables son otros.
El nuevo acuerdo va tomando forma y ya se
habla de 125 integrantes, 9 escaños reservados y paridad de entrada y salida,
en lo que es la CC y se usará el consabido método electoral D’Hondt. Sobre el
Consejo de Expertos y Expertas (CEE), el oficialismo y la DC considera que debe
tratarse de un órgano paritario compuesto por 25 a 30 personas; debe consistir
en “una entidad que preste asesoría reglamentaria y técnica en materias
sustantivas” y debe estar integrado, “por
un número acotado de abogados, abogadas y cientistas políticos/as, con expertiz
en diseños constitucionales y derechos fundamentales”. Si está pensando
postular a esta Comisión, le podrán: “pedir
ciertas certificaciones para acreditar la calidad de expertos/as. Ejemplo:
doctorado, productividad científica CNA, actividades académicas, experiencia
profesional y trayectoria en órganos del Estado, entre otros factores”. Bien dicen, y bien se sabe, que las segundas
partes nunca son buenas. Días más tarde ya se hablaba de 134 integrantes de la
convención constitucional.
El 4/11, surge otra sorpresa en lo
relacionado con este renovado timo: Los partidos con representación en el Congreso
concluyen discusión sobre el “árbitro” de la futura CC y acuerdan generar un Comité
Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 juristas. Dichos miembros deberán
contar con una "destacada trayectoria profesional y académica" y ser
ratificados por ambas cámaras del Congreso. Además, se espera que a mediados de
ese mes comience la discusión sobre el futuro órgano redactor. Este árbitro
tendrá por tarea, nada más y nada menos, que fiscalizar el cumplimiento de las
bases institucionales y llevará el nombre de Comité Técnico de Admisibilidad. O
sea, todo este asuntillo estará más amarrado que moño de vieja.
En alguna parte, Marx ya nos previno: la
historia se repite dos veces, una como tragedia, la otra como comedia.
6) Estudiantes movilizados, el pueblo-nación Mapuche en pie
de lucha, el 11 de septiembre y el 18 de octubre, y otras movilizaciones
La coyuntura del BPE del 4/9 encuentra a los
estudiantes secundarios, y en alguna medida a los universitarios, movilizados tras
sus demandas históricas, no resueltas por la democracia de cartón instalada
desde 1990. En un primer momento se pensó que los estudiantes volvían a las
calles en función del resultado electoral, pero esa sensación se descartó al
irrumpir demandas que tienen relación directa con el tipo de educación que se
entrega, con las condiciones materiales en donde se estudia y con la represión que
sufren desde el Estado y sus aparatos.
El 7/6, se llevan a cabo masivas “sentadas”
al interior de algunas estaciones del Metro, generándose nerviosismo entre las
autoridades de turno, pues retornaba la sombra del alzamiento popular del 18-O,
que tuvo sus orígenes en acciones similares. Ese día ingresan los pacos, en
forma violenta, al Liceo Manuel Barros Borgoño. En La Moneda, el subsecretario
del Interior, Manuel Monsalve, encabeza una reunión con el general Marcelo
Araya, director de Orden y Seguridad, así como el general Enrique Monrás, jefe
de la Zona Metropolitana Oeste. El Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila,
se reunió con dirigentes estudiantiles del Liceo de Aplicación, del Instituto
Nacional y del Liceo Amunátegui, pero los estudiantes abandonaron el encuentro.
Lo positivo de esta reanimación de las movilizaciones de l@s secundari@s es que
fue producto del llamado conjunto de una serie de organizaciones sectoriales.
Los estudiantes se movilizan, de acuerdo con el petitorio que han difundido a
través de las redes sociales, por transporte gratuito, mejoras en
infraestructura de los establecimientos frente al creciente hacinamiento, falta
de materiales, mejorar la calidad del menú que entrega la Junaeb y también
exigen internet para tod@s. Además, exigen se ponga atención a la salud mental
de la población estudiantil, fortalecer el concepto de Educación Sexual
Integral, protocolos contra la violencia machista, y prácticas laborales
aseguradas y pagadas en los liceos técnico-profesionales. Uno de los jóvenes,
del INBA, afirmó que exigen condiciones mínimas de estudio, porque en el caso
de este establecimiento les dan comida podrida, naranjas con gusanos, los
alumnos internos no tienen qué comer, y saben que si sus demandas no se
expresan en las calles, nadie las va a tomar en cuenta.
A raíz de estas movilizaciones, el
subsecretario de Interior, el ‘Mamo’ Monsalve, afirmó que los chilenos están
cansados de la violencia, “no se trata de
demandas del pueblo chileno y para ello, se han desplegado fuerzas policiales
para impedir el ingreso de manifestantes a las estaciones del Metro, además de
las medidas preventivas adoptadas por la empresa para evitar desórdenes en los
andenes”, porque, sentenció, “en nada
ayudan las manifestaciones en el desplazamiento de las personas en el
transporte público”. Y no se quedó atrás la novel cabecilla de Interior,
Carolina Tohá, atacando las manifestaciones posplebiscito: “Quemar buses o romper semáforos no ayuda a
crear mayorías”. Y a renglón seguido
intentó dar una lección política, o sea de lo que la pequeña burguesía entiende
por hacer política, como principales GMRS de la dominación capitalista: “Si queremos ser coherentes con lo que nos
dijo la ciudadanía en ese estallido, lo que necesitamos, sin duda alguna, no es
otro estallido, sino dar respuesta a esas demandas ciudadanas (…)”. Lástima
que ningún periodista le inquiriera acerca de las fantásticas respuestas que,
como GMRS y del R-NR, le están dando a las demandas levantadas con ocasión del 18-O.
Sin embargo, los estudiantes, siguiendo su
tradicional porfía y haciendo gala de cumplir cabalmente lo señalado por el
presidente Salvador Allende, prosiguen sus protestas el día 7 de septiembre. Reiteran
las sentadas y ocupaciones de estaciones de Metro, levantamiento de barricadas
en distintas zonas de la capital, marchas desde la Plaza de la Dignidad, etc. Una
estudiante del Liceo 4, ubicado en Santiago Centro, denunció el gran deterioro
de la infraestructura y las deficientes condiciones de los equipamientos de su
establecimiento educacional: “Tenemos
aguas turbias en los baños, las ventanas de las salas están rotas, tenemos
estufas pero no tenemos gas, la comida es asquerosa y también tienen aguas
turbias en la cocina (…), nos dan huevo con gusanos y con bichos” (9/9, DUC), declaró y agregó
que tanto en la sala como en la cocina de su liceo hay goteras.
En el período, a pesar de la creciente militarización,
de la arremetida represiva contra la dirigencia de la CAM, de la grotesca
campaña difamatoria del BPE acerca de los medios y objetivos de su lucha, continúan
las acciones de sabotaje a los intereses empresariales y de resistencia por
parte de las organizaciones político-materiales del pueblo-nación Mapuche. El
accionar de ellas logra irradiarse a la parte norte de la provincia de Arauco;
a las comunidades pehuenches entre el Ralco, en la provincia de Biobío, hasta
Panguipulli, en Los Ríos; así como al valle central de esta última región. En
contra de los montajes policiales y judiciales, junto con la exigencia de ser agrupados
con los demás Presos Políticos Mapuche, el 27/11 se inicia una huelga de hambre
líquida de los integrantes de la CAM Héctor y Ernesto Llaitul, Ricardo Reinao y
Esteban Henríquez, detenidos en el CCP Biobío.
A 49 años del Golpe cívico-militar, se despliegan
por todo Chile acciones de homenaje, recuerdo y lucha. El gobierno intentó
darle un carácter privado y de bajo perfil a la fecha e hizo un llamado a que
no se produjeran manifestaciones violentas. En la tradicional marcha desde el
centro de la capital al Cementerio General, fue ostensible el rechazo que
genera la presencia de partidos políticos del FA y del PCCh, en donde más de un
militante fue increpado, debido a que el nuevo gobierno, más que progresista,
ya es visto como la nueva cara de los dueños del país. En la noche de esa
jornada fue que se desataron las acciones directas en los territorios
populares, con levantamiento de barricadas y ataques a Comisarias emblemáticas
en cuanto a represión en contra del pueblo.
El 13/9, el Senado se da luz verde a la
séptima prórroga del estado de excepción para la Macrozona Sur, a pedido del
Gobierno de la ‘Esperanza’ y la Tohá afirma que es esta una medida que va en
apoyo de las personas que están viviendo una situación de inseguridad en esa
región. Al día siguiente, la diputada Mapuche Emilia Nuyado emplaza a la Ministra
por el atropello a un comunero mapuche por parte de una tanqueta policial, en
la provincia de Arauco. La parlamentaria exigió al Gobierno pronunciarse
respecto al operativo que terminó con 19 personas heridas. El hecho se produjo
cuando efectivos policiales detuvieron a un grupo de personas, acusadas de una
supuesta tala ilegal de madera. La diputada
Mapuche agregó que, “hoy vemos señales
del gobierno solo hacia el mundo empresarial relegando a las comunidades a un
segundo plano”.
El 24/9, en Valparaíso, cientos de personas
se reunieron para expresar su oposición al acuerdo del TPP11 y exigiendo al guatón
Boric el retiro de la iniciativa que se debía discutir en el Senado. Amplio
rechazo generó entre las organizaciones sociales y de DDHH la posibilidad que
se alcanzara un acuerdo en el Senado para votar el TPP11, que consideran como
un amarre grave para la soberanía nacional. Inclusive, algunos agregan que el
tratado, “blinda de tal manera a las
transnacionales que ante cualquier regulación, norma o política pública que
genere Chile y que sea considerada como dañina a sus inversiones (inclusive
expectativas de ganancias), estas corporaciones transnacionales tienen la
facultad de llevar al país a tribunales internacionales creados para estos
efectos, cuya operatividad son altamente cuestionadas por expertos y académicos”.
El 25 de septiembre, 560 organizaciones sociales emplazan a Boric y al Senado a
no aprobar el TPP11. A través de una carta, les señalan que las agrupaciones,
"no olvidamos que en todo el proceso
el Estado nunca ha levantado información fidedigna relacionada a los perjuicios
del TPP-11, es más, toda la tramitación ha sido a espaldas de la ciudadanía".
Lamentablemente, y como lo dijimos más arriba, el Senado aprueba el dañino
acuerdo pro capital transnacional el 11/10.
El 27/9, la Cámara, por octava vez, prórroga
el estado de excepción en la Macrozona Sur y el Senado hace lo propio el mismo
día, en donde sólo hubo un voto en contra, el de la senadora Fabiola
Campillay.
El 6/10, debido a las constantes alzas en los
productos de primera necesidad, pobladores de Lo Hermida salen a las calles a
protestar. Las sucesivas y fuertes alzas de los bienes de consumo básico tienen
preocupadas a las pobladoras de dicha población de Peñalolén, quienes ocuparon
las calles del popular barrio para protestar por el encarecimiento del costo de
la vida y que ha impactado negativamente en los ingresos de sus familias. “Las alzas en los alimentos están provocando
un cambio en la dieta de nuestras familias. Cada vez se come menos carne,
pollo, huevo o legumbres, y se come cada vez más fideos, lo que genera que los
niños y las niñas no tengan los nutrientes necesarios para crecer de forma sana”,
sostuvo una dirigenta social del sector en medio de la manifestación que reunió
a unas 400 mujeres frente a la estación Los Presidentes del Metro.
El 11 de octubre, por novena vez consecutiva,
la cámara de Diputados aprueba prorrogar el estado de excepción en la Macrozona
Sur, por 109 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. El mismo día, el Senado
da su aprobación a dicha restricción de las libertades básicas y el gobierno
presenta al Congreso su proyecto de "Estado de Protección y
Resguardo", para reemplazar aquel estado de excepción constitucional.
Ya el 13 de octubre, de cara a la tercera conmemoración
del 18-O, desde el Gobierno llaman a restarse de cualquier actividad violenta
en el marco del aniversario. En su perorata, la Tohá no se queda corta: “Hacer un llamado en estas horas también en
que hemos vivido tantos hechos dolorosos en estos últimos días a las personas
que ese día decidan hacer derecho de su ejercicio a manifestarse a restarse de
cualquier actividad violenta, a condenar y aislar a quienes ocupan las
manifestaciones para desarrollar delitos, para dañar ciudadanos, para dañar personas,
infraestructura pública, equipamientos que están hechos para la seguridad como
es la señalética o los semáforos”.
Y llegó un nuevo 18 de octubre. Aquel martes
partió con barricadas en Santiago, Antofagasta, camino a Minera El Teniente y
en el acceso a la División Andina, ambas de Codelco. En la combativa Antofagasta
también se registraron cortes incendiarios, a partir de las 7:00, en la
intersección de avenida Andrés Sabella con Uribe. Igualmente, hubo barricadas
en el Puerto de Arica. Esa madrugada también se registraron barricadas en el camino
o en la entrada de faenas mineras, como en Machalí Alto, en la región de
O’Higgins, las que se encendieron a partir de las 07:00 en la Carretera del
Cobre, cerca del Monumento al Minero y la Minera El Teniente, con una masiva
participación de trabajadores, quienes se enfrentaron con Carabineros por el
control de la vía, cuyo flujo se vio interrumpido en ambos sentidos por varias
horas. En la región de Valparaíso, en tanto, la Federación de Trabajadores de
la Minería bloqueó el acceso a la División Andina de Codelco; en el acceso a la
faena, aparte de barricadas, se podía ver lienzos con consignas como, “La
clase obrera unida, organizada y en lucha, vencerá”.
En la capital, por su parte, los combates por
el 3er aniversario de la rebelión del 18-O se dieron en varios puntos. En
Renca, el tránsito se vio interrumpido en la Autopista Central eje General
Velásquez, altura Puerto Montt, donde hubo congestión y tránsito lento desde
las 7:00 hasta pasadas las 9:00 por las barricadas de un Comité que exigía el
derecho a una vivienda digna. Hubo cortes en Américo Vespucio, en El Bosque; en
Grecia con Los Tres Antonios, en Ñuñoa; en avenida La Florida con Walker
Martínez, en La Florida; en Vespucio, en Lo Espejo; y en Isabel Riquelme con
Club Hípico, en PAC. Asimismo, desde temprano, manifestaciones y
enfrentamientos con las fuerzas represivas se toman la Plaza de la Dignidad. Al
poco andar, el Metro reporta el cierre de varias estaciones. Pasadas las 19:00,
los pacos se retiraron del sector y manifestantes coparon el lugar, por lo que el
tránsito fue cortado completamente en ambas direcciones del nodo
Alameda-Providencia. La envergadura de la manifestación en el epicentro del
alzamiento popular no se veía desde hace ya mucho tiempo. Por otra parte,
encapuchados incendiaron un camión en el Barrio Bellavista, incidente que afectó
a una máquina de una bodega ubicada en calle Pío Nono, en el sector que divide
las comunas de Recoleta y Providencia. Metro informó del cierre por varias
horas de las estaciones Santa Lucía, U. Católica, Plaza Puente Alto y
Baquedano, esta última sin combinación de líneas. La noche del 18/10 fue testigo
de acciones directas en muchas poblaciones de todo Chile; según el Ejecutivo,
en 11 regiones, dejando un saldo de más de 50 detenidos. El Gobierno, una vez
más, entregó su respaldo sin reparos al accionar represivo de pacos y tiras,
pero ni él ni estos lograron aminorar la potencia de una protesta popular que
reivindicaba los sueños y demandas de esa gran gesta épica que fue la del 18 de
octubre de 2019.
7) Huelgas y movilizaciones en el frente de trabajador@s
El 12/9, se hace efectiva la huelga de
personal de Inacap. El sindicato de trabajadores acusó “indiferencia” de los
directivos de la entidad frente a sus demandas de mejoras salariales y de las
condiciones laborales, por lo cual 1330 trabajadores y estudiantes del instituto
profesional comenzaron las movilizaciones. Los dirigentes acusaron que la empresa
ha ofrecido contrapropuestas que no se condicen con un beneficio real para los
afectados. En ese sentido, se detalló que los trabajadores solicitaron un
aumento del 5% de las remuneraciones, pero la empresa solo ofreció un alza del ¡0,5%!
para 2022 y que luego subiría a un 1% en 2023 y, en caso de aprobar este
contrato colectivo por tres años, a un 1,5% después. El 26/9, la CUT respalda la
huelga e interpela a los Ministerios de Educación y del Trabajo. El presidente
de la CUT, David Acuña, hizo un llamado al Gobierno al exponer que este no es
solo un conflicto entre privados, ya que el 70% de las matrículas del Inacap
son estudiantes que optan a la gratuidad con becas estatales.
El 3/10, trabajador@s realizan intentos para
llevar a efecto una huelga en las cadenas de farmacias Salcobrand (del grupo
Yarur) y Ahumada. Dichas empresas, que obtienen suculentas ganancias y que han
protagonizado beneficiosas colusiones, tuvieron el descaro de ofrecer
“reajustes” de $84 y $381 para locomoción y alimentación, respectivamente. Esta
es una huelga sin precedentes, no solo para los trabajadores, sino para la
comunidad, especialmente en Salcobrand, que tiene un convenio de exclusividad
con 5 de las más grandes Isapres del país, que producto de la indolencia del empleador
no podrían adquirir sus medicamentos para dar continuidad a sus tratamientos
crónicos, incluidos pacientes GES. Finalmente, luego de una semana de huelga,
los trabajador@s de ambas cadenas lograron notorias mejoras en lo ofrecido por
sus empleadores y cerraron ventajosos acuerdos para retornar a sus labores.
El 14/10, la Confederación de Funcionarios de
la Salud Municipal, Confusam, se declaró en estado de alerta nacional ante la
decisión del gobierno de aumentar en sólo $100 pesos el valor del per cápita
basal, un 1,04%, como aporte a la atención primaria de salud en el presupuesto
2023. La presidenta de la organización, Gabriela Flores, aportó que tal cifra es
una burla y que está muy lejos de la realidad planteada en el discurso del Gobierno
de fortalecer la atención de salud municipal, agregando que se sienten
“traicionados” por las promesas del presidente Boric. “Nos parece una vergüenza
que el ministerio haya puesto en el presupuesto aumentar 100 pesos de per
cápita basal, que es lo que paga Fonasa por cada paciente inscrito y validado.
Está lejos de la realidad de los discursos del propio presidente de la
República y de la ministra que han señalado fortalecer la atención primaria,
que va a ser la prioridad de gobierno y con los recursos que están planteando
estamos muy lejos”, indicó la dirigente. Añadió que si se aplica lo que señala
el Banco Central como proyección del IPC de diciembre, de un 12%, el per cápita
por cada paciente debiese estar en torno a $10.125 (el valor para 2022 es de $9.048).
A comienzos de noviembre, se inician las
tratativas para la negociación entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno.
La multisindical levantó un petitorio que incluye la exigencia de un 15% de reajuste
de las remuneraciones, considerando el gran incremento de la inflación. El
coordinador de dicha MSP, Carlos Insunza, afirmó que la propuesta de reajuste
salarial y de mejoramiento de las condiciones laborales presentada al Gobierno
se hace cargo de las condiciones económicas del país ante un escenario de
recesión, pero también pone como eje fundamental de la discusión que no sean
los trabajadores los que terminen pagando los costos de esta crisis. La MSP,
que agrupa a 15 organizaciones de emplead@s públicos, junto a la CUT,
entregaron el petitorio al Ejecutivo, en el que solicitan un reajuste salarial
del 15%, basado en la proyección anual de 12% que alcanzará el IPC este año, lo
que vendría a significar un reajuste real de un 3%.
8) El movimiento popular, l@s revolucionari@s y las perspectivas de la
lucha de clases
Si bien se ha producido un rápido desvanecimiento
de las esperanzas puestas por amplios sectores de la población en Boric y las
fuerzas del R-NR, debido a varios factores y sucesos: por las mismas prácticas políticas
e inconsistencias de los representantes del oficialismo; porque se entendió que
aceptar la propuesta de nueva Constitución no traía de la mano una inmediata y
verdadera transformación del abusivo modelo de dominación/explotación y se lo
vio más como una imposición que un progreso; y por la zozobra que produce en
amplios sectores la crisis económico-social pospandemia y secundaria al ajuste
imperial del SCM, frente a la cual el BPE no despliega políticas y medidas
efectivas, con todo y a contrario sensu de lo que esperábamos, el creciente
deterioro en las condiciones de la mayoría nacional no ha gatillado una
reactivación de la demanda popular por la mantención de condiciones vitales
mínimas, proceso que se ha visto atenuado por las reservas de dineros que
fueron traspasados desde el Estado y de los fondos de pensiones a las familias
trabajadoras, así como el salvavidas que significa el endeudamiento con la
banca, pero en especial por algunos bonos focalizados por el Gobierno en las
familias más pobres, algunos ya existentes y otros que el BPE acuerda en el
período.
Otro elemento que dificulta o entorpece el
despliegue de un movimiento popular más autónomo, clasista y rupturista,
pensamos, es la influencia retardataria de las políticas del R-NR en varios
frentes y sectores del campo popular, en donde vari@s dirigentes de base
pertenecen a los partidos integrantes de AD o bien son cooptad@s por estos. Una
prueba sobre su actuación a modo de colchón para contener la movilización
popular se puede constatar en el débil cometido de la MSP y la CUT en el actual
proceso de negociación del sector público, cuy@s cabecillas pertenecen en su
mayoría a los referentes nombrados y que, a fin de evitar una extensión y
profundización del conflicto de l@s trabajador@s por sus demandas sectoriales, aceptarán
de buen grado las primeras migajas que les sean lanzadas desde el Gobierno y el
Congreso.
De todas maneras y atendiendo a las inconsistentes
y antipopulares prácticas del Gobierno del R-NR y del conjunto de los GMRS,
todo un imperativo resulta para la Izquierda Revolucionaria (IR) y los sectores
más avanzados del Movimiento Popular (MP) construir y difundir un programa
económico-social que considere las necesidades y aspiraciones de la mayoría
nacional, partiendo por la defensa de las condiciones mínimas de vida. Pero
ello sólo será posible de realizar al interior mismo de los explotad@s y
marginad@s de Chile, organizados en sus instancias naturales y
político-sociales, sectoriales y territoriales, y a caballo de un proceso
ascendente de luchas, consecuente y con decisión de vencer. Como las
condiciones actuales y el período que se abre no son los más promisorios para
la causa de los pueblos y l@s trabajador@s, resulta aconsejable y más
estratégico aprovechar el relativo repliegue del MP para buscar mínimos
acuerdos y alianzas federativas entre las diversas fuerzas de la IR, así como
alentar las escuelas de formación y discusión políticas, allanando el camino
para arribar a más puntos de acuerdo y avanzar a mayores de unidad.
El presente es adverso para la IR y l@s
anticapitalistas, toda vez que el sistema de dominación y explotación en Chile,
con todas sus fisuras y estrecheces, goza todavía de buena salud. Resulta evidente
lo imperioso que la estrategia de l@s que luchan se oriente, prioritariamente,
al cuestionamiento de las bases materiales de un sistema que se mantiene y
reproduce gracias a la súper explotación y la marginación de ¾ partes de la
población, exponiendo lo que es la verdadera y permanente ‘crisis’: la de los
de abajo. De igual forma, la realidad nos urge al despliegue de una política
orgánica y programática lo más amplia posible, en la cual se integren acciones
en los diversos planos del enfrentamiento clasista y que permita la síntesis de
los esfuerzos de todas las organizaciones político-sociales que conforman el MP,
activando de paso a nuevos sectores de la formación, los más rezagados. La
estrategia de lucha que proponemos debe resaltar el plano ideológico, puesto
que, para lograr su apoyo, hoy debemos apuntar sobre todo a la subjetividad de
l@s explotad@s y marginad@s.
Círculo de Estudios Políticos Miguel
Cabrera Fernández
Noviembre, 2022
Dedicamos
este trabajo al camarada Miguel Cabrera Fernández, Paine, un obrero agrícola y organizador del
movimiento campesino y mapuche antes del Golpe, que cae en combate el 15 de
octubre de 1981, en Choshuenco, luchando contra fuerzas conjuntas policiales-militares
para resguardar el escape de otros dos combatientes del Destacamento
Guerrillero Toqui Lautaro del MIR, destacamento político-militar que él
comandaba en su calidad de miembro del Comité Central mirista. Asimismo, a todos
los camaradas que se integraron a esta valerosa iniciativa revolucionaria por
la liberación popular y que fueron asesinados por la jauría dictatorial: Pedro
Yáñez, Jorge; Julio Riffo, Rigo; Próspero Guzmán, Víctor; Patricio Calfuquir,
Pedro; Raúl Obregón, Pablo; José Monsalve, Camilo; Juan Ojeda, Gabriel o Pequeco;
René Bravo, Óscar; Luis Quinchavil y José Campos. ¡Compañeros de la guerrilla
de Neltume, hasta la victoria siempre!
Fuentes y algunas abreviaturas utilizadas:
18-O: 18 de Octubre de 2019, fecha
que da inicio a la más grande rebelión popular de la historia reciente de Chile
AD: Apruebo Dignidad, conglomerado actualmente
a cargo del Ejecutivo y expresión del R-NR. Surgió en enero 2021, a partir de
la conjunción del Frente Amplio y Chile Digno
BCCh: Banco Central de Chile
BM: Banco Mundial
BPE: Bloque Político de Estado
CC: Convención Constitucional
CEPAL: Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
CHV: Chile Visión Noticias (online)
CIDH: Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, dependiente de la OEA
CMF: Capital Monopólico-Financiero,
que corresponde a la fracción hegemónica de la gran burguesía
CMT: Capital Monopólico
Transnacional
CPC: Confederación de la Producción
y el Comercio
CUT: Central Unitaria de
Trabajadores
DF: Diario Financiero (online)
DM: Datosmacro.com
DUC: Diario Universidad de Chile
(online)
EC: El Ciudadano (online)
ED: El Desconcierto (online)
exNM: ex Nueva Mayoría, conglomerado
que representó entre 2013-18 a los GMRS, y que desarrollaba su política de
resguardo del orden en torno a dos ejes: PDC-PR y PS-PPD. Sumó al PC entre 2013
y 2020
FA: Frente Amplio, conglomerado político
del neorreformismo y la “tercera vía” socialdemócrata, que desde enero 2021 se
suma a Chile Digno para constituir el oficialista Apruebo Dignidad
FES: Formación Económico-Social
FMI: Fondo Monetario Internacional
FNE: Fiscalía Nacional Económica,
cuyo jefe es elegido por el Presidente y el actual lo fue por Piñera.
Supuestamente, investiga prácticas monopólicas
FS: Fundación Sol (online)
GMRS: Grupos Mantenedores y
Reproductores del Sistema
IFE: Ingreso Familiar de Emergencia
IFI: Instituciones Financieras
Internacionales; ej.: FMI, BM, BID, etc.
INE: Instituto Nacional de
Estadística (de Chile)
IR: Izquierda Revolucionaria
IW: Infowerken.com
LT: La Tercera (online)
LN: La Nación (online)
LV: Lavozdelosquesobran.cl
MDS: Ministerio de Desarrollo Social
MINEDUC: Ministerio de Educación
MP: Movimiento Popular
OCDE: Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
OP-M: Organizaciones
Político-Materiales
PCCh o PC: Partido Comunista de
Chile
PDC o DC: Partido Demócrata
Cristiano
PDG: Partido de la Gente, de
derecha, el que ha sufrido desgajamientos en respuesta a las reformas ofertadas
por el gobierno de AD, pasando algunos de sus dirigentes a engrosar los GMRS
PP: Pres@s Polític@s
RBB: Radio
Biobío
R-NR: Reformismo-Neorreformismo, el
cual encarnan en la arena de la política, por una parte, el neorreformismo y los
socialdemócratas de Revolución Democrática, Comunes, Izquierda Autónoma, Convergencia
Social, Unir, humanistas y ecologistas, unificados en el Frente Amplio; y de
otra, por el reformismo más clásico, a partir del PC, IC, algunos libertarios,
ecologistas y humanistas, que en 2020 conforman el pacto electorero Chile Digno
SCM: Sistema Capitalista Mundial
SIMCE: Sistema de Medición de la
Calidad de la Educación
Sofofa: Sociedad de Fomento Fabril
