Agradecemos a los
Camaradas del Círculo de Estudios Políticos MIGUEL CABRERA FERNÁNDEZ habernos
hecho llegar esta SIPONA que cubre el periodo junio-septiembre de 2021. La dura caminata por la emancipación
histórica del Ser Humano debe estar forjada al calor de la lucha misma, de la
Vida misma y de las ideas, los análisis, de esa Realidad que se debe
transformar de raíz para posibilitar la felicidad de millones.
BRIGADA DE PROPAGANDA MIR LUIS ALBERTO BARRA GARCÍA.
OCTUBRE DE 2021 SÓLO LA LUCHA NOS HARÁ LIBRES.
ANALISIS Y
PERSPECTIVAS DE LA SITUACION
POLITICA
NACIONAL, CHILE, JUNIO-SEPTIEMBRE 2021
El
periodo se encuentra atravesado por la ya habitual contienda política, esa que
nunca rebasa los marcos de la democracia gorila que ellos mismos impusieron
hace 31 años, entre el dúo Gobierno/Derecha (G/D) y los Grupos Mantenedores y
Reproductores del Sistema (GMRS), autonombrados estos últimos como “La
oposición”, a quienes se unen –por acción y omisión y al producirse un cierto
empate entre los primeros- el eje político Reformismo-Neorreformismo (R-N).
Todos ellos han logrado, en parte considerable y por diversas vías, atenuar el
ímpetu que venía demostrando el Movimiento Popular (MP) y sectores activados de
l@s explotad@s y oprimid@s. Las dos primeras fuerzas políticas, que junto al
gran empresariado conforman el Bloque Político de Estado (BPE), intentan
diferenciarse respecto de la oferta de bonos y asignaciones mezquinas para
efectos de paliar la crisis socioeconómica que aqueja a la mayoría nacional,
pero se ponen de acuerdo para desdibujar aún más el ya de por sí insípido e
inconducente proceso constitucionalista.
Es dentro de la Convención que centraliza el curso de este último
artificio donde la miríada de componentes del R-N ha logrado poner una pica,
logrando con astucia reducir la lucha y los esfuerzos populares a las
desgastadas pero hoy reanimadas formas pacíficas, electoreras, clientelísticas,
de llevar adelante la lucha política. No obstante, el MP y los pueblos y las/os
trabajadores siguen manteniendo un mínimo de actividad ofensiva, que aunque no
extendida y coordinada, demuestra que no están dispuestos a transar en cuanto a
la defensa de su nivel de vida y a la exigencia del respeto por los pocos
derechos que han logrado conquistar, aunque ello les lleve a salir de los
estrechos límites que les intentan imponer sus enemigos de clase. Los sectores
revolucionarios pierden a una férrea defensora de la causa popular, la querida
compañera Luisa Toledo Sepúlveda.
La
situación para los sectores que viven de un sueldo o salario se vuelve
insostenible. De una desvergüenza obscena resultó ser el “aumento” del sueldo
mínimo propuesto por Piñera y aprobado mayoritariamente por el Congreso al
comenzar julio: algo más de $10 mil, con lo que dicho ingreso apenas llega a
los $337 mil. Es otra prueba que avala el hecho que la crisis social y
económica la siguen pagando l@s trabajador@s y sus familias (en 2020, ese
“reajuste” había significado sólo $6 mil), lo que resulta más notorio cuando se
contrasta con los resultados de un estudio del BCCh, dado a conocer a fines del
mismo mes, que vuelve a develar la ignominiosa desigualdad de nuestra
formación: el quintil más rico concentra el 72% de la riqueza nacional (en
2018, según Cepal, el 10% más adinerado
acaparaba el 66,5%), lo que debe ser más escandaloso aún si analizáramos lo que
ocurre con el 1% de los optimates (Cepal señala que ya en 2018 estos se
quedaban con el ¡26,5%!); el 83% del quintil más pobre presenta niveles de
riqueza negativa, quintil que en conjunto apenas participa del 5,8% de los
ingresos; el índice de distribución de la riqueza neta de Gini se alza a 0,73,
cuando en 2017 era de 0,56 (BM). De otra parte, la tasa de pobreza
multidimensional pasó de un 20,4%, en 2013, a 20,7%, en 2017 (último dato del
BM), índice que no se ha renovado, pero todo apunta a que se acrecentó durante
el año y medio que va de pandemia por la COVID-19.
Aparentemente,
existe una mayor igualdad en términos de ingreso que en 1990, pero el 1% más
rico no participa de esta ecuación. Estos bendecidos siguen incrementando su
tajada del ingreso, lo que representa nuestro lamentable “récord”, tanto en la
OCDE como en América Latina. Las políticas tributarias aplicadas durante el
período de democracia gorila, si bien han reducido la pobreza y la desigualdad
de ingresos (aunque esta última a los niveles de 1960) entre los grupos medios
y bajos, no han tocado a los grupos más pudientes y han impedido un aumento de
la participación del ingreso por parte de l@s trabajador@s. Claramente, la baja
carga tributaria sobre los ricos y súperricos, sumada al hecho que un 60% de
los beneficios tributarios totales se concentran en el 1% más rico de la
población, correspondiendo a 2,4% del PIB (Jorrat, 2005), no aportan a
neutralizar el insoportable peso de la desigualdad vigente.
La
mayoría nacional, perentoriamente, requiere de una respuesta concreta frente a
la acuciante situación socioeconómica que atraviesa, cuya resolución no se
vislumbra fácilmente en el corto-mediano plazo. Para aminorar los efectos de
tal flagelo, una medida acertada sería el otorgamiento de una Renta Básica
Universal (RBU), la que asegure un ingreso de –al menos- $700.000 para una
familia de cuatro integrantes, perteneciente a los quintiles 1 al 4 y hasta diciembre
de 2021. ¿De dónde obtener los recursos? El Estado cuenta, por lo pronto, con
tres fuentes para asegurar dicho monto: el Fondo de Estabilización Económica
Social (FEES, que suma ingresos fiscales y del cobre), el que en 2020 sumó
US$19 mil millones (Fundación Sol) y que en el periodo se ha mantenido, merced
a la estabilización en el precio del metal rojo; la otra fuente es la deuda
pública, que actualmente es de un 32,5% del PIB, la cual puede doblarse; y
finalmente, la aplicación de impuestos al gran capital, nacional y extranjero
(incluyendo a los llamados ‘súperricos’), con valores cercanos al 30%, que
debiera ser aplicado de forma permanente, tal como se hace en los países del
centro del Sistema Capitalista Mundial (SCM). Otras vías para allegar más
recursos para paliar la crisis socioeconómica son: finiquitar los incentivos
estatales a las grandes empresas (forestales, mineras, etc.); suprimir la
exención tributaria por uso de petróleo que beneficia a la mafia de los
camioneros, empresas de transporte, gran minería, etc.; liquidar la elusión y
evasión tributarias. Asimismo, habíamos expuesto que se hace necesario otro
pilar para costear una RBU decente y más aún, para asegurar una mejor calidad
de vida para la clase trabajadora: aplicación de un royalty minero ad valorem o
escalonado al cobre, del 2% al 20%, según el valor con que sea transado.
En
el crucial plano de las pensiones, alguien que sabe de las AFP, un ex Súper de Pensiones
durante el segundo gobierno de Bachelet, ya había aportado que todas las
reformas al nefasto sistema iban en beneficio de los dueños de tales empresas y
no de l@s afiliad@s. Esto se refleja en que sus dueños obtienen rentabilidades
del orden del 20-25% y en ocasiones hasta del 100%, mientras que la de l@s
trabajador@s no superaban el 3,5%. Tal situación, de un avance desigual y
combinado, se admite y promueve por parte del capital monopólico-financiero y
sus campeones, pero también por la cuasi totalidad del estrato político civil,
toda vez que los sucesivos retiros de porciones de los fondos –por parte de sus
verdader@s dueñ@s- no significa terminar con el sistema y sus bases (la
propiedad en manos del capital financiero y la capitalización individual),
sino, más bien, han llegado a convertirse en otro medio para que l@s explotad@s
capeen la crisis económico-social con sus propios recursos y sin tocar para
nada la espuria propiedad y las ganancias que obtienen los grupos monopólicos,
a quienes se concedió –en dictadura- la provisión de un bien público, social. Y
más de esto mismo vendrá a hacer el 4º retiro, con rentas vitalicias y
todo.
Continúa
el proceso de empobrecimiento de las familias trabajadoras, ocasionado por
diversas, complementarias y generalizadas causas: altos niveles de cesantía,
empleo precario y mal remunerado, deterioro de la calidad y oportunidad en la
atención de salud y educación públicas, detrimento de los fondos previsionales
apropiados por las AFP, alza de precios y de los intereses bancarios y
comerciales, falta de perspectivas para la juventud y para todos los sectores
postergados de la población, lacras todas ellas emanadas de un modelo
capitalista que extrema los grados de explotación y degradación sociales. Dicho
escenario no hace más que empeorar bajo los efectos de la actual virosis universal.
Y es el caso que la amenaza del COVID-19, luego de dar un cierto respiro desde
mediados de junio, vuelve a incrementar la cifra de afectad@s desde fines de
agosto y da un salto a partir de la 4ª semana de septiembre, poniendo así un
signo de interrogación a la llegada de una supuesta ‘normalidad’ epidemiológica
y sanitaria.
Los
datos epidemiológicos son claros en mostrar el negativo viraje que presenta el
azote del SARS-CoV-2 al culminar el cuatrimestre: se incrementa la cantidad de
contagiados, con un promedio de 421 nuevos confirmados la 2ª semana de
septiembre (similar a lo alcanzado en abril 2020), contra 520 la 5ª del mismo,
con un alza de 23,5% (diferencia que escala a 33% si se compara la 2ª de agosto
con la última de septiembre); los casos activos superan los 3.850 al finalizar
el período (eran menos de 2000 al comenzar septiembre); a todo lo cual se añade
el ascenso en su transmisión, cuyo indicador pasó de 0,71, el 16/7 (registro
más bajo en lo que va de pandemia), a 1,2, el 29/9, alejándose así la
posibilidad de declarar el triunfo sobre el nefasto virus. Asimismo, por debajo
del 60% continúa siendo la confirmación temprana de casos (idealmente debiera
superar el 80%) y la consulta temprana de l@s sintomátic@s sospechos@s, lo cual
restringe el manejo y control efectivo de la virosis.
En
septiembre, pero con diversos picos en los meses previos, se intensifica la
entrada masiva de migrantes, sobre todo a través de las regiones del Norte
Grande. Ello genera tensiones entre la población y las autoridades locales con
las autoridades del gobierno central, quien sólo apela al castigo físico y la
deportación de las personas que ingresan, sin aportar ninguna solución de fondo
para resolver una problemática, la de la migración multicausal, que evidentemente
requiere de un manejo de índole humanitario y multilateral, ámbitos para los
que la dupla G/D no tiene nada de aptitud. Un antecedente que inhabilita el
quehacer en la materia por parte del Ejecutivo, y que le ha sido enrostrado
desde diversos sectores políticos, es la postura pro-asilo de los antichavistas
que mostrara Piñera cuando acompañó a Guaido en el ‘show’ de Cúcuta (recordemos
la “visa de responsabilidad democrática”), cuando una troika reaccionaria
financiada por EEUU fracasó en su intento por generar las condiciones para un
Golpe de Estado o una intervención imperial en Venezuela. La pésima gestión de
este fenómeno por parte del gobierno patronal, pero también lo poco o nada
realizado por los gobiernos anteriores para enfrentar adecuadamente el
fenómeno, nos lleva a una situación que no hará más que empeorar en las semanas
por venir. Una lamentable prueba de esto fue el artero ataque a las comunidades
de migrantes que se habían arranchado en la Plaza Brasil de Iquique, en que se
mezclan instigaciones xenófobas y aporófobas de parte de la derecha y sectores
económicos reaccionarios, las cuales prenden en una población atemorizada por
los fantasmas levantados por la ideología dominante y la precaria situación
socio-económica que el G/D se muestra incapaz de resolver.
Una
ley económica muy cacareada por el capitalismo es aquella de la oferta y la
demanda. Y como el “mercado” de las drogas requiere ser “regulado” por ella, en
beneficio de sus “empresarios” y “empleados”, el aumento de la demanda de tales
mercancías, un 22% a nivel mundial entre 2010-19 (principalmente en las
formaciones del capitalismo central), ha obligado a corresponder con una mayor
oferta desde los países productores-elaboradores (corrientemente del
capitalismo periférico). Así, en Colombia, Ecuador y Bolivia aumentó la
productividad de la cocaína por hectárea plantada de coca, mientras que -al
otro lado de la balanza- 93 mil personas murieron en EEUU de sobredosis en
2020; casi 30% más que en 2019. Es decir, lo de la droga y psicotrópicos es un
negocio próspero, muy lucrativo y en expansión, por lo que no debe extrañar el
alto desarrollo del narcotráfico en Chile. Aquí, desde los 90, han ido quedando
cantidades crecientes para el consumo y tráfico locales, así como emplazando
cada vez más laboratorios para su procesamiento. Se dice que este país presenta
un sistema financiero estable y celoso de la identidad de sus inversores,
puertos de exportación muy competitivos y unas autoridades policiales y
políticas permeables al soborno, todo lo cual nos hace muy atractivos como
lugar para lavar dinero y como plataforma de acopio y exportación. Y para
evitar que esto ocurra, hace rato que no se adoptan las medidas políticas,
policiales y financieras correspondientes. Por cierto, los activados
movimientos populares en el cono sur latinoamericano y la crisis
socio-económica derivada de la pandemia hacen que las policías y FFAA centren
sus recursos y efectivos en reprimir a los primeros y otro tanto para contener
los efectos causados por lo segundo, conformándose un cuadro que facilita aún
más el que las organizaciones criminales transnacionales expandan y
diversifiquen sus actividades. Pero lo que conduce a un mayor consumo de drogas
naturales y sintéticas y a su tráfico interno no es solo su mayor oferta y la
mejora de su sistema de distribución, sino los acelerados procesos de
pauperización y degradación social que se han disparado en las dos últimas
décadas, sobre todo los relacionados con las pésimas condiciones laborales, de
la seguridad social, de la salud y educación públicas, además de la
inexistencia de una política consistente y sistemática de rehabilitación. El
narcotráfico no sólo es más plata para los grupos delincuenciales, el sector
financiero y los efectivos de las FFAA y de Orden que les proveen de armas,
equipos y protección. También implica mayores grados de temor y desorganización
social en nuestras poblaciones; resta a sectores importantes de la juventud y
de adultos de la lucha consciente en contra del sistema (de hecho, la pasta
base arrecia en jóvenes de segmentos de menos ingresos); financia a
politicastros y autoridades, que luego llevan adelante políticas antipopulares;
orgánicas del lumpen narco se oponen a las iniciativas populares y a las
fuerzas políticas más de avanzada actuantes en territorios comunes. En suma,
sirve los intereses y el poder de los sectores dominantes, lo que explica por
qué desde estos no es posible esperar un ataque efectivo en contra de las
organizaciones del narcotráfico.
Al
iniciarse junio, se informa de la muerte del reaccionario exdirigente UDI
Jovino Novoa. Era este un delincuente de vasto prontuario, el que iniciara
contribuyendo a desatar el terrorismo en contra del Gobierno de la UP e
instigando el Golpe militar de 1973, junto a su compinche Jaime Guzmán y la
banda de gremialistas pro capital financiero; luego, destacó por su complicidad
en la planificación del vil crimen de Tucapel Jiménez (cuando fungía como
Subsecretario-GG en dictadura); por abuso de menores, en el marco del soterrado
caso Spiniak; por financiamiento ilegal de campañas políticas a cargo de
Penta-SQM, cuya condena –acotada por un acuerdo político transversal y
morigerada por el estólido fiscal Abbott- le inhabilitó para ejercer cargos
públicos; un negacionista de los horrores cometidos por la dictadura
cívico-militar y de los efectos antipopulares de su política. Es decir, un
ideólogo y artífice del actual modelo de explotación y dominación, que se fue
sin pagar por toda la responsabilidad que le cabía en los mencionados delitos y
otros más.
En
hombros de dos candidatos se juega sus fichas la derecha para acceder a la
presidencia en noviembre: por el conglomerado Chile Podemos Más (CPM), va
Sebastián Sichel, mientras que por su ala más desvergonzada, el Partido
Republicano (PR), el elegido es el inefable y odiado José Antonio Kast. Sin
futuro se prevé la candidatura de Franco Parisi, no tanto por el escaso valor
de su programa, una mezcolanza de fórmulas insulsas, sino más bien por las
variadas infracciones y delitos por los que se persigue al ex Felices y
Forrados.
Aunque
la derecha política no tiene mucho que hacer en la contienda presidencial,
puesto que sus conglomerados siguen cuesta abajo en la rodada: bajaron desde un
36 a un 26% en las municipales de 2016 y 2021, respectivamente; lograron un
raquítico 23% en la CC y obtuvieron un miserable Gobernador, igualmente resulta
interesante llevar a cabo una revisión de los discursos de los campeones que
aspiran a llegar a La Moneda, pues en ellos se atisba la visión política de las
parcelas que representan. Así, en Sichel podemos observar los típicos y ya
manidos recursos al apoliticismo y lo anti-ideológico con que la derecha
política reviste la prédica de sus aspirantes al sillón presidencial desde
tiempos de Alessandri hijo (para eso le vino bien la victoria que logró sobre
los postulantes propios de partidos en la primaria presidencial sectorial, los
de la UDI, RN y Evópoli), además de procurarle la impronta de un profesional
exitoso hecho-a-si-mismo (argumento que prende en cierto electorado popular,
pero autoidentificado como de “clase media”), todos verdaderos mitos que, hasta
aquí, han funcionado como un aderezo más que una cuestión de fondo. Lo que
efectivamente representa el exfuncionario del actual gobierno patronal es la
continuidad de las políticas de este; es decir, manejar todo como si no hubiera
necesidad de cambios en el modelo de dominación y sacar provecho de las crisis
(como casi siempre se puede) para beneficio del gran capital y lo que pueda
chorrear a las fracciones burguesas no hegemónicas y la franja de politicastros
que los avala en la arena de la política. No puede negar sus vínculos con el
capital financiero, habiendo servido de lobista para Equifax, la AFP Cuprum,
Autopista Central, AUI y otras pudientes empresas (flanco por el que los
candidatos de “oposición” le acometen de tarde en tarde), por cuyos servicios,
así como por el resguardo que muestra su programa para con sus intereses,
cuenta con el sustento económico de una variada gama de grandes empresarios.
Por su parte, Kast, cabecilla de un exótico Partido “Republicano”, dedica la
tribuna que logra con su cometido a despotricar contra las libertades sociales,
políticas y sexuales. Su tarea es extremar el peligro que representaría un
Boric como presidente, exponiendo a Artés y a MEO como unos verdaderos
“ultras”, aunque en rigor ninguno de los mentados ha pensado por ventura en la
democracia socialista sustentada en los órganos del Poder Popular, ni mucho
menos, pero la idea es mover el centro del debate político hacia el
conservadurismo y evitar las reformas de cualquier tipo al modelo. Por ende, su
finalidad –de corte ideológico- es evitar la discusión y la difusión de
posiciones consecuentemente de izquierda, en una tarea que igualmente engarza
con la derecha que posa de “centro-derecha”, lo que podemos constatar cuando el
presidente de RN, F. Chahuán, hace un llamado a la exConcertación para unirse
con su sector (reviviendo así el fantasma de la CODE), de cara a las elecciones
de Gobernadores y Convencionales para evitar, “el tsunami rojo de extrema
izquierda”, el que supuestamente representan los referentes de la izquierda
reformista y neorreformista.
Al
despuntar el período, en un insulso mensaje a la nación y que tuvo escaso eco,
Piñera ofreció más de lo mismo que los últimos años, haciendo énfasis en las
exiguas cosas que pudiera salvarse de su pésima gestión: ley de matrimonio
igualitario, el cual tiene un costo 0, pero es resistido por una cuestión moral
por sectores conservadores; y educación temprana, aunque con una legislación
que fue podada por el Congreso, en lo relativo al nivel de kínder, el cual –si
bien se imponía como obligatorio- se abría a la privatización al centralizarlo
en establecimientos especiales. Debió reconocer que su Gobierno no se la pudo
con el narcotráfico y la delincuencia, sus principales promesas de campaña, así
como pidiendo disculpas por no poder controlar, “la violencia, narcotráfico y
terrorismo” en La Araucanía y Arauco, constructo ideológico que le sirve a sus
partidarios y afines para rogar por el fortalecimiento de las fuerzas de Orden
y Seguridad y legitimar la violencia y la represión ejercidas por estas en el
Wallmapu. En un sofisma que sirve para escamotear la verdad y postergar la
justicia, que apunta a granjearse apoyo entre los sectores derechistas y
políticamente atrasados de la opinión pública, puso por igual a quienes
ejercían la violencia popular, expresión del legítimo hastío de grandes
sectores de la población frente a tanto abuso y humillación, con los atropellos
a los DDHH cometidos por las fuerzas del inicuo orden burgués. Notoriamente
deficitarios fueron los resultados en vivienda, manejo de la emergencia
sanitaria y protección social de trabajador@s y sus familias, aunque en este
último caso recordó la serie de bonos y exenciones varias que auspiciara,
acotadas, focalizadas y muchas veces incompatibles, alcanzando algún grado de
importancia el IFE. Finalizó su perorata amenazando con más bolas y cadenas, en
la forma de tres proyectos de ley: el de creación de un Ministerio de Seguridad
Pública, el de creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y una tercera
norma que, “establecerá una nueva carrera funcionaria de Carabineros, para las
nuevas generaciones”, reconociendo con esto último la putrefacción existente en
la primera fuerza de choque del Estado policial.
Por
cierto, a la policía verde tampoco la salvará el último protocolo de actuación
policial y derecho de reunión, mantenimiento y restablecimiento del orden
público, a cargo del MINT y de ellos mismos, publicado en el Diario Oficial
(20/9/21), el que a pesar de contar con aportes del INDH y subsecretarias de la
Niñez y DDHH., no le impedirá continuar con su desproporcionada reacción ante las
protestas populares, toda vez que ahora incluso pueden reprimir en caso de una
supuesta agresión verbal.
Los
GMRS, en donde incluimos a Unidad Constituyente (UC) y sus fuerzas afines del
PL y Nuevo Trato, prosiguen durante el período proponiendo reformas
–sistémicas, por cierto- para intentar arrebatar la iniciativa política del
G/D. Aprovechando la pervivencia de la crisis económico-social, plantean el 4º
retiro de los fondos de las AFP, dejando en el olvido sus anteriores ofertas de
RBU, de royalty minero y de aplicación de impuesto a los ‘súperricos’, sin
ningún ánimo de llevarlas hasta el final. Con todo, su fórmula de acudir
nuevamente al saco de las pensiones para capear la carestía, en lo que
coincidieron con las fuerzas del R-N, logró adelantarse a las promesas de bonos
irresolutos del gobierno, perdiendo este –nuevamente- el gallito.
Estos
GMRS no aceptaron medirse en primarias en la misma oportunidad que R-N o la
derecha, tanto por desacuerdos internos entre sus integrantes como para no
demostrar la relativa debilidad frente a los demás conglomerados, logrando
sacar adelante la candidatura de la deslucida candidata del PDC, Yasna Provoste
(dejando en la estacada a Paula Narváez, la ahijada de Bachelet). Con todo,
desde el punto de vista de la política formal, esta tiene serias posibilidades
de ocupar el gobierno en el próximo periodo, debido a que la derecha, en 2ª vuelta,
se verá obligada a votar por la representante de este sector y así parar a
Boric, al que levantan como el ‘comeguaguas’ de turno y aprovechando, de paso, de
‘derechizar’ el ambiente.
Con
una mayor o menor identificación como componentes de los GMRS, los integrantes
del R-N: FA, el PC/FREVS/US, PRO/C, la miríada de grupos ‘ciudadanistas’, los
escindidos de la Lista del Pueblo, etc., logran dar cierta conducción dentro de
la CC. Pero he aquí que todos estos, en vez de darle un contenido y objetivos
verdaderamente democráticos al proceso constitucionalista (que no
constituyente) en que se han embarcado y mostrar una verdadera disposición por
avanzar en la recuperación de tanto derecho perdido, pierden el tiempo en
disquisiciones bizantinas y lo que es peor, se allanan al chantaje de los
sectores conservadores cuando aceptan los 2/3 para dirimir materias de fondo,
pero van más allá e inclusive acuerdan aplicarlo a disposiciones normativas y
administrativas internas, desechando la mayoría absoluta como medio democrático
para zanjar diferencias. No es difícil advertir que con estas concesiones se
acrecienta la capacidad de intervención y decisión de la derecha y los GMRS, al
mismo tiempo que se aleja la posibilidad de una Constitución que recoja las
demandas populares. Por lo anterior, y por otras situaciones poco
transparentes, no es de extrañar que el grueso de la población haya perdido
interés en el quehacer de la Convención y deseche el pelambre en que se ha convertido
la discusión del aparato conciliador surgido del acuerdo ‘por arriba’ del
15/11/19. Fuera del exCongreso, las fuerzas del R-N logran, con relativo éxito,
moderar los ímpetus movilizadores de variados segmentos populares y de las
capas medias, con la promesa de una Carta que recogerá sus aspiraciones
sociales, políticas y económicas.
El
6 de julio, el MP y revolucionario chileno es golpeado por la muerte de la
entrañable compañera Luisa Toledo Sepúlveda, esposa de Manuel y madre de los camaradas
Vergara Toledo. El velorio de la Madre de la Rebeldía se llevó a efecto en la combativa
Villa Francia, mientras que la marcha fúnebre hacia el Cementerio General se
tomó La Alameda y el centro santiaguino, convirtiéndose en una verdadera
movilización popular y revolucionaria. En el cementerio, sus restos fueron
sembrados junto a los de Rafael, Pablo y Eduardo, sintiendo tod@s l@s que la
acompañaron hasta el lugar, así como las personas justas de Chile, la rabia y
el dolor de verla partir sin haber logrado la justicia que merecía por sus
asesinados hijos. Nos consuela saber que la semilla de lucha y dignidad que nos
dejó va encontrando suelo fértil; que en los corazones de l@s jóvenes y adultos
que se conmovieron con el ejemplo y valentía inquebrantables de Luisa brota y
se renueva su misma ansia de justicia y libertad. ¡Hasta la victoria siempre,
compañera Luisa Toledo!
Una
bandera de lucha que sigue siendo enarbolada por el MP -y que cuenta con el
apoyo generalizado de la población- es el de la libertad inmediata e
incondicional de tod@s l@s Pres@s Polític@s, cuya cifra se empina por sobre los
640 en prisión “preventiva” (condición que se alarga de manera ilegal e
ilegítima), repartid@s en diversas cárceles del país, a la par que más de 720
de l@s formalizad@s ya han sido condenad@s. Esa justa demanda se ve rechazada,
obviamente, por parte del G/D, pero igualmente ha sido boicoteada por sectores
de los GMRS. Y llevan a cabo su odiosa tarea, entre otras formas, informando
que el número de compañer@s que cumpliría prisión preventiva sería ínfimo
(¡llegaron a decir que eran solamente 25!), con lo cual aspiran a quitarle relevancia
a la problemática del indulto en la discusión pública. Otro medio de anular su
liberación consiste en frenar el proyecto para el efecto que hace rato se
discute en el Congreso (con amenaza de veto presidencial mediante) o bien
introducirle caza-bobos, como la petición de cambio de la legislación sobre
prisión preventiva, lo que no hace más que postergar y escamotear la demanda
popular por la liberación simple e inmediata de l@s PP. Lo indicado contrasta
con los apenas 75 agentes represivos formalizados de casi 9 mil denunciados por
crímenes de lesa humanidad, logrando varios de ellos míseras penas y más encima
remitidas, por lo cual no es de extrañar que sólo 5 esbirros se mantengan en
“prisión preventiva” (pero acomodados en comisarías y cuarteles). Tampoco deja
de ser motivo de lucha el combate contra el manto de impunidad que el G/D
pretende imponer acerca de las 57 personas asesinadas por uniformados y agentes
de civil desde la Rebelión del 18/O, de las cuales escasamente en 7 casos se ha
esclarecido su muerte, así como las torturas y ulceraciones (oculares en más de
400 casos) perpetradas por peones del poder material del Estado de clase. Tan
evidente intento de olvido, de silenciamiento de aquellos crímenes, corre por
cuenta de toda la derecha mediática, buena parte de los GMRS y la complicidad
del Poder Judicial, y se sostiene –sobre todo- en una sistemática no
perseverancia en las investigaciones que se llevan a cabo sobre el particular
por parte del Ministerio Público, la dirección del INDH y de muchas
autodenominadas ‘organizaciones de defensa de los DDHH’. En la defensa
legal-social de l@s PP y en la lucha por la aplicación de justicia en los casos
de las casi seis decenas de ultimad@s y herid@s se destaca el rol jugado por la
Defensoría Popular, la CNPP, la OFAPP y diversos grupos de apoyo a l@s PP,
además de la agitación y movilización llevadas a cabo por la Coordinadora 18 de
Octubre y diferentes Asambleas Populares a lo largo del país.
Otro
frente de acción que mantiene bríos es el del Movimiento Feminista y
Antipatriarcal, el que despliega manifestaciones y acciones de agitación y
propaganda en torno a una educación no sexista y por el fin de la violencia
sexual y misógina. Presionan, asimismo, por la libertad y decisión de las
mujeres en lo relativo al aborto libre, en lo que se logran avances meramente
formales, pero que de seguro irán abriendo el cauce para la conquista del
derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.
En
el plano sindical y laboral, se anuncian movilizaciones de l@s trabajador@s
públicos exigiendo un reajuste de verdad y que ponga fin al proceso de
pauperización en que se han transformado las negociaciones sectoriales de los
últimos años. Sin lugar a dudas, en el próximo período destacarán dos grandes
bloques de trabajador@s en la arena del combate por sus legítimas demandas: la
gente ligada a la salud y la educación públicas. Los primeros, reclamando por
mejores condiciones laborales para enfrentar la pandemia por la COVID-19 y los
segundos, contra la extrema precarización de la educación municipalizada y la
traspasada a Servicios Locales, entes estos últimos que no han resuelto la
situación deficitaria sectorial.
En
torno a la conmemoración del 11 de septiembre se desarrollaron importantes
manifestaciones y acciones de protesta en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y
Concepción. Lo anterior, augura un despliegue importante de activ@s
democráticos y revolucionarios para celebrar, luchando, el 2º año de la
Rebelión Popular del 18 de octubre. Debe ser esta oleada de combate un aviso
que aquí el MP no ha dicho su última palabra y que está decidido a recuperar
los derechos que por ya 48 años le han sido arrebatados. Serán jornadas en que
se expresará la presión popular en la forma de marchas, caceroleos, mítines,
cortes de calle, copamientos territoriales y un largo etcétera de iniciativas
que serán desplegadas por l@s explotad@s y oprimid@s de esta tierra.
Se
robustecen y expanden las acciones de resistencia de las organizaciones
político-materiales del Pueblo Mapuche, además de la ocupación de territorios
ancestrales por parte de las distintas comunidades. Ambos procesos, la
resistencia y la recuperación de tierras, alteran en grado extremo al Estado
patronal y sus voceros amenazan con imponer una situación de guerra contra el
pueblo Mapuche, aplicando el Estado de sitio y sacando los milicos a imponer la
ley (en todo caso, Contraloría se opone a tal despliegue). Se fortalece la
lucha y organización de las comunidades en el conjunto del Wallmapu, pero sobre
todo en las provincias de Arauco y Malleco, buscando el aparato oficial y los
representantes de las empresas forestales, energéticas y de latifundistas
vincular dicho combate con el robo de madera y el narcotráfico como una forma
de desacreditarlo. No obstante, tal patraña sólo la creen los más crédulos.
El
cambio profundo requerido por la mayoría nacional en sus actuales condiciones
de vida y que las fuerzas coaligadas del sistema -de los autores, instigadores,
cómplices y encubridores de este- nunca harán efectivo, continuará siendo el
motor que en lo porvenir impulse al MP y a todas las fuerzas en que se expresan
los pueblos y explotad@s de Chile a la lucha por su liberación y la conquista
de todas sus demandas, creando y recreando para ello todas las formas de lucha
necesarias, dejando en claro –de paso- que no es lo electoral la manera de
conquistar su futuro. Pero se encuentran con que no existe todavía una opción
radical que, desde fuera y en contra de los cauces institucionales, dé una
conducción política a dichos anhelos, por lo que es esperable que tal necesidad
obligue a parir una franja de activ@s revolucionari@s capaz de construir, al
fragor del combate clasista, esa vanguardia popular.
Los
sectores más avanzados y conscientes del MP deben salirle al paso a los
intentos del reformismo y neorreformismo, los cuales buscan encauzar las
demandas y aspiraciones populares en los estrechos y mezquinos cauces de la
institucionalidad y legalidad patronal, vendiendo humo, tratando de hacer creer
que todas las urgencias de la mayoría nacional y su futuro pueden ser resueltas
en el espacio constitucional otorgado por los que dominan.
Hoy
resulta más necesario que nunca construir MP en cada Población, en cada
territorio, en cada frente social y de trabajo, reactivando y unificando las
Asambleas Populares y las Asambleas Territoriales, creando organización con
quienes quieran superar en lo concreto la institucionalidad y legalidad
burguesas. Será a partir de una delgada pero decidida franja de luchador@s
sociales, compuesta por l@s alzad@s el 18-O y l@s que venían desde antes, que
debemos incidir en cada instancia y territorio popular, haciéndonos uno con las
demandas que el conjunto del pueblo levanta cada día y que hoy pasan por la
defensa de los niveles de vida, agregando demandas con mayor contenido político
(como la libertad de los PP, la salida de Piñera y su juicio y castigo),
sumando a las/os cesantes, a las/os jubilados, las/os jóvenes, a mujeres y
hombres, a las/os hermanas/os migrantes; a tod@ aquel que quiera luchar hasta conquistar
una sociedad mejor para tod@s.
Que
las jornadas de combate en torno al 2º año de la rebelión Popular del 18 de
octubre notifiquen al G/D, a los GMRS y al R-N que los pueblos y l@s explotad@s
de Chile no olvidamos, no perdonamos ni tampoco negociamos.
Círculo de Estudios Políticos Miguel
Cabrera Fernández
Octubre, 2021
P.D.:
al terminar este análisis, nos golpea la noticia de la lamentable partida del
compañero PATRICIO MANNS de FOLLIOT. Cantautor, escritor, poeta, minero del
carbón, periodista, trabajador manual e intelectual, a quien nunca se le
reconoció, oficialmente, su inmenso aporte al arte y la cultura nacionales.
Formó parte del MIR, entre fines de los
60 y comienzos de los 80, para luego ingresar a las filas del FPMR, destacamento
en donde contribuyó como vocero internacional y en la creación de su himno. En
el exilio, destacó por el apoyo y la difusión que brindó a la Resistencia
Popular a la dictadura en Chile. Sin duda, Pato Manns es una importante figura
de la cultura popular y de la izquierda, que tiene y tendrá un lugar preferente
en la memoria histórica de los pueblos de este país
