"Dos tácticas se ofrecen a la clase obrera y al pueblo. Una, que establece que no es posible profundizar la ofensiva popular, pues encendería de inmediato el enfrentamiento, que es necesario ganar tiempo; se mantiene al interior de la institucionalidad burguesa, a la que no deja de criticar, pero al no dar una salida alternativa a ésta, se abren al diálogo con sectores del campo contrario, el que sólo pueden construir devolviendo empresas y haciendo concesiones. Esta táctica está irremediablemente condenada al fracaso, pues buscando aliados en el campo contrario los pierde en el propio.
La otra táctica es la táctica revolucionaria. (…) que ha puesto en práctica la clase obrera y el pueblo en las semanas recientes. [Ella] consiste en reforzar y ampliar la toma de posiciones en las fábricas, fundos y distribuidoras. (…)
Desarrollando la fuerza de los trabajadores fuera de la institucionalidad burguesa, estableciendo el Poder Popular en los Comandos Comunales, los Comités de Defensa, multiplicando y extendiendo la ofensiva popular”
–Miguel Enríquez, discurso en el Teatro Caupolicán, 17 de julio 1973
El período prerrevolucionario, de la esperanza popular a la hecatombe golpista: Julio – Agosto 1973
Luego de producido el “Tanquetazo”, 29/6, las fuerzas de la izquierda revolucionaria intentan lanzar una contraofensiva desde las organizaciones naturales de las clases subalternas y los embriones de poder popular que se habían ido creando en el período prerrevolucionario. Sin embargo, la reacción había conseguido escalar y extender su complot hasta la cabeza de las FF.AA. y de Orden, y estaba logrando su objetivo de “hacer chillar” la economía. Por su parte, la UP y los sectores reformistas cedían terreno en la defensa del proceso y optaban por vanos acuerdos con el PDC, retardando y entorpeciendo cualquier acción de franca resistencia popular a la arremetida opositora.
Tanto en el campo como en las ciudades, había miles de hombres y mujeres dispuestos a empuñar las armas en defensa del gobierno popular y los derechos conquistados. En varias ocasiones el MIR solicitó al comandante Fidel Castro su apoyo en armamento para el desarrollo de milicias populares, pero –según Pituto (A. Pascal, Apuntes para una historia del MIR…)- invariablemente el líder cubano respondió que lo haría siempre que Allende lo autorizara. Y éste jamás aceptó. Salvo armamento menor e instrucción para la seguridad personal de Allende (GAP), junto con el resguardo de algunos locales, el gobierno nunca optó por formar mandos militares propios o por traer medios para armar a los sectores populares. El poder disponer de tales recursos, en la práctica, hubiera permitido construir una capacidad propia de defensa del gobierno legítimo apoyándose en palancas institucionales, pero -sobre todo- en la disposición de lucha del pueblo organizado. Se argumentará que ello hubiera precipitado un quiebre de las FF.AA. y una guerra civil, pero la historia ha demostrado que la renuencia del reformismo a desarrollar la suficiente capacidad material para la defensa del gobierno popular, la incorporación de los militares al gobierno, y las concesiones a la reacción, como la devolución de empresas, la Ley de Control de Armas (LCA), etc., no impidieron el derrocamiento del gobierno y que la oficialidad golpista, alentada por el conjunto de la reacción, desatara una sangrienta guerra contra un Movimiento Popular (MP) desarmado.
Fue tarea de Miguel, Arturo Villabela Araujo –Coño Aguilar- y el Pituto, todos de la dirección nacional mirista, elaborar el plan estratégico de lucha político-material contra el golpismo, el que fuera aprobado por el CC en febrero del 72. Se redactó sobre la base de factores que cambiaban vertiginosamente dentro del período prerrevolucionario, en lo que explica también la incertidumbre relativa que tuvo el desempeño estratégico del MIR durante aquella etapa. En lo central, se apoyaba en la posibilidad de ser capaces de ganar la carrera contra el tiempo en la acumulación de fuerza revolucionaria, social, política, material e ideológica, superando la conducción reformista del MP y tomando la iniciativa en el enfrentamiento directo al golpismo, logrando el triunfo o -al menos- una continuidad de la lucha en condiciones de cierto equilibrio de fuerzas político-materiales. Para encarar la disyuntiva, el diseño en cuestión contemplaba la constitución de fuerzas que operasen en zonas geográficas y condiciones alternativas. El problema era que para tomar la iniciativa y golpear ofensivamente a los golpistas y derrotarlos había que hacerlo en los espacios urbanos, constituyendo amplias unidades milicianas regulares, articuladas con las tropas militares que pudiéramos desgajar de las FF.AA., todo ello acompañado por la fuerza organizada en torno a los embriones de poder popular (“Poder Popular: Unión y lucha del Pueblo”, Melinka, PF Nº 185). Alternativamente, sí apostábamos a que no habría tiempo para acumular la fuerza para derrotar de inmediato al golpismo, nuestra estrategia debía ser defensiva, centrando esfuerzos en preparar condiciones para el repliegue a territorios rurales más favorables para la resistencia mediante unidades guerrilleras irregulares, junto con el despliegue de grupos clandestinos que operaran en espacios urbanos y suburbanos. Además, había que prepararse para una resistencia en condiciones represivas muy duras, lo cual era casi imposible en momentos que el MP estaba desplegando una extensa y abierta lucha.
Sin duda, fue un error estratégico-político no decidirnos por una opción e intentar prepararnos para las dos, ya que no había tiempo y fuerzas suficientes para ocupar todos esos espacios y, a su vez, constituir los distintos tipos de fuerza. En vez de concentrarla, dispersamos nuestra limitada capacidad y nos organizamos de forma híbrida, lo que después neutralizaría la eficiencia táctica al optar por una u otra posibilidad. Ello constituye una lección para las fuerzas revolucionarias protagonistas de un período de extrema agudización de la lucha de clases.
En el mes de julio, se evidencian la descomposición y también el descaro delincuencial de los baluartes del orden burgués: absurdas acusaciones constitucionales de la CODE en el Congreso; la Corte Suprema se veía comprometida en cobros ilegales de dinero y aplicación torcida de justicia a acusados de sectores populares, mientras absolvía a conspiradores y terroristas de la reacción, como los que asesinaran al internacionalista brasileño y mirista Nilton Da Silva, el 15/6; elementos golpistas aprovechaban reivindicaciones económicas entre uniformados de menor graduación de la FACH, Ejército y Carabineros, con el fin de hacerlos desobedecer a los mandos constitucionalistas, incluso intentando un cuartelazo en una unidad capitalina; elementos de P y L y mercenarios de “El Mercurio”, en un operativo frustrado, intentan agredir al Comandante del Ejército, Carlos Prats; oficiales de las FF.AA., aprovechando la declaración de Zona de Emergencia a raíz del ‘Tanquetazo’ se ensañaban con los medios de izquierda, censurándolos o allanándolos, pero daban libertad para mentir a los de oposición etc.
Se imponía la necesidad de una respuesta sólida y masiva por parte de los sectores populares y la izquierda, en la forma de un aplastamiento de todos los centros de poder desde donde les atacaban impúdicamente sus enemigos: el Congreso, los Tribunales y apoyarse en los sectores democráticos de las FF.AA. y de Orden para combatir y anular a la oficialidad golpista. Ya el 29 de junio, las fuerzas populares se habían ampliamente activado y movilizado sin la conducción visible de la UP, y esa misma noche, frente a La Moneda, cientos de miles de gargantas reclamaron la clausura del Congreso. Pero el gobierno y la UP se mostraban impávidos frente a los hechos. Entre el 22-24 de éste mes, la UP había realizado su 1er Congreso Nacional (“Un Congreso fuera de onda”, PF Nº 187), superestructural, el que nada aportó a la indecisión oficial respecto de varias materias, pero –sobre todo- mostró su incapacidad para erigirse en aquel momento crucial como una vanguardia revolucionaria. Y es que sus sectores reformistas y tecnócratas sólo aspiraban al diálogo con la oposición, la que nunca actuó de buena fe y que logró mantenerlos paralizados chantajeándolos con la guerra civil.
También en julio, recrudece la aplicación de la clasista y contrainsurgente LCA, la nueva “Ley Maldita”, la que permitía a la fuerza armada oficial, literalmente, acosar y perseguir a los trabajadores y sectores populares (ya por entonces, organizaciones populares de San Antonio denunciaban las arbitrariedades y prepotencia del Comandante del Regimiento Tejas Verdes, teniente coronel Manuel Contreras -“Arbitrariedades de oficial reaccionario”, PF Nº 189). Con violencia y abuso se allanan poblaciones, locales de la CUT y partidos de izquierda, industrias y recintos sindicales, etc. Se hostiga a los defensores del gobierno legítimo y del proceso político abierto por él, mientras los reaccionarios lanzan a los uniformados a reprimir al MP mediante denuncias sin razón, respaldados por el “secreto del sumario”. Los sectores dominantes saben que por esa vía pueden debilitar el incipiente Poder Popular, así como distanciar a la tropa de las ramas castrenses y policiales de la población.
Y es en el 7º mes del 73, que Miguel declara que la UP, en vez de convocar a un diálogo al PDC (Allende hace un llamado público para ello el 25/7), que él inserta dentro de un proyecto de conciliación de clases antagónicas llevado a cabo por sectores reformistas de la UP desde el comienzo del período, antes debía atender a que en un contexto de crisis del sistema de dominación capitalista, como el que se atravesaba, ello no era factible (“Que el gobierno dialogue con los trabajadores”, PF Nº 189). Auguraba que, “Toda táctica que ofrezca concesiones no tendrá destino histórico, sólo alcanzará a dividir al pueblo y a la izquierda, y por esa brecha intentará irrumpir el golpismo” (íd.). En cuanto a la correlación de fuerzas, Miguel observaba que está era, en ese momento, más favorable a la clase trabajadora y al MP, que lo que sería más adelante, luego que se le hicieran concesiones a las clases patronales y de permitirles, por acción u omisión, escalar en su ofensiva reaccionaria. La táctica que sostenía el MIR –y por extensión l@s revolucionari@s- era la de la, “Contraofensiva Revolucionaria y Popular, que enarbolando el Programa Revolucionario del Pueblo, luchando por la Democratización de las Fuerzas Armadas y desarrollando el Poder Popular, permita acumular rápidamente fuerzas” (Ibíd.), y a la cual debían unirse la movilización y la acción directa popular; una paro nacional convocado por la CUT, que sirviera para desbaratar las amenazas del golpismo, fortalecer y multiplicar los Comandos Comunales y los embriones de Poder Popular, unificando a todas las clases y capas subalternas, que también resolviera los graves problemas de abastecimiento e ingresos de los trabajadores e incluso de la FF.AA.; que pasara al área social a todas las grandes empresas e impusiera el control y la dirección obrera; que allanase la reagrupación de l@s revolucionari@s y la acción común de la izquierda. En suma, una táctica que terminase con las vacilaciones y el defensismo, que atajara al golpismo y evitara la catástrofe. Aún era tiempo.
Y el mismo Miguel, el 17/7, en un repleto Teatro Caupolicán, afirmaba:
La situación sólo ofrece dos caminos: la capitulación reformista o la contraofensiva revolucionaria y, si esta última desencadenara un intento golpista, habrá fuerzas de sobra para aplastarlo. Toda forma de capitulación, (…) conducirá, más temprano que tarde, al aplastamiento de los trabajadores, a través de una dictadura reaccionaria y represiva (“Discurso de Miguel Enríquez”, 17/7/73, CEME)
Entre julio y agosto, el MIR concentra su política respecto del MP en tratar de organizar y fortalecer los Comandos Comunales. Para ello, se debía aprovechar la experiencia y autonomía ganada por la clase trabajadora en los Cordones levantados hasta entonces, no hacia la institucionalización de un poder político u organizacional oficial y formal, sino hacia el desarrollo de un poder independiente; de un poder autónomo (“El Poder Popular y la lucha del proletariado chileno”, PF Nº 190). Conjuntamente con el impulso a la creación de tales embriones, se aspiraba a avanzar a la conformación del Comité Coordinador de Comandos Comunales, Cordones y Consejos Comunales Campesinos. No obstante, el partido ve limitado su accionar producto de una oleada represiva ‘legal’, mediante la cual decenas de militantes, en diversas ciudades, son detenid@s o acusados de realizar propaganda antigolpista, en tanto que su dirección debe afrontar las querellas presentadas por oficiales del Ejército (incluso por el mismo Prats) y la FACH (Pérez, 3f).
El 27 de julio es asesinado, de un disparo, el Edecán Naval de Allende, capitán Arturo Araya, en un atentado dirigido a provocar un estado de conmoción interna, justificativo para un Golpe de Estado. Cínicamente, la derecha política y mediática acusó a la izquierda, pero bien pronto caen detenidos los 8 autores materiales, pertenecientes al grupo derechista y terrorista P y L (aunque detrás se notaba la mano del PN y de la CIA). Organismos financieros yanquis, públicos y privados, exacerban el bloqueo económico a Chile. Tampoco se pueden importar repuestos para camiones y buses. Los camioneros reinician su paralización, pese a acuerdos previos alcanzados con el gobierno, lo que lleva a un mayor desabastecimiento y a detener algunas actividades industriales. Arrecian los atentados terroristas contra camioneros MOPARE, puentes, gasoductos, etc., con saldo de 5 muertos y varios heridos. A fines de agosto, antes que lograran obtener mayor información sobre la planificación golpista, la Armada detiene y tortura a un grupo de suboficiales, marineros y trabajadores de ASMAR, Talcahuano, acusándoles de pertenecer a partidos de izquierda y de ficticios planes para apoderarse de buques de la escuadra. Al final, el Fiscal Naval debe contentarse con acusarlos de “incumplimiento de deberes militares”, disimulando el odio de la rama castrense hacia quienes se oponen a sus planes golpistas (“Marineros torturados”, PF Nº 191).
El 14 de agosto, frente a una serie de hechos que demostraban el sometimiento oficial a los chantajes de la reacción (aceptación de ley Hamilton-Fuentealba, que limitaba el Área de Propiedad Social; aplicación brutal de la LCA, debilidad frente al golpismo, etc.) y la imposición de un artificioso gabinete FF.AA.-UP (exigido por Aylwin), el MIR declara que el Gobierno se ha rendido frente a un sector de los sectores dominantes y que, “esta verdad, sin tapujos de ninguna especie, debe ser proclamada al pueblo de Chile y a los pueblos del mundo. Comienza a desmoronarse la esperanza que un día las masas desposeídas de este país depositaron en este Gobierno” (Pérez, 3g).
Al finalizar agosto (29) y en relación con las acusaciones de “intento de subversión en la Armada”, el Fiscal Naval de Valparaíso emite una orden de detención contra Miguel. Asimismo, solicitaba el desafuero parlamentario contra los dirigentes del PS, Carlos Altamirano y el MAPU, Guillermo Garretón. A raíz del requerimiento, el líder del mirismo debe pasar a una semi-clandestinidad y anuncia que, "el MIR, sus militantes y dirigentes, (…) están listos para luchar en todos los terrenos cuando las circunstancias lo hacen necesario". Y cierra, afirmando que:
Hoy, cuando la amenaza gorila se cierne sobre la clase obrera y el pueblo, cuando otros vacilan y retroceden desarmando y confundiendo a los trabajadores y cuando comienza a imponerse, por presión reaccionaria y debilidad reformista, una escalada represiva sobre los trabajadores y los revolucionarios, los dirigentes y militantes del MIR estamos en nuestros puestos de lucha (…), e impulsando con más fuerza que antes nuestro trabajo revolucionario entre los obreros, campesinos y pobladores, apoyando decididamente y en las formas que sean necesarias la lucha antigolpista de marineros, carabineros, soldados, clases, suboficiales y oficiales antigolpistas de las FF.AA. y levantando el derecho legítimo a organizar la lucha antigolpista de todos los sectores del pueblo (“Frente a la Orden de Detención”, CEDEMA)
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR
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