Se nos ha hecho llegar este análisis de
coyuntura que abarca el mes de mayo y las proyecciones que emanan hacia el mes
de junio de 2020. El Círculo de Estudios
Políticos que lleva el nombre del valioso y recordado Compañero Paine, Miguel
Cabrera Fernández, viene haciendo un gran trabajo teórico, el cual aporta luces
en la construcción de una política para l@s Revolucionari@s. Ya no queda otro camino, al terminar la
pandemia, que destrozar el Estado capitalista chileno. Es horroroso ver por TV o por otros medios de
comunicación oficiales rostros de aquellos que desde hace 30 años, 46 para ser
más exactos, han sido cómplices y culpables de la injusticia e impunidad en
Chile y se pretenden salvadores de la situación política, social, económica y
cultural, nos referimos, por ejemplo, a Nicolás Eyzaguirre, Francisco Vidal y
otr@s. Tenemos que hacer de cada
Población una Primera Línea para ganar, para vencer, no queda otro camino.
Andrés Morales.
ANÁLISIS DE COYUNTURA,
CHILE, MAYO-JUNIO 2020
Durante el período y en la práctica, dos
continúan siendo las fuerzas políticas que dan vida al enfrentamiento clasista
en nuestra formación, conflicto que tiene como fondo el recrudecimiento de la
gripe pandémica por SARS-CoV-2. De un lado, el gobierno y la derecha, quienes,
producto de su ineficacia frente a la crisis sanitaria (lo que se relaciona con
su indisimulada defensa de los intereses de la gran burguesía) y su odiosa
guerra contra los pueblos y explotad@s, pierde pie y se ve compelido a rogar a
la autodenominada “oposición” por un ‘nuevo pacto’ para reforzar el cuestionado
modelo de dominación/explotación vigente; del otro, un Movimiento Popular (MP),
el que con dificultad intenta rearticularse y reanudar la ofensiva con la que
antes cuestionara aquel modelo, y que –producto de las secuelas socioeconómicas
que aquejan a vastos sectores populares- ve surgir brotes de lucha para
satisfacer necesidades básicas y también prácticas solidarias entre l@s
oprimid@s.
Ad portas de cumplirse 3 meses de la llegada a
Chile del nuevo coronavirus, según cifras oficiales (nada creíbles), los
contagiad@s pasan de 100 mil, los fallecidos del millar y diariamente medio
centenar de personas muere por su causa. Sus efectos cruzan ya todos los
niveles y esferas de nuestra formación. Y Piñera-Mañalich, quienes aseguraban
estar preparados desde enero, que se había llegado a “una meseta” (por lo cual
lanzaron sus planes de “retorno seguro” y “nueva normalidad”), hoy abjuran de
sus modelos (“Cuarentenas Dinámicas”) y predicciones frente a la emergencia. Y
con su criminal manejo de esta, lo único que han conseguido es incrementar,
casi geométricamente, las cifras de víctimas. En efecto, nos han llevado al
puesto 13º de los países con más contagios, al 5º con más de estos por día y ya
hemos sobrepasado a China en número de enfermos y así como va la cosa, a mediados
de junio l@s afectad@s pueden llegar a 140 mil y l@s fallecid@s a 1450.
Es por lo anterior que el Colegio Médico
(COLMED) aseguró que en el país, “tenemos
un brote fuera de control” y sus dirigentes criticaron las medidas
preventivas del gobierno derechista, explicando que la gran ola de contagios, “significa que lo hicimos mal en el paso
previo, que era evitar que se generaran contagios”. Y claro, ya decíamos en
marzo de la urgencia, en términos de lograr mitigar y acotar los efectos de la
gripe pandémica, que era necesario decretar la Cuarentena o Cierre Total con
distanciamiento físico básico entre personas. Pero, como nadie dentro del
Bloque en el Poder (BP) se allanará a apoyar tal medida, en razón de sus
preferencias ideológicas y porque afectaría las ganancias del empresariado de
hacerse efectiva como debiera (con resguardo de las pocas garantías sociales
existentes), sigue siendo menester que el MP la acometa por la fuerza, mediante
el despliegue de un Paro Nacional, con mantención de las remuneraciones, la
seguridad social y la creación de un ingreso mínimo garantizado para aquell@s
que carezcan de trabajo estable, para lo que se requiere gravar a los más
ricos. La situación apremia, por cuanto la llegada del frío y la contaminación
agravarán el ya complejo cuadro de enfermedad y muerte que se enseñorea del
país.
No obstante y digámoslo, la pandemia por
COVID-19 no es, en sí misma, la que ha venido a quebrar el sistema de salud de
Chile o su economía o la seguridad social. Antes bien, hace rato que todas
ellas evidenciaban una alta precariedad y desigualdad. Baste recordar que 26
mil personas fallecieron entre 2018-2019, mientras se encontraban en listas de
espera; que la deuda de los hospitales del país supera los $415 mil millones,
en el marco de un sistema hospitalario que según sus sostenedores se debe
autofinanciar, y que acarreó falta de fármacos, insumos, equipos, camas y
personal; que se suspendían cirugías y tratamientos oncológicos por falta de
insumos; que mediante la colusión, los monopolios comerciales farmacéuticos se
hacen millonarios a costillas de la población; que la mitad de los pensionados
por vejez reciben menos de $151 mil mensuales (nótese que la línea de la pobreza
es de $164 mil) y que 2 de 3 trabajador@s gana menos de $500 mil líquidos (los
cuales, en un hogar de 4 personas, se transforman en $125 mil para c/u). Es
decir, la crisis sanitaria en curso vino a instalarse sobre una ya existente y
por cierto que la agravará hasta el paroxismo.
El gobierno patronal, fiel a la ideología
amoral del capitalismo (“No podemos matar
la actividad económica por salvar vidas”), que sacraliza la desigualdad
social (existe desde siempre y los pobres lo son, “por ser flojos y carentes de
iniciativa”) y legitima las ganancias sólo para los que parecen tocados por la
diosa Fortuna (aquellos que, “generan la riqueza y dan trabajo”), enfrenta
socialmente la crisis sanitaria mediante una estrategia asistencialista y que
pretende focalizarse en los sectores más carenciados. Pero, en verdad, sólo
echa mano de bonos (IFE), con montos escuálidos, decrecientes y temporalmente
acotados (no vaya a ser cosa que cunda la dependencia del Estado); canastas
familiares (compradas a sobreprecio, con beneficio para el grupo Saieh), y
seguros de cesantía con características similares al IFE y que en el fondo
significan una aspirina frente a la creciente cesantía y desprotección laboral.
En el caso de las familias que dependen del “trabajo” informal, al que se
supone va orientado el IFE, nunca han existido –por parte de los gobiernos que
por 3 décadas han administrado el sistema de dominación/explotación- políticas
que propendan a la eliminación de ese lastre para el desarrollo social
(inclusive para el avance del mismísimo capitalismo); por ejemplo, mediante un
Estado que se haga cargo e impulse las áreas productivas y de servicios básicos
(industria alimentaria, puertos, aeropuertos, electricidad, transporte, etc.) o
siquiera que respalden la inversión productiva de aquellos sectores de la
mediana y pequeña burguesía netamente productores.
La economía cruje bajo la pandemia: se reducen
las entradas de Codelco, la cesantía roza ya los 2 dígitos, cae la producción
industrial, etc. Para contrarrestar tales efectos, variadas son medidas
propuestas: el COLMED, la UC y la UCH promueven el uso del Fondo de
Estabilización Económica Social para dar bonos de $300 mil, por 18 meses, para
familias de 4 integrantes, cubriendo 80% de los hogares más vulnerables,
mientras que la Sofofa cree que ello debe ser más acotado y priorizando las
OOPP y la reconversión laboral, con mantención –obvio- del esquema subsidiario
estatal a las grandes empresas; Hacienda y la derecha aspiran a proteger los
intereses de estas últimas mediante un salvataje con platas públicas, estirando
para ello los Fondos GAPE y GAIN (pensados para las MiPyMes), negándose a que
esto signifique acceso estatal a su propiedad. Sin embargo, ninguna de las
medidas ofertadas apunta al problema de fondo: una infraestructura económica
que sólo sirve a los intereses del 1% y la existencia de un tumoral sector
monopólico-financiero, lo que explica que de las 5 grandes empresas con mayores
ganancias entre enero-marzo, 4 son bancos. Otra gran idea, del PS, es
endeudarnos aún más y como si la dictadura ‘democrática’ estuviera esperando
tal espoleo, corrió a hacerlo con el FMI y nada menos que por US$24 mil
millones. Irónicamente, la depredadora IFI señala que necesitamos su “ayuda”
para paliar los efectos de las condiciones que ellos mismos nos han impuesto y
que hoy sólo se ven extremadas por la pandemia: “la economía abierta de Chile está expuesta a riesgos externos
sustanciales como resultado del brote de la covid-19, incluido un deterioro
significativo en la demanda global de exportaciones chilenas, una fuerte
disminución o reversión de las entradas de capital hacia mercados emergentes y
un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras mundiales”.
Con todo, al BP sólo le interesa salvarse
dentro de la crisis en que se hunde nuestra formación y descargar sobre las
familias de la clase trabajadora el peso de ella. Así, en el período se
incrementa la cesantía, con un 9% al terminar mayo (de 15,6% para la RM), con
claras posibilidades que en junio-julio, a los 814 mil desemplead@s existentes,
se sumen otr@s 600 mil. Est@s últim@s, corresponden a l@s trabajador@s que,
independientemente de su tipo de contrato e incluyéndose a la micro (30,2%),
pequeña (25,5%), mediana (17,3%) y gran (13,8) empresas, han visto suspendidos
sus contratos (y sus sueldos) desde marzo pasado. Además, aumenta el trabajo
informal y precario, que llega a 29%, el que a su vez se ve constreñido por las
medidas restrictivas con ocasión de la pandemia en curso. Se ven incrementadas
las prácticas antisindicales en diversas empresas (Carozzi, Ripley), y la
precarización de contratos y condiciones de trabajo en varias áreas y
compañías. Además, la práctica del teletrabajo, que existía antes de la actual
crisis y que se expandió con ocasión de ésta, llevará a una mayor precarización
y sobreexplotación laboral.
Y frente a todo esto, ¿qué plantea la CUT? Sólo
se contenta con pedir una mesa, tripartita, para, “discutir una estrategia distinta”, en la vana esperanza de ser
oídos por la entente gobierno reaccionario-empresariado monopólico, empeñados
como están en que los costos de la crisis los paguen l@s explotad@s y que
logran cooptar a la “oposición” para que avale tal designio. Con más razón, es tiempo
de levantar –desde las bases y sectores más de avanzada de l@s trabajador@s- la
organización de un sindicalismo de clase y rupturista, que impulse junto a los
pueblos la demanda: “Que la crisis la
paguen los ricos”; que exija que el Estado se haga cargo de un proceso de
industrialización y acometimiento de las OOPP a fin de salir de la postración
pospandemia; y porque el desarrollo económico esté al servicio de la mayoría
nacional.
Que los sectores dominantes han decidido que
las clases subalternas paguen los costos de la catástrofe se puede también
constatar en que algunas compañías eléctricas y de agua potable (todas en manos
de grandes consorcios nacionales y extranjeros) están haciendo cobros
excesivos, en diversas regiones, aumentando sus ingresos a costa de los
consumidores. Pero, ante la carestía y el hambre, los pueblos y l@s oprimid@s
se organizan. Junto a la consolidación de las Asambleas Populares, resurgen las
iniciativas de Ollas Comunes y Comprando Juntos; se despliega la campaña “A la
Pobla no se le roba” (lo que debiera incluir al lumpen y a los almaceneros
abusadores). Se hace carne en los territorios populares la consigna, “Sólo el Pueblo ayuda al Pueblo”, ante la
mezquina y desigual ayuda entregada, tanto por el gobierno como por alcaldes y
politicastros.
Si bien el MP aún no logra reimpulsar la
protesta masiva y rupturista, al nivel logrado hasta marzo, obligado mayormente
por la pandemia por COVID-19, resulta que esta limitación se relativiza cuando
comienzan a expandirse el hambre y la desesperación en nuestras poblaciones. El
18/5, mismo día en que se cumplían 7 meses de la Asonada Popular y en que
estaba convocada una jornada de Protesta y Cacerolazo Nacional contra el
Hambre, se lucha durante la mañana en El Bosque, Villa Francia, La Granja,
Plaza de la Dignidad y otros lugares de la RM. Luego, en la tarde-noche de ese
día, se suceden acciones y enfrentamientos con fuerzas represivas en la misma
Villa, La Pintana, Quilicura, Antofagasta, Concepción, además de un sonoro caceroleo
en varias ciudades del país. Quedaron reflejad@s en la retina de Chile l@s
poblador@s de las comunas de El Bosque y La Granja, quienes salieron a las
calles a manifestar su rabia por la cada vez más acuciante carestía y falta de
trabajo, y que respondieron con violencia a la represión desatada por los pacos
de FFEE: “No es contra la cuarentena, es
contra el hambre”, notificaron. Y la dictadura seudodemocrática anunció
querellas contra los detenidos invocando para ello la ley “antibarricadas y
antisaqueos”, misma que fuera aprobada –de pe a FA- por el estrato político
civil. Al poco andar, el ejecutivo salió con su ofertón de cajitas de alimentos
para todos los necesitados; luego, bajaron al 70%; después, al 70% del 40% más
pobre y al finalizar mayo, sólo ¼ de lo ofertado se entregaba por barrios
elegidos con un interés electorero.
En el Wallmapu, un sostenido y exitoso
despliegue ha tenido la lucha de diversas organizaciones político-materiales
del Pueblo Mapuche. Variadas son las acciones de recuperación territorial y de
recursos, de corte de vías, de hostigamiento, etc. Igualmente, han sufrido la
represión oficial, tal como la detención de varios peñis, incluido el werken
Mijael Carbone Queipul, en Ercilla, mediante un operativo militar de
proporciones. En tanto, se inicia una Huelga de Hambre de PPM de las cárceles
de Temuco y Angol, que persigue mejoras carcelarias y de resguardo frente al
peligro representado por el COVID-19.
Era un hecho evidente que, luego del Alzamiento
Popular de octubre, el gobierno civil-militar venía reforzando la legalidad
represiva y apertrechándose materialmente para combatir la legítima protesta
popular, y tal proceso ha continuado, a despecho de la grave emergencia
sanitaria que nos azota. Así, sólo para la RM, se compraron vehículos a la PDI
por un monto de US$3,75 millones; entre dic-marzo, se les compró o reparó a
Carabineros vehículos para faenas represivas por valor de US$15,3 millones, y a
fines de mayo Piraña anuncia que les compró 300 nuevas cámaras corporales (que
se suman a otras 660) y 45 pórticos lectores de patente para 21 comunas de la
RM, en ambos casos sin indicación del costo. Todo lo anterior evidencia un
claro desprecio por las necesidades en tiempos de pandemia y es un mentís a la pretendida
responsabilidad fiscal del gobierno patronal. Agreguemos que, durante el
período, la ANI pasó a tener una impronta naval (con exagentes de Ancla 2) y se
fortalece el rol del SIE, que coordina la ‘comunidad’ de inteligencia orientada
contra el “enemigo interno”.
Luego que el 2/1 un equipo multidisciplinario
chileno presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con el
objetivo que se investigue y lleguen a ser condenados los principales
responsables del gobierno y de las FFAA y Orden por todos los delitos de lesa
humanidad cometidos luego del 18/10, el cobarde dictadorcillo de La Moneda,
subrepticiamente, presentó (12/5) un proyecto de ley a la Cámara para
protegerse, ‘por si acaso’. En sus fundamentos, el Mensaje Nº 063-368, de
Piñera y sus ministros políticos, altera sustancialmente el acuerdo suscrito
por Chile para dar reconocimiento jurídico a la CPI, proponiendo ellos ahora
dejar al titular de RREE como el primer filtro para definir la competencia de
aquella Corte, reemplazando la función que hasta hoy recae en el M. Público.
Cabe consignar que, hasta aquí, las atrocidades cometidas por el gobierno
dictatorial han sido condenadas por diversas instancias internacionales, pero,
al mismo tiempo, escaso es el avance del Poder Judicial y el Ministerio Público
en sus investigaciones sobre los atropellos a los DDHH desde octubre pasado,
evidenciándose ello en su inoperancia para detener y encauzar a quienes han
ocasionado 35 muertes entre los pueblos y oprimid@s, cerca de 1300 casos de
tortura y abuso policial (con más de 150 de connotación sexual), 405 personas
con lesiones y traumas oculares y más de 3.700 herid@s, entre ell@s más de
2.000 por disparos de balas, balines, perdigones y lacrimógenas. Los sectores
dominantes no tienen ni aceptan límites si de reprimir opositores se trata, lo
cual se puede constatar en que l@s Pres@s Polític@s de la reciente Rebelión
sumaron cerca de 2000 (algun@s aún lo están), y que en cuatro meses fueron
detenidas ¡30 mil personas!
A mediados de mayo, Piñera realiza una reunión
virtual con los expresidentes, donde expone que está disponible para ser parte
de un “nuevo pacto social”, haciendo
suyas las gestiones que ya estaban realizando las cabezas del oficialismo y la
exNM para abordar la crisis ocasionada por el Covid-19. Sin embargo, ni el
gobierno patronal ni Insulza o Desbordes pueden negar que lo que se pretende
conjurar es la Rebelión Popular 2.0, ahora gatillada por la catástrofe
económico-social con ocasión del nuevo coronavirus (la que no vino sino a
extremar la profunda desigualdad e injusticia existentes en nuestra formación).
Lo de fondo aquí es que el Bloque Político de Estado: las derechas política y
económica, la exNueva Mayoría y los neorreformistas del FA, coinciden y
confluyen en el objetivo de impedir que el MP golpee la mesa y pase a la
ofensiva para sortear la crisis que le afecta y que no es más que la
exacerbación de la que vivía hasta octubre, cuando ese mismo bloque se
juramentó para contenerlo (“Acuerdo por
la Paz Social y Nueva Constitución” le llamaron). Temen que l@s excluid@s
destruyan el inicuo sistema de dominación/explotación que han mantenido por 30
años y los lancen donde deben estar: en el wáter de la historia. Al finalizar
mayo, se muestran afines a dicho acuerdo antipopular, parte de la derecha, el
PS, el PR, la DC, el PPD y sectores del FA (CS, RD). El PC se rehúsa a
participar de ese “Gran Acuerdo Nacional”, pero critican tal pacto sólo por sus
efectos en lo económico y sanitario, sin objetar que se está planteando como
una entente antipopular y que vendrá a sancionar que los pueblos, cabeza gacha,
corran con los gastos de una debacle que se agudizará durante junio-julio.
En medio de una coyuntura que augura el
estallido de la rabia de los pueblos y l@s explotad@s, el deber de la izquierda
anticapitalista y l@s revolucionari@s continúa siendo el avanzar en la colosal
y urgente tarea de contribuir a que en nuestra formación pueda desplegarse una
definitoria crisis ‘por abajo’. Creemos que durante éste tiempo de relativa
separación física, el MP y los sectores de activos democráticos y
revolucionari@s deben aprovechar de construir estrategia, programa,
organización y unidad, saliendo por ahora a dar golpes tácticos y sobreseguro
(con los resguardos necesarios) en todos los territorios populares, y
preparándose para desplegar una lucha sin cuartel contra sus enemigos una vez
superada la actual pandemia.
¡Piñera debe renunciar, por las víctimas de la
represión y por los muertos por COVID-19 causados por su ‘retorno seguro’!
¡Al Gran Acuerdo Gobierno-Falsa Oposición a
responder con la Gran Insurrección de los Pueblos y Explotad@s!
Círculo de Estudios Políticos Miguel Cabrera
Fernández
Cerramos éste trabajo expresando nuestro gran
pesar por la partida, el 28/5, del camarada del MIR y la Resistencia Popular Jorge Palma Donoso. A los 70 años,
Jorge falleció a causa de un cáncer, en Bruselas, Bélgica, país al que fuera
obligado a ir a vivir por ésta democracia de pacotilla, que es capaz de liberar
a genocidas, pero que desprecia y humilla a quienes arriesgaron sus vidas por
la justicia social y una democracia de verdad. ¡Hasta la victoria siempre,
querido camarada!
