Hemos
recibido este análisis de coyuntura enviado por el Círculo de Estudios
Políticos Miguel Cabrera Fernández, Paine.
Por su contenido, alcance e importancia para el Campo Popular y sus
luchas actuales, hemos definido publicarlo.
Andrés
Morales.
Julio 01
de 2020
En el
período, es posible constatar un cambio cualitativo en lo que hasta hace poco era
un obligado impasse entre las principales fuerzas enfrentadas en la coyuntura:
la dupla gobierno-empresariado vs el Movimiento Popular (MP), pasando la
primera a recobrar un grado importante de iniciativa política. Sin duda que a
lo anterior ha coadyuvado el aprovechamiento que hacen sus integrantes de la
descontrolada pandemia por COVID-19, pero la mayor contribución a tal dinámica
corre por cuenta de los Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema (GMRS),
encarnados en la autodenominada “oposición”, que por enésima vez acuden a dar
su apoyo a los llamados de los sectores dominantes para llegar a acuerdos que,
en última instancia, sólo sirven para que prevalezca el abusivo modelo impuesto
hace cinco décadas y no llegue a hundirse en la apoteosis de una revolución político
social.
Decimos
que las derechas política y económica usufructúan del desastre sanitario, pues,
en medio de él y de manera criminal, salvaguardan las ganancias de unos pocos
por sobre el bien común y hasta lo aprovechan para realizar pingues negocios (‘cajitas’
de alimentos, alzas en los servicios básicos y alimentos, etc.). Además, es evidente
que les sirvió para contener la anterior ofensiva del MP y les permite, hasta
ahora, sortear los conatos de rebelión de los sectores sociales más
necesitados, los que ven –con espanto- como se exacerban sus ya de por si
precarias condiciones de vida. Y para poder seguir haciendo caja y eludir las
crisis en ciernes, las clases dominantes se ven impelidas a profundizar la
guerra que desataran contra los pueblos y explotad@s desde el 18/10, recreando y
aplicando una descarada legalidad dictatorial, así como recurriendo extensivamente
a las FFAA y de Orden, contando para todo esto con el apoyo, explícito o
tácito, de los GMRS: la exNM, el FA, y -por omisión- el PC/US. Inclusive,
lograron impetrar de estos su apoyo para un “Acuerdo Covid por la Protección…”, que, en resumen, permitirá un
nuevo proceso de reducción del Estado, tanto estructural como en funciones que
puedan interferir con el libre albedrío al que aspira el gran capital; caída de
las tasas impositivas a la riqueza y mayor liberalización del mercado de
capitales; recortes del gasto público; otorgamiento de créditos blandos al
capital monopólico, con cargo al fisco; mantención del esquema subsidiario,
sobre todo para los mercaderes exportadores, etc. Son todos estos los factores
que permiten al Bloque en el Poder (BP) posicionarse hoy de manera más cómoda
frente a sus enemigos: los Pueblos, l@s explotad@s y excluid@s de Chile.
No
obstante, el margen de desahogo del BP es escaso y podría rápidamente verse
eclipsado por la acción corrosiva y conjunta de la virosis universal y el nuevo
estallido popular, el que se está incubando en nuestra formación acicateado por
el empobrecimiento y el hambre crecientes. Y es que la clase dominante,
hegemonizada por su fracción monopólico-financiera, es incapaz de matizar su inicuo
modelo de dominación/explotación y tan sólo puede ofrecer miseria ante la
urgente demanda de amplios sectores populares por pan, trabajo y salud.
Los GMRS
se sacan la careta nuevamente y sirven de ‘respirador mecánico’ al gobierno patronal,
al brindar su apoyo al “Acuerdo Covid…”
ofertado por éste para enfrentar las actuales dificultades y para lo que viene.
Y si bien son corresponsables de la crisis social subyacente, ahora lo son de la
que vendrá, pues con dicho acuerdo avalan el esquema cíclico y monetarista del
modelo, tan caro al capital monopólico-financiero, manteniendo sus bases y permitiendo
que sobre ellas se desarrolle el proyecto económico oficial pospandemia. Pero,
como no saben de vergüenza, los dirigentes de esa pútrida “oposición” vendrán
luego a las poblaciones a pedir el voto para ocupar cargos gubernamentales y
así continuar manteniendo el sistema que condujo al 18/10. Por lo pronto, les
veremos azuzar a la ciudadanía para que participe del plebiscito
seudoconstitucionalista de octubre, con lo que esperan quedar en mejor posición
para negociar con los dueños del país.
Por otro
lado, el MP y en especial sus sectores más conscientes y organizados se
muestran poco aplicados en la resolución de las tareas pendientes, relacionadas
con su rearticulación nacional (no así a nivel de las Asambleas Populares, las
cuales han logrado un grado consistente de coordinación comunal y provincial);
en lo referido a dotarse de un programa mínimo nacional y menos aún en lo
tocante a convertirse en una real alternativa revolucionaria para los Pueblos y
explotad@s. Con todo, producto de la crisis socioeconómica que acarrea la
pandemia y que aqueja a vastos sectores populares, que recordemos no ha venido
más que a exacerbar las injusticias prohijadas por 5 décadas de modelo
monopólico y expoliador, han surgido brotes de lucha que demandan la satisfacción
de necesidades básicas (Lo Hermida, Puente Alto, Coquimbo, Iquique, etc.), así
como también asistimos al despliegue de múltiples prácticas solidarias entre
l@s oprimid@s: Ollas Comunes, ‘Comprando Juntos’, la campaña “A la Pobla no se le roba” (que debiera
incluir a los almaceneros abusadores), etc. ¿Será que, ante la excepcionalidad
del Estado, por fin se convertirá en una necesidad apremiante la construcción
del contrapoder de l@s de abajo; del Poder Popular? Es claro que tales
prácticas continuarán extendiéndose, toda vez que el BPE y su escuálida
política de contención de la crisis socioeconómica causada por la crisis pandémica
no logran dar el ancho: las cajitas del gobierno no alcanzaron a cubrir ni el 25%
de los hogares vulnerables; el IFE 2.0, de insuficientes $100 mil, sólo se
canceló a 400 mil familias y se les negó a 1,26 millones de ellas que pudiesen
recibir la diferencia (pues recibieron la 1.0, de apenas $65 mil); y ahora
último, el robo disfrazado a l@s viej@s, en la forma de una “hipoteca inversa”.
Pero, justo
cuando podíamos alegrarnos por esos asomos de independencia de clase y
resistencia popular, resumidos en la consigna “Sólo el Pueblo Ayuda al Pueblo”,
la diputada PC K. Cariola y unas supuestas “organizaciones sociales”, en lo que
constituye una oportunista y aleve intervención, presentaron un proyecto de ley
para obtener de las autoridades “permiso” para quienes participen de Ollas
Comunes y actividades solidarias. El gobierno dictatorial, ni corto ni
perezoso, emitió un protocolo para el efecto y nada menos que desde la Subsecretaría
de Prevención del Delito, en el cual se exige individualizar a cada uno de los
organizadores de esas instancias y supeditando su funcionamiento al oficial de
Carabineros con más rango de cada comuna. Queda así en evidencia que l@s nuev@s
líderes del reformismo se empaparon de la corrupta política que desde 1986
postula el politburó del PC, que insiste en que para hacer la revolución se
debe contar con el permiso de la burguesía y sus aparatos armados. Ojalá el MP
no olvide acciones como estas del reformismo y otras del neorreformismo, representado
por el FA (cuyos integrantes han votado favorablemente leyes represivas), y que
esté advertido cuando todos estos chic@s
bien vengan con su cuento seudoconstitucionalista, el que sólo sirve al BP.
De un
tiempo a ésta parte, un gran ausente en cuanto a prácticas políticas ha sido el
movimiento de trabajador@s, lo cual no sólo es atribuible a la crisis
sanitaria. Resulta perentorio contar con
un sindicalismo de clase, rupturista y comprometido, lo cual sólo puede realizarse
construyéndolo desde las bases y sectores de avanzada de l@s trabajador@s. Son
l@s explotad@s, junto con todos los Pueblos, los que deben impulsar la demanda:
“Que
la crisis la paguen los ricos” y son los primeros llamados a exigir que
el Estado se haga cargo de un proceso de industrialización y desarrollo
nacionales, a fin de salir de la postración pospandemia, y porque el desarrollo
económico esté al servicio de la mayoría nacional. Otra demanda, clara y
urgentemente vigente, sigue siendo la lucha por la nacionalización de los
fondos de las AFP, que sólo sirven para hacer ricos a los más ricos, y
orientarlos a dos tareas inmediatas: entregar pensiones con una tasa de
reemplazo del 80% y cuyo monto más bajo no sea inferior a un salario mínimo de
$580 mil, y servir de fuente de financiamiento para que el Estado pueda llevar
a cabo las tareas económicas mencionadas.
Destacan
en el periodo, por su arrojo y extensión, las acciones emprendidas en el
Wallmapu por 3 organizaciones político-materiales del Pueblo Mapuche. Aparte de
las de recuperación territorial y de recursos, se incrementan aquellas
destinadas al hostigamiento de todo dispositivo relacionado con el
meganegociado forestal, así como en contra de las fuerzas represivas estatales.
En tanto, la Huelga de Hambre que en las cárceles de Temuco y Angol llevan a
cabo 9 PPM (comenzada el 4/5), por mejoras carcelarias y de resguardo frente al
Coronavirus, prontamente cumplirá dos meses y está ocasionando serios daños en la
salud de los peñis. Esta acción extrema de los PPM logra concitar gran apoyo,
pero aún falta que hagan suya ésta pelea los demás pueblos y el MP chilenos.
Lamentablemente, la ofensiva de las organizaciones de avanzada Mapuche y las
variadas muestras de apoyo obtenidas por el movimiento huelguístico enfrentan
una feroz represión gubernamental: de un balazo y en oscuras circunstancias es
asesinado el werken Alberto Treuquil (4/6), de una comunidad cercana a Collipulli;
en una redada contra un grupo de narcos (12/6), se detiene –injustificadamente-
a E. Berkhoff y por su intermedio se pretende vincular la causa Mapuche al
narcotráfico; aviones militares sobrevuelan a baja altura toda el área sur de
Arauco; desde el 21/6, con la excusa de reforzar la seguridad de las rutas de
las provincias de Arauco y Malleco, se informa que llegan a éstas batallones de
militares y carabineros; se militariza completamente el Wallmapu y llegan a la
zona, para coordinar el emplazamiento de los efectivos, Espina (M. Defensa) y
Blumel (M. Interior). De otra parte, se está instalando por parte del gobierno
y las forestales la falsa idea que el sector silvícola y su industria 1ª
asociada servirán de “motor para la economía” pospandemia (en circunstancias
que sólo sirve para subsidiar –vía DL 701- a Matte y Angelini, mientras deseca
el país y acaba con la agricultura), ficción que permitiría justificar una
estrategia represiva tipo “Pacificación de la Araucanía” II.
Cuando
casi se cumplen 4 meses de la llegada de la pandemia por COVID-19, según cifras
oficiales (que nadie cree, pero que usamos como referencia), durante junio l@s
contagiad@s se multiplicaron por 2,8 (de 100 a 280 mil), los fallecidos por 5,7
(de un millar a casi 5.700, cuyo desmesurado despegue confirma la falsedad e inconsistencia
de lo informado por el Minsal) y las muertes diarias por 2,2 (del medio
centenar a 113). Sus efectos gravitan sobre todas las esferas de nuestra
formación, pero siendo la nuestra una formación muy desigual, ello explica que
la tasa de mortalidad en los hospitales del Gran Santiago duplique la de las
clínicas (Ciper). Y cómo no, si ya a fines de 2019 (The Lancet) se sabía que
aquí se presentaba la mayor brecha en cuanto a esperanza de vida, según comuna
de residencia, entre 6 urbes latinoamericanas. En medio del desastre, el
gobierno saca del Minsal a un fanfarrón y coloca a un serio mentiroso (cuestionado
por su intento de encubrir pruebas del crimen de Frei padre), y siguen asegurando
que están preparados, que la letalidad es baja (una mala conceptualización del
indicador, que lleva al relajo de incautos y ansiosos), y ya no hablan de “meseta”,
sino de “leve mejoría” (que sólo responde a una escasa toma de pruebas PCR). Y
con su criminal y pésimo manejo de la crisis sanitaria, lo único que han
conseguido es mantener un crecimiento casi geométrico de las cifras de víctimas
y fallecid@s. En efecto, durante junio, pasamos del puesto 13º de los países
con más contagios al 7º. De no mediar medidas efectivas contra la propagación
de la virosis y un tratamiento adecuado y suficiente, a fines de julio l@s afectad@s podrían ser 782 mil y l@s fallecid@s 32
mil. Es por lo anterior que el gobierno, y por transitividad el
empresariado, se merecen las críticas emitidas en su contra por Bloomberg: “Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas, sólo para darse cuenta
una vez más que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”, y The Washington Post: “Demasiado confiado”, exitista; la
pandemia llegó a Chile después de meses de “manifestaciones
en contra la creciente desigualdad” y que dejó al descubierto la “distribución desigual de las riquezas”.
Que el
MP imponga por la fuerza la Cuarentena o Cierre Total con distanciamiento físico,
mediante el Paro/Huelga Nacional de -al menos- un mes de duración (con
mantención de un 75% de los salarios o de $580 mil para los grupos familiares
sin ingresos, con cargo a impuestos permanentes al gran capital, interno y
extranjero), además de exigir un aumento significativo de las pruebas de
detección (en especial en sectores populares y centros de trabajo) y avanzar en
la trazabilidad de los contagios, serán las únicas formas de evitar a la
mayoría nacional mayores penurias y enfrentar en mejor forma la pospandemia.
El
Coronavirus hace estallar la economía basada en el patrón primario-exportador y
genera las condiciones para un nuevo estallido social, ahora espoleado por la cesantía
y el hambre (ésta podría afectar a un millón de chilen@s, según FAO). Se
proyecta un PIB para 2020 de entre -5,5/-7,5 (BCCh); el desempleo ya llega al
11,2% (equivalente a 941 mil personas) y se eleva en un 27,4% el ‘ejército de
reserva’ o fuerza de trabajo potencial (INE); quienes viven de la economía
informal, que abarca a casi 2 millones de personas, verán reducidos sus magros
ingresos un 75-80% (OIT); los cesantes potenciales o acogidos a ley de
protección al empleo suman 650 mil y contando; según OIT, aparte de la pérdida
de empleos, los que lo mantengan se verán extrema o moderadamente empobrecidos.
Y de lo que podrían haber sido medidas de apoyo económico efectivas a las
familias de la clase trabajadora de nuestra formación, todo quedó en nada: el
gobierno y los GMRS acordaron un miserable subsidio, el IFE 2.0; Piñera se
demoró un día en promulgar ley para encarcelar pobres que no pueden cumplir
cuarentena porque les es imposible dejar de trabajar, pero niega una ayuda económica
efectiva para estos y los sectores más desposeídos; el gobierno frena –TC
mediante- ley que prohíbe el corte de Servicios Básicos; en el Senado, la
derecha toda, con votos de la exNM, liquidaron la posibilidad de extender el
Postnatal en el contexto de la COVID-19.
La economía
existente hasta hoy no puede ser la misma de mañana y este es otro desafío
crucial a ser acometido por los Pueblos y explotad@s de Chile. Para salir
adelante, no sólo de las secuelas de la actual pandemia, sino de la desigualdad
y la injusticia social que por casi 5 décadas se enseñorean de nuestra
formación, se requiere que en el programa de la Revolución Popular por venir se
inscriba un proyecto de Nueva Economía. Esta debe dar cuenta de las necesidades
y aspiraciones de la mayoría nacional, apoyándose para ello en un acelerado proceso
de industrialización y de impulso de las áreas productivas y de servicios
básicos, poniendo de inmediato en marcha un extenso plan de desarrollo de las OOPP
a fin de salir de la postración pospandemia. Pensamos que el nuevo Estado,
afianzado en el Poder Popular, es quien llevará a cabo las tareas mencionadas,
puesto que nuestra parásita burguesía jamás ha demostrado interés por hacerlo.
Como
decíamos en nuestro anterior análisis, el gobierno civil-militar, debido a su
antipopular proyecto político-social y el mal pie en que lo dejó el Alzamiento
Popular de octubre, aún en medio de la peor catástrofe sanitaria conocida en
décadas en Chile y el mundo continúa reforzando una legalidad represiva –digamos
dictatorial- y apertrechándose materialmente para combatir la legítima protesta
popular. Y aprovechándose de aquella catástrofe, intenta pasar con suma
urgencia las Leyes de Infraestructura Crítica y de Inteligencia. La primera, aparte
de involucrar a las FFAA en el control social, por lo amplio de su ámbito de
aplicación deja muy a criterio gubernamental y en gran medida de las mismas
FFAA y de Orden, qué puede ser considerado como crítico y las medidas que, ante
sí, crean necesarias de ejercer. En la segunda, se potencia el SIE y a la ANI, orientando
a ésta francamente en contra del “enemigo interno”, integrando agentes de los
servicios de inteligencia de los cuerpos armados para seguimientos de
sospechosos. Se aplica a destajo la ley “antibarricadas y antisaqueos”. Se viene
a sumar al arsenal represivo lo anexado a la ley antinarcos y un reglamento que
prohíbe que toda prensa independiente y comunicadores sociales puedan ejercer
sus labores informativas en terreno (por cierto, los medios oficiales tendrán
acceso a tal permiso).
Al
finalizar, esperamos que las jornadas de
Protesta Nacional del 2 y 3 de julio, convocadas por innumerables
organizaciones del campo popular, se conviertan en un impulso movilizador en
todos los territorios en resistencia (tomando los resguardos necesarios, pues
no debemos regalar ninguna baja al enemigo), y en que al fragor del combate
sean enarboladas las justas demandas de nuestros Pueblos, explotad@s y
marginad@s: Pan, Salud, Trabajo, Techo, Justicia, salida inmediata de las
forestales y los milicos del Wallmapu y por la libertad de tod@s l@s PPM. Que
ambas fechas sean el punto de inflexión del repliegue actual del MP chileno y
pase éste a la ofensiva.
¡Piñera
debe renunciar, por las víctimas de la represión y por los muertos por COVID-19
causados por su ‘incipiente mejoría’!
¡A los Acuerdos
Gobierno-Falsa Oposición a responder con la Gran Insurrección de los Pueblos y l@s
Explotad@s!
Círculo de Estudios Políticos Miguel
Cabrera Fernández
Cerramos éste
trabajo expresando nuestro pesar por la partida (31/5) del camarada mapuche del
MIR LUIS CHIHUAILAF ARRIAGADA, profesor
primario y dirigente del Consejo Comunal Campesino de Cunco. Apresado poco
después del Golpe, fue brutalmente torturado en el regimiento Tucapel, de
Temuco. Luego se exiliaría en Francia, país donde apoyo a la Resistencia
antidictatorial y donde finalmente falleció.
Asimismo, lamentamos
la muerte de otro camarada, JORGE NÚÑEZ
ROJAS, Coto o Pancho (15/6). Su hermano, Luis, estudiante universitario y
también militante rojinegro, fue detenido y desaparecido a principios de 1975 y
fue tal hecho lo que gatilló la incorporación de Pancho al MIR. Ambos hermanos
formaban parte de una numerosa y unida familia proletaria de la combativa población
La Legua, y fue en la Metropolitana Sur donde Pancho desempeño un valiente rol
en la Resistencia Popular.
Finalmente,
recordamos que un 27 de junio, pero de 1981, luego de haber estado por 8 meses efectuando
tareas de acondicionamiento y reconocimiento del terreno en la zona alta del
Complejo Maderero Panguipulli, alrededor de Neltume (en la cordillera frente a
Valdivia), el campamento base del Destacamento
Guerrillero Toqui Lautaro, del MIR, es asaltado por Boinas Negras del Ejército.
Los 13 integrantes de la avanzada, dirigida por el querido compañero Paine, si
bien lograron sortear sin bajas ésta funesta sorpresa y escapar, lo hicieron
divididos en dos grupos, de 5 y 8 combatientes, y en los siguientes meses los
integrantes de ambos debieron enfrentarse a la nieve, el hambre, las
enfermedades y el acoso de un inmenso cerco militar-CNI-carabineros. 9 fueron
los camaradas masacrados, cuyo sacrificio aún nos alienta.
¡Que la rojinegra
ondee alto por nuestros caídos: Pablo,
Jorge, Pedro, Víctor, Camilo, Gabriel, Rigo, Oscar y Paine! ¡Honor y gloria
para ellos!
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