Se nos ha
hecho llegar este análisis de coyuntura que abarca el mes de mayo y las
proyecciones que emanan hacia el mes de junio de 2020. El Círculo de Estudios Políticos que lleva el
nombre del valioso y recordado Compañero Paine, Miguel Cabrera Fernández, viene
haciendo un gran trabajo teórico, el cual aporta luces en la construcción de
una política para l@s Revolucionari@s.
Ya no queda otro camino, al terminar la pandemia, que destrozar el
Estado capitalista chileno. Es horroroso
ver por TV o por otros medios de comunicación oficiales rostros de aquellos que
desde hace 30 años, 46 para ser más exactos, han sido cómplices y culpables de
la injusticia e impunidad en Chile y se pretenden salvadores de la situación
política, social, económica y cultural, nos referimos, por ejemplo, a Nicolás
Eyzaguirre, Francisco Vidal y otr@s.
Tenemos que hacer de cada Población una Primera Línea para ganar, para
vencer, no queda otro camino.
Andrés Morales.
ANÁLISIS DE COYUNTURA, CHILE, MAYO-JUNIO 2020
Durante el
período y en la práctica, dos continúan siendo las fuerzas políticas que dan
vida al enfrentamiento clasista en nuestra formación, conflicto que tiene como
fondo el recrudecimiento de la gripe pandémica por SARS-CoV-2. De un lado, el
gobierno y la derecha, quienes, producto de su ineficacia frente a la crisis sanitaria
(lo que se relaciona con su indisimulada defensa de los intereses de la gran
burguesía) y su odiosa guerra contra los pueblos y explotad@s, pierde pie y se
ve compelido a rogar a la autodenominada “oposición” por un ‘nuevo pacto’ para
reforzar el cuestionado modelo de dominación/explotación vigente; del otro, un Movimiento
Popular (MP), el que con dificultad intenta rearticularse y reanudar la ofensiva
con la que antes cuestionara aquel modelo, y que –producto de las secuelas
socioeconómicas que aquejan a vastos sectores populares- ve surgir brotes de
lucha para satisfacer necesidades básicas y también prácticas solidarias entre
l@s oprimid@s.
Ad portas
de cumplirse 3 meses de la llegada a Chile del nuevo coronavirus, según cifras
oficiales (nada creíbles), los contagiad@s pasan de 100 mil, los fallecidos del
millar y diariamente medio centenar de personas muere por su causa. Sus efectos
cruzan ya todos los niveles y esferas de nuestra formación. Y Piñera-Mañalich, quienes
aseguraban estar preparados desde enero, que se había llegado a “una meseta” (por
lo cual lanzaron sus planes de “retorno seguro” y “nueva normalidad”), hoy abjuran
de sus modelos (“Cuarentenas Dinámicas”) y predicciones frente a la emergencia.
Y con su criminal manejo de esta, lo único que han conseguido es incrementar,
casi geométricamente, las cifras de víctimas. En efecto, nos han llevado al
puesto 13º de los países con más contagios, al 5º con más de estos por día y ya
hemos sobrepasado a China en número de enfermos y así como va la cosa, a
mediados de junio l@s afectad@s pueden llegar a 140 mil y l@s fallecid@s a
1450.
Es por lo
anterior que el Colegio Médico (COLMED) aseguró que en el país, “tenemos un brote fuera de control” y sus
dirigentes criticaron las medidas preventivas del gobierno derechista, explicando
que la gran ola de contagios, “significa
que lo hicimos mal en el paso previo, que era evitar que se generaran contagios”.
Y claro, ya decíamos en marzo de la urgencia, en términos de lograr mitigar y
acotar los efectos de la gripe pandémica, que era necesario decretar la Cuarentena
o Cierre Total con distanciamiento físico básico entre personas. Pero, como
nadie dentro del Bloque en el Poder (BP) se allanará a apoyar tal medida, en
razón de sus preferencias ideológicas y porque afectaría las ganancias del
empresariado de hacerse efectiva como debiera (con resguardo de las pocas
garantías sociales existentes), sigue siendo menester que el MP la acometa por
la fuerza, mediante el despliegue de un Paro Nacional, con mantención de las
remuneraciones, la seguridad social y la creación de un ingreso mínimo garantizado
para aquell@s que carezcan de trabajo estable, para lo que se requiere gravar a
los más ricos. La situación apremia, por cuanto la llegada del frío y la
contaminación agravarán el ya complejo cuadro de enfermedad y muerte que se
enseñorea del país.
No
obstante y digámoslo, la pandemia por COVID-19 no es, en sí misma, la que ha
venido a quebrar el sistema de salud de Chile o su economía o la seguridad
social. Antes bien, hace rato que todas ellas evidenciaban una alta precariedad
y desigualdad. Baste recordar que 26 mil personas fallecieron entre 2018-2019,
mientras se encontraban en listas de espera; que la deuda de los hospitales del
país supera los $415 mil millones, en el marco de un sistema hospitalario que
según sus sostenedores se debe autofinanciar, y que acarreó falta de fármacos,
insumos, equipos, camas y personal; que se suspendían cirugías y tratamientos
oncológicos por falta de insumos; que mediante la colusión, los monopolios
comerciales farmacéuticos se hacen millonarios a costillas de la población; que
la mitad de los pensionados por vejez reciben menos de $151 mil mensuales (nótese
que la línea de la pobreza es de $164 mil) y que 2 de 3 trabajador@s gana menos
de $500 mil líquidos (los cuales, en un hogar de 4 personas, se transforman en
$125 mil para c/u). Es decir, la crisis sanitaria en curso vino a instalarse
sobre una ya existente y por cierto que la agravará hasta el paroxismo.
El gobierno
patronal, fiel a la ideología amoral del capitalismo (“No podemos matar la actividad económica por salvar vidas”), que
sacraliza la desigualdad social (existe desde siempre y los pobres lo son, “por
ser flojos y carentes de iniciativa”) y legitima las ganancias sólo para los que
parecen tocados por la diosa Fortuna (aquellos que, “generan la riqueza y dan
trabajo”), enfrenta socialmente la crisis sanitaria mediante una estrategia
asistencialista y que pretende focalizarse en los sectores más carenciados. Pero,
en verdad, sólo echa mano de bonos (IFE), con montos escuálidos, decrecientes y
temporalmente acotados (no vaya a ser cosa que cunda la dependencia del
Estado); canastas familiares (compradas a sobreprecio, con beneficio para el
grupo Saieh), y seguros de cesantía con características similares al IFE y que
en el fondo significan una aspirina frente a la creciente cesantía y
desprotección laboral. En el caso de las familias que dependen del “trabajo”
informal, al que se supone va orientado el IFE, nunca han existido –por parte
de los gobiernos que por 3 décadas han administrado el sistema de
dominación/explotación- políticas que propendan a la eliminación de ese lastre
para el desarrollo social (inclusive para el avance del mismísimo capitalismo);
por ejemplo, mediante un Estado que se haga cargo e impulse las áreas
productivas y de servicios básicos (industria alimentaria, puertos, aeropuertos,
electricidad, transporte, etc.) o siquiera que respalden la inversión
productiva de aquellos sectores de la mediana y pequeña burguesía netamente productores.
La
economía cruje bajo la pandemia: se reducen las entradas de Codelco, la
cesantía roza ya los 2 dígitos, cae la producción industrial, etc. Para
contrarrestar tales efectos, variadas son medidas propuestas: el COLMED, la UC
y la UCH promueven el uso del Fondo de Estabilización Económica Social para dar
bonos de $300 mil, por 18 meses, para familias de 4 integrantes, cubriendo 80%
de los hogares más vulnerables, mientras que la Sofofa cree que ello debe ser
más acotado y priorizando las OOPP y la reconversión laboral, con mantención
–obvio- del esquema subsidiario estatal a las grandes empresas; Hacienda y la
derecha aspiran a proteger los intereses de estas últimas mediante un salvataje
con platas públicas, estirando para ello los Fondos GAPE y GAIN (pensados para las
MiPyMes), negándose a que esto signifique acceso estatal a su propiedad. Sin
embargo, ninguna de las medidas ofertadas apunta al problema de fondo: una
infraestructura económica que sólo sirve a los intereses del 1% y la existencia
de un tumoral sector monopólico-financiero, lo que explica que de las 5 grandes
empresas con mayores ganancias entre enero-marzo, 4 son bancos. Otra gran idea,
del PS, es endeudarnos aún más y como si la dictadura ‘democrática’ estuviera
esperando tal espoleo, corrió a hacerlo con el FMI y nada menos que por US$24
mil millones. Irónicamente, la depredadora IFI señala que necesitamos su “ayuda”
para paliar los efectos de las condiciones que ellos mismos nos han impuesto y
que hoy sólo se ven extremadas por la pandemia: “la economía abierta de Chile está expuesta a riesgos externos
sustanciales como resultado del brote de la covid-19, incluido un deterioro
significativo en la demanda global de exportaciones chilenas, una fuerte
disminución o reversión de las entradas de capital hacia mercados emergentes y
un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras mundiales”.
Con todo,
al BP sólo le interesa salvarse dentro de la crisis en que se hunde nuestra
formación y descargar sobre las familias de la clase trabajadora el peso de
ella. Así, en el período se incrementa la cesantía, con un 9% al terminar mayo
(de 15,6% para la RM), con claras posibilidades que en junio-julio, a los 814
mil desemplead@s existentes, se sumen otr@s 600 mil. Est@s últim@s,
corresponden a l@s trabajador@s que, independientemente de su tipo de contrato
e incluyéndose a la micro (30,2%), pequeña (25,5%), mediana (17,3%) y gran
(13,8) empresas, han visto suspendidos sus contratos (y sus sueldos) desde
marzo pasado. Además, aumenta el trabajo informal y precario, que llega a 29%,
el que a su vez se ve constreñido por las medidas restrictivas con ocasión de
la pandemia en curso. Se ven incrementadas las prácticas antisindicales en
diversas empresas (Carozzi, Ripley), y la precarización de contratos y
condiciones de trabajo en varias áreas y compañías. Además, la práctica del
teletrabajo, que existía antes de la actual crisis y que se expandió con
ocasión de ésta, llevará a una mayor precarización y sobreexplotación laboral.
Y frente a
todo esto, ¿qué plantea la CUT? Sólo se contenta con pedir una mesa,
tripartita, para, “discutir una
estrategia distinta”, en la vana esperanza de ser oídos por la entente
gobierno reaccionario-empresariado monopólico, empeñados como están en que los
costos de la crisis los paguen l@s explotad@s y que logran cooptar a la “oposición”
para que avale tal designio. Con más razón, es tiempo de levantar –desde las
bases y sectores más de avanzada de l@s trabajador@s- la organización de un
sindicalismo de clase y rupturista, que impulse junto a los pueblos la demanda:
“Que la crisis la paguen los ricos”;
que exija que el Estado se haga cargo de un proceso de industrialización y acometimiento
de las OOPP a fin de salir de la postración pospandemia; y porque el desarrollo
económico esté al servicio de la mayoría nacional.
Que los
sectores dominantes han decidido que las clases subalternas paguen los costos
de la catástrofe se puede también constatar en que algunas compañías eléctricas
y de agua potable (todas en manos de grandes consorcios nacionales y
extranjeros) están haciendo cobros excesivos, en diversas regiones, aumentando sus
ingresos a costa de los consumidores. Pero, ante la carestía y el hambre, los
pueblos y l@s oprimid@s se organizan. Junto a la consolidación de las Asambleas
Populares, resurgen las iniciativas de Ollas Comunes y Comprando Juntos; se
despliega la campaña “A la Pobla no se le roba” (lo que debiera incluir al
lumpen y a los almaceneros abusadores). Se hace carne en los territorios
populares la consigna, “Sólo el Pueblo
ayuda al Pueblo”, ante la mezquina y desigual ayuda entregada, tanto por el
gobierno como por alcaldes y politicastros.
Si bien el
MP aún no logra reimpulsar la protesta masiva y rupturista, al nivel logrado hasta
marzo, obligado mayormente por la pandemia por COVID-19, resulta que esta limitación
se relativiza cuando comienzan a expandirse el hambre y la desesperación en
nuestras poblaciones. El 18/5, mismo día en que se cumplían 7 meses de la
Asonada Popular y en que estaba convocada una jornada de Protesta y Cacerolazo Nacional
contra el Hambre, se lucha durante la mañana en El Bosque, Villa Francia, La
Granja, Plaza de la Dignidad y otros lugares de la RM. Luego, en la tarde-noche
de ese día, se suceden acciones y enfrentamientos con fuerzas represivas en la
misma Villa, La Pintana, Quilicura, Antofagasta, Concepción, además de un
sonoro caceroleo en varias ciudades del país. Quedaron reflejad@s en la retina
de Chile l@s poblador@s de las comunas de El Bosque y La Granja, quienes salieron
a las calles a manifestar su rabia por la cada vez más acuciante carestía y falta
de trabajo, y que respondieron con violencia a la represión desatada por los pacos
de FFEE: “No es contra la cuarentena, es
contra el hambre”, notificaron. Y la dictadura seudodemocrática anunció
querellas contra los detenidos invocando para ello la ley “antibarricadas y
antisaqueos”, misma que fuera aprobada –de pe a FA- por el estrato político
civil. Al poco andar, el ejecutivo salió con su ofertón de cajitas de alimentos
para todos los necesitados; luego, bajaron al 70%; después, al 70% del 40% más
pobre y al finalizar mayo, sólo ¼ de lo ofertado se entregaba por barrios
elegidos con un interés electorero.
En el
Wallmapu, un sostenido y exitoso despliegue ha tenido la lucha de diversas
organizaciones político-materiales del Pueblo Mapuche. Variadas son las acciones
de recuperación territorial y de recursos, de corte de vías, de hostigamiento,
etc. Igualmente, han sufrido la represión oficial, tal como la detención de
varios peñis, incluido el werken Mijael Carbone Queipul, en Ercilla, mediante
un operativo militar de proporciones. En tanto, se inicia una Huelga de Hambre
de PPM de las cárceles de Temuco y Angol, que persigue mejoras carcelarias y de
resguardo frente al peligro representado por el COVID-19.
Era un
hecho evidente que, luego del Alzamiento Popular de octubre, el gobierno civil-militar
venía reforzando la legalidad represiva y apertrechándose materialmente para
combatir la legítima protesta popular, y tal proceso ha continuado, a despecho
de la grave emergencia sanitaria que nos azota. Así, sólo para la RM, se
compraron vehículos a la PDI por un monto de US$3,75 millones; entre dic-marzo,
se les compró o reparó a Carabineros vehículos para faenas represivas por valor
de US$15,3 millones, y a fines de mayo Piraña anuncia que les compró 300 nuevas
cámaras corporales (que se suman a otras 660) y 45 pórticos lectores de patente
para 21 comunas de la RM, en ambos casos sin indicación del costo. Todo lo
anterior evidencia un claro desprecio por las necesidades en tiempos de
pandemia y es un mentís a la pretendida responsabilidad fiscal del gobierno
patronal. Agreguemos que, durante el período, la ANI pasó a tener una impronta
naval (con exagentes de Ancla 2) y se fortalece el rol del SIE, que coordina la
‘comunidad’ de inteligencia orientada contra el “enemigo interno”.
Luego que
el 2/1 un equipo multidisciplinario chileno presentara una denuncia ante la
Corte Penal Internacional (CPI), con el objetivo que se investigue y lleguen a ser
condenados los principales responsables del gobierno y de las FFAA y Orden por
todos los delitos de lesa humanidad cometidos luego del 18/10, el cobarde
dictadorcillo de La Moneda, subrepticiamente, presentó (12/5) un proyecto de
ley a la Cámara para protegerse, ‘por si acaso’. En sus fundamentos, el Mensaje
Nº 063-368, de Piñera y sus ministros políticos, altera sustancialmente el
acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la CPI,
proponiendo ellos ahora dejar al titular de RREE como el primer filtro para definir
la competencia de aquella Corte, reemplazando la función que hasta hoy recae en
el M. Público. Cabe consignar que, hasta aquí, las atrocidades cometidas por el
gobierno dictatorial han sido condenadas por diversas instancias
internacionales, pero, al mismo tiempo, escaso es el avance del Poder Judicial
y el Ministerio Público en sus investigaciones sobre los atropellos a los DDHH desde
octubre pasado, evidenciándose ello en su inoperancia para detener y encauzar a
quienes han ocasionado 35 muertes entre los pueblos y oprimid@s, cerca de 1300
casos de tortura y abuso policial (con más de 150 de connotación sexual), 405
personas con lesiones y traumas oculares y más de 3.700 herid@s, entre ell@s
más de 2.000 por disparos de balas, balines, perdigones y lacrimógenas. Los
sectores dominantes no tienen ni aceptan límites si de reprimir opositores se
trata, lo cual se puede constatar en que l@s Pres@s Polític@s de la reciente
Rebelión sumaron cerca de 2000 (algun@s aún lo están), y que en cuatro meses
fueron detenidas ¡30 mil personas!
A mediados
de mayo, Piñera realiza una reunión virtual con los expresidentes, donde expone
que está disponible para ser parte de un “nuevo
pacto social”, haciendo suyas las gestiones que ya estaban realizando las
cabezas del oficialismo y la exNM para abordar la crisis ocasionada por el Covid-19.
Sin embargo, ni el gobierno patronal ni Insulza o Desbordes pueden negar que lo
que se pretende conjurar es la Rebelión Popular 2.0, ahora gatillada por la catástrofe
económico-social con ocasión del nuevo coronavirus (la que no vino sino a
extremar la profunda desigualdad e injusticia existentes en nuestra formación).
Lo de fondo aquí es que el Bloque Político de Estado: las derechas política y
económica, la exNueva Mayoría y los neorreformistas del FA, coinciden y
confluyen en el objetivo de impedir que el MP golpee la mesa y pase a la
ofensiva para sortear la crisis que le afecta y que no es más que la
exacerbación de la que vivía hasta octubre, cuando ese mismo bloque se juramentó
para contenerlo (“Acuerdo por la Paz
Social y Nueva Constitución” le llamaron). Temen que l@s excluid@s destruyan
el inicuo sistema de dominación/explotación que han mantenido por 30 años y los
lancen donde deben estar: en el wáter de la historia. Al finalizar mayo, se
muestran afines a dicho acuerdo antipopular, parte de la derecha, el PS, el PR,
la DC, el PPD y sectores del FA (CS, RD). El PC se rehúsa a participar de ese “Gran
Acuerdo Nacional”, pero critican tal pacto sólo por sus efectos en lo económico
y sanitario, sin objetar que se está planteando como una entente antipopular y
que vendrá a sancionar que los pueblos, cabeza gacha, corran con los gastos de una
debacle que se agudizará durante junio-julio.
En medio
de una coyuntura que augura el estallido de la rabia de los pueblos y l@s
explotad@s, el deber de la izquierda anticapitalista y l@s revolucionari@s continúa
siendo el avanzar en la colosal y urgente tarea de contribuir a que en nuestra
formación pueda desplegarse una definitoria crisis ‘por abajo’. Creemos que durante
éste tiempo de relativa separación física, el MP y los sectores de activos
democráticos y revolucionari@s deben aprovechar de construir estrategia,
programa, organización y unidad, saliendo por ahora a dar golpes tácticos y
sobreseguro (con los resguardos necesarios) en todos los territorios populares,
y preparándose para desplegar una lucha sin cuartel contra sus enemigos una vez
superada la actual pandemia.
¡Piñera
debe renunciar, por las víctimas de la represión y por los muertos por COVID-19
causados por su ‘retorno seguro’!
¡Al Gran Acuerdo
Gobierno-Falsa Oposición a responder con la Gran Insurrección de los Pueblos y
Explotad@s!
Círculo de Estudios Políticos Miguel Cabrera
Fernández
Cerramos éste
trabajo expresando nuestro gran pesar por la partida, el 28/5, del camarada del
MIR y la Resistencia Popular Jorge Palma
Donoso. A los 70 años, Jorge falleció a causa de un cáncer, en Bruselas,
Bélgica, país al que fuera obligado a ir a vivir por ésta democracia de
pacotilla, que es capaz de liberar a genocidas, pero que desprecia y humilla a
quienes arriesgaron sus vidas por la justicia social y una democracia de verdad.
¡Hasta la victoria siempre, querido camarada!
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