LA IZQUIERDA
RUPTURISTA DEBE SALIRLE AL PASO AL PC-FA QUE QUIEREN ENCAUZAR LAS DEMANDAS
POPULARES EN LA INSTITUCIONALIDAD PATRONAL.
Se nos ha hecho llegar este importante análisis de situación política nacional por parte del Círculo de Estudios Políticos MIGUEL CABRERA FERNÁNDEZ, que pasamos a reproducir.
Brigada de Propaganda MIR Luis Alberto Barra García.
ANALISIS Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL, CHILE, ABRIL-MAYO
2021
Durante el periodo
analizado vemos agitarse las aguas de la esfera política, sin que –en su
conjunto- logre ser resuelto el atolladero que hace rato se ha establecido entre
su tres principales contendores: la entente Gobierno/Derecha (G/D); los Grupos
Mantenedores y Reproductores del Sistema (GMRS), autonombrados como “La oposición”
y; el Movimiento Popular (MP). Las dos primeras fuerzas políticas, que junto al
gran empresariado conforman el Bloque Político de Estado (BPE), se enfrascan en
un ‘quién-da-más’ en relación con bonos y asignaciones miserables con el fin,
dicen ellos, de paliar la creciente crisis social que aqueja a la mayoría
nacional, a la par que se ponen de acuerdo para convocar al electorado a
participar de su circo electorero y pseudoconstituyente. No obstante, el MP y los
pueblos y las/os trabajadores de nuestra formación les demuestran –logrando articular
una efectiva presión social en torno al 3er retiro de fondos de las AFP y
mediante una abstención del 60% en las elecciones de mayo- que ya no aceptan
sus migajas ni creen más en sus cacareadas políticas de cartón, y llevados a
cada vez más extremos niveles de pauperización han ido acumulando rabia como un
verdadero volcán a punto de estallar, tal
como ya lo hicieran en aquel histórico 18 de octubre de 2019.
Una de las
características inherentes y esenciales del capitalismo es su desarrollo
desigual y combinado, y ese rasgo distintivo puede constatarse meridianamente hoy
en Chile. Millones y millones de chilenos y chilenas, que se encontraban en
condiciones de penuria anteriores a la pandemia, ahora, a raíz del flagelo
sanitario, simplemente se ven arrastrados a la miseria: el Banco Central (BC)
informa que en el 2º semestre de 2020, en los quintiles 1 a 4, los hogares con
menores ingresos aumentaron entre un 50 y 72% y que inclusive en el 5, del 20%
más rico, ello afectó a un 40%; además, en dicho lapso, la deuda total de los
hogares chilenos alcanzó el 75,4% de sus ingresos disponibles, afectando
preferentemente a los quintiles más pobres; finalmente, añadamos que según el
FMI y el BM 2,6 millones de chilenos terminaron 2020 cayendo a una condición de
vulnerabilidad. Lo anterior contrasta radicalmente con lo que sucede con los
grandes grupos del capital monopólico-financiero, los cuales, en lo que va de pandemia,
han visto aumentadas sus utilidades en un 73% (Forbes). A modo de ejemplos: el
grupo Luksic, en la junta de accionistas de su matriz Quiñenco, aprobó un
reparto que para dicha familia significará percibir US$145,5 millones,
provenientes de las ganancias de sus participaciones en Vapores, SM Saam,
Nexans, CCU y Banco de Chile, entre otras; el grupo Matte, por su parte,
participa mediante una serie de sociedades en CMPC, Colbún, Almendral (matriz
de Entel), Bicecorp y Pasur, las cuales repartieron a las sociedades familiares
US$245,28 millones. ¡Y los integrantes de estos grupos monopólicos representan
menos del 0,01% de la población! (en 2019, según BCG-USA, sólo 140 ‘súperricos’
concentraban casi el 20% de la riqueza privada de Chile).
En lo tocante a aspectos
que igualmente afectan al grueso de nuestra población, a principios de mayo se
solicita a la Fiscalía Nacional Económica y a SERNAC que investiguen la evidente
colusión tras el alza excesiva de los materiales para la construcción y del
hogar. Dicha anomalía económica, en este supuesto paraíso “neoliberal”, se
extendería también a la venta del gas, producto de uso masivo y de primera
necesidad, en donde es claro que existe un contubernio por parte de las
distribuidoras para venderlo a precios oligopólicos.
Sin duda que tales aberrantes
situaciones nos reafirman que debe ser suprimida la propiedad privada de los
medios y fuentes de producción e intercambio, pero entendemos que ello
corresponde a un objetivo de largo alcance. Lo perentorio, ahora ya, es dar una
respuesta concreta e inmediata ante la acuciante situación que afecta a la
mayoría nacional, levantándose para ello la demanda de una Renta Básica
Universal (RBU) que asegure un ingreso de, por lo menos, $700.000 para una
familia de cuatro integrantes, para todas las pertenecientes a los quintiles 1
al 4 y hasta diciembre de 2021. ¿De dónde obtener los recursos? El Estado
cuenta, por lo pronto, con tres fuentes para asegurar dicho monto: el Fondo de
Estabilización Económica Social (FEES, que suma ingresos fiscales y del cobre),
el que en 2020 sumó US$19 mil millones (Fundación Sol) y que en el periodo ha aumentado
merced al alza del precio del rojo metal; la otra fuente es la deuda pública,
que actualmente es de un 32,5% del PIB, la cual puede doblarse; y finalmente, la
aplicación de impuestos al gran capital, nacional y extranjero, lo que incluye
a los llamados ‘súperricos’, con valores cercanos al 30%, en forma permanente, tal
como se hace en los países del centro del Sistema Capitalista Mundial (SCM). Por
cierto que otras vías para poder allegar más recursos para paliar la crisis
socioeconómica son terminar con los incentivos que el Estado otorga a las
grandes empresas (forestales, mineras, etc.); suprimir la exención tributaria
por uso de petróleo que beneficia a la mafia de los camioneros, empresas de
transporte, gran minería, etc.; finiquitar de una vez la elusión y evasión
tributarias. Desde esta tribuna nos atrevemos a proponer que otro de los
pilares para costear una RBU decente, por cierto que mientras el MP no logre
imponer la nacionalización de todos nuestros recursos naturales, resultaría de
la aplicación de un royalty minero ad
valorem o escalonado (siguiendo a Theodore Panayotou, pero agregándole 2
peldaños más), como porcentaje de las ventas y de acuerdo al precio del cobre
(también extensible al litio): 2% para un valor menor a 80 ctvs./US$ la libra;
5%, de 80 a 120; 10%, de 120 a 240; 15%, de 240 a 400; y 20% para más de 400, lo
cual supera el miserable 3% que tímidamente se discute hoy en el Congreso. Recordemos
que el royalty es una regalía que debe pagar quien explota un recurso,
generalmente no renovable, de un país.
Sobre las propuestas
emitidas por Ignacio Briones, el candidato duro de la burguesía
monopólico-financiera, debemos apuntar que la suspensión de ciertas exenciones
tributarias por él planteadas no afecta a los grandes grupos económicos dueños
de Chile, sino a sectores de la mal llamada “clase media” y también populares.
Los escarceos de Briones y otros paladines del capital financiero dicen
relación con anular la dispensa del pago de IVA a las viviendas DFL2 y la
deducción de los intereses de los créditos hipotecarios al momento de cancelar
el Global Complementario, afectando con ambas medidas a nuestra sui generis “middle class”, y promueven también la eliminación de la renta
presunta y pasar a la aplicación de una efectiva en sectores como la
agricultura y otros, lo que vendría a afectar a pequeños y medianos productores
agrícolas y a las pymes (que conforman el 45% de los contribuyentes). El traer
a colación esta última cuestión arancelaría nos permite abordar un tema
fundamental como es la tributación que efectúan las grandes mineras, sean
públicas o privadas. Según los Anuarios de Cochilco, las mineras extranjeras
han sacado de Chile, entre 1990 y 2019, la friolera de 85.818 T. del
equivalente de cobre fino, lo que al precio de solo 3 dólares la libra,
equivale a alrededor de US$ 567.760 millones. Pero esa es la exportación
declarada en aduanas por las mismas empresas, pero es de conocimiento público
que la exportación real debe ser a lo menos un 25 a 30% superior a la cifra
oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras
extranjeras en estos 29 años sobrepasa las 100 mil toneladas, y su valor
debería superar los US$ 680.000 millones, a lo cual habría que agregar un 30%
más por el oro, la plata, el molibdeno, el renio, cobalto, etc., contenido en
la exportación de concentrados de cobre, lo que sumando todo nos arroja que las
mineras extranjeras se han llevado de nuestro país alrededor de US$ 900 mil
millones. Por ello decimos que la minería extranjera ha sido un desastre para
nuestro país, aunque quizás el desastre deriva directamente de los gobernantes
que hemos tenido los últimos 30 años, quienes han conscientemente legislado
para permitir este desfalco. ¿Por qué las mineras extranjeras se han llevado
tanto cobre y otros subproductos y han pagado tan pocos tributos? Es aquí donde
se evidencia la ruina propiciada por nuestro estrato político civil desde 1990.
Hasta 1989, las mineras extranjeras tenían que pagar el impuesto en base a la
renta presunta, es decir en base a lo que vendían. Ninguna minera podía escapar
al pago del impuesto a la renta, porque desde que tenía que vender o exportar
la primera tonelada de cobre, tuviera o no utilidades, tenía renta y tenía que
pagar el impuesto. Todo cambió en junio de 1990, cuando es aprobada la Ley 18.985,
que troca la tributación de las grandes mineras desde la renta presunta a renta
efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Que si las mineras obtienen o
declaran utilidades o ganancias pagan el impuesto a la renta, pero si declaran
pérdidas no lo hacen; es más, acumulan pérdidas, y no pagarán impuesto hasta
que las eventuales futuras ganancias absorban todas las pérdidas acumuladas. Y
esto último es lo que viene ocurriendo desde hace 31 años.
Durante el periodo en
comento, el BC y algunos economistas plantean que durante 2021 la economía
nacional podría tener una recuperación, sobre todo a partir del segundo
semestre, de entre un 6 a un 7%, sin considerar en sus respectivos análisis los
datos del IMACEC, el cual se contraería en el primer semestre de este año en un
-1,5% (restando saber el resultado de dicho índice en mayo, pero debemos estar
advertidos que si arrojase un valor relativamente alto ello se debe a la baja
base comparativa 20-21). Esto último impactaría negativamente el crecimiento
económico (aunque pueden atenuarse sus efectos de alcanzar el país una vacunación
amplia y un manejo eficiente de la pandemia en curso), con lo que la
recuperación económica podría llegar a ser de un 4,5%, siendo un horizonte más
real para el aparato productivo criollo. Con todo, recordemos que debido al
carácter desigual y combinado del capitalismo este crecimiento económico no
está destinado a mejorar las condiciones de vida de los de abajo. Y esto último
vendría a expresarse en un desempleo que continuará por sobre el 10% (10,2% entre
febrero-abril 21, INE dixit) y se
harán más precarias las condiciones laborales, lo que indica que la
pauperización de la población ha de continuar y profundizarse, lo que vuelve
imperiosa la materialización de una RBU que permita, a lo menos, sostener un nivel
de vida decente para la mayoría nacional hasta fines de 2021, que es la época
en que se espera que confluyan los efectos positivos de una pandemia domeñada y
el mejor precio de algunas materias primas.
La situación para los
sectores que viven de un sueldo o salario se vuelve insostenible. Y entonces,
como tocado por el ala de un ángel, el nuevo presidente de la SNA, Cristián
Allendes, declara estar llano a aumentar los impuestos a las grandes empresas,
que se eliminen algunas exenciones tributarias y que se ponga fin a la evasión
tributaria. Pero lo indicado por unos de los voceros autorizados del bloque en
el poder refleja su temor a que, de no resolverse adecuada y prontamente los
efectos que acarrea la crisis económica y social en curso, se pudieran crear
las condiciones para una nueva rebelión popular. Contrasta el consenso
existente entre los mismos intelectuales orgánicos de la burguesía con el
silencio de otros actores que otrora alzaban o emitían opinión del acontecer nacional,
como la Iglesia Católica e incluso la misma izquierda institucionalizada, la
cual, ante la angustiante situación económica que viven millones, prefiere
jugársela por un impuesto restringido y puntual a los ‘súperricos’ sólo como un
saludo a la bandera.
Y no es de extrañar aquella
venia para la aplicación de un impuesto a los multimillonarios en la arena
política criolla, pues el mismo Joe Biden, presidente de EE.UU., propuso a la
OCDE una tasa de un 15% sobre las rentas de las corporaciones trasnacionales a
nivel mundial. Sin embargo, la OCDE sitúa dicho canon en un 21%, previendo
discutir tal medida en una nueva reunión del G20, en julio de este año,
estimando para octubre el plazo máximo para concretarla; es decir, un impuesto orientado
a paliar la restricción económica que afecta al SCM.
A mediados de mayo, y
a la par del 3er retiro del 10% de los ahorros previsionales, el Congreso aprobó
el primero para quienes cuentan con la modalidad de rentas vitalicias para su
jubilación. Sin embargo, una aseguradora trasnacional con base en EE.UU. (a
través de Brad Smith, gerente internacional del Consejo Estadounidense de
Aseguradoras de Vida) anuncia que someterá al Estado chileno a un mecanismo
internacional para resolver controversias, previsto en el TLC signado por ambas
naciones, afirmando que no es posible violar tal acuerdo, lesionando con ello flagrantemente
la soberanía nacional. Este hecho, en que se ven afectados fondos que son propiedad
de los trabajadores chilenos, demuestra la gravedad de los tratados
internacionales, los cuales subsumen la soberanía nacional en un suprapoder
concreto, no inscrito en “teorías conspirativas” y novelas de entretenimiento; antes
bien, expresa la capacidad, el poder, de las corporaciones trasnacionales y las
formaciones del centro capitalista para someter las economías nacionales. Al
finalizar el período, en línea con el ataque imperial mencionado, dos
aseguradoras nacionales presentan sendos recursos de protección ante el retiro
anticipado de las rentas vitalicias, argumentando que dicha acción, “les
restaría dividendos futuros”.
A propósito de 3er
retiro y en relación con aquellos/as que ya no cuentan con fondos previsionales
para hacerlo, desde el 18 de mayo se inicia el pago de un bono ascendiente a
$200.000. Para financiarlo, el Fisco tuvo que desembolsar casi $600 mil
millones, en una política que intenta sortear los efectos de la crisis
sanitaria y económica a cuenta de la mayoría nacional y no de los ricachones. Estos
bonos-migajas, de larga data, utilizados por la derecha y los GMRS, responden a
la estrategia de apaciguar el enfrentamiento clasista, esperando que dichos
aportes mengüen la rebeldía que se expresa en las calles.
Al sostenido proceso
de pauperización de las familias trabajadoras debido a la cesantía, el empleo
precario y mal pagado, la falta de perspectiva para la juventud y todos los
sectores postergados de la población, se vienen a agregar los estragos causados
por la pandemia por COVID-19. Esta, durante el período, muestra una dinámica que
se puede catalogar como de una 3ª ola (recordemos que la 1ª tuvo su punto
álgido en junio de 2020 y la 2ª entre diciembre-febrero), la que se desencadena
al terminar marzo y con mayor fuerza desde comienzos de abril, cuya principal causa
se achaca a los permisos de vacaciones del verano, “brillante” idea del
gobierno y el MINSAL. Y ahora, justamente los mismos, proponen algo parecido a
través de un “Pase de Movilidad”, con lo que cabe esperar un recrudecimiento de
la virosis (con todo, se les puede retrucar que si hay condiciones para
desplazarse, se debe poner fin al Estado de excepción y sus medidas conexas). No
fue menor el aporte al alza de los contagios realizado por las elecciones del 15-16
de mayo, favoreciéndose la concentración de personas y con ello la
transmisibilidad del SARS-CoV-2, en un marco casi histérico de llamados a
asistir a los locales de votación realizados, tanto por el G/D como por las
fuerzas políticas reformistas y neorreformistas. Estos últimos, ahora reclaman
por la entrega de los mentados pases, argumentando que se concentrarán las
personas y la enfermedad; vaya paradoja.
Era esperable un
aumento de los contagios. Al finalizar el período, son varias las jornadas en
que estos superan los 8 mil casos. ICOVIDCHILE expone que el indicador de la
transmisión a fines de mayo terminará con una tasa algo mayor a 1, siendo adecuado
que baje de 0,8 y el indicador de carga es, en promedio, de 30 por cien mil
habitantes, en circunstancias que el óptimo es que los casos nuevos sean menores
a 1 x 100 mil. Ambos parámetros, que dan cuenta de la dinámica de la pandemia,
nos dejan en claro que la pandemia por COVID-19 en Chile se encuentra
descontrolada. En lo demás, por ejemplo, en cuanto a la positividad de los
testeos, ella alcanza a un 11%, siendo el óptimo esperable menos de un 3%; la
estrategia de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento de los casos reportados,
demuestra un fracaso; las UCI alcanzan una ocupación del 96% y subiendo; los
contagios aumentan en 10 de las 16 regiones del país.
Al finalizar el
bimestre, el Colegio Médico, que había solicitado vía ley de transparencia
información al gobierno y al MINSAL sobre la “Mesa COVID 19”, da a conocer que
dicha instancia no tiene funcionamiento ni orgánica formales y que carece de
informes o actas. El gobierno, desde el comienzo de la virosis, señaló como uno
de sus éxitos la existencia de esa instancia y simplemente la bullada mesa no
existe, lo que no hace más que deslegitimar los criterios y decisiones que
están tomando Piñera, Paris y Figueroa para enfrentar la crisis sanitaria,
tales como lo del ‘pase de movilidad’, el regreso a clases presenciales y la
apertura indiscriminada del gran comercio, medidas que no son más que la
confesión que para el gobierno patronal lo económico prima sobre el cuidado sanitario
de la población.
En el lapso examinado,
las fuerzas coaligadas del G/D se ven presionadas por el conjunto de los GMRS
para que tomen medidas que morigeren la crisis social que afecta a buena parte
de la población, buscando aparecer estos últimos como los ‘buenos de la
película’ frente al electorado. Ante la
presión casi protocolar de la “oposición”, enmarcada ésta dentro de la
institucionalidad, G/D deciden poner sobre la mesa su propia fórmula para un
3er retiro de fondos de las AFP, acompañándolo con algunos billetes por aquí y
por allá, no dejando fuera de la discusión su comodín del IFE. O sea, siguen propiciando
para el abordaje de las crisis generadas por el sistema que auspician el
reparto de miserables ayudas, enmarcadas en una visión subsidiaria,
asistencialista y focalizada, propia de la burguesía monopólico-financiera. Otra
señal clara de su adscripción a las políticas patronales la dieron con el
reemplazo de renunciada Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, por el
inefable Patricio Melero, lo que da mayores seguridades -si todavía- cabe al
mundo empresarial. Como cuidan las ganancias del gran capital, no fue novedad
que G/D insistieran en su ínfimo aumento del sueldo mínimo (propuesta que al
cierre de este trabajo todavía sigue en discusión), que si bien ha sido
resistido por los GMRS en el Congreso, se avizora que finalmente estos se
abrirán al miserable reajuste nominal de $10.500 a dicho ingreso.
A fines de abril, se
aprobó en ambas cámaras del Congreso el proyecto de ley para un 3er retiro desde
los fondos de las AFP. Entonces, Piñera, malamente aconsejado, decidió apelar
ante el TC para su desconocimiento legal y anunció –con bombos y platillos- su
propio proyecto de retiro (lo novedoso fue el bono de $200.000 para quienes se
habían quedado sin fondos debido a los retiros anteriores, cancelado –como
dijimos- con dineros fiscales). Dos días después, el engendro dictatorial
valida lo propuesto por los “honorables” y da un portazo al payaso de La Moneda.
Y cuando parecía que la entente G/D se iban a la chuña, los cabecillas del
Congreso (con la venia de los principales integrantes de los GMRS), en un mediático
procedimiento, acuden a La Moneda a negociar con el Gobierno, surgiendo la “Agenda
de los Mínimos Comunes” (AMC). Este contubernio, que demuestra otra vez el penoso
papel de la llamada “oposición”, no es más que la prosecución de la política de
los acuerdos ‘por arriba’, de las políticas dentro de la legalidad e
institucionalidad patronal para mantener la gobernabilidad y el modelo. Sin
embargo, pese al acuerdo tácito establecido, durante mayo G/D y los GMRS jugaban
a ver quién ofrecía más migajas para resolver una crisis con carácter
estructural. Y un gobierno, que estaba debilitado en extremo, logra imponer su
IFE a la RBU que proponían los GMRS, incluso haciendo ingresar un proyecto de
ley con medidas como postergar el pago del IVA a las pymes, pero que no mejora significativamente
los ingresos de los quintiles más pobres de la población, lo que –en
perspectiva- sólo profundiza su pauperización y asegura las ganancias de los
grandes grupos económicos. En suma, el gobierno asegura que, para un grupo
familiar compuesto por cuatro personas, su IFE otorga un monto de $464.000,
mientras que la propuesta de la “oposición” alcanzaba los $604.000. Es decir,
la mal llamada oposición (que contiene en su interior también al reformismo y
neorreformismo), negoció mal, perdió la iniciativa y casi deja a G/D como los
salvadores de este cuento.
G/D mantienen un
manejo político autoritario, ahogando cualquier postura disidente. Saben que si
levantan las medidas represivas de control de la población, tanto las aplicadas
antes de su actual período como las surgidas con ocasión de la rebelión popular
del 18-O, a las que se suman las restricciones debidas a la pandemia, el MP no hará
más que rebrotar y violentamente. En ese cuadro, en abril ocurre un hecho al
que no se le dio mayor trascendencia, tanto en los medios oficiales como no
oficiales de información. En un canal de la TV abierta, La Red, se hizo una
parodia de un general de Ejército, lo que impulsó a cada una de las ramas de
las FF.AA. a efectuar sendas declaraciones de rechazo frente a lo que era nada
más que una actividad artística, pero expresando claramente una posición
política. Baldo Prokurica, Ministro de Defensa, respaldó y avaló las
declaraciones emitidas por los uniformados y con ello consintió oficialmente su
deliberación, lo que está prohibido por la propia Constitución política de
1980. El gobierno llegó al extremo de enviar una carta de queja al grupo
controlador del canal de TV, pero no recibió respuesta de Remigio Ángel
González, dueño del medio de comunicación. Ante lo bochornoso de lo ocurrido;
es decir, como nadie se tomó la molestia de responder, G/D bajaron totalmente
el perfil de lo acontecido, pero quedo claro que las FF.AA. siguen siendo deliberantes
y parte de la estrategia global de dominación de los sectores dominantes.
Lo que no cesó, y
antes bien se agudizó, fue la represión a las comunidades del pueblo Mapuche en
el Wallmapu, asegurando su completa militarización, sobre todo de las
provincias de Arauco y Malleco. Tampoco faltan los anuncios de aplicación del Estado
de sitio en el territorio mapuche, los que son avivados por los representantes
de las empresas forestales, energéticas y de latifundistas, así como por todos
aquellos con negocios relacionados con ellas.
En abril fue notorio
que algunos dirigentes de la derecha comienzan a desmarcarse de su propio
gobierno, pues se avecinaban las elecciones y requerían trabajar una figura de
independencia con relación a un ejecutivo que sigue cayendo en las encuestas de
aprobación, generando con ello una fisura entre el gobierno y la derecha, pero
que no les sirvió de mucho, pues magros fueron sus resultados electorales. Otro
hecho que les afectó en los comicios fueron las palabras de Alejandra Cox
Anwandter, presidenta de la Asociación de AFP, quien recomendó a las/os
trabajadores trabajar hasta los 103 años, como Nicanor Parra, para obtener una
mejor pensión; sobran los comentarios.
Los GMRS, en donde
incluimos a UC, FA, una miríada de grupúsculos neorreformistas y –como de
refilón- al PC/US, prosiguen durante el período con sus disputas internas y
entre conglomerados. Unidad Constituyente (la nueva mayoría sin el PC) presiona
mediante una serie de reformas, tratando de buscar ventajas políticas respecto
del G/D, y aprovechando la crisis económico-social en curso plantean el 3er
retiro de las AFP, su propuesta de RBU, el impuesto a los ‘súperricos’, ofertas
que, siendo sistémicas, no se atreven a llevarlas a fondo, a darle una
materialidad definitiva, quedando todo finalmente aplacado por el despliegue del
gobierno, que retomó la iniciativa. Propusieron lo del royalty minero, pero no
son capaces como cuerpo de apoyar la iniciativa, quedando como un noble gesto a
encarpetar, cuando en el fondo resultaría ser un eje de donde sacar divisas
para financiar proyectos sociales. El impuesto a los súperricos, reducido al
extremo en cuanto a su monto, lo plantean para ser aplicado por una sola
vez. No se cuestiona lo económico en una
mirada estructural. Y en lo estrictamente político, jugando a ser los dueños de
esta “democracia”, no aceptan ir a primarias con los grupos reformistas y neorreformistas
(léase PC y FA, además de grupos que están fuera de la institucionalidad por no
tener aún representación parlamentaria), manteniendo a rajatabla a su deslavada
candidata: Paula Narváez. Sin embargo, desde el punto de vista de la política
formal, la candidata o candidato que presente UC tiene serias posibilidades de
ocupar el gobierno en el próximo periodo, debido a que la derecha, en segunda
vuelta, se verá obligada a votar por el o la representante de este sector. Y
ello a pesar del desgajamiento del PDC, en donde su presidente, Fuad Chaín,
debió renunciar ante el descalabro político y el descontento que existe en las
bases partidarias, fenómeno que se repite en el PS, en donde existe apoyo desde
su militancia al candidato del PC, pues consideran que la actual dirección de
ese partido ya no responde a sus lineamientos históricos.
En tanto, el
reformismo y el neorreformismo son los grupos políticos que salen más
beneficiados en el periodo, pues son ellos los que logran demostrar un cierto
vínculo con los territorios y una sintonía con las demandas sociales y
populares, a diferencia de las otras agrupaciones políticas, pero siempre
dentro del espectro de las fuerzas que hacen de las votaciones su única forma
de acción y expresión políticas. Sus huestes son las más votadas en las elecciones
del 15-16/5, y dentro de ellas las más favorecidas resultaron las del Frente
Amplio. Por ejemplo, se votó por algun@s de sus candidatos en muchas partes,
“porque andaban en las marchas”. Sin
embargo, al igual que UC, manteniendo un discurso preñado de radicalidad,
llegado el minuto de llevar a fondo lo planteado se refugian en los caminos
tortuosos de la legalidad, de la institucionalidad patronal. El FA logra
supeditar al reformismo, generando un verdadero polo de reagrupación de esas
vertientes, apostando incluso a atraer a sectores más a la izquierda, esperando
convencerlos del cambio de la institucionalidad desde adentro, con la esperanza
de conquistar el ejecutivo, lo que pasa necesariamente por desmovilizar o
neutralizar las acciones directas de lucha.
El 24 de abril, el
reformismo de viejo cuño proclama a Jadue como su candidato presidencial y se
encuentra intentando levantar un programa para ello, el que estaría basado en su
estrategia histórica de avanzar mediante reformas dentro del sistema, acumulando
apoyo político y social y desde aquí poder avanzar a estadios superiores. Por
lo pronto, se proponen medidas no diferentes a las de UC y el FA para capear la
actual crisis económico-social, sumando una acusación contra Piñera producto de
la violación a los DDHH. En este lapso, el PC y sus adláteres se suman a la consigna
del impuesto a los súperricos, que es recogida por Camila Vallejos, pero que
sólo ha quedado como una mera consigna. Por otra parte, la dirección del PC
critica abiertamente al Tribunal Constitucional cuando éste opera como garante
de la institucionalidad burguesa, pero lo aplaudió cuando rechazó el
requerimiento de Piñera. Añadamos que el actual Alcalde de Recoleta intenta
posicionarse como un candidato del campo popular pero con llegada a sectores
medios, llegando a aventurar que los resultados de las pasadas elecciones, “son
una continuidad del 18 de octubre, que Chile despertó y tenemos que seguir en
esa senda”; es decir, en la senda institucional ya prefijada. El 19 de mayo, bajo el nombre de “Chile Digno”,
se inscriben para las primarias presidenciales el Frente Amplio y el Partido
Comunista, y otras agrupaciones políticas menores. Estas primarias serán el 18
de octubre.
En lo relativo a las
elecciones, debemos indicar de inmediato que en octubre de 2020, en el
plebiscito de entrada del proceso constitucional en curso, votó un 51% del
padrón electoral, mientras que en las últimas elecciones sólo participó el
41,5% de él. O sea, ganó la abstención con casi el 60%, demostrando que la
mayoría nacional desea una nueva Constitución, por ello el resultado de octubre,
pero luego la gente se percató que quienes han de redactar la nueva Carta Magna
no recogerán todas las demandas sociales y populares, y por sobre todo, que
debido a los efectos de la actual legalidad (en especial la ley 21.200, con sus
artículos 133 y 135), la soberanía popular se encuentra secuestrada. Un dato
que es fundamental retener es que en las comunas simbólicas de la derecha la
votación bordeó el 40% de participación, mientras que en aquellas donde
predominan los quintiles más pobres la participación no superó el 15%, lo que
demuestra que la derecha no dejó de votar, pero que son una franca minoría y
que es en los sectores populares donde tienen muy clarito que las elecciones y
los politicastros no son la solución a sus necesidades y demandas. A nivel
convencional, Vamos por Chile obtuvo el 20,5% (de 5 personas, sólo una votó por
la derecha); la Lista del Apruebo (UC), logró un 14,4%; Apruebo Dignidad, un
18,7%; FRVS, un 18,7%; Independientes por una Nueva Constitución, 8,8%; Lista
del Pueblo, 16,3% y otros, un 20%.
Engels señaló que las
elecciones permiten observar tendencias y otro conocido nos enseñó que ni toda
la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales y que sabemos
que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases; sólo
los plantean. De tal forma, a pesar de que de diez personas que podían votar
sólo 4 lo hicieron (por las razones expuestas más arriba), igualmente se demostró
en el acto electoral que existe una tendencia social mayoritaria que está por
las demandas populares, alejada de los partidos políticos del establishment,
que castiga a la derecha y al centro político por su forma de hacer política y
por el mal manejo de la crisis económico-social. Los comicios, además, develaron
que el influjo en las poblaciones por parte de la derecha está llegando a su
fin y que son las nuevas representaciones del reformismo-neorreformismo las que
están ocupando ese nicho, aunque sea a través del ofrecimiento de reformas y
futuras prebendas. Como un dato interesante y que demuestra que algo de su
pasado queda en la memoria popular, fue el PS, dentro de UC, el partido
político menos castigado, logrando 15 convencionales (el PDC obtuvo 2, el PPD
3, el PR 1) y el que al terminar mayo logró desplazar de la dirección de la CUT
al PC (José Manuel Díaz pone fin a nueve años de presidencia de la amorfa Bárbara
Figueroa).
Queda en evidencia en
nuestra formación la necesidad de millones porque se realice un cambio profundo
en sus actuales condiciones de vida, y que siguen buscando las formas de
llevarlo a cabo, dejando en claro que no es lo electoral la manera de
conquistar su liberación. Pero se encuentran con que no existe todavía una
opción radical que, desde fuera y en contra de los cauces institucionales, de
conducción a dichos anhelos, por lo que es esperable que en el futuro se
extienda la franja de activos democráticos y las luchas por condiciones dignas
de vida.
Desde el punto de
vista del accionar del MP, debemos destacar en el periodo las amplias
manifestaciones en las principales ciudades del país por la libertad de las/os
Presas/os Políticas/os a raíz de la rebelión del 18 de octubre, de las/os
cuales, a marzo de 2021, había unos 2.500 en las cárceles del país. El gobierno
y el poder judicial ha ido liberando de a poco a algunas/os, pero a través de
mañosas vías, persiste con el recurso de la prisión preventiva, la cual se
plantea en el propio Código de Procedimiento Penal como una medida de “última
ratio” y transitoria, pero que se prolonga incluso sin pruebas necesarias. Los
GMRS atisbaron que esa demanda puede ser una buena veta para sus proyectos
electoreros y levantan un proyecto de ley que, en apariencia, representa un
beneficio para las/os encarceladas/os, pero que contiene una letra chica que en
los hechos mantendrá a la mayoría en dicha calidad. Así, en su artículo 7º se
señala: “No quedarán comprendidos entre los tipos penales referidos en el
artículo 1º de la presente ley, el inciso final del artículo 14 D en el Decreto
400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798
Sobre Control de Armas y las letras d) y e) del artículo 6º de la ley N° 12.927
de Seguridad Interior del Estado”. Es
decir, excluye en forma inmediata a la mayoría de las/os Presas/os Políticas/os
chilenas/os encarcelados a causa del alzamiento popular, excluye a los PP
Mapuche y a Mauricio Hernández Norambuena (Comandante Ramiro, a quien incluso
partidos políticos supuestamente de izquierda le niegan el estatus de preso
político). Con todo, lo más probable es que la discusión de este, “noble gesto
humanitario” se mantenga hasta después de las próximas elecciones
presidenciales. Es un deber de la izquierda consecuente y rupturista luchar por
el término de la maldita prisión preventiva y por la liberación de todos las/os
PP, sobre lo que ya se avanza, pues existe en curso una campaña nacional e
internacional por su libertad, pero que debe ser fortalecida y extendida
Otro frente de acción
que mantiene bríos es el del Movimiento Feminista y Antipatriarcal, el que
despliega manifestaciones y acciones de agitación y propaganda en torno a una
educación no sexista y por el fin de la violencia sexual y misógina.
En torno al 1º de Mayo
se desarrollaron cacerolazos y acciones de protesta social en Santiago,
Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Sin embargo, mucho mayor peso tuvieron las
movilizaciones para exigir el 3er retiro del 10%, las cuales cubrieron mayores espacios
territoriales y fueron varias las jornadas en que se expresó la presión
popular, en la forma de marchas, caceroleos, mítines, etc. Inclusive, algunas
organizaciones sindicales de los portuarios y de la gran minería amenazaron con
paralizaciones, las que no llegaron a efectuarse.
Prosiguen las
acciones de resistencia de las organizaciones político-materiales del Pueblo
Mapuche, además de la ocupación de territorios ancestrales por parte de las
distintas comunidades. Ambos procesos, la resistencia y la recuperación de
tierras, alteran en grado extremo al Estado patronal y sus voceros amenazan con
recurrir a una mayor política represiva, militarizando el Wallmapu, con añadido
de efectivos de las FF.AA, y buscando generar una legalidad más restrictiva,
que se ha venido blindando y utilizando sin dilación desde hace 32 años. Incluso,
se pretende aceptar que los empresarios y sus secuaces legalmente porten y
hagan uso de armamento (lo que en los hechos ya ocurre) e imponer el Estado de
sitio, lo que significaría una directa declaración de guerra.
Los sectores más
avanzados y conscientes del MP deben salirle al paso a los intentos del
reformismo y neorreformismo, los cuales buscan encauzar las demandas y
aspiraciones populares en los estrechos y mezquinos cauces de la
institucionalidad y legalidad patronal, vendiendo espejitos de colores,
tratando de hacer creer que todas las urgencias inmediatas de mayoría nacional y
su futuro pueden ser resueltas en el espacio constitucional otorgado por los
que dominan. Hoy resulta más necesario que nunca construir MP en cada
Población, en cada territorio, en cada frente social y de trabajo, reactivando
las Asambleas Populares y las Asambleas Territoriales, creando organización con
quienes quieran superar en lo concreto la institucionalidad y legalidad
burguesas. Será a partir de una delgada pero decidida franja de luchadores
sociales, surgida al calor del 18-O y desde antes, que debemos incidir en cada
Población y territorio; en aquellos/as hombres y mujeres que con su ejemplo
pueden jalonar a las vecinos y vecinos a la realización de acciones de protesta
social y popular; haciéndonos uno con las demandas que el conjunto del pueblo
levanta cada día y que hoy pasan por la defensa de los niveles de vida,
agregando demandas con mayor contenido político (como la libertad de los PP, la
salida de Piñera y su juicio y castigo), sumando a las/os cesantes, a las/os jubilados,
las/os jóvenes, a mujeres y hombres, a las/os hermanas/os migrantes, a todo
aquel que quiera luchar hasta lograr que la vida sea digna de vivir aquí y
ahora, sin concesiones. Es el momento en que la consigna: “Sólo la Lucha y la
Unidad nos hará Libres”, cobra una relevancia de carácter histórico y que
define una línea de demarcación definitiva en el accionar político popular.
Círculo de Estudios Políticos
Miguel Cabrera Fernández
Junio, 2021
