ANALISIS Y
PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL CHILE, JUNIO – AGOSTO 2022
En el período, en el marco de una feroz
etapa de transición imperialista, l@s explotad@s de Chile continúan pagando la
crisis, mientras que el capital monopólico financiero se enriquece más que
antes.
Los nuevos capataces a cargo del
Gobierno terminaron de enterrar lo que quedaba de sus promesas de campaña y
defraudan abiertamente las esperanzas que habían puesto en ellos amplios
sectores populares. Gustosos defienden la “democracia” de pacotilla vigente y
se afanan por humanizar un sistema de dominación inicuo y basado en la
súperexplotación. Logran imponer, con sus compinches de la exNM y la
participación oficiosa de la derecha, el embuste plebiscitario en relación con una
nueva Constitución, en que se enfrentan dando la idea de una lucha de
principios, pero en que aprobar y rechazar son dos caras de la misma moneda. Ninguna
Carta podría reformar un sistema político que imposibilita el ejercicio de la
soberanía popular y que no se aparta de la influencia del bloque en el poder.
Antes, debe cambiarse de raíz el modelo impuesto por este, hace casi 50 años y acabar
con las bases y relaciones sociales que le dan sustento.
Las derechas azuzan el aplastamiento de
cualquier expresión de rebeldía popular, en especial de las organizaciones más
consecuentes y del Pueblo-Nación Mapuche, ante lo cual Boric y compañía corren
a apresar a los Llaitul, padre e hijo, para demostrar que son capaces de
asegurar la gobernabilidad para la mejor gloria del gran capital.
Y aunque pocas, igualmente importantes
son las expresiones de lucha desplegadas por fuerzas del campo popular, de
estudiantes, poblador@s, trabajador@s y por la libertad de l@s Pres@s Polític@s
de la Rebelión Popular del 18-O. Lo más significativo, en cuanto a la causa de
los postergados, es el ascenso del combate del Pueblo-Nación Mapuche, lo que le
acarrea el odio del gran empresariado con intereses en el Wallmapu.
La “democracia de los 32 años” no da
para más, porque los pueblos y l@s trabajador@s de Chile ya no toleran los cuentos
que los dueños del poder les han contado para domesticarlos, pero esto hace más
urgente que nunca que la izquierda consecuente y anticapitalista avance por el difícil
camino de la lucha por las demandas populares históricas y emergentes, partiendo
por la defensa de condiciones mínimas de vida, al mismo tiempo que debe mejorar
sus niveles de organización y unidad.
1) Una economía en que el capital monopólico sigue enriqueciéndose y la
clase trabajadora paga la crisis (aun bajo el ‘Gobierno de la Esperanza’)
En el trimestre, las perspectivas para la
actividad económica del Sistema Capitalista Mundial (SCM) se mantienen
atenazadas por las vicisitudes de los factores descritos en nuestro trabajo anterior,
determinando que las tres más poderosas economías, EE.UU., la Eurozona y China,
tengan débiles desempeños (OCDE), aunque
sin caer en recesión (TCB): alza en
el valor del petróleo y el gas; aumento generalizado de precios, procediendo los
Bancos Centrales a elevar las tasas de interés, en un mero reflejo procíclico; dificultades
y dilaciones en los circuitos productivos y de comercialización en diversas
áreas del sistema; retiro de estímulos monetarios fiscales que previamente se otorgaron
a sectores productivos y a población de riesgo; reformas tributarias que no
afectan al gran capital, interno o transnacional, pero que buscan mantener
cierto margen de acción para el gasto público (las fuerzas dominantes mundiales
aún no pueden desechar al Estado-nación y su rol regulatorio); persiste el
cobro acelerado de deudas públicas, las que se vieron incrementadas durante la
pandemia (CEPAL) contra Formaciones
Económico-Sociales (FES) de la periferia del sistema y/o empresas estatales de las
mismas, principalmente a cargo de las Instituciones Financieras Internacionales
(IFI), sin descartarse que luego intervengan agiotistas bilaterales. Al
parecer, los efectos económicos –verdaderos o supuestos- derivados de la intervención
militar rusa en Ucrania, ya no exacerban el restrictivo cuadro existente (TE -25/8).
Es una época de transición y de realidades
dispares. A despecho del resto de las FES, China y Turquía terminan agosto recortando
las tasas de interés y Sri Lanka la mantiene fija hace un tiempo. En UK la
inflación llega a 2 dígitos y cae rápidamente el valor real de los salarios, al
contrario de lo que sucede en Australia; el fondo soberano de Noruega (el mayor
del mundo) presenta severas pérdidas y en la Eurozona siguen al alza los
precios de los combustibles fósiles, con lo que arriesgan un déficit comercial,
al mismo tiempo que Venezuela logra ralentizar su inflación mensual a un 7,5%
en julio (desde un 11,4% en junio) y cuando crecen las economías de Tailandia y
Japón (2,2%). Para la mayor desgracia de la clase trabajadora del orbe, pero en
especial la de las FES periféricas, se prevé que la inflación interna en los
precios de los alimentos se mantendrá elevada y ello no hará más que
profundizar la inseguridad alimentaria (BM).
Con todo, es en épocas de crisis cuando las IFI
y las potencias imperialistas se afanan por imponer, urbi et orbi, más medidas de corte monetarista y en pro del gran capital
transnacional. Y he aquí que como las diferentes partes del SCM se encuentran
entrelazadas entre sí, mediante múltiples y poderosas relaciones y en el
contexto de un desarrollo desigual y combinado, a aquel diktat del centro del sistema le sucede la consiguiente implementación
de medidas en beneficio de los capitales monopolistas y de corte antipopular en
las formaciones intermedias y periféricas del mismo. Así, no es de extrañar que
la mayoría de los Gobiernos y los Bancos Centrales tomen medidas sin
precedentes para facilitar el libre albedrío del Capital Monopólico Financiero
(CMF) y adhieran a la generación de las condiciones para su readecuación (FEM), otorgándole a muchas de estas
disposiciones la supuesta finalidad de paliativos frente a la crisis
socio-económica ocasionada por la pandemia por la COVID-19. En suma, asistimos hoy
a un extremo grado de sincronización de la política económica y monetaria en
todo el SCM y nos acercamos un poco más al gobierno mundial del capital
financiero transnacional.
Sabiéndose acreedor de ese mayor poder, el
capital financiero, interno y transnacional, chantajea a la opinión pública con
la posibilidad de abandonar nuestro país, pero arguyendo para ello una baja general
en las expectativas de inversión y una creciente inestabilidad en las reglas
del juego locales. Esto lleva rápidamente a la presidenta del Banco Central (BCCh),
Rosanna Costa (funcionaria de la entidad durante la Dictadura y luego llamada
varias veces por Bachelet como asesora), aparte de aseverar que según su análisis
no se cumplen, “las condiciones para
activar el requerimiento de capital contracíclico", a hacer un llamado
a, “fortalecer el mercado de capitales”
(ED-19/5); léase,
darles aún mayores facilidades y márgenes de ganancia a los más grandes, advirtiendo
que desde marzo de 2021 al mismo mes de 2022 salieron de Chile US$19.200
millones, relacionados principalmente con empresas (y que en 2 años suman US$44
billones), lo que sólo viene a demostrar la preferencia del CMF por la
inversión en activos externos, de gran volatilidad, pero que le aseguran
grandes ingresos y a despecho de cualquier otra consideración. ¿Y cómo espera
el Gobierno y los GMRS mantenerlos en casa y a resguardo?: limitando las
propuestas político-legislativas que les puedan perturbar; asegurando un fondo
estable de ahorros de largo plazo (lo que explica el portazo a los retiros de
fondos desde las AFP), así como niveles de rentabilidad generosos;
restringiendo al máximo la deuda pública, suprimiendo así a un importante
competidor: el Estado; y comprometiéndose a que la reforma tributaria en
carpeta no les afectará (ya Marcel anunció una reducción de la tasa de 1ª
categoría del 27 al 25%).
A pesar que el PIB creció un 5,4% entre abril
y junio, esto representa 3,5 veces menos de lo alcanzado durante el mismo lapso
de 2021, cuando su variación fue de un 18,9% (BCCh). Asimismo
y considerando iguales trimestres, la demanda interna durante el 2º de 2022 también
se incrementó y lo hizo en un 8,7%, pero esto representa apenas ¼ de lo logrado
hace un año, en que tal indicador escaló a un 31,3% y si se compara de manera
desestacionalizada (como variación respecto del trimestre anterior), entre
abril-junio cayó en un -0,9%. Sin embargo, como demostración palmaria de lo que
efectivamente significa un desarrollo capitalista desigual y combinado, aun
siendo escasos los logros económicos de nuestra FES y yéndose a pique el
consumo de los hogares chilenos, la banca fue capaz de embolsillarse US$3.200
millones en el 1er semestre de este año (CPMF), con una
fantástica rentabilidad sobre el patrimonio de un 16,7%. Y mientras el IPC
acumula un 8,5% entre enero-julio y el costo de la canasta básica supera los
$58 mil, con un incremento interanual del 20,6%, el mayor desde que existe tal
indicador (MDS) y en que
se ve afectada la mayoría nacional, los pocos grandes capitales obtienen
jugosas utilidades.
En lo que va de 2022, los grupos
representativos del CMF interno, cuya riqueza conjunta equivale al 16,1% del
PIB (CEPAL y Forbes), con el
mayor nivel de patrimonio en Iberoamérica en relación al tamaño de las
economías y en una FES donde el 1% más rico concentra el 49,6% de la riqueza
total (WIR),
nuevamente hicieron su agosto: Vapores, la naviera del grupo Luksic, el más
rico de todos, casi triplicó las ganancias durante la 1ª parte de este año al
compararla con los de por si substanciosos primeros 6 meses de 2021 (LT -19/8); SQM, el 2º más poderoso, propiedad de
Ponce Lerou y a quien su suegro -el dictador Pinochet- le regalara la
exestatal, logró utilidades en el 1er semestre que superan en un 940% las de
2021 (RM -18/8);
Cencosud, de Horst Paulmann y el 3º en competencia, percibió el doble de
ganancias que las conseguidas en igual lapso de 2021; y Empresas Copec, de los
Angelini (6º grupo), y el supermercadista SMU obtuvieron utilidades en el 1er
semestre que triplican las del año pasado, con US$1.001 millones (LT -19/8) y US$76,8 millones (CPMF), respectivamente.
En pocas palabras, l@s trabajador@s de Chile continúan
siendo esquilmad@s y pagando los costos de la crisis, mientras el gran capital
se enriquece todavía más, aun bajo el “Gobierno de la Esperanza”. Tan injusta e
infame situación tiene un carácter estructural, anterior a la pandemia en curso,
habiéndola esta última sólo agravado. Pruebas al canto: a) el 21 de julio, el
INE anuncia que durante el año pasado el ingreso mediano en Chile
–representativo de la mitad de la población- ascendió apenas a $457 mil; es
decir, la mitad de l@s trabajador@s percibe un salario que l@s coloca por
debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar de 4 ($530 mil), con los injustos
agregados que las trabajadoras percibían –en promedio- un 21,7% menos que ese
ingreso y que en 2017 el salario mediano, actualizado, era de $461 mil (FS); o sea, durante 4 años, el poder
adquisitivo de más de 4 millones de trabajador@s simplemente ha sido degradado
y no tiene visos de mejorar; b) el promedio del sueldo de un/a trabajador/a de
La Pintana es casi 5 veces menor que el de uno/a de Vitacura: $377.751 vs
$1.768.788 (INE -21/7); c) si
bien la tasa de cesantía entre el 2º trimestre de 2021 y el mismo de este año
cayó del 9,5 al 7,8%, o sea un 11,2% (INE –jul. 2021-22), su
descenso se ha ido ralentizando y lo que es más grave, la tasa de personas
ocupadas informales (sin acceso a seguridad en salud y previsión) creció entre
ambos períodos un 14,8%, sumando ahora casi 2,4 millones de personas, las
cuales laboran principalmente en el volátil sector terciario de la economía, afectando
sobre todo a las mujeres y a menores de 24 y mayores de 45 años (INE -3/8), dando todo ello como
resultado que 1 de cada 4 personas ocupadas lo hace en condiciones precarias y
las cifras demuestran que esto seguirá en franco ascenso; y d) a pesar que el
monto total de la deuda morosa ha venido disminuyendo en nuestra formación desde
hace 3 semestres, ascendiendo al 30/6 a US$8.529 millones (USS-Eq), lo que se explica porque l@s
deudor@s y moros@s amortizaron lo adeudado con lo obtenido de los retiros
previsionales y bonos fiscales, su número no ha hecho más que aumentar desde
septiembre de 2021, totalizando 4,1 millones de personas (casi 1/3 de la
población en edad laboral –INE). Al
observar las características de es@s deudor@s, se constata que la mitad registra
morosidades por montos bajo los $300 mil, de las que evidentemente podrían
resarcirse de contar con buenos trabajos y salarios; y que el principal
acreedor por número de deudor@s es el retail (46%), luego la banca (25%) y
cierran las financieras y seguros (15%), pero que son los bancos los que concentran
el 60% del total en mora.
No se requiere ser muy ducho en economía como
para no darse cuenta que la estructuralmente mezquina y desigual situación que
enfrenta nuestra clase trabajadora no cambiará porque se aplique una jornada
laboral de 40 horas (para lo que el empresariado ya cuenta con las condiciones
estructurales para generar plusvalía acortando el tiempo socialmente necesario
para la producción y distribución de mercancías), proyecto que el Gobierno de
AD reactiva y lanza como caramelo buscando que sea aceptada la propuesta
constitucional de la CC. Más encima, el R-NR propone que aquella rebaja horaria
se haga de manera escalonada y ¡a 5 años! ¿A qué se referirá el guatón Boric cuando,
con harto bombo, da a conocer que con las 40 horas llegará la felicidad?
2) El gran capital y el estrato político civil adornan el modelo y garantizan
su continuidad
Enmarcados en la actual etapa de transición
imperialista, los integrantes de nuestro doméstico Bloque Político de Estado
(BPE) cumplen sus roles en la obra: los sectores dominantes y los Grupos
Mantenedores y Reproductores del Sistema (GMRS, que identificamos con los
restos de la exNM), presionan al gobierno de Apruebo Dignidad (AD) o lo que es
lo mismo, de las fuerzas del Reformismo-Neorreformismo (R-NR), a fin que sean
aprobadas y puestas en marcha medidas y políticas económicas en línea con las
orientaciones impuestas desde el centro del SCM y que convienen al capital
monopólico-financiero interno aliado al transnacional.
El gran empresariado chilla que todo va mal y
sentencia que el escenario económico es complejo debido a una elevada
incertidumbre, alta inflación, depreciación del peso, contracción de la
inversión y ralentización de la creación de empleos, sin parar mientes en que en
todos estos factores, a causa de la inmensa concentración y centralización de
los capitales que ha logrado consumar, cuenta con el poder efectivo para abrir
y cerrar la llave como le plazca. Los mandamases de la CPC y la Sofofa, Sutil y
von Appen, respectivamente, acuden a La Moneda a fin de ilustrar y requerir moderación
a Boric en las reformitas que piensa desarrollar dentro de la esfera de la
economía, y éste responde gustoso con una mesa de trabajo público-privada (ED -16/8), cuya finalidad es, “potenciar la productividad e inversión”. Lo anterior se debe entender
como: déjennos (al gran capital) mantener la propiedad monopólica de los medios
de producción, distribución e intercambio; conservar y mejor aún, elevar los
niveles de ganancia; asegurarnos la apropiación del excedente económico; y el
poder de decidir dónde y cómo invertir, para lo que se nos debe resguardar
adecuadamente (no hay que olvidar que el que invierte manda). Pero ya el genio
de Tréveris, hace un siglo y medio, había expuesto que la excesiva
concentración del capital no significa un aumento de la producción, sino todo
lo contrario; ergo, se debe quitar de en medio al parásito capital (monopólico-financiero
a estas alturas) para aumentar la productividad y que el excedente se transforme
en capacidad productiva. Pero para que esto signifique, en la práctica, un
aumento de la riqueza social y de la cual pueda gozar la mayoría, se requiere,
al mismo tiempo, de una condición sine
qua non: romper con las relaciones sociales que perpetúan y hacen posible
que aquel parásito sea dueño de todo y se pueda apropiar del fruto del trabajo
de la masa de productores/as. Esto nunca será posible vía reformas, elecciones,
plebiscitos u otras formas que, disfrazándose de participación y poder de decisión,
en el fondo, sólo sirve para mantener la verdadera dictadura del gran capital y
sus paniaguados.
Las derechas económica, política y mediática,
cuando vociferan que el terror es patente en todos lados, que para atenuarlo
hace falta más seguridad, más milicos y pacos en las calles y campos, no se
refieren al temor que siente el/la poblador/a o el/a trabajador/a ni a su
necesidad que cuiden lo poco que tiene, sino que están generalizando el pavor
que sienten a perder su propiedad o parte de ella, sus ganancias, su poder, y
exigen que el Estado de clase, burgués por antonomasia, le vigile su riqueza y
dominio con los aparatos armados a su disposición. Con tanta alharaca matan
varios pájaros de un tiro: primero, defender y mantener sus prebendas y su
posición; segundo, que AD y todo el arco del R-NR, serios aspirantes a engrosar
las filas de los GMRS, continúen haciendo el trabajo sucio de la represión (para
lo que se han prestado dócil y solícitamente); y tercero, que los pueblos y l@s
trabajador@s pervivan en una constante paranoia, la que les imposibilite ver de
frente su propia realidad, les aísle socialmente -y políticamente- por lo del
pánico al otro (a lo que vino a cooperar la pandemia y las medidas de enclaustramiento
para enfrentarla), y que les lleve a exigir más represión y menos libertades.
Por extensión, logran introducir en buena parte del electorado un importante
grado de alarma respecto de la posible sustracción de bienes y derechos en caso
de ganar el Apruebo, aunque saben que no importa cuál sea el resultado del
famoso plebiscito, pues todo indica que la hegemonía del bloque en el poder continuará
a resguardo, ya que a la arena de la política han llegado los refuerzos de los GMRS:
las fuerzas del R-NR, para que con algunos retoques perpetúen su orden. Todo lo
anterior les asegura que se resguardará un Estado de clase autonomizado de lo
económico.
Los GMRS, que han quedado muy cómodos en su
papel de árbitros entre el R-NR y las derechas política y económica, plantean
vaguedades y emperifollan el modelo. Atacan o apoyan al Gobierno, dependiendo
de los réditos que puedan obtener; total, los platos rotos los paga este
último. En lo del escándalo por más seguridad y más uniformados en las
“macrozonas”, así como en la economía y varias materias sociales, se alían sin
asco con las derechas, exigiendo conjuntamente ampliar los estados de excepción
y las facultades de las FFAA. El PDC es el más activo en todo ello, ya sea como
partido o como camorras internas. Aparentemente, sorprende que existan fracciones
al interior de los diversos partidos de la exNM que apoyan el Rechazo, pero
esto se puede explicar: uno, porque creen que el Apruebo pondría en cuestión ciertos
aspectos de la gobernabilidad del modelo heredado de la Dictadura y que ellos
estiman riesgoso para su continuidad; y dos, porque son fervientes creyentes de
la política del consenso ‘por arriba’, de la que han usufructuado por 32 años y
quieren seguir figurando en la obra como estrellas principales. En verdad, los
remanentes de la exConcertación son ya verdaderos zombies de la política y –aparentemente-
no se han percatado de esto. Con todo, prontamente deberán definirse si
prosiguen solos cuesta abajo hacia su extinción o sí se alían con l@s parvenue del R-NR o con la
autoproclamada ‘centroderecha’, puesto que la democracia de baja intensidad en
curso, que requiere de la existencia del consenso entre dos bloques sistémicos,
no da para otro invitado.
3) Boric, Reformistas y Neorreformistas dan seguridades sobre la
continuidad del modelo y la “Democracia de los 32 años”
Los componentes de AD y el arco de fuerzas
del R-NR que lo sostiene no tuvieron la decencia de efectuar una sincera
resistencia antes de ceder, en toda la línea, a los requerimientos del bloque
en el poder y a los que se sumaban los referentes de la exNM. El guatón Boric y
sus ágiles de Hacienda, Marcel; de Economía, Grau; y de Trabajo, Jara, coincidieron
con los capos del empresariado, en la reunión conjunta del 16/8, en que se
necesita invertir, innovar y empujar la productividad para poder crecer (económicamente
hablando), pero lo hacen aceptando la cancha dispuesta por el gran capital y
aceptando sus reglas del juego. Así, el potenciamiento de la inversión y la
producción irán siempre en consonancia con la mantención del modelo de
explotación y las reglas generales impuestas a sangre y fuego hace 49 años. Como
l@s chic@s buen@s de AD no pueden quedar mal con nadie, aceptan pragmáticamente
el mandato del gran capital, pero no si antes lanzar discursos de una franca
oposición y de reclamos en bien de la “gente de la calle”, pero con semejante ardid
“para la galería” sólo han logrado un acelerado desgate de su credibilidad y la
deserción del electorado de la exNM y franjas más de izquierda, quienes posibilitaron
su triunfo.
Habíamos comentado que la aplicación de
medidas de corte procíclico por parte del pusilánime Gobierno AD, como las que
consulta el paquete que está utilizando para contrarrestar los efectos de la
virosis por COVID-19, plan Chile Apoya
(EC -4/7), contraría
las recetas de tipo contracíclico que algunos de sus mentores propugnaban hasta
marzo y más apropiadas para épocas de crisis, como la que atenaza a la clase
trabajadora. Aparte de tener un escaso monto, US$3.700 millones (apenas el 13%
de las ganancias que en 2021 se supone obtuvo la gran minería privada, US$27 mil
millones) (DUC -16/3), aquel
plan no considera un impulso estatal productivo, así como el desarrollo de
áreas vitales para la alimentación, como son la agricultura y la pesca
artesanal. Más bien profundiza la subsidiariedad fiscal para con el gran empresariado,
puesto que se aportarán platas públicas para que el exTransantiago y los oligopólicos
distribuidores de combustible no suban sus precios (vía MEPCO), con lo que se
continúa engordando a una burguesía que llora miseria, pero que se enriquece
con la ruina de otros. También se pretende con dicho plan mantener contratos y ‘aumentar’
el sueldo mínimo a $400 mil, pero este último sigue estando bajo la línea de la
pobreza para un grupo familiar tipo, por lo que no es “mínimo”.
Debido a las extremas desigualdad e
injusticia que caracterizan a nuestra FES, sólo la puesta en práctica de medidas
y planes que contribuyan a transformar progresivamente esas condiciones y que apunten
a un cambio de fondo de las bases del modelo, podrán permitir un desarrollo económico-social
más equilibrado, armónico y que cuente con aprobación social. No obstante ello,
a poco de llegar a La Moneda, Boric y los suyos dejaron de lado sus promesas
electorales de resolver las demandas crudamente expuestas por la rebelión del 18-O,
habiendo aventurado algunas/os de sus próceres la posibilidad de impulsar la negociación
por rama productiva, el pleno derecho a la sindicalización y a la huelga, la
puesta en marcha de un sistema impositivo progresivo y con una distribución de
ingresos más igualitaria; hasta se mostraron partidarios de poner fin al
ominoso sistema de capitalización individual, el cual pervive (y lo seguirá
haciendo) para la mayor gloria de las hienas dueñas de las AFP. Siguen
pendientes de abordaje y resolución muchas e importantes problemáticas que
cruzan nuestra formación social: que exista verdad y justicia para l@s más de
60 asesinad@s y miles de herid@s que arrojó la cruenta represión por la que los
agentes armados del Estado, mandatados por el genocida Piñera y azuzados por la
patronal, buscaban aplacar la legítima protesta popular durante el
levantamiento del 18-O; el otorgamiento de la libertad incondicional para l@s
Pres@s Políticas de aquella Rebelión; y la refundación de las policías, en lo
que constituyera una promesa de la campaña presidencial de Boric, pero que se
diluyó de inmediato el 11 de marzo.
Tales acciones (más bien omisiones) no han
hecho sino acrecentar, como era fácil de prever, la aversión de amplios
sectores populares respecto de la gestión de Boric y de AD, puesto que al
ciudadano de a pie le queda claro que todo lo que se esperaba del nuevo
gobierno no fueron sino slogans y frases de buenas intenciones y lo mismo
parecen ahora aguardar respecto del texto a plebiscitarse el 4 de septiembre.
La merma en las esperanzas puestas en lo que pudiera haber hecho el ‘guatón’
Boric también ha ido alejando la posibilidad de una victoria contundente del
‘apruebo’ a la propuesta de la CC, con lo cual se aleja la posibilidad de ver
plasmadas, al menos, las propuestas más moderadas del Ejecutivo y que tienen
base en algunas normativas y principios declarados en la nueva Carta Magna.
Claro que este podría ser un argumento del R-NR para explicar su insípida
gestión en lo futuro, sin llegar a aceptar que es su inconsistencia y
defraudación de las esperanzas populares lo que conduce a su decreciente apoyo
entre la población y la posible causa del triunfo del Rechazo. Y la guinda de
la torta, en cuanto al sometimiento del oficialismo a las órdenes impartidas
por los sectores dominantes, se produce al finalizar el período, cuando -a
instancias de Interior- es detenido Héctor Llaitul. Sin duda que a esto último
contribuyó la herencia dictatorial y que le fuera traspasada directamente a
Boric y compañía por Piñera y el paco Rozas, mediante la cual se considera
criminales a los mapuche que ejercen la violencia popular, cansados de tanto
abuso y humillación y en un acto de legítima expresión política, pero que exime
de culpa a los verdaderos criminales, que son los empresarios forestales, sus
socios terratenientes, transportistas y las FFAA y de Orden, que continúan atropellando
los DDHH en el Wallmapu.
4) Lo social y algunos de sus efectos en la
política
En el período, nuestra
formación social se tensa y demuestra cierto grado de expectación frente al
evento eleccionario del 4 de septiembre, el que sellará el “Acuerdo por la Paz
Social y la Nueva Constitución”, alcanzado el 15 de noviembre de 2019, compromiso
impulsado por el genocida Piñera y las derechas y acogido por los GMRS y buena
parte del R-NR (aunque solo saliera el guatón en la foto aquella), buscando principalmente
detener la inmensa ola de ira popular que se levantó por tanto abuso e
injusticia, cambiando todo para que todo siguiera igual. Y forzoso es decirlo, con
este artilugio y el juguete nuevo de Boric en La Moneda, el conjunto de la
patronal, el bloque en el poder y el BPE han logrado anestesiar en gran medida
el ímpetu de unidad y lucha que se desatara aquel 18 de octubre de 2019. Sólo
la detención de Héctor Llaitul vino a generar algún grado de movilización, a
cargo de los grupos más politizados y comprometidos del Movimiento Popular (MP).
4.1) ¿Y qué pasó con la Educación Pública,
Gratuita, de Calidad, Liberadora y Antipatriarcal?
En el ámbito
educacional, como en casi todo desde 1990, ha corrido mucha tinta y se han
expresado muchas buenas intenciones, pero no se ha logrado avanzar un ápice respecto
de una Educación que, en la práctica político-social, constituya una
herramienta de liberación y que se comprometa con el cambio social profundo. Al
contrario, desde la “reforma educacional” que arranca en 1990, el aparato
escolar se ha convertido en un espacio de competencia, de chabacanería y en un
espejo de las contradicciones de una sociedad dividida en clases sociales. Lo
dicho por el Alcalde de Juan Fernández al respecto, no sólo resume lo ocurrido
en Educación, sino también lo que pasa a nivel estructural: “durante los
últimos 12 años sólo escucharon promesas que nunca se cumplieron para la
construcción de un establecimiento luego del tsunami que golpeó la isla el 27
de febrero de 2010”. Y no son 12 ni 30 años; son 32 años y 5 meses de
continuidad de políticas y prácticas heredadas de la Dictadura cívico-militar
del capital monopólico-financiero.
En cuanto al famoso
CAE, en una problemática sobre la Educación como mercancía, el novel Gobierno
ya comienza a retroceder, así como en muchos otros temas y anuncia que el
proyecto de posible condonación ingresará en 2023 y que ello depende de la
concurrencia de una serie de factores, como la reforma tributaria (que ha de
reformar un Decreto Ley de la Dictadura), el crecimiento económico, la
inversión pública y la salud de su majestad la reina Isabel. Y en consonancia
con el discurso reformista, a través de la vocera Camila Vallejo (PCCh) se
informa que se descarta que la medida vaya tener un carácter universal: “Hay una discusión legítima respecto a, por
ejemplo, qué pasa con altas autoridades que tienen ingresos y tienen deudas
CAE. Creemos que puede haber ciertas excepciones, y por eso hemos hablado de
una condonación gradual, responsable, que atienda principalmente a aquellos
egresados que están con deudas más complicadas”. Es decir, no se vislumbra
que la Educación pueda llegar a ser gratuita y considerada como un derecho en
todos sus niveles, por más que se declare en la reforma constitucional que será
votada el 4 de septiembre, y de seguro se mantendrán becas y subsidios para
emular tal derecho.
Y aunque en las
calles, en forma incesante, se gritó y grita: “Asamblea Constituyente”, “No+AFP”,
“No+Sename”, “Libertad a los Presos Políticos” y “No+SIMCE”, el nuevo Gobierno
se ha empeñado, al igual que sus predecesores desde hace 32 años, a mantener el
sistema de dominación intacto, con sus expresiones formales, tal como ocurre
con esta última prueba estandarizada, la que sólo provoca estrés entre
estudiantes y docentes, además de una serie de problemas que entorpecen la implementación
de una Educación de calidad e integral. El Presidente del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz, señala: “Detrás
de esta decisión creemos que lo que hay es el interés de cuidar un negociado”,
y remata diciendo, “Son miles de millones
de pesos los que se gastan para poder implementar esta prueba”. Y la danza
de millones contrasta con lo que ocurre en el aparato escolar, donde el mismo
Díaz subraya que hoy se pueden encontrar decenas de establecimientos con serios
problemas de infraestructura, con filtraciones en sus techumbres, falta de
puertas en los baños y las salas, además de falta de vidrios en las ventanas
que obligan que las clases tengan que realizarse con bajas temperaturas, “incluso cercanas a cero”, a lo que
agregaríamos las deficientes, lentas y muy caras conexiones a internet, en las
escuelas y en las casas; bibliotecas no interactivas; ausencia de gimnasios
bien implementados; carencia de contacto con expresiones culturales: museos,
ferias científicas, teatro, danza, canto, etc., y un sinfín de estrecheces más.
En una problemática
que no es estrictamente educacional, pero que golpea a la población escolar y afecta
a amplios sectores de nuestra población, ya se comienza a hablar de la, “pandemia de la obesidad”. Académicos del
INTA elaboraron un Índice de Riesgo de Obesidad Infantil Comunal (IROBIC), el
cual busca sintetizar en un valor global los factores de riesgo a nivel comunal
asociados a la obesidad infantil. A nivel latinoamericano, Chile es uno de los
países con la mayor prevalencia de esta última condición y cifras recientes, extraídas
del Mapa Nutricional Junaeb 2020, establecen que ella alcanza el 25,4% de los
niños y las niñas. Una de las principales conclusiones del estudio es que los
valores más altos se observan en las comunas con alta proporción de población
en situación de pobreza. Se observa que de las 10 comunas con IROBIC más altos;
es decir, mayor riesgo, 8 de ellas son de la Región Metropolitana: las dos
primeras, Cerro Navia y La Pintana, luego siguen Llayllay, El Bosque, Lo Prado,
Lo Espejo, San Joaquín, Putaendo, Pedro Aguirre Cerda y Conchalí, que tienen
una alta proporción de población vulnerable, como le llaman ahora a la pobreza.
Por otro lado, en las 10 comunas con menores IROBIC, que coincidentemente son
las comunas con población de mejor nivel socioeconómico, se observa que los
puntajes en todas las dimensiones son mejores que en el resto. Las cifras no
son nada alentadoras: “Chile es el país
de la OCDE con mayor obesidad y sobrepeso, alcanzando al 74% de la población
adulta y al 52% de los niños” (DUC -7/6).
4.2) La confusión de la CONFUSAM, la Salud
Pública como negocio y equidad para l@s trabajador@s de la salud privada
Tras la cuenta
pública de Boric, del 2/6 (F24 –íd.), en un Valparaíso sitiado por
l@s pac@s del COP, la CONFUSAM, en su ya histórica postura contestataria,
anunció movilizaciones por unos dichos de la Ministra de Salud, en los que se
daba a entender la incorporación de prestadores privados a la red de atención
primaria. Luego, Yarza, la susodicha, aclaró que el acápite en cuestión hacía
referencia a atención en los niveles secundario y terciario del sistema público
sanitario. Y en eso se quedó la CONFUSAM, en su eterno estado de alerta.
En todo caso, l@s
compañer@s de las diversas FENATS del país, que laboran precisamente en los otros
niveles mencionados en la justificación de Yarza, no recogieron el guante y
dejaron pasar el aviso de una probable escalada de capitales privados
adentrándose en la red de hospitales e institutos de la Salud Pública, cobrando
directamente o mediante subsidios, lo que ciertamente mantendrá la postergación
sectorial y su atávica privación de personal, equipos, insumos, etc.
Donde se está
produciendo una nueva articulación de unidad y lucha es en el frente de l@s
trabajador@s del ámbito privado de la salud. Gloria Flores, dirigenta del
sector, alerta: “El 30 % de los
trabajadores está con licencia y otro 7% renunció” (DUC -20/6), apuntando a la gran presión laboral que existe en ese medio. Ell@s esperan
que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley que establece el derecho a
14 días de descanso reparatorio. La situación que enfrentan las y los
trabajadores de la salud privada no es distinta a la de sus pares del sector
público, pues a la fuerte carga laboral y sobreexigencia frente a los distintos
escenarios generados por la pandemia, se suma la demanda por la atención de
enfermedades respiratorias estacionales. Sin embargo, no gozan con el derecho a
un descanso complementario o reparatorio, ya que el gobierno de Sebastián
Piñera los marginó de la ley que se publicó en enero de este año.
Y en un aspecto delincuencial
relacionado con la salubridad y la pandemia, la Comisión Chilena de DD.HH.
solicita que Piñera, Mañalich y el subsecre redes Zúñiga respondan penalmente por
sus contrataciones truchas de Espacio Riesco y otros recintos. El organismo
pidió a los tribunales nuevas diligencias para acreditar delitos relacionados
con la contratación de residencias sanitarias y el pago que consideran
"irregular" de cerca de $380 millones a una empresa hotelera. Es lamentable
que se pretenda hacer responsable al genocida Piñera solo por estos hechos, sin
que nada se haga respecto de los asesinatos, desapariciones y la sistemática
violación de los derechos fundamentales por parte de agentes del Estado y por
el Gobierno a su cargo con ocasión del 18-O y hasta que abandonara el cargo, en
marzo pasado.
4.3) Sindicales: Algo
huele mal en Ventanas; Preunic se jacta de precios bajos, pero maltrata y paga
poco a su gente
En el período, se
produce el cierre de la Fundición Ventanas, al norte de la V Región, que según
el gobierno es la principal fuente de contaminación de Quintero y Puchuncaví.
De inmediato se inicia la reacción por parte de sus trabajadores, quienes despliegan
una potente protesta social, que incluye barricadas, cortes de rutas y marchas.
En tanto, debido al ímpetu que todavía en ese momento presentaba la opción “Apruebo”
en las redes sociales, en estas se apoya la medida gubernamental, la cual no
afecta a los emisores privados de contaminación. Dolida por la medida, como un
traidor calificaba la presidenta del sindicato Nº 1 de la División Ventanas de
Codelco, Andrea Cruces, al presidente del directorio de la minera estatal,
Máximo Pacheco, luego que durante esos días anunciara desde La Moneda el cierre
de la fundición de cobre, agregando la sindicalista que el ejecutivo los había
vendido, por lo que emplazó a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) a
convocar movilizaciones de apoyo. Luego, los contratistas de Codelco rechazan el
cierre de la fundición y anuncian que se sumarían al paro, declarando que, “nos declaramos en estado de alerta y se cita
a reuniones zonales para organizar y articular un movimiento representativo a
lo largo del país”. Ante la drástica medida, que de alguna manera encubre la
senda hacia la privatización del cobre, los trabajadores declaran: “Estamos seguros que la vía de solución al
conflicto medioambiental y laboral en la región se soluciona con una inversión
que permita actualizar los niveles de calidad y funcionalidad de la planta. Una
solución definitiva debe incluir un plan de manufactura del cobre en nuestro
país y no en el extranjero, cuestión que no ha estado presente en ningún plan
de gobierno a la fecha” (RBB -20/6).
El 21 de junio, la
FTC convoca a un paro nacional sectorial. Amador Pantoja, presidente de esa
federación, señala que serán 55 mil trabajadores movilizados. Andrea Cruces emplaza
al Gobierno, acusándolos como los “responsables de empobrecer la comuna” con su
proceder. Además, indicó que ellos piden una suma de 50 millones de dólares
para efectos de seguir trabajando, y que Codelco, con el cierre de la
fundición, comenzaría a perder 250 millones de dólares diarios y lanza una
importante interrogante: “Yo quiero
preguntar al Presidente Boric, ¿qué negocios hizo en el exterior?, en Canadá.
¿Qué negocios hizo en Estados Unidos?, ¿qué proyectos se están entregando?”.
Sin embargo, el mentado paro nacional no se prolonga ni por 24 horas y terminan
sentándose todos en torno a una mesa de negociación, en la que todos sabemos
cómo se termina “arreglando la carga”.
Otro sindicato que
se moviliza en el periodo es el de PREUNIC, denunciando prácticas de maltrato y
abuso laboral. Más de 250 trabajador@s de la cadena Preunic se encuentran
(hasta el cierre de este análisis) movilizándose en la mayor parte de los
locales, en demanda de mejores condiciones salariales y laborales. Rolando
Solís, presidente del Sindicato Interempresas, informa que l@s trabajador@s paralizan
y agitan sus justos reclamos en las principales ciudades del país, exigiendo un
reajuste del 15% de sus remuneraciones y el incremento de los bonos de colación
y locomoción. El dirigente precisó que la empresa se ha negado a mejorar beneficios
tradicionales, tales como el bono de locomoción, que actualmente es de $12 mil
mensuales (equivalentes a $300 diarios); mientras que, para colación, el bono
no supera los $1.400 pesos y se mantiene congelado hace ¡15 años! Frente a esta
miseria, l@s trabajador@s piden un bono que cubra dos pasajes diarios en metro
y un aumento a $3 mil del bono de colación. Por su parte, la dirigenta Carmen
Gloria López, se refirió a las condiciones laborales en que se desempeñan: “No tenemos un lugar donde tomar nuestro
descanso, no se respeta la Ley de la Silla que corresponde a todo trabajador. Tampoco
nos dan el uniforme y la ropa que necesitamos, ya sea para el invierno o el
verano y no han tomado ninguna determinación para solucionar los problemas. Los
lugares de colación, como también los baños, tenemos que limpiarlos nosotros.
Es decir, además de hacer las ventas y ordenar las salas, también tenemos que
preocuparnos del aseo”. Es la vuelta directa al Chile del siglo XIX.
5) La Política: no todo fue plebiscito de salida en el período
5.1) Héctor Llaitul o la crónica de una detención anunciada
Al comenzar el
período, el gobierno de Boric anuncia que evalúa favorablemente el estado de
excepción impuesto en el Wallmapu, el cual posibilita la militarización de la
zona y con ello la salvaguardia de garantías para las forestales, latifundistas
y comerciantes. Por si fuera poco, Izkia Siches (del Partido exComunista)
señala muy oronda, “éste es el
"estado de excepción donde más efectivos hemos tenido" en la ya
famosa ‘macrozona’ y a renglón seguido la flamante ministra señala, “obviamente
este no es el desafío final de nuestra administración sino más bien
desarticular las bandas y seguir las acciones preventivas“.
El 4 de junio, el Congreso
logra algo similar a lo obtenido en agosto de 1973, cuando declara
“inconstitucional” al gobierno de la Unidad Popular, pero esta vez buscando el aplastamiento
de las Organizaciones Político-Materiales (OP-M) del Pueblo-Nación mapuche. La
Cámara de Diputad@s, con 66 votos a favor, 43 en contra y 13 abstenciones, declara
a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Malleco,
Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichan Auka Mapu como ‘asociaciones ilícitas
de carácter terrorista’”. El mismo día, es asesinado el comunero mapuche Eloy
Alarcón Manquepan, a manos del dueño de un fundo, Carlos Briceño, quien argumentó
que fue atacado con un machete. Sin embargo, la tía del fallecido, María
Manquepan, señaló que se trató de un asesinato a quemarropa, ocurrido apenas
Briceño descendió del vehículo que conducía. Según su versión, “íbamos entrando al terreno cuando se acerca
la camioneta. (El conductor) abre la puerta y le dispara a quemarropa. (Eloy)
cayó a una zanja, nosotros corrimos a socorrerlo y (el conductor) me amenazó
con una pistola. Me decía sale de ahí vieja de mierda que también te voy a
matar (sic). Y yo entre que me caía y me paraba no alcancé a socorrer a mi
sobrino”. Al día siguiente, el diputado Jaime Araya (Ind. proPPD), a quien
le da lo mismo el asesinato del peñi, afirma que lo único que importa es que el
Gobierno actúe sin ningún tipo de contemplación. Además, el politicastro tildó
como una "provocación" las declaraciones del fundador y ex líder de
la CAM, José Huenchunao, quien manifestó que "en algún momento vamos a
tener que apoderarnos de los colegios”, en medio del conflicto que se vive en
el territorio Mapuche.
A la par de la
represión legalizada en el Sur, los senadores del PPD Jaime Quintana, Loreto
Carvajal, Ricardo Lagos Weber, Jorge Soria y los independientes Pedro Araya y
Ximena Órdenes, solicitaron al Gobierno y al Parlamento priorizar la aprobación
del proyecto represivo de Infraestructura Crítica, que fue modificado en
Comisión Mixta (11/7) y a cuyo texto definitivo sólo le resta ser votado por
ambas cámaras para terminar su tramitación legislativa y, a continuación, Boric
promulgaría –sin vetar- la reforma constitucional y sin necesidad de estado de excepción,
simplemente sacaría los milicos a las calles y los campos. La iniciativa
establece que, cuando exista peligro grave o inminente para la infraestructura
crítica del país, el Ejecutivo podrá aplicar mediante decreto supremo fundado
que las FFAA se hagan cargo de su protección, pero lo interesante es que queda
a criterio de ellas y del Gobierno qué es lo que se entiende por ‘infraestructura
crítica’, así como tampoco queda muy clara la cadena de mando de las fuerzas en
acción y los resguardos del caso sobre cuidados y garantías de los DDHH.
A fines de julio,
el Senado aprobó y despachó la 4ª solicitud del Gobierno para extender por
otros 15 días el estado de excepción en las provincias de Biobío, Arauco,
Malleco y Cautín. A estas alturas, dicho estado no tiene nada de excepción, pues
no es más que la declaración de guerra del Estado chileno contra el
Pueblo-Nación mapuche y el conjunto del MP, como que fuera aplicado inicialmente
en octubre de 2019, durante la Rebelión de Octubre, y desde el 12 de octubre de
2021, casi permanentemente hasta hoy, en el Wallmapu. En esos días, el Partido exSocialista,
en boca del Panzer, daba su beneplácito para aumentar la represión y hacerla
selectiva (DUC -14/6), y el diputado Leonardo Soto (también autodenominado socialista)
reiteraba el apoyo de la bancada a la iniciativa: “Nosotros hemos decidido que este es un estado de excepción
constitucional que hay que apoyar, porque es un estado de excepción
inteligente”, y el “inteligente” diputadito remata: “Las policías en la democracia son quienes persiguen a los delincuentes”.
¿De cuál democracia estará hablando Sotito?
El 27/7, Siches anuncia
mediante conferencia de prensa el rechazo del Gobierno a las declaraciones del vocero
de la CAM, Héctor Llaitul, quien expresó en una entrevista que las acciones de la
OP-M están orientadas al sabotaje y criticó a las nuevas autoridades por no atender
a las justas demandas del pueblo mapuche. La autoridad de Interior agregó que,
“esperamos que el Ministerio Público con
las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de
Seguridad del Estado por dichos de similares características, pueda cursar una
investigación y dar cuenta”. Ya en la víspera, la ministra vocera de Gobierno,
Camila Vallejo, había adelantado que no presentarán nuevas querellas por los
dichos de Llaitul, ya que existen otras denuncias presentadas y de las cuales
La Moneda es parte. Demás está decir que la derecha política y la patronal
exigen desde hace rato, pero sobre todo con la llegada del R-NR al Gobierno, que
se encarcele al líder mapuche, así como el aplastamiento total de la CAM y de
todas las OP-M del Pueblo-Nación. El 16/8, tras algunas declaraciones de Héctor
Llaitul en Santiago, el Gobierno reitera que ellas no son informaciones nuevas
y que están contempladas en la ampliación de la querella por Ley de Seguridad
del Estado que interpusiera en su contra el 27/7.
Y finalmente, el
24 de agosto, en Cañete, se efectúa la detención de Héctor Llaitul. Para
justificar esta aprehensión, el Ejecutivo y la Justicia aducen los dichos del weichafe,
emitidas días antes, mediante las que reconocía que con lo obtenido por la
venta de madera recuperada (robada según los Tribunales) su organización luego adquiría
armamento. La Fiscalía de la Araucanía declara que se le atribuyen delitos por
Ley de Seguridad del Estado y delitos comunes; en concreto, el Ministerio
Público le imputa los delitos de usurpación violenta, atentado contra la
autoridad y robo de madera por casi $90 millones. En la audiencia -que se
realizó de manera telemática, con bastantes desperfectos técnicos- el abogado
defensor, Rodrigo Román, acusa que la Fiscalía está siendo “arrastrada por una operación política”,
desestimando, además, los antecedentes aportados por el organismo contra el vocero
político de la CAM.
El mismo día de la
detención de Llaitul y mediante un comunicado público (IW -24/8), la CAM afirma que
con su decisión el Gobierno pseudoizquierdista sólo da continuidad a lo que fue
antes la Concertación, poniéndose al servicio de las oligarquías y
conglomerados económicos que tienen sus intereses enquistados en el territorio
ancestral mapuche. Un claro ejemplo de esto corresponde a la designación de
operadores políticos de inteligencia, como lo son Manuel Monsalve (subsecret.
Interior), Humberto Toro (delegado presidenc. en Arauco) –ambos del P.
exSocialista- y demás personajes oscuros, quienes se han formado en la escuela
de Mahamud Aleuy (otro del P. exS) y que, a lo largo de estos años, no han
hecho más que cuadrarse con el gran capital. Acusan también la traición del PCCh,
ya que decididamente éste respalda la presencia de militares en el Wallmapu y permite
operaciones políticas en contra del movimiento mapuche autonomista, como lo es
el apresamiento del weichafe. Reivindican el proyecto político-estratégico que
han desplegado, el que consecuentemente ha liderado Llaitul, ahora detenido en
la CAS de Concepción, realizando una invitación a las demás OP-M y expresiones dignas
del weichan, a los lof y comunidades en resistencia del Meli Witxan Mapu a
continuar con los procesos de recuperación en contra del gran capital y a comenzar
otros nuevos, a través de un verdadero control territorial. Asimismo, convocan
a extender la resistencia y la realización de sabotajes en todo el Wallmapu, principalmente
contra intereses de las industrias
forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. Finalizan haciendo un llamado a no
dejarse amedrentar por un Gobierno que se ha puesto de rodillas ante el
empresariado y que a través de la entrega de migajas aspira a cooptar y dividir
a l@s mapuche.
Y justo al
terminar el período, en lo que resulta ser una nueva maniobra de inteligencia
(¿?) de Boric y el R-NR, haciéndose estos cómplices de la inquina patronal y
reaccionaria, los ratis detienen a Ernesto Llaitul, hijo del ya encarcelado líder
de la CAM. Esta arremetida represiva no quedará impune y tal como ocurrió con
la reacción hermosamente violenta de las comunidades mapuche y de los sectores
más conscientes del MP chileno ante el apresamiento del padre, otro tanto harán
ahora por el hijo. Pueden irse esperando sentaditos aquell@s que crean que la
digna lucha del pueblo mapuche se detendrá con viles actos de matonaje,
montajes o con la represión simple y pura.
5.2) ¡Libertad a tod@s l@s Pres@s Polític@s,
Chilen@s y Mapuche!
En relación con la problemática de l@s Pres@s
Polític@s (PP), no se observa una intención clara por resolver tal drama por
parte del Gobierno de Boric, del FA y l@s comunistas. Por el contrario, se
profundizan las querellas y el propio MINT dispone de abogados para que mantengan
o eleven las penas que fueron solicitadas durante el gobierno de Piraña. Es así
que el abogado defensor del compañero Matías Rojas, imputado por el caso “Hotel
Principado”, señala que para éste ha existido, “una persecución política muy difícil de entender” (DUC -1/6). En dicho caso, dos
de tres acusados de lanzar bombas molotov fueron absueltos y como en muchos
otros, el juicio ha sido monitoreado por la Dirección de Inteligencia Policial de
Carabineros, institución que mantuvo agentes de civil intra-marchas durante las
manifestaciones populares de octubre de 2019 y posteriores, aportando pruebas de
inculpación de carácter irregular, segmentadas, falsas.
Luego de la cuenta pública de Boric, 1/6, en
donde nada se dijo sobre indulto a l@s PP, la vocera Camila Vallejo hace
malabarismo para explicar que es uno de sus, “compromisos programáticos” (RBB -1/6). Lo que no coincide
con este acto de buena voluntad del actual Gobierno, es que en forma metódica sus
representantes han señalado que en Chile no existen presos políticos. Esta era
la misma opinión del Relator para Chile de la CIDH, Joel Hernández, cuya posición
contrastaba hasta con un proyecto de ley de indulto presentado por Senadores
chilenos, a instancia de un informe de esa Comisión Internacional, en que se denunciaban
sistemáticos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza para
enfrentar las protestas por parte de los agentes estatales (DEF -9/12/20). Con su iniciativa,
los legisladores buscaban una urgente solución política a la situación en que
se encontraban desde hacía más de un año, por entonces, quienes habían sido
imputad@s por supuestos delitos causados en el marco de las protestas del levantamiento
político-social popular. Y ya van a ser 3 años y no aún no hay solución a la
injusta situación de l@s miles de PP del 18-O.
Con todo, la sensible cuestión de la libertad
a los PP prosigue su lento caminar entre la maraña institucional. Es así que el
gobierno presenta ante el Senado un proyecto denominado “indulto conmutativo”
(en una afán por ir colocando apellido a todo lo que hace el Estado a través de
sus funcionarios públicos) (RBB -20/6),
iniciativa que ni siquiera cuenta con el apoyo de los partidos del Gobierno y
de los caimanes del PDC. Dos meses ha estado trabajando la Asamblea Nacional de
Familiares de Presos Políticos de la Revuelta con el Ministerio de Justicia por
un nuevo proyecto de Ley de indulto para l@s PP y ven como una alternativa plausible
lo del “indulto conmutativo”, ante la imposibilidad que prospere la iniciativa
original de indulto, la que lleva más de un año estancada en el Congreso y cuyo
rezago se ha concentrado en el Senado, donde pasó a adquirir el nombre de ‘amnistía’,
en el marco de su discusión en la Comisión de Constitución. Pese a las
múltiples conversaciones con los legisladores, para efectos de concitar los 26
votos a favor, la Asamblea de Familiares acusó un nuevo portazo del Senado, por
tanto anunciaron que ejercerán presión (menos mal) desde las calles. El
proyecto busca que l@s PP salgan de la cárcel y sigan firmando por un periodo
determinado, esperándose que “mantengan buena conducta”. Pero tal iniciativa nació
muerta, pues consulta el apoyo de la reacción para aprobarla –lo que es
improbable- y lo más seguro es que toda la buena onda y atención prestada por
el oficialismo sobre este drama político se diluirá luego del 4/9. Por su
parte, familiares de presos del 18-O de Concepción, pidieron al Gobierno que se
digne retirar las querellas. En visita a la capital, la agrupación entregó
sendas cartas en La Moneda y en la Convención Constitucional, y se reunieron con
legisladores oficialistas, a quienes pidieron que se termine con la persecución
penal heredada de la administración Piñera. Por su parte, la senadora Fabiola
Campillai emplaza al Gobierno ante la tardanza en la tramitación de proyecto de
Amnistía, acusando la legisladora que no le han dado pelota Boric ni Jackson ni
la ministra de Justicia. A buen entendedor, pocas palabras: o el MP se hace
cargo de llevar adelante la lucha más extensa y radical por la liberación de
l@s compañer@s PP, chilen@s y mapuche, o proseguirá la prisión política y con
claros tintes de incrementarse en lo porvenir; lo de los Llaitul es sólo el
comienzo.
5.3) No por mucho aprobar o rechazar nos será
regalada una democracia de verdad
No hay democracia en Chile, pues ella no es
lo que surgió, mágicamente, al finalizar la Dictadura cívico-militar. Esta, la
“democracia” gorila, ni siquiera responde a los cánones tradicionales,
liberales y burgueses, puesto que para que tuviese tal carácter debiera
responder positivamente y de manera copulativa a dos interrogantes fundamentales,
lo que no se cumple en la realidad: ¿se expresa la soberanía popular mediante
la elección directa de sus gobernantes? y ¿existe una efectiva división de los poderes
públicos? En la realidad, el poder verdadero es uno y cruza todas las
instancias de la superestructura, siendo el que dimana del bloque en el poder y
no hay control popular sobre ello. Hoy, cuando los representantes del estrato
político civil carecen de un proyecto político-ideológico y sólo son portadores
de un ideologismo chato y rapaz, no se podría hablar que representen
–proporcional y satisfactoriamente- el pensamiento y las aspiraciones de
sectores de la población; antes bien, encarnan en los diversos cargos políticos
las visiones interesadas y mesiánicas de sus partidos y el electorado simplemente
ratifica lo que se le ofrece. Los GMRS apelaron al miedo al Golpismo y a que
había muchos partidarios de Pinochet para que aceptásemos esta democracia de
cartón, pero la verdad es que ello se sobredimensionó para que nos tragásemos
el cuento y tal política de justificaciones ha proseguido hasta el día de hoy,
con el recurso de muchos fantasmas: el chacal Pinochet y su hijo, Piñera, Kast
y ahora con que si gana el ‘Rechazo’ se abrirá la tierra y nos tragará, pero si
queremos verdadera democracia y nos autodefinimos demócratas debiéramos empezar
por no aceptar nada que no lo sea, poner fin a las excusas para mantener esta
no-democracia que dura por 32 años y decir ¡basta!, y comenzar a edificar un
sistema político efectivamente democrático, en que de verdad se exprese la
soberanía popular y que responda a las esperanzas y necesidades de la mayoría
nacional y no a los intereses de un puñado de optimates y sus amigos del
capital transnacional. La verdad sea dicha, el bulo para transitar desde la
Dictadura al sistema político actual, acuerdo para la “Transición a la
Democracia”, fue una iniciativa surgida entre los gobiernos de EEUU y Europa,
con la bendición del Papa. Por tanto, a la izquierda y a l@s democrátas en
general, no nos debiera preocupar una elección o un plebiscito de más o de
menos, sino la lucha inclaudicable por subvertir este inicuo orden.
En medio de la supuestamente definitoria
batalla electorera que culmina el 4/9, jugándose a fondo en el empleo del
espurio y maniqueo artificio del Apruebo/Rechazo, los “apruebistas” y los
“rechazistas” utilizan múltiples recursos y esfuerzos para convencer al electorado
que su opción es la mejor, pero en el fondo y a un número importante y
creciente de potenciales votantes, le ha ido quedando claro que aquellos sólo
buscan que toda la atención se centre en las dos caras de una misma moneda, y
la gente no es tan tonta como para no olvidar que todo esto surgió del acuerdo por
‘arriba’, ese por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de
2019 y se percibe que ganando una u otra opción nada cambiará. No obstante y
hay que decirlo, con este montaje, las fuerzas del BPE han conseguido aplacar en
gran medida las legítimas demandas enarboladas en aquel mítico 18-O por una
verdadera y participativa democracia, logrando las huestes del R-NR canalizar para
fines meramente electoreros los esfuerzos de muchos sectores y organizaciones populares.
En suma, gane una u otra opción, ya triunfó la “Paz Social” que interesaba a
los contertulios de ese 15 de noviembre de hace 3 años, el guatón Boric entre
ellos.
Así como la aplicación de una jornada laboral
de 40 horas y las anunciadas reformas laboral, tributaria y de pensiones no
terminarán con la estructuralmente indigna y desigual situación que enfrenta la
clase trabajadora y los sectores marginados de nuestra formación, tampoco habrá
una real y consistente democracia porque sea aprobada la actual o una futura
propuesta constitucional, por muy participativa e integradora que pueda
parecer, puesto que las fuerzas representadas en el BPE no persiguen un cambio
de fondo del sistema político de nuestra formación; cuanto más, ciertas
reformas que lo hagan más digerible. En pocas palabras, lo que se aprobará o
rechazará en esta ocasión es la propuesta constitucional de la CC, básicamente
la Carta Magna del R-NR para la 2ª etapa de la seudodemocracia instalada desde
1990.
6) El movimiento popular, las tareas de l@s revolucionari@s y las
perspectivas de la lucha de clases
Lamentablemente, para los fines de la acción
subversora de las fuerzas genuinamente populares, los representantes del BPE y
en especial del R-NR lograron imponer su coyuntura electorera y todo lo que
ello implica. En varios territorios, frentes y franjas populares se bajaron las
banderas de lucha por demandas inmediatas y político-sociales, las que se
arrastran desde el 18-O y otras emergentes, para pasar a levantar las consignas
en pro del ‘apruebo' y a arrejuntar gente en los correspondientes comités de
campaña. Con ello se restó un importante impulso a la poca fuerza social
popular que se había ido acumulando desde los combates contra las políticas piñeristas,
en las postrimerías de su mandato.
Según nuestro análisis anterior, parecía
cercano el desvanecimiento de las esperanzas puestas por amplios sectores de la
población en Boric y las fuerzas del R-NR, debido a varios factores y sucesos:
por las mismas prácticas políticas e inconsistencias de los representantes el
oficialismo; porque se extendería la claridad respecto que contar con una nueva
Constitución no trae aparejada una inmediata transformación del abusivo modelo
de dominación/explotación; y por la zozobra que traería aparejada la crisis
económico-social que amenaza a la mayoría nacional. Con todo y a contrario
sensu de lo que esperábamos, el creciente deterioro de las condiciones
económico-sociales no ha empujado a una reactivación de la demanda popular por
la mantención de condiciones vitales mínimas, proceso que se ha visto atenuado
por las reservas de dineros que fueron traspasados desde el Estado y los fondos
de pensiones a las familias trabajadoras, así como el salvavidas que significa
el endeudamiento con la banca, pero en especial por algunos bonos focalizados
por el Gobierno en las familias más pobres: de invierno, canasta básica, de
invierno, etc., algunos ya existentes y unos pocos nuevos.
Pese al aguante que presenta la paciencia
popular, resulta evidente que muchas de las esperanzas puestas en el nuevo
Gobierno han sido defraudadas y ya muchos sectores de la población lo
identifican como un mera administrador del modelo que le legaran la derecha y
los GMRS. Y es en el sector laboral, con incidencia crítica en las condiciones
de vida de millones de chilen@s, donde fehacientemente se expresan las promesas
de campaña que no se van a cumplir: no se avanza en la creación de herramientas
para que el mundo del trabajo perciba algo de los frutos del crecimiento económico
y de la riqueza del país, en la forma de mejores salarios y condiciones
contractuales; no asoman iniciativas sobre un modelo de relaciones laborales
que permita negociar masivamente y por rama; para nada se habla de trabajo
productivo a cargo del Estado, en áreas orientadas al consumo interno y en
sectores con menores recursos, etc.
De todas maneras y atendiendo a las
insuficiencias e inconsistencias indicadas, todo un imperativo resulta para la
IR y los sectores más avanzados del MP construir y difundir un programa
económico-social que considere las necesidades y aspiraciones de la mayoría
nacional. Pero ello sólo será posible de realizar al interior de los explotad@s
y marginad@s de Chile, organizados en sus instancias naturales y
político-sociales, sectoriales y territoriales, y a caballo de un proceso
ascendente de luchas, consecuente y con decisión de vencer.
No es difícil de entender que para la
Izquierda Revolucionaria (IR) y los sectores consecuentemente anticapitalistas
no importa cual opción gane el domingo 4/9, pues sigue estando a la orden del
día continuar y remontar la lucha y la organización populares para brindar una verdadera
alternativa política liberadora a l@s explotad@s y excluid@s de nuestra
formación social. Pero el período demuestra que es muy escasa la base de apoyo
social donde edificar fuerza popular revolucionaria. Ella se ha reducido a
valientes aunque pequeños bolsones del estudiantado secundario, a sectores muy
definidos del movimiento de poblador@s y de trabajador@s, así como colectivos
político-sociales y unas pocas organizaciones que se mantienen desde el heroico
18-O.
Algunas de las pocas prácticas políticas
desplegadas por las fuerzas de la IR en el período son las manifestaciones y
enfrentamientos con las fuerzas represivas en Plaza de la Dignidad de Santiago;
las acciones en conmemoración por el primer año de la partida de la entrañable
compañera Luisa Toledo, el 6/7; las tomas de Liceos en diversas ciudades, sobre
todo en la Región Metropolitana, por deficiencias estructurales y en demanda de
una educación de calidad; diversas protestas exigiendo la libertad inmediata y
sin condiciones de tod@s l@s prisioner@s polític@s, chilenos y mapuche; y al
terminar agosto, aquellas manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas
represivas exigiendo la libertad de los Llaitul. Pero donde el proceso de lucha
revolucionaria y de liberación tiene una gravitación creciente es en el
Wallmapu, con extensión hacia provincias cercanas y que seguramente se
fortalecerá luego de la arremetida político-judicial de las fuerzas del R-NR,
hoy haciéndole el trabajo sucio al gran capital con intereses en la “macrozona
sur”.
Esperamos que las expresiones de lucha
que se desatarán por todo Chile, tanto por la conmemoración de un nuevo 11 de
septiembre como por el 3er aniversario de la rebelión popular del 18 de
octubre, se transformen en verdaderos hitos incendiarios, los cuales notifiquen
al BPE, a los enemigos de los pueblos y l@s explotad@s, que aquí la lucha
continúa.
Círculo de Estudios Políticos Miguel
Cabrera Fernández
Agosto, 2022
Dedicamos
este trabajo a la militancia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y
en especial a las/os camaradas asesinadas/os, caídas/os en combate y a las/os
que fueron torturadas/os durante la Dictadura; a los colectivos y a los
sectores populares que sostienen con orgullo el proyecto político-histórico encarnado
en el MIR; a todas/os las/os que se reconocen en el mirismo y que desde hace 57
años mantienen en alto los valores y principios revolucionarios por la
liberación humana y social de los pueblos y las/os explotadas/os de Chile
Fuentes y algunas abreviaturas utilizadas:
18-O: 18 de Octubre de 2019, fecha que da inicio a la más grande rebelión
popular de la historia reciente de Chile
AD: Apruebo Dignidad, conglomerado actualmente a cargo del Ejecutivo y
expresión del R-NR
BCCh: Banco Central de Chile
BM: Banco Mundial
BPE: Bloque Político de Estado
CC: Convención Constitucional
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA
CMF: Capital Monopólico-Financiero
CPC: Confederación de la Producción y el Comercio
CPMF: Comisión para el Mercado Financiero
CUT: Central Unitaria de Trabajadores
DEF: Revista ‘De Frente’ (online)
DF: Diario Financiero (online)
DUC: Diario Universidad de Chile (online)
EC: El Ciudadano (online)
ED: El Desconcierto (online)
exNM: ex Nueva Mayoría, conglomerado que representó entre 2013-18 a los
GMRS
F24: France24 (online)
FA: Frente Amplio (conglomerado que a su vez se integra en el oficialista
AD)
FEM: Foro Económico Mundial o “Foro de Davos” (en inglés World Economic
Forum)
FES: Formación Económico-Social
FMI: Fondo Monetario Internacional
FS: Fundación Sol (online)
GMRS: Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema
IFE: Ingreso Familiar de Emergencia
IFI: Instituciones Financieras Internacionales; ej.: FMI, BM, BID, etc.
INE: Instituto Nacional de Estadística (de Chile)
IR: Izquierda Revolucionaria
IW: Infowerken.com
LT: La Tercera (online)
MDS: Ministerio de Desarrollo Social
MINEDUC: Ministerio de Educación
MP: Movimiento Popular
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OP-M: Organizaciones Político-Materiales
PCCh: Partido Comunista de Chile
PDC: Partido Demócrata Cristiano
PP: Pres@s Polític@s
RBB: Radio Biobío
RM: Reporte Minero (online)
R-NR: Reformismo-Neorreformismo
SCM: Sistema Capitalista Mundial
SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
Sofofa: Sociedad de Fomento Fabril
TCB: The Conference Board, importante instancia promotora del CMF
transnacional
TE: The Economist (online)
USS-Eq: USS y Equifax en su XXXVII Informe de Deuda Morosa a junio 2022
WIR: World Inequality Report, en:
wir2022.wid.world
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