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martes, 4 de abril de 2023

CHILE, UNA MIRADA A LA SITUACION POLITICA NACIONAL DICIEMBRE 2022 – MARZO 2023

 

Se nos ha hecho llegar este documento de análisis político por parte del Círculo de Estudios Políticos Miguel Cabrera Fernández que pasamos a difundir como un aporte a la necesaria discusión en el campo popular.

 

CHILE, UNA MIRADA A LA SITUACION POLITICA NACIONAL

DICIEMBRE 2022 – MARZO 2023

 

La dictadura del capital monopólico-financiero luce tanto o más saludable que hace 50 años

 

Pese a algunos nubarrones que durante el período obscurecieron los cielos de nuestra Formación Económico-Social (FES), esta respondió sin mayores sobresaltos a la presión combinada de factores externos e intrínsecos. Y si bien el nuestro es un modelo basado en la superexplotación y depredación de los recursos naturales, asentamientos muy precarios y que fueran expuestos crudamente durante la rebelión del 18-O, el mismo logra salir airoso de las dificultades principalmente gracias al apoyo brindado por el ‘Gobierno de la Esperanza’, cuyo cometido en su primer año de vida, tanto en la esfera de la economía como en su rol de salvaguardia de la infraestructura y equilibrios en lo económico, son alabados por la madre de las IFIs, el FMI, por la derechas política, mediática y por cierto la CPC y la Sofofa. En febrero, el alma mater de la transnacionalización del capital financiero, adalid del gobierno mundial de este y del campante Capital Monopólico-Financiero (CMF), The Economist, afirma que Chile vuelve a ser este año una “democracia plena”, luego de considerarla “defectuosa” en 2021, ¿y a qué atribuye el medio tan edificante avance?: a la “moderación” del flamante gobierno de Boric y Cía.  

 

Pero no todo es quietud en la transición pospandémica que cursa el Sistema Capitalista Mundial (SCM), el que al finalizar el período se ve estremecido por el anuncio de dificultades e inclusive la quiebra de grandes bancos. El mismo FMI predice que, “lo peor está por llegar” y le suma una mala proyección a Chile, en tanto que otra famosa IFI, el BM, augura que el producto y la actividad internos caerán en 2023, aseverando al mismo tiempo que habrá una alta inflación e irregularidades en los precios de las materias primas. Frente a sus admoniciones, los profetas del capital financiero transnacional ordenan poner a buen recaudo el modelo y la propiedad (léase la de los monopolios financieros), así como el orden estructural y político que los sostiene, lo que incluye la mantención a fuego de los equilibrios macroeconómicos, las facilidades y protección de la inversión privada, contención del consumo y la inflación (pero con libertad de precios, o sea con agiotaje incluido) y otras prescripciones monetaristas.

 

Si al anterior marco favorable para los dueños del país le sumamos: que la sobrerrepresentada derecha le hizo tapa en el Congreso a la reforma tributaria ratona que el guatón Boric había lanzado con elástico (el que ni siquiera fue capaz de insistir con la misma o de seguir avanzando por otras vías para quitarles algunos pesos más a los ricos), con lo que el estrato político civil, con el beneplácito del CMF, dio la espalda a reformas que mejoren en algo las alicaídas pensiones, salud y educación para la mayoría nacional; que el crédito sigue siendo inalcanzable, merced a las leoninas tasas de interés acordadas por el BCCh, el capital financiero y avaladas por las IFI; que en un contexto de mayor cesantía sólo se amplía el trabajo precarizado; que los salarios descienden carcomidos por las alzas, lo que podemos constatar al verificar que la canasta básica de alimentos culminó 2022 con un salto del 28,2%, más que duplicando la preocupante inflación oficial histórica con que cerrara ese año, de un 12,8%; y que lo dicho anuncia una estanflación económica, con bajo crecimiento, alta inflación y demanda reducida, tendremos como conclusión que la crisis la están pagando y lo seguirán haciendo l@s trabajador@s, en tanto que los grandes monopolios se mantienen a resguardo y profundizando el proceso de centralización y concentración de capitales. A estos chupasangre, Gobierno y oposición les aseguran un “crecimiento más sostenible”, entendiéndose esto último como la persistencia del inicuo y desigual esquema de siempre, pero sin estímulos económicos estatales para apuntalar el consumo y a los sectores productivos: “olvídense de un autopréstamo, un 6º retiro de fondos o de cualquier mejora en los ingresos”, dixit dominus.

 

De cara al difícil panorama que enfrenta la mayoría nacional (donde incluimos a la cuasi totalidad de l@s migrantes), la derecha política y mediática, el gran empresariado, los resabios de la exNM y el gobierno de las fuerzas del Reformismo-Neorreformismo (R-NR) + “Socialismo” Democrático (SD), todos los cuales conforman nuestro vernáculo Bloque Político de Estado (BPE), sólo son capaces de ofrecerle algunos bonos y subsidios muy acotados, que no resolverán el drama que se aproxima. Se mantienen, por tanto, las condiciones objetivas que estimulan el malestar social: alzas crecientes de los precios de alimentos, transporte y servicios básicos; lentitud o postergación de las reformas que pudieran satisfacer las demandas sociales más apremiantes; fuerte incremento de la cesantía, que oficialmente se alza por sobre el 8% entre diciembre-febrero; extensión de los trabajos precarios y mal pagados, lo que no mejorará con la aplicación de la jornada de 40 horas, que más encima será a 5 años plazo y de la que está excluida una extensa franja de trabajadores part-time, informales, ambulantes, repartidores y un largo etc.; viéndose facilitado por múltiples carencias materiales, malos trabajos y falta de perspectivas sociales, se observa un aumento de lacras sociales como el consumo de drogas y el alcoholismo, además de manifestaciones más extensas del lumpenproletariado y el narcotráfico en sectores populares, creándose una situación complicada para la mayoría nacional, lo cual le viene de perillas a los propósitos estratégicos de los sectores dominantes por romper el tejido y la organización de los pueblos y explotad@s, por impedir la toma de conciencia de clase de est@s, y que le sirve de justificativo para reprimir toda expresión de protesta y organización populares, y –ante todo- para aplastar a la izquierda anticapitalista y revolucionaria.

 

 

¿Guerra contra la delincuencia o contra los pueblos y explotad@s de Chile?

 

En consonancia con lo dicho, los sectores dominantes, a los que se asocian en su cruzada los cretinos de AD y los restos de la exNM, llevan al paroxismo mediático los males que su mismo modelo de dominación/explotación generan y reproducen, y chillan y exponen en la primera plana de cada medio (convencional o no), en cada plataforma y red disponibles, todo crimen, asalto, incendio, secuestro, ‘portonazo’ o ‘encerrona’ posibles, asociándolos descaradamente con las movilizaciones y la legítima violencia desarrollada por las organizaciones de avanzada del movimiento popular, mapuche y estudiantil (al fin y al cabo, afirman ellos, ‘son todos delincuentes’). Han logrado instalar la imagen de una crisis nacional de seguridad, donde todo es peligro y violencia allá fuera, donde pulula un mar de delincuentes, de jóvenes violentistas, de mapuche que queman todo a su paso, y lo único que se puede hacer es encerrarse y desconfiar de todos, pidiendo más policías, más cámaras, más seguridad y menos libertades. Los resultados de una encuesta de fines de marzo evidencian el logro de la maquinaria mediática y político-ideológica del BPE: la delincuencia es percibida como el principal problema actual, con un 44,8% de los consultados; para luego de eso recién preocuparse por la carestía e inflación, 34,2%; otro cuco, la inmigración, se anota con 28,6%, y al final, el narcotráfico, 23.5%. Y que conste que cuando los sectores dominantes vociferan que la inseguridad y el terror son patentes en todos lados y que para atenuarlo hace falta mayor seguridad, más milicos y pacos en las calles y campos (coro al que se suman los R-NR), no se refieren al temor que siente el/la poblador/a o el/a trabajador/a ni a su necesidad que se cuide lo poco que tiene, sino que están generalizando el pavor que sienten a perder su propiedad o parte de ella, sus ganancias, su poder. En el fondo, es el terror de quien está arriba de una tambaleante pirámide invertida, que en realidad es la forma que tiene nuestra FES.

 

En aquel contexto, y ya en las postrimería del período, el aparato desinformativo oficial machaca día y noche sobre la muerte de dos carabineros a manos de delincuentes, lo cual –aparte de impulsar a algunos grupúsculos de manifestantes en diversas ciudades a entonar el himno de los verdes y reclamar más represión- le vino como anillo al dedo a la derecha política para lograr unificar en la cámara dos proyectos: “Naín” y “Retamal”, que endurecen aún más las penas para quienes osen agredir a agentes de las policías (y eso que el homicidio de un policía ya está penado con hasta presidio perpetuo efectivo) y que también entrega mayores facultades a Carabineros-PDI para disparar cuando quieran, resguardándose para ello en la “legítima defensa privilegiada” (es decir, el regreso del gatillo fácil dictatorial); en otras palabras, se le otorga a quienes han masacrado civiles y violado los DDHH durante tanto tiempo la presunción del uso justificado que hacen de sus armas de servicio, consiguiendo Chile Vamos los votos de algunos diputados AD, del PDC, “Amarillos” y del PDG para aprobar el engendro, que ahora irá al Senado. Tal vez en este último no les sea tan fácil conseguir un apoyo transversal, puesto que ya surgieron en AD algunas voces contrarias a tal despropósito. Asimismo, l@s estudiantes gritaron y se enfrentaron con los ‘pobrecitos’ pacos en la jornada de l@s Jóvenes Combatientes, reclamando contra esta legalidad, en tanto que la Comisión de DDHH de la ONU apuntó que lo del ‘gatillo fácil’ favorecía la impunidad y Amnistía Internacional lo denunció como un retroceso en el ámbito de los derechos fundamentales.

 

El Gobierno del R-NR, que junto a SD y remanentes de la exNM conforman lo que denominamos Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema (GMRS), se acostumbró a lanzar la piedra y esconder la mano. Así como propuso al Congreso los enunciados que finalmente se combinarían en el proyecto ‘Naín-Retamal’, para luego anunciar que vetará las excrecencias de su creatura (como el ‘gatillo fácil’), el 27/3 acuerda con los presidentes de ambas cámaras enfocarse en 15 proyectos de ley en materia de “seguridad ciudadana” en los próximos 3 meses, a lo que el UDI Coloma (presidente del Senado, colaborador de Pinochet y uno de los chicos de Chacarillas) se mostró gustoso en priorizarlos y despacharlos pronto. Después, el yellow y los suyos no podrán negar que le han dado un cheque en blanco a las derechas para hacer de las suyas. En relación con esos 15 proyectos del Ejecutivo, si bien algunos se orientan a atacar actuaciones delincuenciales, varios de los mismos apuntan a mejorar la inteligencia estatal y el control de armas, con medidas que dan carta blanca para que las instituciones policiales indaguen en la vida privada de las personas y organizaciones sociales y políticas (por medios tradicionales y del espionaje informático), pero en que también se amplían los beneficios a denunciantes anónimos y el rango de sospechosos y cómplices de delitos de “connotación pública” (ante todo, contra la propiedad).

 

En una palabra, AD y el BPE corren a legitimar y reforzar el famoso uso de la fuerza a todo evento por parte del brazo armado del Estado de clase, lo que se ve reforzado por el acuerdo del estrato político civil (con la honrosa excepción de la senadora Campillai) de resguardo de la nunca bien definida ‘infraestructura crítica’ por parte de las FFAA (fines de enero) y al que se agregó después la facultad de estas para jugar a la guerra en las fronteras. Esta última legalidad represiva tenía como antecedente una propuesta del entonces presidente Piraña, la cual no fructificó debido a que las fuerzas que integrarían luego AD, en conjunto con algunos exNM, se opusieron aduciendo que el Ejecutivo ya contaba con herramientas para sacar los milicos a la calle a través de decretos o utilizando varias normativas aprobadas con ocasión de la rebelión popular del 18-O, como la ley Antisaqueos (aparte de medidas contempladas en el Código Penal y la Constitución). ¡Cómo nos cambia la vida!, decía aquel famoso tango y permítasenos agregar una frase para el bronce sobre la truculenta y extraviada ideología de l@s R-NR en relación con las corruptas instituciones armadas estatales: "La existencia del Estado de Derecho depende de Carabineros", según la diputada de CS Lorena Fries, quien fuera directora del INDH y subsecretaria de DDHH con Bachelet 2; o sea, alguien que sabe de lo que son capaces de hacerle a quien reclame sus derechos las bestias de verde, las que -en cambio- tratan con guante de seda al lumpen, a quienes les venden armas y drogas, y se dividen las ganancias. Antes de promover más leyes represivas y contrarias al respeto de las personas, otorgándole más autoridad y capacidad de fuego a unas fuerzas represivas comprobadamente antipopulares, el guatón yellow y AD debieran cumplir con lo que auspiciaban hace poco más de una año: refundar las policías y Gendarmería; sacar al paco Yáñez de la dirección de Carabineros, por ser aval de los muchos y graves atropellos perpetrados por sus subordinados durante los días del alzamiento del 18-O; descabezar toda la oficialidad corrupta y extirpando de sus políticas y planes de formación todo lo relacionado con el combate al enemigo interno. Lo demás es mantener a los chacales cuidando de la carroña, aunque les pongan cascos azules y cámaras.        

 

En el fondo, la guerra que declara el BPE contra toda delincuencia/violencia más bien se encuentra orientada a reprimir toda expresión de organización y violencia populares, prueba de lo cual fue el virulento y transversal cuestionamiento que el bloque hizo de los escasos indultos presidenciales para los PP de la rebelión del 18-O, frente al cual Boric y Cía. retrocedieron sin más. Ellos saben que, más temprano que tarde, el empeoramiento de las condiciones objetivas y la reacción de amplios contingentes populares pondrán en cuestionamiento el actual e inicuo modelo de dominación/explotación y sus nefastos efectos. Y dicha estrategia no es nueva. Ya la habían llevado a la práctica los poderes político-económicos de EEUU al finalizar la 2ª Guerra Mundial, con base en las recomendaciones de planificadores de su complejo militar-industrial (cuyas conclusiones se plasmaron en el informe NSC-68, 1950) y que ordenó y guió el despliegue de las fuerzas imperiales para enfrentar la Guerra Fría que ellos mismos alentaban contra la URSS (aunque en nuestra FES, periférica dentro del SCM, se aplican notorias diferencias, como escatimar en la inversión pública en áreas productivas y que permitan mejorar la demanda interna).   

 

 

Los antiguos y nuevos mantenedores del modelo no se cansan de vender la pescada con reformas que refuerzan su continuidad

 

En puros saltos y pedos han ido quedando las ofertas de reformas beneficiosas para la mayoría hechas por el ‘Gobierno de la Esperanza’ en relación con las pensiones, por el fin de las AFP, sobre arrebatarles el negocio sanitario a las Isapres y otras promesas por el estilo, puesto que las derechas política y económica han logrado imponer fácilmente, así como en el ámbito represivo, su postura en todas aquellas materias. No habrá mejoras de las pensiones y de la PGU; las AFP cambiarán de nombre, pero no de giro; no sólo no desaparecerán las Isapres y el gran negocio subsidiado del que disfrutan, sino que se les autorizó a encarecer sus planes en un 2,6%, ya que por estar comprometidos como inversores algunos capitales transnacionales había que protegerlos, tal y como lo mandata el TPP-11; respecto de este último tratado imperial (cuyo capítulo sobre propiedad intelectual fue elaborado y dictado por algunas transnacionales), ahora es justificado por tirios y troyanos, en circunstancias que, en octubre 2021, el comando del actual presidente anunciaba que se revisarían todos los tratados económicos internacionales firmados por Chile si el candidato AD resultaba electo.  

 

Sobre el zigzagueante proceso constitucional, surgido –no lo podemos olvidar- del espurio Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019 por representantes de Chile Vamos, exNM y parte de lo que hoy es AD (incluido el guatón Boric), en un compromiso surgido por el afán del BPE de conjurar prontamente la rebelión popular que estremecía Chile desde el 18-O, la derecha logró otra victoria, al lograr imponer a los GMRS la “Comisión de Expertos y Expertas” (CEE) para que definiera las materias y los “bordes” que luego servirán de base al Consejo Constitucional (CC), a elegir el 7 de mayo. A petición expresa de Boric, fue el Congreso (que cuenta con una escasa aprobación ciudadana), específicamente los partidos que usufructúan ahí del poder político (con peor evaluación), quienes acordaron (12/12) elegir sus representantes en la CEE en este nuevo timo constitucional (uno de sus democráticos integrantes es Hernán Larraín, un amigo del nazi pedófilo Paul Schäfer). Además, se pusieron de acuerdo en las “12 bases institucionales y fundamentales”, que conforman el estrecho rayado de cancha sobre el que podrá jugar el CC. Como si fuera poco, más encima darán forma a un Comité Técnico de Admisibilidad, una especie de perro guardián que cuidará del cumplimiento de lo establecido en las 12 bases. Por lo dicho, no es de extrañar que, a fines de febrero, una encuesta de Pulso Ciudadano arrojase que la desconfianza en este 2º proceso constitucional escala al 57%. Como se puede comprobar, las condiciones para contar con una nueva y mejor Carta Magna no pintan nada bien y es de augurar la victoria de los votos blancos y nulos en las votaciones del 7/5 y del 17/12, siendo esta última la del plebiscito ratificatorio de la Constitución tipo gatopardo del BPE. No obstante, la ‘salida por arriba’ es un mecanismo natural para los partidos políticos de la “democracia” de los 33 años y ya sabrán cómo arreglárselas si otra vez les sale el tiro por la culata con su tongo.

 

 

Estudiantes movilizados, el pueblo-nación Mapuche en pie de guerra, el 8 y el 29-M

 

Qué duda cabe que la juventud continúa siendo en nuestra formación la punta de lanza del Movimiento Popular (MP), sobre todo la que conforma el movimiento estudiantil secundario.

 

Un hito en las movilizaciones populares del período lo representó el Día de l@s Jóvenes Combatientes, el 29 de marzo, con diversas manifestaciones, marchas y enfrentamientos con la policía en diversas ciudades del país y que fueron lideradas –precisamente- por sectores juveniles, de estudiantes secundari@s y poblador@s.

 

En la capital, los dos días anteriores, un gran grupo de estudiantes del Liceo de Aplicación (donde estudiaran los compañeros Mauricio Maigret, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, y Claudio Paredes) salen a cortar la Alameda con barricadas y lanzan molotov a pacos de Control de Orden Público (COP). Ya en la jornada del 29, a las 10:30, se efectuó una romería al Cementerio General, hasta el memorial de l@s Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, para honrar el ejemplo de lucha de la compañera Paulina Aguirre Tobar, militante del MIR y asesinada por la CNI el mismo día que Rafa y Eduardo. Desde las 19:00, se realizó un acto en Las Rejas con Cinco de Abril, el lugar donde los pacos mataron a los hermanos mártires, para luego desarrollarse una multitudinaria marcha, la cual fuera atacada por pacos del COP, bastarda violencia uniformada que fue respondida como corresponde por cientos de manifestantes. Algo después de esa hora, una marcha se desplegó desde la Plaza del Ancla, en Independencia. Asimismo, ya cerca de las 20:00, se procedió a realizar una velatón por los caídos en el frontis del Liceo de Aplicación. Pero la principal movilización se llevó a cabo pasadas las 9:00, cuando secundarios marcharon por el eje Alameda-Providencia; luego, en el sector de la Plaza de la Dignidad, llevaron a cabo cortes de calles e instalaron barricadas en la intersección de Alameda con Vicuña Mackenna; cerca del mediodía, el grueso de l@s manifestantes continuó marchando por la Alameda en dirección al Liceo de Aplicación, donde se había convocado a un gran “Mochilazo Estudiantil”. Junto con reivindicar el ejemplo de lucha de l@s jóvenes héroes populares de ayer y hoy, los estudiantes también expresaron su rechazo a la ley del ‘Gatillo Fácil’ y la farisaica campaña oficial que presenta como víctimas a los pacos, ratis y gendarmes.

 

Enfrentamientos entre l@s Jóvenes Combatientes de hoy y pacos del COP; barricadas en diversos puntos de Santiago, principalmente en Villa Francia y Lo Hermida; un vehículo blindado de Carabineros hecho mierda en la heroica Villa; un paco herido de bala; ataques a dos comisarías; tres buses del Transmula quemados, cerraron la jornada de un nuevo 29-M de combate popular en la Metropolitana. Sin embargo, en la mañana del día siguiente, acciones directas llevarían a cabo alumnos a las afueras de los Liceos Manuel Barros Borgoño, Instituto Nacional y L. de A.

 

Acciones directas populares en recordación de la fecha se llevaron también a cabo en Antofagasta, Valparaíso (donde cientos de jóvenes intentaron manifestarse frente al Congreso y aunque violentamente reprimidos, le dieron lo suyo a la repre), Melipilla, Concepción y Temuco.      

 

Recordar a los hermanos Vergara Toledo con toda la violencia posible significa que nada hemos avanzado en 33 años de esta democradura de baja intensidad respecto de lo que debiera ser una verdadera democracia, política, social y económica; de mayores libertades en todos los ámbitos de la vida social; de justicia y castigo para todos los asesinos y torturadores de l@s hij@s de los pueblos; de completa equidad en la repartición de la riqueza social. En suma, la lucha por la democracia que anhelaban l@s Jóvenes Combatientes caídos en estos 50 años de dictadura del CMF: los tres hermanos Vergara Toledo, Araceli, Tatiana, Mauricio, Paulina, Claudio, Rodrigo, Manuel Rebolledo, José Uribe, Abel Acuña, Ariel Moreno, etc., continúa convocando a tod@s aquell@s dispuest@s a dar lo mejor de sí mism@s por la causa de los pueblos, explotad@s y marginad@s de Chile.

 

La coyuntura del 29-M encontró a los estudiantes secundarios, y en menor medida a los universitarios, movilizados tras sus demandas históricas, no resueltas por la democracia de cartón instalada desde 1990. Luego de su ingreso al nuevo año lectivo, estudiantes de varios Liceos municipalizados habían estado protestando contra las precarias condiciones materiales de sus establecimientos educacionales, falta de materiales, de internet para tod@s y por la baja calidad del menú que entrega la Junaeb. También enarbolan demandas relacionadas con el tipo de educación que se entrega, con la represión que sufren desde el Estado y sus aparatos, por el abordaje integral de la salud mental de l@s estudiantes, fortalecimiento de una Educación Sexual Integral, protocolos contra la violencia machista, y prácticas laborales aseguradas y pagadas en los liceos técnico-profesionales. Respecto de la calidad de la educación desarrollada en el nivel secundario, la que si bien no se agota en las cifras arrojadas por pruebas estandarizadas, la publicación de los resultados de la PAES vino a comprobar una preocupante realidad: de los 100 colegios con mejor puntaje, solo dos son municipales y ninguno corresponde a los llamados liceos emblemáticos, lo que evidencia el abandono de la educación pública, Sin embargo, una encuesta reciente demostró que la población no se hace eco de aquella calamidad, por cuanto sólo un 20% de los encuestados, ubicándose en cuarto lugar, menciona como uno de los principales problemas que los afectan la mala calidad de la educación (el 1er lugar, ya lo dijimos, lo ocupa la “seguridad”). Pero, por otro lado, los sondeados sí se dan cuenta que se requieren más recursos para apuntalar la calidad del sistema educativo, ya que al preguntarles en qué políticas de Estado se debiera priorizar el dinero obtenido con la reforma tributaria que no fue, ese sistema obtiene un 50%, empatando en 2º lugar con las pensiones.

 

En el período, a pesar de la creciente militarización, de la arremetida represiva y judicial contra la dirigencia de la CAM, de la grotesca campaña difamatoria del BPE acerca de los medios y objetivos de su lucha, continúan y extienden las acciones de sabotaje a los intereses empresariales por parte de las Organizaciones Político-Materiales (OP-M) del pueblo-nación Mapuche. Su accionar crece y se irradia a zonas más alejadas del corazón del conflicto, las provincias de Arauco y Malleco.

 

Pero el gran capital, con el apoyo del mentecato Gobierno, llega a extremos en su castigo a quienes se atreven a defender sus derechos: en febrero, en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, más de 80 mil kilos de alimentos, trigo y avena son incautados por las fuerzas policiales, que proceden a quemar el resto de los cultivos que no alcanzaron a cosechar. Su werkén, Rodrigo Huenchullán, afirma que la situación generada por aquella incautación afecta a más de 60 familias de la comunidad, y que con ello se demuestra que Boric y su gobierno han optado por ponerse de rodillas frente a las presiones de la derecha. Expresa también su disposición a dialogar, “en la comunidad o donde quiera”, sobre la base de la recuperación de los territorios, oponiéndose a los intentos de RN por declarar a la comunidad como una asociación ilícita terrorista.

 

Desde el período anterior se vienen afinando diversas legalidades represivas por parte del estrato político civil para intentar aplacar la lucha del pueblo Mapuche en el Wallmapu. Así, para evitarse la molestia de votar tanto estado de excepción constitucional y el consabido despliegue militar en la famosa ‘Macrozona Sur’, el Gobierno había presentado al Congreso su proyecto de "Estado de Protección y Resguardo", intentando mantener aquel estado de excepción; luego, Boric había ofertado una comisión, “por la paz y el entendimiento” entre el Estado y el pueblo Mapuche, orientada a determinar la posesión de tierras de esas comunidades originarias e intentar resolver ese aspecto del “conflicto indígena”, de lo cual no se supo más; pero igualmente el ‘Mamo’ Monsalve y su jefa, la dama de hojalata Tohá, coadyuvan a mantener la militarización en el Wallmapu, junto con tipificar las acciones de resistencia de las OP-M y autonomistas del pueblo Mapuche como ‘terroristas’, acusando a las comunidades de originar los grandes incendios del verano y asociando su lucha consecuente con el robo de madera, el narcotráfico y acciones delincuenciales, justificando de paso la continuidad del extractivismo indiscriminado, en alianza con las grandes empresas forestales y conglomerados económicos que históricamente han robado y empobrecido a las comunidades y a los campesinos pobres del territorio.

 

Otro hito dentro de las manifestaciones y prácticas políticas del MP durante el período correspondió al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Queda en la retina la inmensa marcha y concentración llevada a cabo por decenas de miles de mujeres en la Alameda de Santiago, así como otras menores en diversas ciudades del país, pero antes de esa fecha se llevaron a cabo extensas y acaloradas asambleas, en que se imponía el tono más formal del feminismo liberal e institucional, aunque en disputa con el antipatriarcal y anticapitalista, que cada vez cobra mayor importancia dentro del movimiento.

 

Un ejemplo de aquella disputa se dio en el V Encuentro de Mujeres y Disidencias que Luchan, que se desarrolló el 28 y 29 de enero, de manera presencial, en la USACH. En la instancia, ciertas orgánicas insistían con participar en el 2º proceso constitucional del BPE y otras estaban por desecharlo, aunque también la mayoría de las distintas organizaciones feministas a nivel nacional apuntaron colectivamente a los aprendizajes e ideas de estrategias a mediano y largo plazo para mantener vigentes las demandas más urgentes del colectivo.

 

Valiosas son las acciones callejeras llevadas a cabo en el período por el feminismo clasista y popular, orientadas a denunciar las injusticias cometidas en contra de las mujeres por un modelo de dominación clasista, pero también patriarcal, racista, estereotipador y que las discrimina en diversas formas. Asimismo, logran avanzar en la realización de diversas y amplias instancias de discusión y formación, en donde se va forjando una estrategia de lucha común, interseccional, con las demás fuerzas sociales que combaten consecuentemente las bases del modelo y al enemigo común que lo sostiene y ampara, haciendo desaparecer las brechas de género, reconociendo a las mujeres y hombres como iguales y contribuyendo a la construcción del poder popular, el contrapoder de los pueblos y l@s explotad@s de nuestra formación, como una herramienta para su combate por la liberación social, económica, política, sexual y humana.   

 

 

Perspectivas y propuesta de tareas

 

En el actual período pospandemia, pareciera ser que el MP hubiese quedado en la estacada, acorralado por sus enemigos de clase y alejado del grueso de los sectores y frentes populares por el discurso y las prácticas políticas de aquellas fuerzas del R-NR que hoy son gobierno. Sin embargo, vista la situación político-social en perspectiva y considerando los fenómenos de fondo que agitan nuestra formación, podríamos considerar que en realidad nos encontramos en un momento en que se abren posibilidades enormes para su reanimación e intervención activa en las coyunturas por venir. Por cierto, no se trata de constataciones voluntaristas ni antojadizas, sino de aquilatar los elevados grados de experiencia y organización rebeldes que aquel movimiento político-social logró desde fines de 2019 y hasta hoy. La traición de las esperanzas puestas en el proyecto de colaboración de clases impulsado por la Concertación y luego la exNM, ambos contributivos de la “democracia de los 32 años”, ya devino en la tremenda asonada del 18-O, en que la impotencia se tradujo en descontento y este en el intento masivo por desestabilizar social, económica, política y materialmente el modelo de dominación impuesto por la fuerza de las armas por la reacción criolla y el imperialismo. Dicho impulso no se ha agotado en sí mismo ni mucho menos con el año del ‘Gobierno de la Esperanza’.

 

No cabe duda que las renovadas esperanzas puestas por gran parte de la población en los cambios que pudiesen realizar Boric y AD a este modelo también se han visto defraudadas, abriéndose el cauce al malestar y el reclamo frente a esta nueva postergación de aquellos justos anhelos mayoritarios. Entre tanto, las contradicciones económicas, sociales y políticas que cruzan nuestra formación se hacen evidentes y aflorarán de más en más en cada crisis y coyuntura donde choquen los intereses contrapuestos de las fuerzas antagónicas principales: explotad@s y explotadores. La conjunción de ambos procesos debiera originar y potenciar las condiciones para un nuevo ciclo de protestas populares, arrastrando en la vorágine a todos los conflictos irresolutos hasta el momento: patriarcado, racismo, clasismo, exclusión, opresión, etc., los que a su vez ensancharán las filas de l@s sublevad@s y aportarán todos los elementos necesarios para construir la plataforma y el programa más completos de los pueblos, l@s explotad@s y l@s postergad@s de Chile.

 

Lo que impedirá que este proyecto político popular se malogre y carezca de perspectivas será la real y honesta decisión de la franja más politizada y consciente del MP, donde juegan un rol fundamental la izquierda anticapitalista y l@s revolucionari@s, en cuanto a disponer todas sus fuerzas y empeño en una dinámica ascendente de acumulación de fuerza político-social, esforzándose en la base y al interior de las organizaciones y frentes populares por construir el contrapoder que dé continuidad a todas las luchas y nos permita golpear mejor y más contundentemente a nuestros enemigos de clase y a quienes les colaboran. Por cierto, las recientes movilizaciones nos enseñan que la estrategia popular debe asentarse primeramente en las demandas inmediatas, asegurando la defensa de las condiciones mínimas de vida y que por tanto suman a más contingentes, para ir avanzando desde allí en la consecución de objetivos más políticos y más amplios. De l@s que luchan dependerá que los pueblos y l@s explotad@s de Chile cuenten, más temprano que tarde, con la organización y el programa que les permitan luchar y vencer.

    

 

 

Círculo de Estudios Políticos Miguel Cabrera Fernández

 

 

Abril, 2023

 

Fuentes y algunas abreviaturas utilizadas:

18-O: 18 de Octubre de 2019, fecha que da inicio a la más grande rebelión popular de la historia reciente de Chile

AD: Apruebo Dignidad, conglomerado actualmente a cargo del Ejecutivo y expresión del R-NR. Surgió en enero 2021, a partir de la conjunción del Frente Amplio y Chile Digno

BCCh: Banco Central de Chile

BM: Banco Mundial

BPE: Bloque Político de Estado

CC: Consejo Constitucional

CCE: Consejo (constitucional) de Expertos y Expertas

CMF: Capital Monopólico-Financiero, que tiene sus orígenes en la fusión de los capitales industrial y bancario, con preeminencia de este último, acaecido en Europa a fines del s. XIX y cuyo fruto, el capital financiero, se encarna en monopolios y despliega la fase capitalista del imperialismo. Posteriormente, a mediados del siglo XX y con una economía demasiado productiva, aquellos capitales financieros perfeccionaron los mecanismos de concentración y centralización del capital dinero, lo que junto con dar forma a grandes corporaciones transnacionales les llevaría a mediados de los 60 a imponer su hegemonía en el centro del SCM –a través de la exacerbación de los mecanismos indicados, de la monopolización y de la transnacionalización de las FES del conjunto del sistema- e iniciando una etapa de transición imperialista, la cual continúa hasta hoy. Corresponde en nuestra FES a la fracción hegemónica de la gran burguesía desde hace cinco décadas

COP: Control de Orden Público, corresponde al paramilitarizado grupo de choque de Carabineros, llamado así desde 2019. Antes de esa fecha y desde 1974, se denominaban ‘Fuerzas Especiales’

CPC: Confederación de la Producción y el Comercio

CS: Convergencia Social, grupo que integra el Frente Amplio y uno de los primeros participantes del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, suscrito el 15 de noviembre de 2019. Sin embargo, este sólo sería firmado a título personal por el entonces diputado Boric, lo que significó el quiebre interno y fuga de militantes

exNM: ex Nueva Mayoría, conglomerado que representó entre 2013-18 a los GMRS, y que desarrollaba su política de resguardo del orden en torno a dos ejes: PDC-PR y PS-PPD. Sumó al PC entre 2013 y 2020

FA: Frente Amplio, conglomerado político del neorreformismo y la “tercera vía” socialdemócrata, que desde enero 2021 se suma a Chile Digno para constituir el oficialista Apruebo Dignidad AD

FES: Formación Económico-Social

FMI: Fondo Monetario Internacional

GMRS: Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema

IFI: Instituciones Financieras Internacionales; ej.: FMI, BM, BID, etc.

MP: Movimiento Popular

OP-M: Organizaciones Político-Materiales

PCCh o PC: Partido Comunista de Chile

PDC o DC: Partido Demócrata Cristiano

PDG: Partido de la Gente, de derecha, el que ha sufrido desgajamientos en respuesta a las reformas ofertadas por el gobierno de AD, pasando algunos de sus dirigentes a engrosar los GMRS

PP: Pres@s Polític@s, de los pueblos chileno y mapuche, de antes y después del 18-O

RN: Renovación Nacional, partido derechista y uno de los que conforma la opositora alianza Chile Vamos

R-NR: Reformismo-Neorreformismo, el cual encarnan en la arena de la política, por una parte, el neorreformismo y los socialdemócratas de Revolución Democrática, Comunes, Izquierda Autónoma, Convergencia Social, Unir, humanistas y ecologistas, unificados en el Frente Amplio; y de otra, por el reformismo más clásico, a partir del PC, IC, algunos “libertarios”, ecologistas y humanistas, que en 2020 conforman el pacto electorero Chile Digno

SCM: Sistema Capitalista Mundial

SD: “Socialismo” Democrático

Sofofa: Sociedad de Fomento Fabril


domingo, 5 de junio de 2022

CHILE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL MARZO-MAYO 2022

Se nos ha hecho llegar este análisis de situación política nacional correspondiente a los meses de marzo-abril de 2022, por parte del CÍRCULO DE ESTUDIOS POLÍTICOS MIGUEL CABRERA FERNÁNDEZ (PAINE), que pasamos a compartir.

 

ANALISIS Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL CHILE, MARZO – MAYO 2022

 

En el período, dejan los patrones la conducción del gobierno y llegan los nuevos capataces a hacerse cargo de cohonestar un sistema de dominación inicuo y basado en la súperexplotación de las personas y los recursos naturales. Pero, al poco andar, el ‘Gobierno de la Esperanza’, que naciera en gran parte gracias al miedo infundido en la masa electoral por la amenaza que representaba el triunfo de herr Kast, comienza a demostrar el miedo que le produce la lucha y la organización populares, y pasa a reprimir las legítimas expresiones de protesta de algunos sectores de l@s pueblos y l@s trabajador@s, mientras deja hacer a los matones dueños de camiones y a los representantes del gran capital que suben escandalosamente los precios de los bienes y servicios esenciales.

Se reacopla el bloque político de Estado, con la incorporación del polo de reformistas y neorreformistas de AD a las fuerzas de las derechas política y económica y los grupos mantenedores y reproductores del sistema, acordando las medidas económico-sociales que pondrán nuestra formación a tono con los cambios que exige el capital monopólico transnacional, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de las potencias imperialistas. Esto augura mayores dificultades en sus condiciones de vida para la mayoría nacional, en especial para el creciente sector de trabajador@s informales y subcontratad@s, aprietos que sumarán a las crisis causadas, tanto por los efectos de la pandemia como por la crónica postergación de la clase trabajadora desde el Golpe de Estado de 1973.

La “democracia de los 32 años” no hace más que agrietarse y descomponerse rápidamente, y no serán Boric y sus chicos ni la nueva Constitución las que la salvarán. Antes bien, el movimiento popular continuará y profundizará su lucha por las demandas históricas y emergentes, partiendo por la defensa de condiciones mínimas de vida, mejorando su organización y su combate, para pasar a cuestionar las bases del modelo y quitar de en medio a sus enemigos y sus paniaguados.

 

  

1) La economía: el capital monopólico interno se cuadra con el reordenamiento imperial (y empuja al Bloque Político de Estado)

 

En el trimestre, las perspectivas para la actividad económica mundial pasaron de moderadas a mostrar un grado importante de complejidad, lo que se relaciona con la desaceleración de las principales economías (EE.UU., Eurozona y China); con el aumento global de la inflación y el alza de intereses por parte de los Bancos Centrales; con dificultades en los circuitos productivos y de comercialización en diversas áreas del Sistema Capitalista Mundial (SCM); con el retiro de estímulos monetarios que previamente se otorgaron a sectores productivos; con reformas tributarias que no afectan a los sectores dominantes, internos o transnacionales, sino que perpetúan el carácter regresivo con que se aplican en las formaciones capitalistas, sobre todo periféricas; se retoma el cobro acelerado de deudas públicas (incrementadas durante la pandemia –CEPAL) contra Formaciones Económico-Sociales (FES) de la periferia del sistema y/o de empresas estatales de ellas, principalmente a cargo de acreedores externos multilaterales: FMI, Banco Mundial y otros cancerberos del dólar (aunque no se puede descartar que a posteriori igualmente intervengan los agiotista bilaterales, principalmente Estados miembros del Club de París); a lo que se han sumado algunos efectos económicos –verdaderos o supuestos- a causa de la intervención militar rusa en Ucrania (aunque estos se morigeran notoriamente al finalizar mayo). En el fondo de esta transición, que estremece principalmente al centro imperial, se puede constatar -de manera desembozada- la interesada aplicación por parte de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de los propios Gobiernos de medidas monetaristas y en pro del capital monopólico transnacional. Y he aquí que como las partes del SCM se encuentran entrelazadas entre sí, mediante múltiples y poderosas relaciones, a aquella vuelta de tuerca en el meollo del sistema se sucede la consiguiente implementación de medidas monopolistas y antipopulares en las formaciones intermedias y periféricas del mismo.  

 

En el marco de este ajuste imperial, los integrantes de nuestro vernáculo Bloque Político de Estado (BPE) hacen su juego: los sectores dominantes internos y los Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema (GMRS, que identificamos con los restos de la exNM), presionan al Gobierno de las fuerzas del Reformismo-Neorreformismo (R-NR) –oponiéndoles éstas una nula resistencia- a fin que sean aprobadas e implementadas medidas y políticas económicas en línea con la impronta que se impone desde el centro del SCM.

 

La imposición de medidas de corte procíclico para “paliar” la crisis, que es lo que consulta el paquete que está aplicando el dócil gobierno de las fuerzas del R-NR (hoy unificadas en Apruebo Dignidad AD), va muy a contrapelo de las recetas que estos mismos sectores propugnaban hasta marzo pasado. Con anterioridad, sus representantes y centros de estudios predicaban sobre la necesidad de impulsar los efectos del gasto o demanda agregada para fines de reactivar la economía, dando relevancia para ello al nivel de ingreso real y luego a los precios; es decir, alentaban medidas de tipo contracíclico, por ser adecuadas para estas épocas de crisis (como la que atenaza a la clase trabajadora). Sin embargo, en los hechos, el equipo económico de Boric se ha cuadrado con los requerimientos del capital financiero transnacional y sus socios internos, afanándose por suprimir cualquier estímulo monetario fiscal y mediante la readecuación monetarista de la economía: recortando o suspendiendo los fondos que, en la forma de créditos blandos, se otorgaban antes a productores pequeños y medianos; efectuando otro tanto respecto de aportes directos en dinero (bonos) u oponiéndose a nuevos retiros de fondos previsionales por parte de l@s trabajador@s; aumentando las tasas de interés, lo que no se condice con un esquema anticíclico, productivo y no especulativo, y que viene a demostrar la falta de preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría nacional (los créditos de consumo y los costos por utilización de tarjetas de crédito —ambos asociados a la deuda a corto plazo— recibirán el mayor impacto); anunciando la aplicación de unos presuntos “nuevos” impuestos, los cuales -en el fondo- no afectarán los ingresos del gran capital; descartando un real proyecto productivo nacional, a cargo del Estado, el cual logre integrar las diversas regiones, discrepando en esto –inclusive- con lo que propone la CEPAL sobre transformación productiva: “(…) generar una base productiva sólida para reducir las brechas territoriales y ampliar las posibilidades de crecimiento de algunos países impulsando un desarrollo económico sostenible, generando empleos de mejor calidad y reforzando la competitividad territorial”.     

 

La readecuación estructural de nuestra FES, enmarcada en la actual etapa de transición imperialista, consulta también una profunda reducción del gasto público, al cual se demoniza como el promotor de la inflación, pero soslayando que en nuestras formaciones, consumidas por el poder del Capital Monopólico-Financiero (CMF), los que fijan los precios de todo son los dueños de la riqueza, internos y transnacionales. Algo decíamos en nuestro anterior análisis sobre tal intríngulis, en que se escamotea a la opinión pública que son los representantes del gran capital los causantes de las penurias económico-sociales que debe soportar la mayor parte de la población, pues son aquellos los que, con el aval del gobierno patronal antes y del R-NR ahora, han arremetido contra los intereses y necesidades de los pueblos y l@s trabajador@s, mediante diversas vías y condiciones: propiciando una espiral de depreciaciones cambiarias; incrementando la salida al exterior de capitales, tanto extranjeros como internos y mixtos, debilitando una economía cuya sobrevida depende de la provisión de pasivos externos; encareciendo el valor de los créditos de largo plazo (hipotecarios, por ejemplo); dando rienda suelta a la especulación bursátil, echando mano del IPSA, de los bonos del Gobierno y de los títulos de renta variable relacionados con las AFP; con acelerados repartos de utilidades en las grandes empresas; mediante un descarado agiotismo, expresado en alzas de precios a pesar que los inventarios del empresariado comercial y manufacturero han crecido (INE); negándose a invertir más y con una mayor diversificación; alentando la incertidumbre y el temor frente a riesgos político-sociales creados por ellos mismos, etc. Esta escalada del CMF se exacerbó luego de la mejora del desempeño de nuestra FES, sobre todo desde mediados de 2021, cuando el PIB llegó a presentar una variación interanual del 17,3% (BCCh). Dicho “portonazo” a gran escala, con premeditación y alevosía, les permite a los más ricos hacerse más ricos a costa de hacer más pobres a la mayor parte del país, cuestión que no tiene visos de cambiar en el marco de los objetivos y políticas implementadas por el actual gobierno.

 

Porque, ¿no debiera el Gobierno y el estrato político civil limitar la cantidad de dinero que los fondos de pensiones (en manos de las AFP) pueden invertir en el extranjero y utilizarlos para mejorar la inversión productiva interna? ¿No tendrían que postular los sectores del R-NR una fiscalización efectiva sobre los flujos y gestión privada de los capitales, así como una intervención más eficaz respecto de la política cambiaria, evitando la mera especulación y la salida al exterior de ellos? Si hasta el FMI habla de ‘control del flujo de capitales’ (luego de las dos grandes crisis financieras de los últimos 3 lustros: 2008 y 2011). En razón de ser nuestra FES extremadamente desigual, sólo medidas y planes económicos y políticos más decididos y de fondo podrán reducir la inmensa brecha que la cruza.   

 

De no aplicarse medidas fiscales que logren –al menos- mantener los precios de bienes y servicios básicos, que allanen el acceso a créditos con intereses razonables a amplios sectores de la población y que contribuyan a mejorar los ingresos en general, situaciones todas que no harán más que deteriorarse en el corto y mediano plazo, afectando de paso el ya relativamente precario nivel de vida de la mayoría nacional, seguramente ello devendrá en un incremento de la desafección a la administración de AD, pero –en lo principal- posibilitaría un acrecentamiento de la movilización popular por las demandas sociales relacionadas con las condiciones vitales mínimas. Y a lo anterior coadyuva el fin de las transferencias de emergencia y las difíciles condiciones macroeconómicas en nuestra FES, las que hacen prever que la pobreza (US$5,5 o menos por día) aumentará a un 4,7 % y el coeficiente de Gini lo hará a 0,46 en 2022 (BM), no esperándose que en el mediano plazo ambos indicadores retornen al nivel que tenían previo a la pandemia. Los precios al consumidor subieron un 1,4% en abril (INE), más de lo esperado, con lo que la inflación registró un alza a 12 meses del 10,5%, mientras que la de 2022 pudiera superar el 13%, triplicando y cuadruplicando, respectivamente, el valor tolerado por el BCCh, de sólo un 3%. La solución que en gran parte permite a las familias trabajadoras salir adelante con deudas y gastos, el préstamo o crédito, un verdadero salvavidas de plomo que les lanza el capital financiero, se encarece y al finalizar el período las tasas de los créditos de consumo alcanzan su mayor nivel en más de 7 años, 26,98% (BCCh); pero las mayores alzas este año –comparadas con 2021- vendrán dadas para las tasas de créditos para vivienda: se acrecientan en 300%, y los comerciales: que aumentan casi al doble (BCCh). Debido a lo anterior, no resulta extraño saber que 1 de cada 4 chilen@s está dejando de pagar sus créditos hipotecarios por la crisis económica para los de abajo y un 70% de ell@s encuentran extorsivo que estos se expresen en UF (Chiledeudas.cl). Y si bien al finalizar el período se informa que la cesantía bajó a un 7,7% durante febrero-abril (INE), desde un 10,2% de hace un año, el aumento de la ocupación se centró en el volátil sector terciario de la economía, mientras que la tasa de ocupación informal se mantiene muy alta: nada menos que en un 27,2% (acrecentándose en un 3,7% en 12 meses).

 

No obstante, Boric y las fuerzas del R-NR se apuran por sacar en limpio algunas reformas que sirvan para paliar las dificultades actuales y futuras, evitando crisis político-sociales que nadie del BPE desea: presentaron, 16/5, un proyecto de ley que apunta a evitar variaciones abruptas en las tarifas eléctricas, las cuales deberían subir entre 40% y 45% (CNE), que los monopolios sectoriales atribuyen, “a los mayores costos” (¿?) y el congelamiento que se aplicó en 2019; Marcel anuncia la presentación de una reforma tributaria (habla de un “pacto”) que responderá a necesidades, “que tienen que ver con el estancamiento en el crecimiento de la productividad, con la necesidad de tener mejores bienes públicos, con inequidades territoriales y con la crisis climática” (RBB), pero el timonel de la CPC acusa que no les han consultado a los empresarios sobre el particular y que ya están en disposición para recortarla a su medida, lo que seguramente será así (y para que constatemos lo delincuencialmente carerraja que es la patronal, agreguemos que según una investigación de 2015 ellos son los que mayoritariamente evaden impuestos: “el 91,7% de la subdeclaración de ingresos se produce en las rentas empresariales (retiro de utilidades y dividendos), mientras que en el resto de las rentas la subdeclaración es de un 8,3%)” (CET-UCh); respecto de la oferta del Ejecutivo sobre las 40 horas, seguramente los representantes del CMF la adecuarán a su medida e intereses, exigiendo compensaciones en la forma de mayor flexibilización y precarización laborales; ante el alza del precio de los combustibles, y por ende de la inflación, el mismo Marcel planteó duplicar el margen de los recursos del Mepco y su equipo económico avanzó en la rebaja baja del precio de la parafina, pero poco y nada se hace frente a la evidente colusión de los integrantes del oligopolio de grandes distribuidoras de combustibles y gas, así como de cara al inmenso robo perpetrado por Metrogas. Es fácil vaticinar que no resultarán efectivas tales ‘reformitas’ para evitar la crisis nacional que se anuncia, puesto que no atacan las bases que la generan y reproducen: la desigualdad e injusticia sociales que campean y arrecian en nuestra formación social.             

 

 

2) El Bloque Político de Estado se estira y encoge para enfrentar la crisis, pero en ningún caso serán afectados los sectores dominantes 

 

2.1) Las Derechas, aunque desunidas, no son vencidas

 

Piñera y sus secuaces de Chile Vamos abandonaron La Moneda dejando nefastas cifras relacionadas con la pandemia por COVID-19, gracias a su criminal manejo de la misma, así como graves consecuencias respecto de su impúdico manejo económico-social de la crisis abierta por la virosis universal (que no hace más que agravar una preexistente). Para el primer caso, tardando en tomar medidas de aislamiento y recortando al máximo el personal y los recursos materiales que hubiesen permitido contenerla y controlarla desde un comienzo. Respecto de lo segundo, fue evidente que la mayor parte de las ayudas públicas y desgravaciones tributarias del pasado bienio se centraron en el gran capital, sin que llegaran a utilizarse las reservas para incrementar el apoyo a las familias trabajadoras y a las PyMEs. Ante las derrotas electorales de mayo de 2021, los nombrados buscaron nivelar en algo sus granujadas: para lo primero, estrujando al máximo al personal de los diversos niveles de atención de salud y reasignando fondos para la adquisición de vacunas; para lo segundo, elevando el gasto público en un tercio, sin enviar el proyecto de ley que terminaba con diversas exenciones tributarias (beneficiando de nuevo al CMF) ni reduciendo los egresos en áreas prescindibles. Debido a esto último fue que se llegó a un déficit fiscal estructural de un 8,3% del PIB en 2021, y es con el recorte del gasto público en el presupuesto 2022 (que representa un 23,8% del producto) que se espera reducirlo a un 2,8%, este año. Tal amputación, si bien ayuda a mantener los sacrosantos equilibrios macroeconómicos, contribuye a agravar la crisis económico-social que ya se hace sentir, siendo esta la razón fundamental para que Boric propicie una reforma tributaria.

 

Otra funesta herencia de la administración de Piñera fueron las seis decenas de muert@s y miles de herid@s que arrojó la cruenta represión con la que los agentes armados del Estado, mandatados por el genocida y azuzados por la patronal, intentaron aplastar la legítima protesta y movilización populares durante el levantamiento del 18-O, delitos por los cuales el cogotero fue acusado constitucionalmente, pero fueron los inefables GMRS los que lo salvaron. También le heredaron a los actuales gobernantes una cierta equivalencia entre quienes ejercen la violencia popular, expresión legítima de l@s que están cansad@s de tanto abuso y humillación, con los uniformados que atropellaron los DDHH y continúan haciéndolo; el noli me tangere a la corrupta y matona institución de Carabineros; la contención, a como dé lugar, de las cifras y los equilibrios macroeconómicos, con todos los sacrificios que ello implica para las familias de la clase trabajadora.

 

Desde antes del 11/3, pero con más razón desde entonces, las derechas económica, política y mediática disparan y asedian a la enclenque coalición ‘wiskierdista’ liderada por el guatón Boric. Y aunque tienen sus diferencias internas, principalmente entre empresarios afectos a la vieja escuela familiar y otros a una plena alianza con el capital transnacional, entre UDIs y RNs, entre los 2 o 3 monopolios mediáticos existentes, su sangre no llega al río cuando se pelean y terminan imponiéndose los intereses históricos del Bloque en el Poder (BP) y la superioridad fáctica de la fracción burguesa hegemónica: la del CMF. Entre todas ellas han logrado imponer en la agenda del Gobierno de AD, golpe a golpe, sus prioridades en cuanto a: a) la mantención del modelo económico y de todo lo implícito en las metas de crecimiento; y b) la seguridad y el orden ciudadanos (uno de los 3 temas del primer comité político del gobierno de AD), lo que va en resguardo de lo anterior. Respecto de la segunda prioridad, los sectores dominantes imponen una aproximación político-material de la cuestión, en que se equiparan las implicancias del avance del narco y el lumpen en nuestra formación con la legítima y justa violencia desplegada por el Movimiento Popular (MP), sin atender a las causas de ambos fenómenos y sólo abocándose a combatir sus efectos, aunque es bastante notorio que el principal objetivo a atacar/exterminar es cualquier expresión de protesta político-social del campo popular. Así, los enemigos pasan a ser no sólo los delincuentes y traficantes, que como sabemos carecen de conciencia social, sino también los movimientos estudiantiles, de los pueblos originarios, de trabajadores, etc., a los que se debe privar de las legítimas razones y aspiraciones político-sociales que los llevan a movilizarse, con la finalidad de poder establecer tal analogía. Y esta artimaña, que parece evidente, es propalada por todos los medios y plataformas mediáticas del establishment, dejando en la retina del ciudadano de a pie que es correcto acabar con todo el que sea violento y se rebele a la autoridad y el orden existentes, sin parar mientes en las causas y las diferencias de fondo en esta trascendental materia.

 

Ya se ha demostrado que el empresariado puede influenciar las decisiones políticas utilizando distintos recursos de poder para ello [Ciper, 21/1/21]. Por una parte, puede generar una amenaza que sea creíble para los tomadores de decisión, en relación con una disminución de la inversión que pudiese mermar el crecimiento (Culpepper, 2015). También pueden financiar campañas políticas, posicionar a empresarios en puestos claves de gobierno o de la sociedad civil, establecer vínculos con partidos políticos, pagar campañas en los medios e incluso desarrollar sus propios estudios para discutir con evidencia en el espacio público o contrastar con estudios producidos por otras organizaciones (Fairfield, 2015). La evidencia sobre Chile muestra que los empresarios han usado estos diferentes recursos de poder dependiendo de los sectores de política donde se movilizan, y han obtenido consecuencias políticas diversas, pero generalmente favorables (AFP).       

 

Las derechas también se coluden en la hora presente para que los demás integrantes del BPE: los GMRS y el R-NR, accedan a aprobar e implementar medidas y políticas económicas necesarias para alinear nuestra FES con la orientación imperialista impuesta desde el centro del SCM. Como vimos en el punto anterior, no han tenido ni parece que vayan a tener obstáculos al respecto (para la desgracia popular). Pero, para no hacer esto tan evidente y mediante toda una potente campaña mediática, logran poner en ascuas a la población frente al delincuente y el narco, a fin que el empresariado nos meta la mano en los bolsillos y nos pueda explotar a placer y como si nada. 

 

 

2.2) Los grupos mantenedores y reproductores del sistema pasan la posta a AD

 

En un comienzo, fue difícil la relación entre la exNM y AD, como que los dirigentes del Partido exSocialista y del PDC criticaban casi todos los anuncios de Boric y Cía., mientras que las fuerzas del R-NR les hacían aparecer como meros opositores. Sin embargo, al irse acomodando el flamante Gobierno y verificando este que tenía que morigerar las grandes expectativas que había abierto en la población, por un lado, y viendo los GMRS que les convenía hacer causa común con el Ejecutivo en contra de una derecha política que se redujo electoralmente, las posiciones se fueron acercando y comenzaron también las invitaciones para que caras conocidas del moribundo conglomerado PS-PPD-PR-PDC pasaran a asumir funciones gubernativas.

 

El PDC es el que muestra mayor reticencia a mezclarse con el R-NR, intentando dar una imagen de estar preocupados por los derechos de “todos” (léase sectores populares, pero también capas medias y de la pequeña burguesía) y alejado de la debacle en la que pueda caer con su gestión el inconsistente Boric, para luego emerger como la fuerza salvadora en 4 años más. Apenas cuentan con un voto en la Convención Constitucional (CC), por lo que no dudan en culpar a AD y al PS del descalabro que puedan ocasionar los frutos de dicha instancia, siempre en su afán de mantener/reproducir los consabidos equilibrios. Con todo, la última directiva anuncia entendimientos con Boric y AD.           

 

Varias divergencias se presentan en el período entre los componentes de la otrora imbatible Concertación, hoy la raquítica exNM. Pero todos juntos observan expectantes qué tal les va a las fuerzas del R-NR, en el gobierno y en la CC, para decidir si profundizar los lazos con estos o seguir con un compromiso relativo. Es el eje PS-PPD el más interesado en estrechar vínculos con Boric y AD, con la idea de fundar una Concertación 2, con una mayor base política y social, y que se adecúe a los re-nuevos tiempos. Es la fuerza de los hechos y sus ideas afines lo que hará al R-NR y los GMRS terminar juntos, y ya -en la práctica- los primeros reciben el testigo de los segundos. Por lo pronto, su cercanía reinstala el duopolio político, tan del gusto de Aylwin, Núñez, Guzmán y todos esos campeones del estrellato político de los 80-90, tras una campaña en la que Boric y AD parecieron ampliar el abanico.

 

 

2.3) Gobierno de Boric y Apruebo Dignidad: los nuevos capataces

 

El “Gobierno de la Esperanza”, se le decía en marzo. Sin embargo, al poco andar, comenzó a defraudar las expectativas que se había forjado sobre su desempeño buena parte del electorado popular y de las capas medias. De más en más va creciendo en estos la percepción que con el nuevo gobierno no habrá cambios progresistas y significativos en las condiciones de su vida cotidiana, pero dicha constatación no implicará –necesariamente- que esos votantes pasen a abrazar la causa de la izquierda anticapitalista, pudiendo incluso buena parte de ellos derivar a la apatía política o terminar dándole su voto a algún populachero derechista en los próximos comicios. Con todo, la campaña en pos de la aprobación de la nueva Constitución le dará a Boric y AD la posibilidad de retomar algo del prestigio perdido, pero auguramos que las secuelas de la crisis que comienza a campear en Chile les harán de todas maneras cuesta arriba su gestión, máxime que optarán (por formación y vocación) por el modelo impuesto por los dueños del país.   

 

Respecto de lo que se esperaba sobre la aplicación del estado de excepción en la “Macrozona Sur” y la consiguiente militarización de esta, varios actores apostaban que el novel Gobierno emplearía la razón más que la fuerza y que desecharía esa pesada mochila que le heredaba Piñera. Pero he aquí que la inconsistencia y debilidad de Boric y AD, sobre las que impactan las constantes presiones de los sectores dominantes, llevaron a los nuevos capataces, primero, a autorizar una situación intermedia y finalmente, al terminar mayo, a decretarlo lisa y llanamente. La insistente coacción patronal busca una cabeza de turco en la figura de la PC Izkia Siches, pero como el Gobierno ha ido cediendo a sus demandas, la Ministra del Interior continúa en el puesto.      

 

Sobre las ideas-fuerza que ideológicamente justifican el modelo de dominación y explotación actual, las fuerzas del R-NR y los GMRS poseen una gran coincidencia; respecto de lo económico, bien poco se diferencia el programa que está aplicando Boric de lo que se hace en nuestra FES desde 1990 en dicha área (con la venía del BP y las IFI); y en relación con la existencia y futuro del MP, ambos sectores se esmeran por su pronta desmovilización (y no pocos se la juegan por reprimirlo abiertamente). A través de todas las estructuras de la institucionalidad y del itinerario fijado en lo estructural y político por el BPE, en que se entrelazan aquellos actores con las representaciones de las clases dominantes, conjuntamente bregan por reconstituir y consolidar la “democracia de los 30 años”, lo que implica un escenario similar al que llevó a la Concertación al gobierno (con más esperanza que alegría, eso sí). Pero como lo que proponían los gerontes de aquella camarilla ya no le dice nada a nadie, es cosa de tiempo para que terminen de entregar la posta a los chic@s de la ‘wiskierda’ (que lograron domeñar a fondo al demonio del PCCh), para que est@s logren insuflar oxígeno a un modelo que, como se comprobó aquel histórico 18-O, no le interesa, representa ni le sirve a la mayoría nacional.     

 

 

2.4) La (Cocina) Convención Constitucional o todo cambia para que todo siga igual

 

Nos ahorramos todos los comentarios o análisis con relación a la Cocina Constitucional y su “nueva” Constitución con la siguiente información, en la que se detalla que el gran capital financiero norteamericano y la empleada del Departamento de Estado de USA aprueban el borrador emanado de la mentada Convención. Sólo agregar, “rascad un poco la ‘nueva’ Constitución y encontrareis la del 80 (y su Estado subsidiario)”.

 

La entidad financiera estadounidense Morgan Stanley ha dicho sobre el proyecto constitucional en Chile: “No vemos indicios de elementos perturbadores para la política macroeconómica”.  La firma transnacional de inversiones indicó que las políticas más radicales fueron rechazadas en el Pleno de la Convención Constituyente. Positiva es la mirada del banco de inversión y agente bursátil norteamericano Morgan Stanley luego de hacer un primer acercamiento al borrador de la propuesta constituyente de la Convención Constitucional que encargaron a sus analistas Lucas Almeida, Gilberto Hernández-Gómez y Emma Cerda.  Para Morgan Stanley la situación macroeconómica de Chile no tiene “elementos potencialmente perturbadores” de ser aprobada la propuesta de nueva Constitución. Esto porque las ideas más radicales que fueron presentadas en las comisiones de la Convención fueron sucesivamente rechazadas por los integrantes de la instancia en el Pleno.

 

Como la posibilidad de ofrecer un nuevo contrato social para el país, calificó la expresidenta de Chile Michelle Bachelet la posibilidad de contar con una nueva Constitución política que reemplace a la de 1980, la que fue aprobada en un plebiscito fraudulento, luego de ser redactada por un grupo de juristas entre los que se contaba al ex parlamentario Jaime Guzmán y un grupo de miembros de las fuerzas armadas. “Yo creo que debe ser aprobado”, subrayó Bachelet, quien agregó que, “creo que tiene un montón de cosas positivas y cosas muy importantes para resolver algunas de las más importantes dificultades y cambios para nuestro país en términos de asegurar que el conjunto de las regiones se sientan completamente representadas, que los pueblos originarios se sientan completamente representados y cómo se puede integrar mejor en los estándares internacionales de los derechos humanos además de vivienda, agua, salud pública y en temas indígenas también”.

 

 

3) Lo social y sus efectos en la política

 

Marzo de 2022 apuntaba a ser el mes de la esperanza, esa que había logrado derrotar al miedo representado por el esperpento Kast en las elecciones presidenciales, en lo que había sido otro simulacro de participación en esta democracia no de 30, sino que de los 32 años. Los GMRS, además del R-NR, alardeaban que “ahora sí que sí” vendrían los cambios estructurales y llegaría la alegría. Pero, en apenas dos meses, aquella esperanza se extinguió y al correrse el velo se pudo constatar que el miedo igualmente llegó a instalarse en La Moneda: ese que recela de los cambios profundos a un sistema injusto y marginador, yéndose al tacho las aspiraciones y sueños populares que fueran inspirados por los mismos que ahora los desechan cuando son gobierno.

 

 

3.1) El Wallmapu:

 

El llamado conflicto mapuche es uno de los temas álgidos que cruza la agenda del período analizado. Ya el 4 de marzo, la futura Ministra del Interior anunciaba que, “nada está escrito en piedra”, dejando abierta la extensión del estado de excepción en la denominada Macrozona Sur.  Señalaba ella que el objetivo del nuevo Gobierno es buscar una solución política al conflicto, pero ya sabemos cuál fue finalmente la resolución que este pasó a implementar.

 

El 7 de marzo, el gobierno de Piñera logró que la Cámara de Diputados prorrogara el estado de excepción constitucional en el Wallmapu. El gobierno saliente, en voz de uno de sus ministros señaló como excusa: “La movilización de recursos humanos y técnicos no es de un día para otro, y no es llegar y sacarla de un día para otro. Hay que tener un plan de salida o un plan de desescalamiento para sacar toda esta infraestructura y eso requiere días”. Luego, a 4 días de la instalación del nuevo Gobierno, se produce su primer traspié, que no sería un evento coyuntural, sino que determinó el comienzo de un acelerado desgaste de una administración que sepultó en horas las esperanzas depositadas en él. En Ercilla, la Ministra Siches fue recibida con un bloqueo en la ruta que tomaba la comitiva gubernamental, que incluía al paco Ricardo Yañez. De inmediato se estableció que, “se requiere mayor intervención del Estado” y ya se sabe lo que eso quiere decir. Además, la flamante encargada del Ministerio del Miedo expuso: “aquellos grupos que esperan que la violencia y el desorden imperen, aquellos grupos que están en el narcotráfico, en el robo de maderas, en conjunto, como país, los vamos a enfrentar”, dejando la puerta abierta a la continuación de la militarización del Wallmapu para proteger a las forestales y los latifundistas, validando de paso el discurso de las derechas política y económica, que no tienen empacho en identificar la causa mapuche con actividades delincuenciales como las expuestas por Siches.

 

A principios de abril y a través de una declaración pública, una de las organizaciones que se ha dado el Pueblo-Nación mapuche, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), rechaza conversar con el nuevo Gobierno: “no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente”, esto para claridad del Gobierno y específicamente del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En el texto, la CAM asevera que, “la elección de (Gabriel) Boric se inscribe en un contexto marcado por el reciclaje de una vieja institucionalidad asimilacionista que ha fracasado en el Wallmapu”, y agregan que la presencia de representantes indígenas en el proceso constitucional y la, “supuesta aspiración plurinacional del gobierno entrante”, son instancias, “con claras limitaciones políticas e ideológicas”, las que reflejarían la legitimización de un discurso progresista en materia indígena a nivel nacional e internacional, pero en que la finalidad institucional, “no es transformar la correlación de fuerzas entre ambas naciones, cuestión que obligaría a poner en el foco la cuestión del despojo territorial y los intereses del gran capital que operan en el Wallmapu”. “Reafirmamos nuestro camino político militar del weychan (lucha) tal como lo hicieron en su momento Leftraru, Pelontraro y nuestros weychafe caídos en combate, el cual no se centra en obtener migajas burocráticas del enemigo sino en sentar las bases de nuestra propuesta de liberación nacional mapuche, para lo cual es necesaria la expulsión de toda expresión capitalista y colonial del Wallmapu”, concluyen.

 

El 13 de abril, Héctor Llaitul hace un llamado a la, “liberación total del Wallmapu”. Lo dicho por el líder mapuche es en respuesta a los anuncios de la Ministra Siches, quien informa que se aumentará la dotación de vehículos blindados y se invertirá $1 mil millones en drones para incrementar la vigilancia, insistiendo la Jefa del Gabinete que la mirada del nuevo gobierno es política y no jurídica o policial, pero al mismo tiempo que se acrecentaba la cantidad de camionetas blindadas y que se había aprobado un presupuesto para la compra de otros 34 vehículos para, “reforzar la labor preventiva”. Y como que no quiere la cosa, la Ministra instruyó a los equipos del MINT para la creación y desarrollo de un, “nuevo sistema de inteligencia del Estado”. Al finalizar el mes, el Gobierno anuncia que destinará $5.500 millones para reforzar la seguridad en la Macrozona Sur y que, “descarta restituir el estado de excepción”. En La Moneda, autoridades de gobierno se reúnen con el paco Ricardo Yáñez y el tira Sergio Muñoz para coordinar la represión, a los se les une el subsecretario Monsalve. Sostiene el Ejecutivo, abiertamente, que su principal preocupación es, “resguardar las rutas concesionadas”. De hecho, las confederaciones, federaciones y agrupaciones de dueños de camiones (que estaban en paro) emplazan al Gobierno para que los proteja. 

 

La militarización en el Wallmapu es tan ostensible, que la diputada Ericka Ñanco, de “Revolución Democrática”; es decir, un partido que es parte de la alianza de Gobierno, señala que no es factible el diálogo en un contexto de militarización de los territorios. La primera mujer mapuche electa diputada, añade que tampoco es necesario “educar” a pacos y milicos para negociar con las comunidades mapuche. Una afirmación esencial es realizada por Ñanco: las policías deben ser refundadas, en lo que constituyera una promesa de la campaña presidencial de Boric, pero que se diluyó de inmediato el 11 de marzo, pasando a ser otra de sus ofertas incumplidas.

 

Al mediar mayo, el Gobierno asegura que en “democracia” no se pueden resolver los problemas políticos con las armas, sindicando a la CAM como una organización terrorista. Nótese el calificativo de “democracia” otorgado al inicuo ordenamiento político heredado de la dictadura, en lo que será una constante de Boric y AD, intentando con dicho argumento identificar su administración y el orden vigente como expresiones de una verdadera democracia. El poder del Estado se fortalece en la “macrozona” y el Gobierno da paso a la creación de “unidades de coordinaciones estratégicas” (13 de mayo), para no sólo incorporar al Ministerio Publico, Carabineros y a la PDI en la batalla, sino también al SII, a la Aduana y a la Unidad de Análisis Financiero, con el objeto de integrar sus capacidades para perseguir, identificar y detener a las “organizaciones criminales” que estarían detrás de los delitos. El mismo día, surge lo que se llamaría “Estado Intermedio”, que viene a ser un estado de excepción constitucional en donde una autoridad civil se situaría por sobre los uniformados, en que no se vulnerarían los derechos fundamentales, como el de reunión o de libre tránsito, pero que de todas maneras serviría para que el Estado disponga de más contingente, carros blindados y equipamiento de control y detección.  Monsalve cerró su anuncio con palabras para la historia: “En democracia no se puede hacer un llamado para resolver con armas los problemas políticos” sostuvo, señalando en que el Gobierno va a dialogar “con quienes quieren alcanzar la paz y acuerdos políticos dentro del Estado de Derecho, al resto se le va a aplicar el Estado de Derecho”.  Es decir, el Estado de Derecho es, francamente, represión.

 

Y el Estado de Derecho llegó con todo al Wallmapu a fines de mayo. En una confusa emboscada, de la que posteriormente los medios de comunicación mostrarían un carro de transporte impactado con perdigones de escopeta, muere de un balazo en la cabeza un mapuche y trabajador forestal. Juan Catril Neculqueo, de 66 años, fue víctima de la militarización que profundiza y extiende el Estado chileno en defensa de la propiedad privada y los intereses del 1% de la población.

 

 

 

 

3.2) ¿Y las 40 horas para cuándo?

 

Una de las promesas que efectivamente puede cumplir el nuevo Gobierno es lo de la jornada laboral de 40 horas semanales, en lo que incluso las propias derechas señalan que se podría llegar a 35. Y es que el capitalismo criollo ya cuenta con las condiciones estructurales para generar plusvalía acortando el tiempo socialmente necesario para la producción de las mercancías y su distribución. La Ministra del “Trabajo” y el de Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respetivamente, han reiterado su compromiso con la implementación del proyecto de ley.  Con todo, dichos Capos están preocupados por el impacto que pudiera tener la medida, en el sentido que pudiese conducir a despidos masivos. La pertenencia a la OCDE los obliga a tomar la medida, pero ya la patronal advierte que no es posible avanzar tan rápido, pues se debe tomar en cuenta, según ellos, la recuperación de empleos tras la pandemia y el cuidado para evitar desagradables “alzas” de sueldo.

 

No obstante, el 24 de marzo se tienen noticias negativas para el mentado proyecto y la diputada Yeomans advierte que sería impresentable que nuevamente se estanque la discusión, anunciando que de ser aprobado el proyecto su implementación tendría que esperar un año para las grandes empresas y cinco para las PyMEs.  En tanto, Juan Sutil, el Kapo de los patrones de la CPC, en reunión con la M. del Trabajo, expuso que ellos están de acuerdo con la nueva normativa, pero que deben ser cambios, “graduales y con adaptabilidad social”, y agregó sutilmente que, “Chile tiene una oportunidad de buscar su camino hacia el desarrollo”. Sabemos que en la última elección parte importante de la cúpula empresarial y el imperialismo se la jugaron por el actual Presidente, pues era su mejor carta para mantener el modelo de dominación y explotación y dar cobertura a las  transformaciones económicas necesarias para la actual etapa de transición capitalista. La jugada se repetirá, logrando hacer aprobar la “nueva” Constitución. Cerramos este apartado con la opinión de Nicole Cossio, dirigenta sindical del Banco BCI y de la Federación de Trabajadores de Call Center, quien afirma: “Hemos sido permanentemente precarizados, abusados en algunos casos, entonces efectivamente las 40 horas son una necesidad para humanizar el trabajo, para tener un trabajo decente y vamos a seguir luchando por esto, porque el proyecto salga bien del Senado”, y aquí nos preguntamos: ¿qué relación tiene disminuir la jornada de trabajo con los otros puntos señalados por la dirigenta, en el sentido que se supriman el abuso, la explotación, la precarización, los bajos sueldos y un largo etcétera?

 

 

3.3) Educación y violencia en los Colegios, Escuelas y Liceos

 

El Ministro de “Educación” del Gobierno de Piñera pasó a la historia como la demencial autoridad que buscó la vuelta a clases al costo que fuera. Sin embargo, el nuevo Gobierno logró el retorno a clases como un milagro de la “esperanza”. Ambos gobiernos saben que con los estudiantes en las salas regresa parte importante de la normalidad capitalista, el consumo y otras golosinas. No se tomó en cuenta la persistencia de la pandemia ni de las enfermedades que rebrotaron en marzo y menos se consideró el factor encierro en sus casas por 2 años de l@s estudiantes. Todos estos factores gatillaron una serie de críticos fenómenos sociales que le están pasando la cuenta al nuevo Gobierno. Al parecer, la “Educación” de la administración AD proseguirá por la senda de la ‘democracia de los 30 Años’. Y decimos Educación entrecomillada, pues es la que surgió –luego de 1990- tras el pacto de hecho entre el Colegio de Profesores y los gobiernos de la democracia contrainsurgente; es decir, la educación al servicio del gran capital y el imperialismo, la educación de los contenidos mínimos obligatorios y las pruebas estandarizadas.

 

A poco que Boric se terciara la banda tricolor, el 14 de marzo, el Colegio de Profesores le manifestaba al MINEDUC su preocupación sobre la necesidad que fuesen revisados los aforos en las salas de clases. Había aforos para otros recintos y actividades, pero no en las salas de clases. La representación nacional de l@s docentes planteó que había lugares con más de 40 estudiantes por sala, en una cuestión que –digámoslo- jamás ha sido abordada por el Colegio en forma concreta y en términos de exigir la supresión de tal (sin)razón. Sin embargo, el tema de los posibles contagios, que efectivamente se materializó, fue siendo relevado por el tema de la violencia en las unidades educativas. La tozudez del Gobierno y el MINEDUC por seguir implementando la Jornada Escolar Completa, comenzó a producir serios problemas de convivencia social entre los propios estudiantes y hacia los docentes.  Como buen parche y no como solución de fondo, el Gobierno se la juega por crear “una comisión” para abordar la problemática, cuando ya en Lo Espejo y San Bernardo se registraban hechos de violencia en los establecimientos. La “Comisión” estará integrada por la subsecretaría de Prevención del Delito y se contempla aumentar las rondas de Carabineros. El 21 de marzo, el MINEDUC anuncia que, “va a permitir flexibilizar la jornada escolar completa” y que las comunidades escolares, junto al Consejo Escolar, podrán disminuir las horas lectivas. Aquí resulta necesario señalar que ese Ministerio no tiene ninguna capacidad objetiva para impartir normativas al aparato escolar; sólo puede sugerir. Otro aspecto importante de destacar es que el Ministro del ramo, Marco Ávila, señala que sea cual sea las horas de permanencia de los estudiantes, “se mantendrán los montos de la subvención” y aquí devela un aspecto central de lo que es el Estado subsidiario y que se mantendrá con la nueva Constitución, pues de lo contrario tendría que suprimirse la figura de los “sostenedores”, lo que no aparece en ninguno de los casi 500 artículos de la proyectada Carta Magna. Días después, 25/3, el Gobierno demuestra su ‘preocupación’ por la violencia en los colegios a través del anuncio de un, “plan de fortalecimiento de matrícula”, con el que pretende enfrentar los hechos y acciones violentas, pero escondiendo que esa mejora en el traspaso de fondos irá a parar a manos de los “sostenedores” y no a mejorar las condiciones de los estudiantes y docentes. Casi al terminar marzo, 28/3, el timonel del C. de Profesores, Carlos Díaz, señala que la violencia en los colegios no es “casualidad”, apuntando al MINEDUC como el ente que apuró el retorno a clases y con jornada completa y todo. El 30/3, el Ejecutivo insiste en su política de parches para, “mejorar infraestructura de los colegios y más policías”, insistiendo por nuestra parte que tales ‘mejoras’ no son otra cosa que más dinero para los mafiosos que controlan el aparato escolar, mientras que en muchos colegios y liceos prosiguen los golpes, las amenazas, el malestar.

 

El 6/4, Carlos Díaz le hace notar al actual M. de Educación su sandez al afirmar, sin más, que, “fue un error mantener las escuelas cerradas durante la pandemia”. A esta altura, no se sabe bien si el ‘nuevo’ Gobierno es el ‘viejo’ o el otro es la prolongación de éste; Orwell se ve superado. Inclusive, Boric dogmatiza: “Las escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar”. La crisis estalla el 12 de abril, cuando muere un estudiante en la localidad de Santa Cruz, Sexta Región. Como dato no menor, durante marzo de este año hubo 1500 denuncias en la Superintendencia de Educación y el 30% lo fueron por violencia escolar.

 

En medio de la situación de violencia e incertidumbre que atraviesa el aparato educativo, el Presidente del C. de Profesores aprovecha la instancia para instalar en el debate nacional el término del SIMCE, en tanto que el Ministerio sólo plantea suspenderlo por este año y en circunstancias que durante la campaña presidencial, el compromiso fue concluir con dicho conjunto de exámenes. A este respecto, Díaz señaló: “Solicitamos al ministro terminar con el Simce, no solamente para este año, no suspenderlo por el año 2022, sino que terminar con la lógica estandarizada que hay en la educación que tanto daño le ha hecho a la educación en Chile y que podamos avanzar hacia un nuevo modelo educativo. Eso es lo central a lo que debería abocarse el Ministerio ad portas además de una nueva Constitución que esperamos entienda y conciba la educación como un derecho humano fundamental y no como una mercancía”.

 

Fue al finalizar marzo que un grupo de diputados del PDC solicitan una sesión especial para abordar la posibilidad de aumentar el monto de la beca de alimentación JUNAEB, apuntando que desde 2012 que no se le reajustaba. Por cada estudiante, el Estado otorgaba (hasta ese mes) $1.600 diarios; es decir, $32.000 mensuales (por 20 días hábiles) a más de 500 mil estudiantes de educación superior. El retardo en tratar esta urgente cuestión para el estudiantado, significaría el inicio de un ciclo de protestas estudiantiles.

 

 

3.4) L@s Pres@s Polític@s

 

L@s pres@s polític@s es otra problemática en la cual el nuevo Gobierno sepultó las esperanzas que levantara durante la pasada campaña presidencial. El viernes 11 de marzo, se proclamó a los 4 vientos que este Gobierno retiraría las querellas interpuestas por el M. de Interior desde tiempos de Piñera y que mantienen pres@s o enjuiciad@s a miles de jóvenes que participaron del alzamiento popular del 18-O. Sin embargo, el anuncio murió a poco que fuera hecho. Ya el 14/3, ante la inacción gubernamental sobre la materia, los familiares de los PP hicieron un llamado para que el Gobierno apoye un proyecto de indulto, en carácter de urgente. Para el 23/3, la alternativa era la “amnistía” (recordemos el abismo que hay entre indulto y amnistía) y el senador PS Juan L. Castro declaraba que sería muy patético y lamentable que el proyecto de “amnistía naufragara”. Lo dicho por Castro es en referencia a las movidas que efectuaba el Segpres Giorgio Jackson por entonces, quien anunció la aplicación de suma urgencia al proyecto de amnistía, pero sin hacer un sondeo previo para asegurar los votos.

 

El 24 de marzo, Juan Ignacio Latorre, senador por Revolución Democrática, aporta que ante la problemática, “ha habido falta de convicción y de voluntad política” y asegura que en el futuro se avanzará en, “indultos presidenciales individuales” (lo que sería un avance, pero el senador habla de una posibilidad que sólo él plantea) y recuerda que la propia Cocina Constitucional sacó una declaración pública, aprobada por más de 2/3 (¡tanto les gusta esa forma de “democracia” que les dejó Jaime Guzmán!), en donde se pide acelerar la ley de indulto. Mientras tanto, Jackson sigue anunciando poner suma urgencia al proyecto de indulto, incluso da un punto de prensa acompañado por la senadora Fabiola Campillai, pero -en lo concreto- es otra promesa gubernamental no cumplida y en proceso de ser enterrada. Desde la Defensoría Popular explican que la proyectada ley de indulto no beneficia a todos los PP y desde la Comisión de Constitución del Senado indican que ni siquiera han sido notificados.

 

A fines de abril, 28/4, una serie organizaciones político-sociales del campo popular, la Comisión Chilena de DDHH y familiares y amigos de l@s PP interpelan al Gobierno en relación con el indulto y el retiro de las querellas emanadas desde Interior. Los familiares denuncian, “que la prisión fue utilizada por la administración anterior como una herramienta de castigo dentro de una política de persecución a la disidencia, con el firme propósito de desincentivar la protesta social”. Ya el 11/5, los propios familiares manifiestan que el proyecto de indulto general no los representa ni soluciona el conflicto planteado. Además, el proyecto original se transformó en un proyecto de amnistía (por mano del PDC, que pugna por dar la libertad a las bestias asesinas de Punta Peuco). Es decir, el indulto se transmuta en amnistía y, por si fuera poco, los PP tienen a los  actuales cabecillas del M. de Interior y a los abogados de la Delegación Presidencial como continuadores de su prisión. Es otra promesa incumplida. Tras la esperanza estaba el miedo.

 

 

3.5) Los famosos camiones y sus impunes dueños

 

Las derechas comienzan tempranamente su agitación en contra del nuevo Gobierno, comprendiendo la debilidad de este, su inconsistencia y la posibilidad de mantener sus privilegios, como asegurar sus actividades forestales en el sur, o bien acceder a nuevas prebendas.

 

El 25 de abril comienza la presión de los dueños de camiones, con cortes parciales de carreteras. La zona de Paine será la vanguardia de este movimiento. Sin embargo, para que no se hiciera tan evidente el carácter patronal de esta movilización, lanzaron al choque a pequeñas flotas no ligadas a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), ni de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), cuyas directivas seguían dialogando con el nuevo Gobierno. La excusa para la movilización fue un ataque a balazos que afectó a un transportista, en la comuna de Ercilla. Por otro lado, los camioneros movilizados plantearon un petitorio de 3 puntos: solución a los problemas de seguridad; alto al aumento de los precios de los combustibles y revisión de multas TAG. Al día siguiente, la M. de Interior da un ultimátum a los camioneros, señalando que a las 16:00 del 26/4 se comenzaría a aplicar la ley de Seguridad del Estado. Los susodichos comienzan a mover sus máquinas desde las 17 horas, más por el frío que ante la presión gubernamental. Siches argumentó que la ciudadanía se veía afectada, lo que pasaría a ser el argumento para justificar la represión (no a los camioneros, eso sí). Pese al “ultimátum” de Siches, el 27/4 los camioneros retoman la paralización y los cortes de rutas en Antofagasta y O’Higgins. Como dato a retener, en la 8ª Región y mientras se esperaba la aplicación de la legalidad, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, se reunía a dialogar con los envalentonados camioneros paralizados.

 

Recién el 3/5, aparecen los capos de los camioneros, exigiendo más patrullajes militares y el estado de excepción en el Biobío y la Araucanía. Freddy Martínez, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles y secretario de Fedesur, señaló que, “se niega la posibilidad de declarar el estado de sitio en la macrozona sur y reestablecer el estado de emergencia en la macrozona norte y se niega el retiro de querellas. En consecuencia, nos vemos obligados a movilizarnos y a reunirnos con nuestras bases en las carreteras que son nuestro lugar de trabajo”, comenzando a plantear que las carreteras son parte de la “infraestructura crítica”. Los camioneros hacen su pega y generan la sensación que es imperioso proseguir con los estados de excepción.

 

 

3.6) 8 de Marzo de 2022, ¿la Marea Feminista?

 

El 8 de marzo, cientos de miles de mujeres salen a las calles para manifestar sus demandas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En Santiago, en específico en la Plaza de la Dignidad, participaron ministras del nuevo Gobierno y algunas Convencionales.

 

Con el asesinato de la periodista de un medio popular Francisca Sandoval, a manos del lumpen, quedó claro que la “marea feminista” oficial sólo se despliega el 8 de marzo y el resto del año sólo se pliega a ataques que reciban ciertas mujeres. Lo mismo ha sucedido desde hace muchos años. Se echa en falta un movimiento clasista de mujeres que ligue sus luchas y demandas a la lucha del conjunto del pueblo. 

 

En el período, sólo las estudiantes de la comuna de Providencia son capaces de empujar al conjunto del estudiantado tras demandas feministas, y de a poco comienzan a retomar las calles.

 

 

 

 

 

3.7) La movilización de los trabajadores subcontratados de la ENAP

 

Los trabajadores subcontratados de la ENAP no lo pasaron tan bien como los camioneros. A ellos sí que les cayó el peso del “Estado de Derecho”; es decir, la represión validada y justificada, esta vez con el cacareo que: “se debe mantener la normalidad para que la mayoría tenga sus necesidades cubiertas”.

 

Primero, la empresa mandante envía a la gerente de recursos humanos a negociar. Luego, el Gobierno despacha a la Seremi del Trabajo Sandra Quintana para lo mismo. Pero, desde el Ejecutivo se comienza a levantar el siguiente discurso: “Hemos exigido a las empresas contratistas se sienten a la mesa, porque hay una negociación que hacer, pero se debe hacer con las empresas contratistas”, y que, “nosotros no vamos a renunciar a la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de las empresas que son de carácter estratégico y cuyo funcionamiento afecta a los sectores más vulnerables, (…) genera caos, desorden y sensación de falta de capacidad de tomar decisiones” (dichos del tantas veces nombrado Sub. Interior, Manuel Monsalve). 

 

La principal demanda de los trabajadores paralizados radica en la erradicación de las brechas salariales que existen con los trabajadores de planta, a pesar de realizar las mismas tareas. Asimismo, exigen que esta negociación se adelante para el mes de mayo y no en agosto, que es para cuanto está fijada la tratativa.

 

Sin embargo, la “negociación” sólo se prolonga hasta el 9 de mayo, cuando el flamante Gobierno de la esperanza autoriza a las fuerzas de Carabineros a desalojar a los subcontratistas que mantenían bloqueado el paso a la refinería. Quien firma la notificación del uso de la fuerza fue Daniela Dresdner, militante de “Revolución Democrática”, quien gusta de conversar con los camioneros matones. Víctor Sepúlveda, dirigente de los trabajadores subcontratados expresó que, “a una semana de iniciada la movilización, llamamos al presidente Boric a a intervenir de forma directa en el conflicto y honrar su palabra con las trabajadoras y trabajadores”. En tanto, la delegada presidencial antedicha anuncia que, “tenemos todas las herramientas sobre la mesa, vamos a ir viendo a medida que lo necesitemos, pero aquí, y quiero dejar aquí muy claro esto, el desabastecimiento es la única cosa que no es una opción, porque no vamos a dejar que esto influya sobre las personas que están en sus casas”. Sin embargo, para con los dueños de camiones, que provocan desabastecimiento con sus patochadas, sí que hubo opciones.

 

3.8) Los estudiantes rompen la paz social del Gobierno de la Esperanza

 

Tal como el 18 de octubre de 2019, serán los jóvenes, los estudiantes, los que rompan la normalidad apatronada impuesta por Boric y AD, el cual comenzó a reprimir cualquier intento de protesta social, imponiendo el “Estado de Derecho” o sea la represión. Los estudiantes secundarios y universitarios no compraron eso que la “esperanza le ganó al miedo”, pues saben que el miedo sigue en La Moneda, con otras caretas.

 

Serán las estudiantes secundarias de Providencia las que -tras demandas feministas- impulsan al conjunto del estudiantado a volver a las calles. Luego, se sumarán los liceos y colegios emblemáticos. Los universitarios marchan por mejorar la beca JUNAEB, logrando un miserable aumento por parte del nuevo gobierno ($5 mil mensual). En las marchas de las secundarias y universitarias se producen los primeros choques con mafias de vendedores ambulantes, organizaciones lumpen y con claras conexiones con Carabineros y PDI. Es así que el 25/4, un estudiante resulta baleado por un paco en la marcha por mejorar la beca y el mismo día, en Estación Central, algunos vendedores ambulantes agreden a estudiantes secundarios que estaban manifestándose por lo mismo. Estos ataques de ambulantes-lumpen se volverán a repetir en otras marchas estudiantiles y de forma dramática el 1º de Mayo. El estudiantado, por diversos motivos, continúa hasta el minuto movilizado. Sin embargo, los colegios y liceos emblemáticos no han sido capaces de extender sus luchas a otros colegios, escuelas y liceos de zonas periféricas de las ciudades.

 

 

3.9) 29 de Marzo 2022, Día de los/as Jóvenes Combatientes

 

Lamentablemente, este gobierno no tiene un proyecto popular”,  apunta certeramente en una entrevista el compañero Manuel Vergara, padre de los hermanos Vergara Toledo. Añade que el 29 de marzo, “es una fecha llena de recuerdos, de memoria. Me parece correcto el término de Joven Combatiente porque es algo que está presente, que no es del pasado, es de hoy”. Recuerda que junto a la inolvidable Luisa, “comprobamos que, incluso ahora, la justicia tiene bastante de política y al final prima eso por sobre a la justicia misma. Se apuró y se condenó a carabineros porque en el fondo ellos querían que con el tiempo el 29 de marzo se terminara, sin embargo la fecha continúa y ya no pertenece a la familia Vergara Toledo, sino que a mucha gente en Chile”. El padre de los camaradas Vergara Toledo se refirió, además, a la instalación del nuevo Gobierno y afirmó que, “en general el pueblo de Chile tiene mucha esperanza en este gobierno pero es un gobierno que no tiene un proyecto de sociedad, tiene ideas sueltas y tampoco tiene una base popular que lo sustente. Me preocupa esta situación porque la gente tiene mucha esperanza pero yo creo, honestamente, que esto no va a cambiar mucho”. En este sentido, Manuel agregó que, “estamos viviendo una situación bastante difícil, porque el gobierno no podrá cumplir todo lo que promete. Este gobierno necesita una base popular, yo se los dije una vez, pero lamentablemente no tiene un proyecto popular, un apoyo popular, porque la gente votó por ellos para que no saliera el otro pero fue el mal menor”.  Finalmente, el compañero señaló no tener conocimiento respecto de la conmemoración que el Gobierno realizaría para recordar este 29 de marzo y afirmó que eso, “no tiene mayor significado, es un saludo a la bandera, porque los Derechos Humanos no se respetan en Chile porque no hay justicia, por eso hay impunidad, y como hay impunidad se sigue matando gente”.

 

Dicho y hecho, dirían los mayores. Los capataces del renovado mismo orden intentaron apaciguar la jornada de lucha popular. La posera y vocera de Gobierno, Camila Vallejos, anunciaba, “Nuestro compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos es irreductible”. Pero a renglón seguido agregaba: “Nuestro compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos es irreductible, esto es importante para nosotros señalarlo en primera instancia. Queremos que sea una jornada tranquila, esperamos tomarlo de esa manera y por cierto también como ustedes lo vieron esta mañana, el subsecretario ha estado trabajando con las policías y hay un plan preventivo para el resguardo de la seguridad de las personas durante la jornada”.

 

Sin embargo, quienes luchan y no se rinden, hicieron en las calles y en la práctica concreta su sentido homenaje a quienes lucharon y dieron su vida anteriormente por una sociedad verdaderamente justa. Cortes de calles y enfrentamientos en el centro de las ciudades se registraron desde la madrugada de ese 29 de marzo. En Santiago, el Metro vio interrumpido su paso durante todo el día. En las inmediaciones del Instituto Nacional, un centenar de personas interrumpió la circulación vehicular generando algunas escaramuzas con los pacos. Este 29 de marzo, y como ya es tradicional hace tantos años, el día laboral se terminó mucho más temprano y hace que la normalidad capitalista se vea empañada. Para l@s que luchan, cada jornada es un 29 de marzo y en la medida que más y más jóvenes se hagan combatientes, más cerca estaremos de alcanzar un Chile socialista como el que soñaron Eduardo, Rafael, Pablo, Paulina, Mauricio, Tatiana, Cecilia, Raúl y tant@s otr@s.

 

 

3.10) El 1º de Mayo

 

Este Primero era la ocasión para que se reflejara en las calles la ira en contra de las alzas patronales, luego de dos años de pandemia y aislamiento. Debió ser un momento de inflexión en la lucha popular, un llamado a generar las condiciones para desplegar la huelga general popular. En Santiago, la CUT realizó su acto canónico, donde sólo estaban presentes los dirigentes de la multigremial y algunos invitados del gobierno entrante. En la otra marcha, la de la Central Clasista de Trabajadores y varias organizaciones más, hubo mucha presencia y contra ella se dirigió la rabia de la policía y la mafia de ambulantes asociados a pacos y tiras. Se hizo notorio que estos vendedores son agentes del Estado, que mataron a una compañera, Francisca Sandoval, e hirieron de bala a vari@s más, pero que al no estar uniformados impiden responsabilizar políticamente a quien corresponde: al gobierno de turno.

 

Manuel Monsalve, a nombre del Ejecutivo, anuncia una investigación por los disparos que le arrebataron la vida a una periodista del campo popular. Pero quienes dispararon aparecen en múltiples registros conversando con Carabineros; inclusive, el propio Monsalve reconoció que pacos y tiras, “pueden tener vínculos con los autores de los disparos”. Consultado el nuevo Presidente por el deleznable hecho, señaló que era “desgarrador”. El 12 de mayo fallece Francisca Sandoval. Curioso resultó que tras la entrevista entre el presidente Boric y la familia de la periodista, los funerales tomarán un carácter familiar y no llegaran a representar un espacio de lucha y denuncia popular.

 

Tras la muerte de la profesional, Boric sentencia: “La violencia perjudica la democracia”. Y aquí nos detenemos, pues lo dicho por Boric da a entender que estamos en democracia, lo que a todas luces es un sofisma, una mentira. Es necesario retener los dichos del Gobierno en relación a su accionar: anuncia ‘Estado de Derecho’ o represión para todo aquel que pueda alterar el orden e impida que la gente viva tranquila y etc., pero a la hora de la verdad sólo se reprime las justas y legítimas expresiones de protesta de los pueblos y l@s trabajador@s; ¡y estamos en ‘democracia’!

 

Con todo, la movilización convocada para este 1º de Mayo por una miríada de organizaciones político-sociales del campo popular, encabezadas por la CCTT, UCT, AIT, APT, SUTE, CNT, FENASIPEC, MMC, BOP, ECP y otras más, cuya marcha se extendiera por varias cuadras en la Alameda capitalina y que culminará con un gran acto-concentración frente a la Estación Central, demostró que sigue creciendo el sindicalismo clasista y antipatronal y, al mismo tiempo, que existe mucha fuerza político-social anticapitalista y antipatriarcal que continúa construyendo poder popular desde la base. En Valparaíso, Antofagasta, Coquimbo, P. Montt, Talcahuano y Temuco también se registraron importantes movilizaciones del pueblo trabajador, sobre los que los medios de la derecha y el oficialismo no se dignaron informar.    

 

L@s convocantes de la movilización metropolitana bien apuntaban en su crítica al mísero reajuste del salario mínimo (que se fijase en $380 mil desde el 1º de mayo y que alcanzará los $400 mil desde el 1º de agosto), cuando explican que el Gobierno, el Congreso y la patronal: “proponen que llegará a los $380.000 pesos brutos desde mayo, lo que es insuficiente para enfrentar la carestía que está afectando a los trabajadores con contrato y a los 3 millones de trabajadores y trabajadoras que viven de un trabajo informal. Todas estas medidas, (…) cuestan $ 3.726 millones de dólares, lo que representa el 0,73% del PIB: ¡Un nulo impacto y una miserable propuesta si se quiere paliar la crisis inflacionaria!”. Y aciertan con su insuficiente valor, toda vez que entre diciembre 2021 y marzo 2022, la pérdida del poder de compra de los salarios se alzó hasta acercarse a los $100 mil mensuales en relación con el aumento de los precios de los alimentos esenciales, como el pan, las verduras, las legumbres y el aceite, así como el de los servicios básicos, entre otros productos de primera necesidad.

 

 

4) El movimiento popular, las tareas de l@s revolucionari@s y las perspectivas de la lucha de clases

 

Son muchas y de diversa índole las tareas y desafíos que deben ser emprendidas por el MP y los diversos sectores sociales que lo conforman y que intervienen en la arena de la lucha política para satisfacer sus demandas y aspiraciones. Creemos que ello debe ser un acicate para la Izquierda Revolucionaria (IR), en relación con las tareas que debiera enfrentar urgentemente. En primer lugar, reiteramos la necesidad de lograr mínimos grados de unidad y en torno a un programa básico de todas las fuerzas que reconozcan su lugar en ésta trinchera y que priorizamos la construcción del poder popular y la acción rupturista para alcanzar los objetivos políticos de l@s explotad@s y marginad@s de Chile. No podemos ni debemos abandonar los objetivos históricos de la lucha por el socialismo y la liberación social de nuestr@s herman@s explotad@s y excluid@s, así como dejar de pelear junto a los sectores populares movilizados hoy por sus legítimas demandas inmediatas y por objetivos democráticos.

 

Por cierto, sigue siendo un reto para la IR el contribuir a la construcción del programa y el poder político de los pueblos y la clase trabajadora, para lo que se hace impostergable su crecimiento al interior de los frentes sociales y sus organizaciones naturales, promoviendo formas tradicionales de organización: sindicatos, asambleas populares territoriales, colectivos político-sociales, comités de defensa de las condiciones de vida y de trabajo, de solidaridad social y política, etc., así como impulsando todas las que se adecúen a las características presentes y emergentes del enfrentamiento de clases. En suma, las fuerzas de la IR se deben abocar a la construcción del sustento organizativo y material que posibilite el despliegue de un proceso de luchas ascendentes, con una perspectiva estratégica de poder.

 

Al desvanecerse las esperanzas puestas por amplios sectores de la población en Boric y las fuerzas del R-NR, por las mismas prácticas e inconsistencias de estos; por la constatación que la Constitución a cargo de la CC no vendrá realmente a transformar el injusto modelo de dominación y explotación; y por la zozobra que traerá aparejado el apriete de cinturón con que ya se amenaza a la mayoría nacional, si bien será el momento de su lamentable frustración, será también el instante para que la IR y los sectores más avanzados del MP hagan claridad que un programa económico-social que considere las necesidades y aspiraciones de la mayoría nacional sólo será posible de construir y enarbolar por los propios pueblos y explotad@s de Chile, organizados en sus instancias naturales y político-sociales, sectoriales y territoriales, requiriéndose para ello de su lucha consecuente y su decisión de vencer.   

 

Llamamos a tod@s a solidarizar material y políticamente con los compañeros subcontratado de ENAP, movilizados desde abril por condiciones dignas y equivalentes con las del personal de planta de la estatal; con l@s estudiant@s que continúan exigiendo una educación de calidad, gratuita, antipatriarcal y liberadora, con una infraestructura y medios adecuados y suficientes; a adherir y participar activamente de las jornadas y protestas en contra de las alzas de precios para los bienes básicos, contra la cesantía, la precariedad laboral y porque esta crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador con sus ahorros previsionales o sus Seguros de Cesantía; a continuar exigiendo la libertad inmediata y sin condiciones de tod@s l@s prisioner@s polític@s, chilenos y mapuche, de antes del 18-O y con ocasión de la rebelión popular; a multiplicar las manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas represivas en Plaza de la Dignidad de Santiago y donde se pueda.

 

Que estos nuevos combates demuestren a las clases dominantes y a los farisaicos que hoy ocupan La Moneda que los sectores más conscientes de los pueblos y l@s explotad@s, lejos de estar preocupados por el plebiscito de septiembre u otros voladores de luces, se encuentran en disposición de lucha y más decididos que nunca a conquistar sus legítimas demandas, desde las inmediatas a las más complejas, a construir su contrapoder y pasar a disputarles el poder para cumplir con las tareas históricas de l@s explotad@s y marginad@s de nuestra formación social.

  

Confiamos que en los meses venideros el MP potenciará su organización, se extenderá hacia los sectores más reacios a incorporarse a la lucha (acicateados por los efectos de la crisis en ciernes), se pondrá de pie para retomar la ofensiva, volviendo a las calles para exigir tanto derecho pisoteado y hacerle pagar a los ricos y a los que les hacen el trabajo sucio todo el daño que le han provocado a los pueblos y a l@s trabajadores.

 

 

Círculo de Estudios Políticos Miguel Cabrera Fernández

 

 

Junio, 2022

 

 

Fuentes y algunas abreviaciones utilizadas:

18-O: 18 de Octubre de 2019

AD: Apruebo Dignidad

BCCh: Banco Central de Chile

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial

BP: Bloque en el Poder

BPE: Bloque Político de Estado

CC: Convención Constitucional

Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CMF: Capital Monopólico-Financiero

CNE: Comisión Nacional de Energía

CPC: Confederación de la Producción y el Comercio

CUT: Central Unitaria de Trabajadores

exNM: ex Nueva Mayoría, conglomerado que representó entre 2013-18 a los GMRS

FES: Formación Económico-Social

FMI: Fondo Monetario Internacional

GMRS: Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema

IFE: Ingreso Familiar de Emergencia

IFI: Instituciones Financieras Internacionales; ej.: FMI, BM, BID, etc.

INE: Instituto Nacional de Estadística (de Chile)

IR: Izquierda Revolucionaria

MP: Movimiento Popular

MINEDUC: Ministerio de Educación

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PCCh: Partido Comunista de Chile

PP: Pres@s Polític@s

PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas

R-NR: Reformismo-Neorreformismo

SCM: Sistema Capitalista Mundial

SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación