ANALISIS Y
PERSPECTIVAS DE LA SITUACION
POLITICA NACIONAL, CHILE, DICIEMBRE 2021 -
FEBRERO 2022
En el periodo, el dúo Gobierno/Derecha,
aparte de culminar una criminal gestión sanitaria y de cohonestar un colosal
robo a la mayoría nacional, se dedica a reprimir duramente todo atisbo de
movilización de los pueblos y l@s explotad@s, en tanto que las fuerzas del Reformismo-Neorreformismo
(hoy unificados en Apruebo Dignidad) y los Grupos Mantenedores y Reproductores
del Sistema (que identificamos con la exNM) se la juegan por su
desmovilización. En conjunto, a través de todas las estructuras de la
institucionalidad y del itinerario fijado en lo político por el Bloque Político
de Estado, en que se entrelazan aquellos actores con las representaciones de
las clases dominantes, todos ellos se afanan por reconstituir y consolidar la
“democracia de los 30 años” a través de los cauces representativos oficiales,
aunque estos cada vez representan menos, y además por el sistema político
electoral, del que los ciudadanos desconfían y tienen en poca estima por mantener
el poder político en manos de una élite de politicastros. Con todo, el sistema
de dominación, a través de sus medios de comunicación masivos, genera la
sensación que todo puede mejorar si nos enmarcamos en su institucionalidad y se
nos muestra como todo un logro el triunfo de Boric, pero prontamente este nos aclara
lo que será su gestión como mandatario y hasta donde se atreverá a importunar a
los explotadores: “No espero que las
élites estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo” y “Nuevo
pacto fiscal, no guerra de clases”. Así, los dueños del país verán con agrado como
se mantienen las bases de su poder, el modelo de dominación y explotación, y nuestra
adscripción a la división internacional imperialista del trabajo. Sin embargo,
la dura realidad que vive a diario la mayor parte de nuestra población, que se
explica por la imposición de la ‘ley del embudo’, así como la defraudación de
las esperanzas populares que en el mediano plazo acometerá la nueva
administración, nos permiten afirmar que resurgirán las causas que originaron
el alzamiento popular de octubre de 2019 y que vendrá un nuevo ciclo de
protestas sociales, pero que esta vez estarán allí para alentar y conducir la
lucha un fogueado Movimiento Popular y amplios sectores activados de l@s
explotad@s y oprimid@s de Chile.
La
economía: crisis actual y futura para la clase trabajadora y ganancias
permanentes para el capital monopólico-financiero
Las perspectivas para la actividad económica
mundial permanecen moderadas debido a la desaceleración de las principales
economías (tales como EE.UU. y China), por atascos productivos y de
comercialización en diversos segmentos del Sistema Capitalista Mundial (SCM), rebrotes
de la Covid-19 en algunas formaciones y a lo que se podrían sumar los efectos
de la operación militar rusa en Ucrania, todo lo cual limitaría el desarrollo
de algunos sectores económicos y la demanda de variadas materias primas, sobre
todo en el centro del sistema. Así, con datos del BM, se proyectan variaciones del crecimiento mundial de un 5,5 y 4,1%
para 2021 y 2022, respectivamente; la exportación de las materias primas, en
igual período y con exclusión de los energéticos, decrecería desde un 4,7 a un 3,5%,
pero sus precios caerían desde un potente 31.9 a un -2%; se acentúa la
inflación, con un 3,6% calculado para 2021 (FMI),
cuando el precio de los alimentos se acrecienta en un 30%, pero aquella
descendería a 2,5% en 2022. Otros factores a considerar son los temores en
torno a complicaciones del sector inmobiliario chino, el incremento de las
tasas de interés en las formaciones del capitalismo central e intermedio y se
mantendrían altos los precios de los combustibles: el barril de petróleo, en
promedio, pasaría de US$69 en 2021 a 74 en 2022 (antes de saberse lo de
Ucrania). Con todo, un aspecto positivo para las arcas chilenas (y para el
gobierno entrante) es que el precio del cobre se mantendría en torno a US$4,05/libra,
pese a que en 2021 rondó los US$4,25 (BCCh).
En lo interno, durante los pasados 2 años los
representantes del Capital Monopólico-Financiero (CMF), con el aval del
gobierno patronal, han acometido una verdadera sangría de nuestra Formación
Económico-Social (FES), por diversas vías y circunstancias: depreciaciones
cambiarias; ingentes salidas de capitales extranjeros e internos, con cifras
cercanas a las de la crisis Subprime de 2008-09 (EPFR), lo que debilita una economía cuya provisión de pasivos
externos –visto como una fortaleza, pero que es el talón de Aquiles del modelo-
llegaba al 37% del PIB antes del inicio de la pandemia (FMI); encarecimiento de los créditos de largo plazo (hipotecarios,
por ejemplo); la especulación bursátil, echando mano del IPSA, bonos del
Gobierno y de títulos de renta variable relacionados con las AFP; repartos de
utilidades del 100% en las grandes empresas en 2021, duplicando los montos del
año anterior (BCCh); el agiotismo,
que se expresa en alzas de precios por parte del empresariado comercial y
manufacturero, en circunstancias que sus inventarios crecen (INE); alentando la incertidumbre frente
a riesgos político-sociales creados por ellos mismos, etc. Y se han cebado, sobre
todo, luego que el sistema económico se viera favorecido por una importante
expansión, que despunta a fines del 2º trimestre de 2021, cuando el PIB crece un
4,9% contra un 1,6% del período anterior, y con una variación interanual del
17,3% (BCCh). En concreto, dicho robo
a gran escala se expresa en que Chile fue el país de América Latina que en 2021
concentró el mayor nivel de patrimonio entre los ultrarricos en relación al
tamaño de su economía; para el caso chileno, tal riqueza -en conjunto- es equivalente
a un 16,1% del PIB (Cepal con datos
revista Forbes). Además, según el
informe 2022 de World Inequality Report,
el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país,
mientras que en Brasil controla el 48,9% y en EE.UU. el 34,9%.
Esa escandalosa desigualdad se expresa en múltiples
formas, siempre afectando a la clase trabajadora. No resulta extraño, entonces,
que a diferencia de la crisis “Subprime”, que sacudiera el SCM entre 2008-09,
esta vez, en una formación con inveterados y crecientes grados de injusticia y
exclusión sociales, estos no hicieran más que recrudecer con ocasión de la
pandemia, lo que se tradujo en un aumento del desempleo en general y del formal
en especial, lo que sumado a una inflación creciente provocó un enorme perjuicio
de los salarios reales y, por ende, una severa contracción de la demanda
interna (ya volveremos sobre estos desastres). Si a lo dicho añadimos la baja
productividad del sistema, tendremos la explicación del gran quiebre del PIB en
2020, de un -5,8%. La demanda interna vino a mejorar gracias a la exigencia
popular por disponer de una parte de los fondos previsionales apropiados por
las AFP (unos US$50 mil millones) y el acceso al IFE y otras ayudas fiscales (más
de US$40 mil millones), recursos que permitieron fortalecer el sistema
económico y empujar el PIB (con un 11,5-12% proyectado para 2021, BCCh). Hasta la década del 70, en la mayoría
de las FES capitalistas se daba preponderancia a los efectos del gasto o
demanda agregada para fines de reactivar la economía, siendo prioritario en
esto el nivel de ingreso real y luego los precios; es decir, echaban mano de
medidas contracíclicas, sobre todo en épocas de crisis, como la actual. Como dijimos,
en nuestra FES se dio un obligado proceso de estímulo fiscal de los ingresos,
en medio de los aprietos sociales pandémicos enunciados antes, lo que
contribuyó a mejorar el consumo interno (aunque también los fines del capital
financiero y comercial). No obstante, como la base productiva nacional ha sido comprimida
y ha visto incrementar –relativamente- sólo el sector servicios, aquella mayor demanda
sólo pudo surtirse mediante una inmensa ola importadora. Si comparamos 2020 y
2021 (con datos de Aduana.cl), la
importación de maquinarias creció un 49% y la de combustibles y lubricantes un
85%, pero la que se destapó fue la internación de bienes durables, con un alza
interanual del 96,6% (BCCh). Dicha
ola, a su vez, implicó una elevación de los precios de aquellas mercancías –a
lo que contribuyó la especulación empresarial, la depreciación del peso y alzas
externas- y la inflación se hizo patente. En vez de desarrollar una política estatal
contracíclica y productiva, la moribunda administración patronal sólo apela a
medidas procíclicas para enfrentarla, como que en enero, el Central decide
elevar la tasa de interés referencial (TPM) a 5,5%, lo que es saludado por los
agentes financieros cortesanos del gran capital, públicos y privados, que aspiran
a que la política económica del futuro Gobierno incluya altas tasas de interés
y disminución del gasto público y social.
Y aquella contención fiscal ha
tenido y tendrá sus efectos. Luego de amplificarse entre 2020-21, la demanda
interna se ha moderado y los costos de los productores se renuevan. La
incertidumbre frente al futuro de la virosis universal, el final del pésimo
gobierno Piñera y la llegada de Boric y compañía, pero sobre todo tras la
negativa empresarial a invertir más y la ausencia de interés entre los
integrantes del Bloque Político de Estado (BPE) por desplegar una estrategia
productiva desde este, son factores que afectan la capacidad adquisitiva de la
población y la percepción de los productores pequeños y medianos, reduciéndose
las posibilidades de mejorar la demanda agregada, el nivel de la producción y
de las ventas internas y, con ello, que pueda prosperar la creación de puestos
de trabajo formales y decentes. Se espera que luego del alto nivel alcanzado
por el PIB en 2021, en 2022 apenas logre una variación del 1,5-2,5%; la demanda
interna, que se encumbró en un 21,6%, caerá a un -0,5%; la Formación Bruta de
Capital Fijo (FBCF), que escalase al 17,6%, disminuirá a un crítico -2,2%
(todos datos del BCCh). Recordemos
que la FBCF, que representa el valor de los bienes duraderos adquiridos por las
unidades de producción con el fin de ser utilizados durante –al menos- un año en
el proceso de producción, refleja el nivel efectivo de la inversión productiva del
capital interno de la FES. En este sentido, Chile, con un valor del caso que
alcanza el 20% del PIB nominal, se encuentra lejos del promedio mundial de esa
proporción, que llega al 26% y aún más alejado del de la zona de Asia Oriental
y el Pacífico, en que se empina al 35% (BM).
El capital productivo interno invierte poco y lo hace en ítems que le puedan
parecer más atractivos según la temporada; a veces, relativamente más en
construcción y, en otras, en maquinaria y equipo. Pero, he aquí una interesante
orientación dada a esta componente de las inversiones por parte de las IFI y
otras instancias auspiciadoras del CMF transnacional: instan a acrecentarlo en
los ciclos de auges de precios de materias primas (de un “mayor dinamismo” le
llaman), de la mano de aumentos en la demanda mundial por este tipo de
productos (pensemos en lo regio que le va al cobre hoy en día), lo que no hace
más que mantener la división internacional del trabajo y las condiciones
generales del SCM, en que las FES periféricas, mayoritarias y a las que
adscribe la nuestra, nos especializamos en la producción y exportación de commodities.
No atisbamos luces que tal integración vaya a cambiar dentro de los marcos de
la próxima administración ni como producto de la nueva Constitución.
El que hará de cabecilla de Hacienda, Mario
Marcel, es el prototipo del economista para estos renovados “Nuevos Tiempos”:
un tecnócrata surgido de la mezcla entre un core neokeynesiano (posgrado en Cambridge)
y una importante cuota de monopolismo y monetarismo financiero, la cual incorporó
laborando para la OCDE, el BID y el BM (es un íntimo de Christine Lagarde,
exjefa del FMI). Por tanto, en la senda de Keynes, no es de extrañar que encabece
las gestiones para una subida -modesta eso sí- de los impuestos al capital, siendo
un creyente de la aplicación de instrumentos de la política fiscal (entre ellos,
algunos impuestos y control de los gastos del gobierno) y monetaria (control de
las tasas de interés) para corregir las falencias del modelo, pero, en acuerdo
con su otro yo, dejará de lado eso que la distribución del ingreso depende de
manera significativa de factores institucionales, impulsando la desindexación
de los ingresos en general y dejando libre el camino a la patronal para que
imponga sus designios (en el fondo, saben que no existe eso de la “ley de
oferta y demanda”) para fines de mantener bajos salarios (“de mercado”), un
sindicalismo constreñido y pensiones lastimosas, dejando en pie, de paso, el
actual y leonino sistema de pensiones. Ahora bien, es la gente como Marcel (y
otros de la izquierda neorreformista, como el futuro ministro de Economía Nico
Grau, especializado en la carísima UPenn) la que asumió la desconfianza del
contrato social que dominó gran parte del siglo XX en Occidente, porque –entre
otras ‘desventuras’- condujo al nefasto “populismo” (entiéndase, gobiernos
independientes de los dictados de las IFI y que aspiran a un desarrollo
nacional); la que ya no cree que se requiera de un sindicalismo extendido, pues
el ‘mercado’ (léase la ley del más fuerte) actúa como buen regulador del empleo
y de los ingresos y si no fuera así, pues entonces el preterido Estado puede
aplicar las reformas del caso; la que piensa que el Estado de Bienestar es como
un gran barco que zozobra, por lo que también acepta que es el ‘mercado’ el que
asigna adecuadamente los recursos y en caso contrario, basta el recurso del
papá Estado si la cosa no anda; la que sostiene que es inútil enfrentarse al
irreducible poder del CMF, transnacional e interno, siéndoles más práctico el recurrir
a “3as Vías”, a reformas limitadas y consensuadas con los dueños del poder y la
riqueza, de impulso al gasto focalizado y al rol subsidiario del Estado en
aquellas inmensas áreas donde éste –afirman ellos- no se la puede o pudiera
competir con aquellos que si saben la pega y a quienes hay que cuidar. Son los
que afirman que la acción económica colectiva es sinónimo de comunismo y que
este, en sus encarnaciones históricamente construidas, fue un fracaso y de ahí
que se deban priorizar los libres mercados “naturales”, sin distorsiones
provocadas por el movimiento de trabajador@s, leyes proteccionistas o
desarrollos productivos a cargo del Estado.
Sin duda que son variados y cardinales los
elementos de la esfera de la economía en que el ejecutivo entrante actuará como
un relevo del que se retira, a contrario sensu de lo que exigían sus propios economistas
a septiembre pasado (EM, 9/9/21),
cuando criticaban ciertas medidas del Gobierno, como el IFE, por ser una
política hiperfocalizada. Ya sabemos que dicha medida fue insuficiente y que llevó
a la ciudadanía a exigir retiros sucesivos de parte de sus fondos de pensiones
y que ello fue de exclusiva responsabilidad del par Gobierno/Derecha (G/D) y de
la ausencia de una política pública capaz de sostener los ingresos de las
familias y evitar su sobreendeudamiento o caída en la pobreza, pero damos
firmado que la administración Apruebo Dignidad (AD) la empleará lo mismo, así
como la mantención de los subsidios estatales a los diversos representantes del
empresariado y el gran capital, junto con políticas de crédito subvencionado
para productores menores (Fogape). Es decir, continuará la política estatal de
corrección de las “fallas de mercado”. No tendrán ni la decisión ni el valor
para aplicar un programa de desarrollo en nuestra FES que responda fielmente a
las necesidades y aspiraciones de la mayoría nacional, en base a medidas
integradas en una estrategia de políticas contracíclicas bien definidas, aun
cuando contemos con el espacio fiscal más que suficiente para ello: una balanza
comercial y una cuenta corriente fiscal (como % del PIB) que crecerían un 35% y
un 33%, respectivamente, en 2022 respecto de 2021 y con un precio del cobre que
se mantendría por sobre los US$4/lb (BCCh).
Antes bien, preferirán avanzar a los límites de la “paradoja de la frugalidad”,
que indica que si una FES ahorra mucho, su gasto agregado disminuirá, haciendo
que el equilibrio y la producción real disminuyan también, por lo que ella sólo
podrá ahorrar la misma cantidad o incluso menos que antes. Y una prueba de esto
es su beneplácito al violento retiro del estímulo estatal a la actividad (y a
las familias), en la forma de reducción del gasto fiscal en el presupuesto
2022, contrariamente a lo planteado por la mentora de Marcel y ahora presidenta
del BCE, C. Lagarde, quien ha dicho de manera reiterada que no quiere retirar
los estímulos monetarios de forma prematura en la zona euro para no entorpecer
la recuperación económica y porque está convencida de que la elevada inflación
actual remitirá. Con todo y aceptando que nuestro nivel de endeudamiento es
menor al de algunas potencias centrales, puede ser que la administración
entrante flexibilice su lado monetarista e inste a las entidades financieras a
apoyar a familias y PYMEs, por la vía de bajar sus tasas de interés e inyectando
o reestructurando créditos (sépase que esto lo solicita el mismísimo BID); soñar no cuesta nada.
Es en el ámbito de la economía al nivel de
las personas, esa que vive y sufre a diario la mayoría nacional, donde la
crisis se mantiene y proseguirá en el corto-mediano plazo. Pruebas al canto, si
bien el flagelo de la cesantía se ha reducido desde 2020, cuando entre mayo-julio
alcanzara un máximo de 13,1%, para llegar a un 7,2% en noviembre-diciembre
pasado, su nivel aún se encuentra por sobre el 5,8% logrado a fines de 2013 (INE). A pesar que se ha recuperado un 77,5%
de los 2 millones de puestos de trabajo perdidos con ocasión de la pandemia (al
31/1/22), aparte el hecho que gran parte de l@s despedi@s no fueron
suficientemente compensados por el seguro de desempleo cuando era aplicable, de
los puestos recobrados, 729 mil son formales y otros 876 mil de carácter
informal; es decir, un 80% versus un 94,5% respecto a los niveles pre pandemia
(Blg), y esta precariedad se explica
porque están liderados por el comercio, construcción y hotelería-gastronomía. La
recuperación favorece a los hombres, con un 81,8%, postergando a las mujeres,
con un 73,1% y no se debe olvidar que unas 940 mil de estas perdieron el empleo
por causa de la crisis (Blg), ya sea
por despido/término de giro o para abocarse a labores de cuidado (en otra
exigencia del patriarcado imperante). Aún restan por recobrar 660 mil empleos del
total para volver a niveles prepandémicos (INE),
lo que implicará una ardua tarea para las próximas autoridades. Respecto de las áreas donde existe dificultad para llenar las vacantes
disponibles: agricultura, construcción y turismo, el punto de discordia son las
bajas remuneraciones y precarias condiciones contractuales ofrecidas por la
patronal, a todo lo cual se han resistido los sectores de trabajador@s no
calificados, l@s cuales aún cuentan con fondos ahorrados de los retiros previsionales
e IFE, pero no podrán resistir más cuando estos se agoten.
Respecto de las remuneraciones, que en
general son míseras en nuestra FES (50% de l@s trabajador@s perciben apenas
hasta $420 mil mensuales), si bien en términos nominales tuvieron un aumento de
un 6,8% en 2021 (INE), al restarles
la inflación anual, que alcanzó un 7,2%, tal “aumento” queda en un -0,4%, aguardándose mayores presiones sobre el poder adquisitivo
de los hogares en relación con las próximas cifras de IPC (el alza de enero escaló
a un 1,2%). No son pocos los entendidos del capital financiero que
piensan que el alza de precios podría mantener los niveles en 2022 (RBB, 7/2/22). Si hasta la OCDE, en un
estudio de diciembre, ha instado a Chile a que se centre en reducir las
desigualdades para reforzar la recuperación social y económica del COVID-19, aunque
sus recetas para ello son más de lo mismo y evita referirse a los bajos
salarios: “Reforzar el acceso a una
educación de calidad, a la formación permanente y la asistencia en la búsqueda
de empleo ayudarían a hacer frente al aumento de las desigualdades y a fomentar
una mayor recuperación del empleo”; mera focalización de recursos y
asistencialismo, en los marcos de un Estado subsidiario, cuestiones que no
estarán alejadas de la práctica del chulengo magallánico Boric. Y la misma OCDE
añade que, “La persistente y elevada
desigualdad de Chile es un reto clave desde hace tiempo. A pesar de los avances
conseguidos en la reducción de la pobreza, se considera que el 53% de los
hogares del país son económicamente vulnerables, lo cual significa que no
tienen un colchón financiero para protegerse frente a una caída repentina de
sus ingresos (en comparación con el promedio del 39% de la OCDE). El sistema de
impuestos y transferencias de Chile contribuye a reducir la desigualdad de
ingresos en menor medida que en la mayoría de países de la OCDE”.
Para paliar en parte la crisis que vive buena
parte de nuestra población, conjurando de paso el peligro de una nueva debacle
político-social popular, las fuerzas que se harán cargo de La Moneda el 11 de marzo
apuestan a desplegar un paquete de ajustes impositivos y de transferencias
focalizadas de recursos al 60% de las familias de menores ingresos; es decir, no
resolverán las problemáticas de fondo que aquejan a nuestra formación: la
extendida y grosera desigualdad de los ingresos y una tremenda injusticia
social. El programa de gobierno de AD incluye medidas como reformar (no poner fin)
al actual sistema de pensiones, transformar el sistema de salud, mejorar el
acceso a la educación y aumentar ciertos impuestos con la idea de hacerse de
los fondos para lo anterior. Esa agenda "transformadora" enfrentará
una serie de obstáculos, tales como la falta de una mayoría en el Congreso; un
presupuesto 2022 limitado, sólo incrementado en un 3,7% respecto del año
anterior y al que se le hizo un recorte del 22,5% en el gasto público sobre lo
proyectado; precios crecientes de los combustibles, que nuestra FES debe
importar en más de un 90% para cubrir su consumo (aún resta por ver todo el
impacto que tendrá en ellos la iniciativa rusa en Ucrania); y un bajo
crecimiento económico previsto para 2022, de entre 1,5-2,5% (BCCh). Para financiar sus planes, el
gobierno de Boric ha propuesto una reforma tributaria, "con gradualidad y responsabilidad fiscal",
que considera cambios en el impuesto a la renta para las grandes empresas,
reducción de exenciones, impuestos verdes, royalties a las grandes mineras,
medidas contra la evasión y la elusión, y un impuesto a la riqueza, entradas
todas con las cuales aspira a recaudar un raquítico 5% del PIB hasta 2025 y un
total de 8% en 8 años (según Fundación Sol, debiera existir una carga
tributaria en torno a 28 o 30 puntos del PIB). Pero es fácil comprobar que con
ello sólo le alcanzará para efectuar traspasos y gastos sociales asistenciales y
circunscritos, con los que no llegará a activar el sistema económico como se
lograra a fines de 2020 y en buena parte de 2021. Y es que el recorte del gasto
público realizado al presupuesto 2022, por sí sólo y para un único año,
representa un 23,8% del PIB (unos US$23.785 millones). Por otra parte, la componente
mayor del impulso a la actividad del pasado bienio estuvo dada por el uso que l@s
trabajador@s hicieron de los dineros que restaron de sus futuras pensiones, con
los que efectivamente pudieron capear la crisis y que representan nada menos
que un 50% del PIB. Añadamos que subir los impuestos al gran capital, históricamente,
no rinde lo que se espera si de por medio no existe la decisión de cobrar lo
que corresponde y un duro control para concretarlo, pues tenemos la experiencia
de la reforma de 2014, cuando -entre gallos y medianoche- el gobierno de la exNM
tranzó con el gran capital y el alza impositiva se tradujo en casi nada. En la
práctica, se les da a elegir a los ricos entre una fórmula de renta atribuida y
otra con un sistema semi-integrado, prefiriendo esta última, pues su pago es
menor; la elusión del impuesto a la renta es de alrededor del 50% y el pago
efectivo de impuestos se reduce a valores menores al 15%, siendo los peores
evasores las grandes empresas y el capital financiero. Con un impuesto a la
riqueza, junto con compensar la enflaquecida billetera fiscal, se pretende limitar
en algún grado el descontento social, pues se sabe que no basta mejorar los
salarios para mejorar las cosas si no hay también un aporte progresivo de las
ganancias al fondo común, y atendiendo también a que aún resuenan las demandas
del 18-O por cambios profundos, que van desde el modelo de pensiones, la salud
y educación, hasta una reforma a fondo a nuestro regresivo sistema impositivo actual.
Piñera
no puede irse como si aquí no hubiera pasado nada
Pese a ufanarse de ser los campeones de la política
fiscal imparcial, el gobierno de Piñera y sus amigotes de Chile Vamos la han manejado con total impudicia. En 2020, cuando se
redoblaba el desempleo, la mayoría de las ayudas públicas y desgravaciones
tributarias se centraron en el gran empresariado, sin llegar a utilizase las
reservas para incrementar el apoyo a las familias y PYMEs. Las derrotas
electorales de mayo de 2021 movieron a Piñera a nivelar el socorro y a establecer
el IFE universal, pero, entonces y adrede, lo hizo acelerando a fondo: elevó el
gasto público en un tercio, inédito en nuestra FES, aunque no envió el proyecto
de ley que terminaba con diversas exenciones tributarias comprometidas para
financiar ese aumento ni redujo los egresos en áreas prescindibles. Así es como
se llegó a un déficit fiscal estructural de un 8,3% del PIB en 2021 y es con el
recorte del gasto público en el presupuesto 2022, aludido antes, que se espera reducirlo
a un 2,8% en 2022. Tal cercenamiento, si bien hace cuadrar los sacrosantos equilibrios
macroeconómicos, podría condicionar una crisis socio-económica, siendo esta la
razón fundamental para que Boric propicie una reforma tributaria y no su afecto
por los sectores desposeídos.
La administración patronal se va dejando nefastas
cifras relacionadas con la pandemia por COVID-19, merced a su criminal manejo
de la misma, recortando al máximo el personal y los recursos materiales que hubiesen
permitido contenerla y controlarla. La amenaza del SARS-CoV-2 se hace más grave
en el período: el indicador de carga de infectad@s se alza a 162 x 100 mil
habitantes en la 3ª semana de febrero (muy alejada de la meta de menos de 1x100
mil); el de transmisión promedio, (R), se empina sobre 1 (ojalá fuera menor a
0,8), pero la primera semana de enero llegó a marcar 1,68; la positividad de
los testeos se disparó y si a fines de noviembre variaba entre 3,5 y 4% (se
espera 3% o menos durante 14 días), a mediados de febrero llega a un 32% (ídem
a junio 20); la cantidad de PCR tomados decreció desde un máximo de 32,5/mil
habitantes x semana, la última de enero, a 24,3 al finalizar este análisis, con una
insuficiente disponibilidad de kits para su aplicación, así como para la de
antígeno; es respecto de la velocidad y cobertura del aislamiento de casos y
cuarentena de l@s contactos donde se aprecia la peor gestión del MINSAL, expresándose
ello en una confirmación temprana que permanece bajo el 65% (se espera que
supere el 80%), mientras que el tiempo de examen y laboratorio pasó de 89% de
informados dentro de un día desde la toma de muestra, la 3ª semana de
diciembre, a apenas un 67%, a mediados de febrero (los informes tardan hasta 6
días), y si la consulta temprana se incrementó, lo fue por el temor
generalizado de la población ante el alza de contagios, llegando a un 70%
(mejorando respecto del período anterior, cuando era de un 60%); el uso de
camas UCI (asociado a una mayor carga de la enfermedad), luego de descender a
un 83% a mediados de enero, se empina con fuerza hasta un 93% al cerrar el
período. En este último, el promedio semanal de casos –no obstante ir a la
baja- es de 28.916, casi 13 veces el de la última de noviembre, lo que
demuestra la virulencia de la variante Ómicron, aunque también el delincuencial
manejo del Gobierno y el Minsal, que desecharon las componentes de trazabilidad
y aislamiento del enfrentamiento de la virosis, dejando a la población expuesta
e indemne frente a ella.
Relacionado con lo anterior, el Gobierno
patronal insiste en una vuelta a clases generalizada y obligatoria este 2/3, amenazando
con retirar las subvenciones a aquellos establecimientos que se resistan o con
la aplicación de multas de hasta $54 millones de pesos si no se respeta
la instrucción del regreso, sin haber llegado a disponer de un plan adecuado
y validado. Ante ello, el Colegio de Profesores y la Asociación de Padres y
Apoderados señalaron que el protocolo expuesto por el Mineduc (elaborado con
Minsal) de retorno a clases presenciales, "no resguarda a las comunidades
educativas". Formularon diversos reparos, entre otros, que las
restricciones de aforo no concuerdan con las fases del plan Paso a Paso; que se
anota que el distanciamiento físico se debe practicar, “en la medida de lo
posible” y omite que existen escuelas que carecen de espacios apropiados para
aislar los casos sospechosos; la autoridad de Educación apuesta a la inmunidad
otorgada por la vacunación de niñ@s y adolescentes para el retorno obligado,
pero no prevé las realidades locales; resulta insuficiente como medida
preventiva que las clases sean suspendidas cuando en un curso ya existan 3 alumnos
positivos y que el colegio cesará sus actividades recién cuando 9 de ellos estén
infectados en 3 niveles distintos. El líder de l@s Profesores, Carlos Díaz,
catalogó el protocolo como irresponsable y sostuvo que la jornada completa
podría poner en riesgo a las comunidades. El representante de l@s apoderad@s, Ricardo
Salinas, subrayó en que hay personas que pertenecen a grupos de riesgo y
advirtió que hay padres que preferirán no enviar a sus hij@s a clases. Docentes
y apoderados realizaron un llamado al Gobierno entrante a desarrollar un
trabajo colaborativo con las comunidades, para que la presencialidad sea
segura, considerando el sostenido aumento de contagios y la actividad de nuevas
variantes del virus, pero ni Boric ni quien encabezará el Mineduc, Marco Ávila,
han dado a conocer una postura que atienda dichas preocupaciones. Obviamente
que la decisión de enviar a l@s hij@s depende directamente de sus padres, pero
también se debe resguardar adecuadamente a los equipos docentes, por lo que la
decisión sobre el regreso a clases debe recaer –finalmente- en las comunidades
escolares.
Fue el Gobierno de Piñera, la derecha y el empresariado
el que arrasó, con saldo de seis decenas de muert@s y miles de herid@s, la
legítima protesta y movilización populares con ocasión del levantamiento del
18-O, delitos por los cuales el Presidente-ladrón fue acusado
constitucionalmente (fueron los inefables GMRS los que lo salvaron); el que ha
intentado privatizar las debilitadas Salud y Educación públicas; el responsable
de un política económica que ha pauperizado a la mayoría y enriquecido a unos
pocos; el que no se la pudo con el narcotráfico y la delincuencia; el que llenó
de Carabineros y PDI el Wallmapu, para luego asediar las comunidades Mapuche
con las FFAA; el que pretende detener la migración en el Norte Grande a balazos
y en Europa ofrece refugio a los ucranianos desplazados; el que quiso igualar a
quienes ejercían la violencia popular, expresión legítima de l@s que están
cansad@s de tanto abuso y humillación, con los uniformados que atropellaron los
DDHH; el que se ha mostrado inútil y hasta criminal en el manejo de la
pandemia; quien no ha reformado de arriba abajo a la ladrona y brutal
institución de Carabineros; y es Piñera el que ha hecho negocios viles
aprovechándose de su condición, delitos que le acarrearon una nueva acusación (nuevamente
los GMRS lo protegieron). Ante todo esto, las fuerzas populares, las
organizaciones político-sociales sectoriales, territoriales y nacionales, las
de defensa de los DDHH, de género, de l@s migrantes, así como la franja de la
Izquierda Revolucionaria (IR), debemos movilizarnos activamente para despedir
como corresponde al bastardo el próximo 11 de marzo y hasta lograr su castigo.
Gobierno
de Boric y Apruebo Dignidad: se van los patrones, llegan los nuevos capataces
Hasta el 18/7 pasado, día en que se efectuó
la primaria de AD, podíamos observar que el reformismo tradicional (principalmente
el PCCh y de cola el PI), contaba con la decisión y con cierta preeminencia
como para intervenir contundentemente en las acciones y el discurso de dicho
conglomerado. Luego que Jadue fuera derrotado en esa justa, al obtener un 40%
de la votación, lo que podemos constatar de la otrora “vanguardia del
proletariado”, más allá de haberse diluido aquella impronta, es que se lanzó de
lleno al seguidismo y se profundizó el voluntarismo de su dirección, en un travestismo
político que si bien es de menor calado que cuando adscribió a la exNM, igualmente
lo deja de vagón de cola en una coalición; esta vez, de sus socios del
Neorreformismo. Es en este marco que se entiende el entusiasta apoyo del PCCh a
la amorfa y superficial política gubernamental ofrecida por el Frente Amplio y Boric,
que -en boca del mismo excandidato Jadue- se resume en: “Lo he dicho en todo
los tonos, la coalición [se refiere a AD] tiene que ampliarse, y el presidente de la
República debe tomar esa decisión. Tengo plena confianza en Gabriel, como
también en su programa. (…) Estamos disponibles para conversar, incluso, con
personas de la derecha que creo están más cerca de nuestro programa que con el
de Kast. Nosotros no somos un partido que vete a otros, estamos disponibles
para avanzar y conversar con todos” (RBB,
30/12). De lo anterior, es posible extraer que el realismo político que embarga
a la Dirección encabezada por Teillier se conforma con disponer de una gran
masa por los cambios, pero donde estos, al inflarse la coalición hacia sectores
derechistas, simplemente dejarán de tener un sentido transformador y se
alejarán de las aspiraciones de aquell@s que votaron por un Gobierno mejor. Es
ese afán de sumar gente por sumar el que nos permite entender porque el
Reformismo acepta, sin chistar, los postulados y estrategias de sus socios y
vaticinar que -por 2ª vez- su rol político sólo será el de servir de comparsa de
un gobierno insustancial.
En general, el programa y las políticas de AD
empatan con las materias y acuerdos que se están discutiendo en la CC, en donde
la hegemonía corresponde al R-N, y su Gobierno brindará los apoyos necesarios
para que resulte una Constitución para los renovados “Nuevos Tiempos”, con
mayores grados de libertad y decisión políticas, con acrecentadas ayudas
sociales, con reformas a los sistemas de salud, educación y pensiones, una
jornada laboral de 40 horas y un incremento del sueldo mínimo a $500 mil (pero
a 4 años plazo), sin que al final del período de Boric y como resultado de esa
nueva Carta vayan a cambiar las bases del poder de las clases dominantes y del
modelo que nutre y enriquece a su fracción hegemónica, el CMF. De lo anterior
se colige que no habrá nacionalización de las empresas y áreas económicas que
pertenecieron al Estado; una política pública de desarrollo productivo, que
reduzca al capital financiero a su menor expresión; salarios y pensiones, no
digamos de un monto apropiado, sino suficientes; un Código Laboral y no
Patronal. En lo internacional, Boric y la mayor parte del R-N tomaron partido
por EE.UU. y desechan alianzas estratégicas con China, alejándose también de
bloques de cooperación económica que puedan ligar a Chile con Venezuela o Cuba
e incluso, que aparezcan cuestionando la supremacía del Imperio.
Se puede elucubrar que para fines del
presente año, cuando la mayoría de las esperanzas puestas por amplios sectores
de la población en Boric y las fuerzas del R-N no se vean plasmadas en políticas
y acciones concretas; cuando confirmen que detrás de lo prometido sólo había reformas
cosméticas al sistema, será el momento de su lamentable frustración, pues constatarán
que ni la Constitución a cargo de la CC ni la administración de AD son realmente
transformadoras del injusto modelo de dominación y explotación, pese a que
estas últimas contaban con los medios y el apoyo popular para hacerlo. Pero
será también el momento para que la IR y los sectores más avanzados del
Movimiento Popular (MP) hagan claridad que un programa económico-social que
considere las necesidades y aspiraciones de la mayoría nacional no será
levantado por las fuerzas del R-N y sus aliados de los GMRS, y que tal programa
sólo será posible de construir y enarbolar por los propios pueblos y explotad@s
de Chile, organizados en sus instancias naturales y político-sociales, sectoriales
y territoriales, requiriéndose para ello de su lucha consecuente y su decisión
de vencer.
Nuestra
dura realidad social y sus efectos en la política
Anotemos hechos recientes que
afectan a la clase trabajadora y a los pueblos de Chile, los cuales no aparecen
ni en los matinales televisivos ni en las portadas de los monopolizados medios
de comunicación:
1) Con un 6,1% de reajuste nominal
culminó, a comienzos de diciembre, la negociación de remuneraciones del sector
público, proceso desarrollado en medio de un torbellino de alzas de precios. En
ese mes, la inflación anual cerraba en un 7,2%; por tanto, lo conseguido por
l@s funcionari@s públicos fue un “reajuste” negativo, tal como ocurrió con la
totalidad de l@s asalariados en 2021;
2) Por esas mismas fechas,
diputadas de “oposición” presentan un proyecto de ley para que trabajador@s de
los malls tengan derecho a descanso dominical y festivo; ¡algo tan básico, pero
escaso en el sector servicios! No cuestionamos la intencionalidad, pero las
legisladoras –tal como hace el conjunto de la “centro-izquierda”- escamotean la
problemática de fondo: la precariedad laboral y su causa: el capitalismo, acumulando
riqueza el empresariado sectorial mediante la imposición de la plusvalía
absoluta sobre su personal, al amparo de una legalidad que la ‘regula’ y
eterniza;
3) Desde la Salud Pública, hace
rato que sus trabajador@s vienen exigiendo que el Estado asuma un rol más
activo e integral para dar cuenta del avance de la pandemia, pero –asimismo- para
atender otras deficiencias sanitarias que afectan al conjunto de la población.
Son ell@s quienes han planteado que el foco en la pandemia ha dejado de lado un
drama que se arrastra por casi 50 años: una inmensa cantidad de atenciones en
listas de espera. De esa forma, en el último informe enviado por el MINSAL al Congreso,
se reporta que a septiembre de 2021 la lista de espera para consultas de
especialidad y cirugías alcanzó los dos millones de registros a nivel nacional
(RBB, 3/12), la cifra más alta desde
2011. La gente que aguarda una intervención quirúrgica aumentó a cerca de 300
mil, con un promedio de espera que pasó de 11 meses antes de la pandemia a 17,4
meses. En cuanto a las urgentes patologías AUGE/GES, los tratamientos
postergados, con un promedio de seis meses, llegaron a los 49.088. Todo ésta
insoportable tragedia debe terminar y no lo será en los marcos de gobiernos que
se dedican a mantener y reproducir el mismo modelo inicuo e inhumano;
4) La clase dominante apunta a restablecer
su normalidad, la que se viera remecida luego del 18-O y la pandemia. Este
proceso implica recomponer la paz social, con imposición de la fuerza si fuere
necesario, y tener rodando todos los mecanismos de dominación ideológica de los
que dispone. No menor es su afán por reabrir las fronteras, liberar la circulación
de las personas y las mercancías, y que los recitales y eventos masivos en
general vuelvan y ojalá sin aforos. En esa línea, no resulta extraño que el Mineduc
insista con volver a clases presenciales, pues eso les permite consolidar una
serie de eslabones en lo productivo y en lo relativo a servicios anexos, además
de facilitar que niñ@s y adolescentes consuman en forma los “contenidos mínimos
obligatorios”; es decir, la ideología dominante que se transmite en el aparato
escolar. Recordemos que quienes hasta hace poco eran “oposición” y pregonaban
la cuarentena total, hoy se la juegan por la plena presencialidad. Digámoslo, nadie
en sus cabales puede pensar que el regreso masivo a clases sea una medida
positiva, tanto porque proviene de un Gobierno y un Estado genocidas como
porque es otra arista de la vuelta a la ‘normalidad’, a la paz social que tanto
añora la patronal.
5) En donde la maquinaria
terrorista del Estado no dilapida ni un segundo y su decisión es implacable,
contando con el apoyo transversal de los partidos políticos de la “democracia”
de los 30 años, es en el tema de la represión al Pueblo Nación Mapuche. El
23/2, el Senado aprobó –por enésima vez- la solicitud de Piraña de prorrogar el
estado de excepción en la “macrozona sur”, por 14 votos a favor y 6 en contra. Con
ello se sigue afectando a las provincias de Biobío y Arauco en el Biobío y toda
la región de la Araucanía. Antes, el 7/12, diputados del oficialismo
presentaron un proyecto para renovar dicha medida represiva cada 30 días, ya
que los 15 días que contiene el original les parecía “insuficiente”;
finalmente, dicha propuesta no fructificó. ¡La diligencia del Congreso nacional
en la materia da cuenta de la finalidad de dicha institución! En otra cara de
la misma medalla, el 22/1, la Corte de Apelaciones de Temuco decreta la
libertad condicional del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche Facundo
Jones Huala, pero, el 15/2, la Corte Suprema revoca tal decisión. Hay que
señalar que un Ministro de la máxima instancia, don Haroldo Brito, estuvo por
apoyar la libertad condicional del hermano mapuche. Con todo, ñatas están las
policías tratando de atrapar al Lonko, que a estas alturas se encuentra libre
en alguna comunidad y prosigue organizando la resistencia de su pueblo;
6) L@s Pres@s Polític@s (PP) de
la Revuelta y los de antes de ella, siguen siendo considerados como monedas de
cambio por el G/D y los GMRS. A comienzos de enero, Boric emplazó al Senado
para aprobar prontamente un indulto a l@s PP a consecuencia del 18-O, proyecto
que se encuentra en la comisión de Constitución de la cámara alta, añadiendo que
entre enero-febrero debiera estar resuelta esa problemática. Desde el mismo Senado,
Ximena Rincón se despabiló y envió un recado: “todavía hay quienes a más de dos
años no se les ha hecho un juicio”. El proyecto necesitaba sólo dos votos de
senadores de gobierno, pero el retraso en la votación deja la decisión para
marzo. Para empantanar aún más el camino, la derecha -con la anuencia del PDC- comenzó
a introducir el concepto de “amnistía” y no ya de indulto, pues con ese matiz les
permite maniobrar y dejar libres a uniformados acusados de atropellar los DDHH.
Dicha indicación fue realizada, con apariencia cándida, por el financiado por
las Forestales Francisco Huenchumilla y declarada admisible por la Comisión de Constitución
del Senado, lo que fue rechazado de inmediato por las Madres de la Plaza Colón
de Antofagasta. No resulta sorprendente que Juan Ignacio Latorre, de Revolución
Democrática (parte de AD), señalara que la “amnistía” es algo favorable. En
tanto, una opinión bien distante de la sostenida por los “honorables” tiene Michelle Eissmann,
madre de uno de los PP, Matías Aquevedo: “Nuestros hijos acá en Antofagasta,
si se llegara a aprobar la ley, quedarían todos fuera”, puesto que su hijo
–como tantos otros- fue condenado por robo con violencia y lesiones menos
graves, cargos ambos no contemplados en la iniciativa de ley y añade: “Ninguno
de nuestros hijos tiene antecedentes previos, nunca habían estado presos. Son
niños de estudio, deportistas, que tocaban en bandas y encuentro que no es
justo para ellos que hayan pasado un año presos en prisión preventiva para
nada”. Por estos motivos, las madres exigen la creación de una Comisión,
facultada para revisar los juicios a los que fueron sometidos sus hijos y
que cuente con participación de abogados de su confianza para abordar las
determinaciones emanadas de procesos judiciales que ellas cuestionan. En el
caso de Matías, Michelle aporta que quedó en libertad vigilada tras pasar por
un juicio abreviado colectivo junto a otros 8 jóvenes, en lo que fue una
tramitación bajo constante presión. “El salió con libertad
vigilada, pero tuvo que culparse para poder salir”, denunció.
A propósito de tanta manipulación
ideológica por parte de los representantes del BPE, lo que tiene una larga
data, les dejamos una joya del cantinfleo del que puede ser capaz un
“catedrático” de los nuevos tiempos: “(…) el abogado y académico de la
Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, sostuvo que ‘este cambio de
indulto a amnistía, técnicamente, eso es lo correcto. El indulto normalmente es
una facultad que se aplica a una persona que ha sido condenada y se le remite o
se le conmuta la pena. En cambio, lo que hace la amnistía es permitir
que las personas que no han sido condenadas no sean objeto de procesamiento’ (…)” (negritas de RUCh).
En las postrimerías del gobierno patronal se
vive una situación odiosa en relación con los PP de la rebelión del 18-O.
Siguen apresados, pues ello sirve de escarmiento legal y represivo para el
resto de la población. Esto es como un cuento distópico hecho realidad:
aquellos que luchan por las ideas más nobles de la humanidad están encerrados y
esos otros, que explotan a la mayoría y se enriquecen, se encuentran
disfrutando de las delicias del sistema. Es un deber del MP terminar con este
absurdo;
7) En otro ángulo de nuestra cruda
realidad social, el INDH*, en un estudio
que se debe quedar corto, da a conocer la situación en 44 penales de Chile: en la
mayoría no existen camas para todos los reclusos y se encuentran asolados por
diversas plagas; el 45% tiene una población mayor que su aforo y de las 83
cárceles existentes, 19 superan el 140% de su capacidad. En este aspecto, las
que se encuentran en estado más crítico son la Cárcel de Taltal, con un 265%; la
de Copiapó, con un 221%; la ex Penitenciaría de Santiago, con un 204%; y
Petorca, con un 200%. En el informe se precisa también que 23 recintos no
poseen acceso a servicios higiénicos al interior de sus celdas, por lo que
durante el tiempo que pasan encerrados en ellas deben realizar sus
necesidades en baldes, bolsas u otros recipientes. En cuanto a alimentación, las
falencias son graves, ya que el tiempo entre la última comida y la primera
del día siguiente puede superar las 16 horas. Incluso, en el penal de
Valparaíso, dicho lapso llega a las 20 horas. En la otra cara de la moneda, la
situación es considerada óptima en recintos como Punta Peuco, Yungay y Lautaro,
donde el tiempo máximo de espera entre la última y la primera comida es de 14
horas, situación poco común en las cárceles nacionales.
El
Movimiento Popular y las tareas de l@s Revolucionari@s
Pareciera ser que el MP hubiese quedado en la
estacada, cercado por sus enemigos de clase y alejado del grueso de los
sectores populares por aquellos que les embolinan la perdiz. Sin embargo, vista
la situación político-social en perspectiva y considerando los fenómenos de
fondo que agitan nuestra formación, podríamos considerar que en realidad nos encontramos
en un momento en que se abren posibilidades enormes para su reanimación e
intervención activa en las coyunturas por venir. Por cierto, no se trata de constataciones
voluntaristas ni antojadizas, sino de aquilatar los elevados grados de
experiencia y organización rebeldes que logró desde fines de 2019 y hasta hoy,
en diversos frentes y sectores del mundo social de l@s explotad@s y excluid@s. El
agotamiento de las esperanzas puestas en el proyecto de colaboración de clases
impulsado por la Concertación y luego la exNM, la “democracia de los 30 años”, y
que devino en la tremenda asonada del 18-O, en que la impotencia se tradujo en descontento y
este en el intento masivo por desestabilizar social, económica, política y
materialmente el modelo de dominación impuesto por la fuerza de las armas por
la reacción criolla y el imperialismo, no se ha agotado en sí mismo ni mucho
menos.
Nos cabe la certeza que las renovadas
esperanzas puestas por gran parte de la población en los cambios que pudiesen realizar
Boric y AD a este modelo, lamentablemente, serán también defraudadas, abriéndose
el cauce al malestar y el reclamo frente a esta nueva postergación de esos justos
anhelos mayoritarios. Entre tanto, las contradicciones económicas, sociales y
políticas que cruzan nuestra formación se harán evidentes y aflorarán de más en
más en cada crisis y coyuntura donde choquen los intereses contrapuestos de las
fuerzas antagónicas principales: explotad@s y explotadores. La conjunción de
ambos procesos debiera originar y potenciar las condiciones para un nuevo ciclo
de protestas populares, arrastrando en la vorágine a todos los conflictos
irresolutos hasta el momento: patriarcado, racismo, clasismo, exclusión, etc., los
que a su vez ensancharán las filas de l@s sublevad@s y aportarán todos los
elementos necesarios para construir la plataforma y el programa más completos de
los pueblos, l@s explotad@s y l@s postergad@s de Chile.
Pero nada les es dado a quienes aspiran a una
transformación revolucionaria y liberadora de una formación, toda vez que la
reacción se opondrá a ello de una y mil formas, cuentan con poderosos aliados
en las esferas política e ideológica y, en última instancia, disponen de una
extensa y poderosa fuerza material para resistir el asalto a sus bases de poder
económico y material. Luego, para estar a las alturas de los acontecimientos que
se prevén en el mediano y largo plazo, pero también para impulsarlos, se deben
ir generando las condiciones que permitan el remontamiento de la organización y
la presencia de un nuevo MP. Las tareas inmediatas de la IR y l@s
anticapitalistas, creemos, pasan por: a) aglutinar y organizar una expresión
política pequeña pero fuerte de la izquierda anticapitalista, evitando caudillismos
y prácticas políticas reñidas con la democracia socialista, que sea capaz de contribuir
a levantar la alternativa político-social que demuestre a los amplios sectores
de los pueblos y los explotados la validez de la lucha por una sociedad mejor
y, lo más importante, que vaya construyendo junto a estos el poder que permita
golpear eficazmente al enemigo común, los dueños del país; b) combatir, por
todos los medios y soportes, la poderosa y extendida capacidad
ideológico-política detentada por los sectores dominantes, en lo educativo, mediático,
religioso, cultural, etc., que apunta majaderamente a resaltar su visión de
mundo y los antivalores del capitalismo; c) atacar políticamente toda forma de conciliación
y búsqueda de acuerdos con la derecha y el gran capital que por 31 años han desplegado
los GMRS (que identificamos con la exNM), así como criticar las renovadas
formas clientelísticas y deificadoras de la democracia burguesa, sistémicas en
última instancia, detentadas por el R-N; d) acumular fuerzas al interior de l@s
explotad@s, del movimiento sindical, de l@s trabajador@s de las áreas y
actividades más precarizadas y flexibilizadas, de sectores con mayor
consciencia social, fortaleciendo un movimiento de trabajador@s que llegue a
cuestionar de verdad la reproducción y mantención del modelo económico
propiciado por el conjunto del BPE; d) acompañar las luchas reivindicativas en
todos los frentes y sectores populares, buscando siempre darles un contenido
más político.
No obstante los severos efectos de la
pandemia en curso, frente a lo cual deben tomarse todas las medidas preventivas
del caso, los sectores populares y más consecuentes del MP deben salir a las
calles a hacer valer sus derechos y demandas en marzo y en los siguientes meses,
rompiendo la paz social de los ricos y su sacrosanta gobernabilidad. Y de
hecho, ya lo están haciendo. Las manifestaciones y enfrentamientos con las
fuerzas represivas en Plaza de la Dignidad de Santiago se han mantenido
constantes, a pesar de los meses de relajo veraniego, con concurrencias que van
de l@s 60 a 80 compañer@s. Las consignas y demandas agitadas tienen que ver con
libertad a los PP mapuches, anarquistas, de la Rebelión de Octubre, de Ramiro y
ahora la de Raúl Escobar Poblete. Se han convocado manifestaciones masivas en
ese mismo lugar y durante marzo: por la liberación de los PP, sobre todo para
cuando los estudiantes entren a clases (‘Mochilazo’); para el 8, Día de la
Mujer, que cuenta ya con una importante y combativa convocatoria contra el
patriarcado y el capitalismo; para el 11, para despedir al chacal y recibir
como corresponde a san Gabriel; y la coronación de ese mes, el 29, Día del y la
Jóvenes Combatientes. Por cierto que tales manifestaciones y acciones se
esperan en otros territorios de la capital y de las principales ciudades del
país.
Confiamos que en marzo retorne la
Revuelta de Octubre, como un torbellino que remueva Chile de lado a lado.
Círculo de Estudios Políticos Miguel
Cabrera Fernández
Marzo, 2022
Fuentes y algunas abreviaciones utilizadas:
18-O: 18 de Octubre de 2019
AD: Apruebo Dignidad
BBC: British Broadcasting Corporation (UK)
BCCh: Banco Central de Chile
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
Blg: Bloomber
BM: Banco Mundial
BP: Bloque en el Poder
BPE: Bloque Político de Estado
CC: Convención Constituyente (que en realidad sólo es constitucional)
Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CMF: Capital Monopólico-Financiero
CUT: Central Unitaria de Trabajadores
DF: Diario Financiero
EM: El Mostrador
EPFR: Emerging Portfolio Fund Research
exNM: ex Nueva Mayoría, conglomerado que representó entre 2013-18 a los
GMRS
FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo
FES: Formación Económico-Social
FMI: Fondo Monetario Internacional
Fogape: Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario
G/D: Gobierno y Derecha (hasta el 11/3/22)
GMRS: Grupos Mantenedores y Reproductores del Sistema
IFE: Ingreso Familiar de Emergencia
IFI: Instituciones Financieras Internacionales; ej.: FMI, BM, BID, etc.
INDH*: V Estudio de Condiciones Carcelarias en Chile, en INDH.cl
INE: Instituto Nacional de Estadística (de Chile)
IR: Izquierda Revolucionaria
MP: Movimiento Popular
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PCCh: Partido Comunista de Chile
PI: Partido Igualdad (extinto legalmente desde el 7/2/22)
PYMEs: Pequeña y Medianas Empresas
RBB: Radio Biobío
R-N: Reformismo-Neorreformismo
RUCh: Radio Universidad de Chile
SCM: Sistema Capitalista Mundial
TPM: Tasa de Política Monetaria (o tasa de interés referencial del BCCh)
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